José Nieves Medina Gutiérrez
Expediente 3/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Nieves Medina Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a veinte de enero de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
México, Ciudad de México, a cinco de enero de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA El escrito inicial de demanda fue recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cuatro de enero de dos mil veintidós, y recibido en la misma fecha en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. PERSONALIDAD La demanda la promueve **********, y **********, por conducto de su administrador único **********, personalidad que se le reconoce en términos de las copias certificadas del primer testimonio de la escritura **********, de primero de octubre de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario veintitrés, de la Ciudad de Caborca, Sonora, y de la escritura **********, de diez de enero de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario veintiuno, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua; toda vez que de la demanda de amparo se advierte que manifestó bajo protesta de decir verdad que son copia obtenida del original, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, inciso f), del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, y artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que dichos documentos públicos no perdieran su valor probatorio. Se tiene a dicha parte promoviendo demanda de amparo indirecto contra actos del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 3/2022-III, y con número de NEUN 29320000. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que las quejosas reclaman lo siguiente: 1. El auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, expediente 182/2020, seguido por **********, contra las quejosas, mediante el cual dicho juzgador no acordó de conformidad la solicitud de acumulación hecha por dichas peticionarias de garantías, respecto del diverso juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, expediente 35C/2020, promovido por las propias quejosas contra **********, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2. La audiencia de alegatos de quince de diciembre de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje con número de expediente 182/2020, seguido por **********, contra las quejosas, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3. El inminente dictado de sentencia definitiva dentro del citado juicio. 4. La discusión, aprobación, promulgación y publicación del Código de Comercio, específicamente de su artículo 1477. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: 1) El ocho de septiembre de dos mil veinte, **********, promovió en contra de las aquí quejosas juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, que se tramita ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el número 182/2020. 2) Una vez admitido el juicio antes mencionado, las quejosas dieron contestación a la demanda y por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se abrió el periodo probatorio. 3) En auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el cierre del período probatorio y se señalaron las doce horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de alegatos. 4) En once de diciembre de dos mil veintiuno, las quejosas solicitaron la acumulación del diverso juicio 35C/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, al diverso 182/2020, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5) A dicho escrito recayó el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual el juez responsable no acordó de conformidad la acumulación solicitada. 6) E quince de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de alegatos en el juicio de origen, en la que se citó a las partes para oír sentencia definitiva. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De la demanda de amparo se advierte que, respecto los actos reclamados marcado con los números UNO y DOS se ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, los actos cuya ejecución es de imposible reparación, se trata de aquellos en las que sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas, aún con la obtención de un fallo favorable, quedan irreparablemente consumadas. En cambio, los actos en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación cuando la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con la posición que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos y garantías del gobernado; y en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales reconocidos, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 3ª./J.43 29/89, de la Octava época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, que literalmente establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En esas condiciones, tratándose de una violación procesal en el juicio, que no afecte materialmente alguno de los derechos sustantivos del quejoso, deberá reclamarse en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo. En el caso, los actos reclamados consisten en el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual el juez responsable no acordó de conformidad la solicitud de acumulación hecha por las quejosas respecto del diverso juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, expediente 35C/2020, promovido por las propias quejosas contra **********, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, así como la audiencia de alegatos celebrada en el juicio de origen el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se citó a las partes a oír la sentencia definitiva. Por tanto, dichos actos no dejan sin defensa a las quejosas ni constituyen una violación de carácter irreparable, ya que no afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, pues el hecho de que se haya negado la acumulación solicitada por las quejosas, no las priva de su derecho de defensa ni altera las cuestiones debatidas en los juicios respectivos, ya que únicamente constituye una violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la celebración de la audiencia de alegatos tampoco les causa un gravamen de imposible reparación, ya que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, por lo que tales actos no son de aquéllos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, existiendo por ende la posibilidad de que las quejosas puedan obtener una sentencia favorable a sus intereses, y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, y en caso contrario, tales actos son susceptibles de impugnarse como violaciones procesales a través del amparo directo que, en su caso, se promueva contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Se cita en apoyo de lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, Agosto de 1992, Materia Común, página 11, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 49/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias Común, Tomo II, Diciembre de 1995, página 5, que dice: "ACUMULACION. LA RESOLUCION SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitado, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." Por su parte, con relación al acto reclamado marcado con el número TRES, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 6 del mismo ordenamiento, ya que no afecta los intereses jurídicos o legítimos de las quejosas al tratarse de un acto futuro que aún no se ha emitido. La fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el artículo 6º del ordenamiento legal en cita dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De este último precepto legal, se advierte que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, que como presupuesto de la procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde con relación a los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Sirve de apoyo a la anterior consideración, por identidad, la jurisprudencia número 854, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 582, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De la interpretación relacionada de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos de autoridad que no causen un agravio personal y directo en los derechos sustantivos del quejoso; es decir, que para que el juicio de garantías pueda ser promovido es necesario que sea contra un acto que cause un perjuicio en los derechos sustantivos del gobernado. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en el inminente dictado de sentencia dentro del juicio de origen, es claro que en el presente caso dicho acto no ocasiona a las quejosas un agravio personal y directo en términos de lo que dispone el artículo 6º de la Ley de Amparo, ni afecta su esfera jurídica de derechos sustantivos, pues al tratarse de un acto futuro, no genera un daño o agravio en la esfera jurídica de las impetrantes. De ahí que, será hasta el momento en que se dicte la sentencia definitiva cuando podrá estimarse si ello ocasiona un agravio a las quejosas, pues como ya se dijo, existe la posibilidad de que puedan obtener una sentencia favorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, el criterio I.3o.C.121 K (9a.), registro 159858, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2177, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final." Finalmente, respecto de los actos reclamados por las promoventes marcados con el número CUATRO, consistente en la discusión, aprobación, promulgación y publicación del Código de Comercio, específicamente de su artículo 1477, al tratarse de una ley heteroaplicativa, para que el juzgador pueda analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, en principio, debe tomar en cuenta si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia. De ahí que, al resultar improcedente el juicio de amparo por lo que hace al acto de aplicación reclamado (auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno), de igual forma resulta improcedente el juicio de garantías con relación a la ley tildada de inconstitucional, ya que la procedencia del juicio de amparo contra el acto concreto de aplicación es una conditio sine qua non para analizar un tema de constitucionalidad de leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, página 235 que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Primera Parte, Séptima Época, página 235, cuyo rubro y texto a la letra dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Así, como, por identidad, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Séptima Época, página 27, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por **********, y **********. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE Ahora bien, toda vez que las quejosas señalan como domicilio para para oír y recibir notificaciones el ubicado en: **********, esto es fuera de esta jurisdicción, no ha lugar a tomarlo en consideración; no obstante lo anterior, como lo solicita y a efecto de privilegiar los medios electrónicos proporcionados y evitar el contacto físico entre las partes debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, como lo solicita, se le autoriza la práctica de notificaciones vía electrónica, a través de los usuarios "**********" y "**********", toda vez que se encuentran registrados en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, y se ordena darlo de alta en el rubro correspondiente, en términos de lo establecido en los artículos 3°, 26 y 30 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizados a los profesionistas que señala, en términos de la última parte del artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24, ambos de la Ley de Amparo, ya que no acreditan que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados, toda vez que no proporcionan los números de sus cédulas profesionales, requisito que además de ser exigido por el citado ordenamiento, resultan necesarios para corroborar la no existencia de homónimos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio de que los profesionistas inscriban su cédula profesional en el registro correspondiente y proporcionen los datos respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCXVIII/2007, registro 171234, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 184, Tomo XXVI, octubre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN SE ENTENDERÁ OTORGADA DE MANERA AMPLIA CUANDO NO SE ACOTE EXPRESAMENTE Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA EJERCER LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE ESE NUMERAL." CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, como lo solicita se autoriza la consulta del expediente electrónico a los usuarios "**********" y "**********", ya que se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena darlos de alta en el sistema, autorizándoles el acceso al expediente electrónico, en términos de lo establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese vía electrónica a las quejosas.
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