José Nolberto Castellanos Hernández
Expediente 2126/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2126/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Nolberto Castellanos Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de treinta de noviembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Nolberto Castellanos Hernández, contra actos de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad, con residencia en esta ciudad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas.??????? Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, que el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2126/2022-III-2. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento de la demanda. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para una mejor precisión del acto reclamado, se tiene que éste consiste en: La omisión de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el que solicitó auto de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ********************, de su índice. En ese contexto, el juicio de amparo indirecto en contra del citado acto es improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [...]" De los preceptos parcialmente reproducidos, se puede concluir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridad dictados dentro de un juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Luego, si del estudio exhaustivo de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado del que se duele el quejoso resulta ser la omisión de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el que solicitó auto de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ********************, de su índice, el cual se constituye como un acto omisivo de carácter intraprocesal, que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicha omisión no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tienen el carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a las autoridades a pronunciarse al respecto, tal como se verá más adelante. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que las violaciones como la que ahora reclama el quejoso, por regla general, reviste un carácter meramente intraprocesal, en razón de que los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso y el derecho de acción; por tanto, en los procedimientos ventilados ante órganos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio, incluso ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, las violaciones por omisión no pueden ser reclamadas de manera autónoma, excepción hecha cuando tengan el carácter de imposible reparación o en aquellos actos que se hubiere dejado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia concede, en atención a lo cual, no se verifica el supuesto normativo contenido en el artículo 107 de la legislación de la materia, ya que se insiste, en caso de existir los agravios alegados, no transciende a los derechos sustantivos de la promovente. Lo anterior, porque tal omisión únicamente posterga la continuación de tramitación de la controversia laboral de origen, lo cual constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esa trasgresión no impida el curso del procedimiento ni el ejercicio de un derecho. Consideraciones que se encuentran sustentadas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) con número de registro 2011580, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes seis de mayo de dos mil dieciséis, la cual es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Cabe destacar que el criterio jurisprudencial recién citado, prevé como excepción a la regla general allí contenida, el supuesto en que el Juez de Distrito advierta de la demanda de amparo, que exista una "abierta dilación" del procedimiento o la "paralización total" del mismo, resulta procedente dicho juicio. Ahora, es de suma importancia señalar que en relación con los conceptos: "abierta dilación" y "paralización total" del procedimiento, la citada Segunda Sala del Alto Tribunal, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, resolvió la contradicción de tesis 294/2018, entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Décimo Circuito. En la resolución correspondiente, la Sala sostuvo que a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, se determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, esto tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Consideraciones que se encuentran sustentadas en la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) con número de registro 2019400, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes uno de marzo de dos mil diecinueve, la cual es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Luego, del contenido de la demanda de amparo que se analiza no se advierte una abierta dilación de la controversia laboral o paralización total de la misma, para lo cual se justifique su procedencia. Es así, ya que de conformidad con lo aducido por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se presentó ante la ********************, el escrito en el que solicitó auto de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ******************** de su índice. Sumado a lo anterior, los cuarenta y cinco días naturales que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia previamente citada, para considerar una violación abierta al procedimiento, los cuales son contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En tal virtud, se trae a colación el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, señala lo siguiente: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." [Lo subrayado es propio.] Del citado artículo, se desprende que las autoridades laborales dictarán sus resoluciones dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba la promoción por escrito, salvo disposición contraria prevista en la Ley; sin embargo, se manifiesta que no han pasado más de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la fecha en que debió pronunciarse la responsable respecto del escrito presentado por el actor, aquí quejoso, pues a la fecha en que presentó la demanda (veinticinco de noviembre de este año), han pasado treinta y un días de los mencionados cuarenta y cinco días, mismos que empezaron del veintiséis de octubre y finalizan el nueve de diciembre de este año. Entonces, si desde la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la Junta responsable debió pronunciarse respecto del escrito de la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral de origen, a la presentación de la demanda de amparo no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales; por tanto, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento laboral, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. De lo expuesto, resulta válido considerar que el juicio de amparo por cuanto hace al acto aquí analizado resulta improcedente; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, téngase por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que refiere en su escrito de demanda; por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, quien resulta ser el trabajador en el juicio de origen. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que los usuarios "********************" y "********************", se encuentran registrados, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo; se autorizan las claves de usuario, para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que registraron en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, dígasele que dicha permisión, queda condicionada a la vigencia de sus firmas electrónicas que hayan registrado, sin perjuicio de que por alguna causa superveniente pueda revocarse tal autorización. Sin que ni anterior implique la realización de las notificaciones electrónicas, en virtud de que las mismas no fueron solicitadas. Habilitación de días y horas. En otra línea, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese personalmente.
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