José Nissin Sánchez Lara
Expediente 1592/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1592/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Nissin Sánchez Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada Ley, en contra del auto dictado el seis de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, sin que las partes lo hubieren recurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. Ahora, en razón de que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. En ese orden de ideas, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones que obran en el expediente físico
- Principal
Villahermosa, Tabasco, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual, remite certificada del auto emitido el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio 268/2019 de su estadística, así como las diligencias practicadas por el fedatario de su adscripción el veintiocho de septiembre y cuatro de octubre, de dos mil veintidós. En consecuencia, toda vez que las constancias de cuenta resultan ser parte integrante del informe justificado de la citada responsable, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena integrar a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 del citado ordenamiento, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe la responsable en comento, documentales que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; las cuales por ser documentos públicos se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, ya que fueron expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, de las citadas constancias y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que, atendiendo al principio de celeridad procesal que rige el juicio de amparo, contenido en el artículo 17 constitucional, en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. En ese contexto, al cesar los efectos de acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En ese sentido, de un análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa esencialmente consiste en lo siguiente: ? La fecha señalada en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós (nueve horas del veinte de enero de dos mil veintitrés), para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas en el juicio 268/2019, de la estadística de la Junta responsable. Ahora, de las constancias que anexó a su informe justificado y complementario la junta responsable, se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en la contienda 268/2019 de su estadística, por el cual dejó sin efecto la fecha señalada en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós (nueve horas del veinte de enero de dos mil veintitrés), para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y fijó para su celebración las nueve horas del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, determinación que hizo del conocimiento de la parte actora el veintiocho de septiembre del año que trascurre. En consecuencia, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional -doce de septiembre de dos mil veintidós-, el referido acto reclamado existía; empero durante el transcurso del procedimiento del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular, y sin dejar huella alguna sobre el inconforme que amerite ser borrada por el otorgamiento del fallo protector. En tales condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia clave 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Novena Época; materia Común; página 38, voz y texto que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia clave 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Febrero de 1998; materia Común, página 210; de rubor y contenido que dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las diez horas con cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Anotaciones.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE TERCERA INTERESADA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS, EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se provee; se ordena integrar a los autos para que obre como corresponda la razón levantada por la fedataria adscrita a este Juzgado, en donde manifiesta la imposibilidad que tuvo para emplazar a la parte tercero interesada DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ALGIL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por las razones que expone en la misma. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, computados a partir del siguiente al que sea notificada de este proveído, proporcione el domicilio actual y correcto de la citada parte procesal, para estar en condiciones de emplazarla a juicio, bajo el apercibimiento que de ser omiso sobre el particular, se procederá en los términos establecidos en la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo, es decir, que una vez agotadas las medidas pertinentes para su localización, el emplazamiento se ordenará por edictos, cuya publicación será a su costa, en los términos que señala el artículo 315 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.C.47 K, visible en la página 995, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Primer Circuito, Tomo IX, enero de 2000, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que es del rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA INVESTIGACIÓN PARA DAR CON EL DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO, SI NO HUBO RESULTADOS FAVORABLES." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa
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