José Nieves Medina Gutiérrez
Expediente 1023/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Nieves Medina Gutiérrez
- JOSÉ NIEVES MEDINA GUTIÉRREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto que desechó la demanda de amparo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al trece de octubre de dos mil veintitrés. En atención a que SE DESECHÓ la demanda que originó el presente juicio de amparo, es de señalarse que, con fundamento en los artículos 14 fracción III y 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es DESTRUIBLE, por lo que de conformidad con lo establecido en el último numeral invocado, consérvese en el archivo de este juzgado federal durante tres años, y después de se lapso, procédase a su destrucción. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena notificar por medio de lista el presente proveído. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA El escrito inicial de demanda fue recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, y recibido en esa misma fecha en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. ...REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 1023/2021-III, y con número de NEUN 29205855. ...FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De la demanda de amparo se advierte que, el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos de las quejosas ya que se trata de actos futuros e inciertos, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 6, del mismo ordenamiento. La fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por su parte, el artículo 6º del ordenamiento legal en cita, dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De este último precepto legal, se advierte que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, que como presupuesto de la procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde con relación a los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Sirve de apoyo a la anterior consideración, por identidad, la jurisprudencia número 854, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 582, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De la interpretación relacionada de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos de autoridad que no causen un agravio personal y directo en los derechos sustantivos del quejoso; es decir, que para que el juicio de garantías pueda ser promovido es necesario que sea contra un acto que cause un perjuicio en los derechos sustantivos del gobernado. Ahora bien, si el acto reclamado, consiste en la inminente celebración de la audiencia de alegatos señalada a las doce horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje con número de expediente 182/2020, seguido por *********** contra las quejosas, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México, y las consecuencias que ello implique respecto de la improcedencia de la acumulación de autos solicitada en la promoción presentada electrónicamente el once de diciembre de dos mil veintiuno; es claro que en el presente caso los actos que las quejosas en esta vía reclaman, no ocasionan un agravio personal y directo en términos de lo que dispone el artículo 6º de la Ley de Amparo, en la esfera jurídica de las solicitantes del amparo, que haga procedente el juicio de amparo, pues el dictado de las mencionadas actuaciones por sí solas no irrogan ningún perjuicio en los derechos sustantivos del gobernado, toda vez que constituyen un ACTO FUTURO E INCIERTO, ya que no se tiene la certeza de que la afectación que aducen se vaya a realizar o a materializar, razón por la cual es imposible que en este momento puedan generar un daño o agravio en la esfera jurídica de las impetrantes, en virtud de que su realización no es segura, sino que dependerá de las consideraciones que estime el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México para celebrar o no la audiencia de alegatos y pronunciarse respecto a la solicitud de acumulación del expediente 35C/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Séptimo Circuito. De ahí que si AÚN NO SE HA ORDENADO ejecutar acto alguno en contra de las quejosas, será hasta el dictado de la audiencia que se dicte que podría afectar los derechos de éstas. Ello es así, porque el agravio a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo, debe reunir las características de ser actual, inmediato y directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, el criterio I.3o.C.121 K (9a.), registro 159858, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2177, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final." También, al respecto resulta aplicable, por identidad, la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen IV, páginas 1666 y 1667 que textualmente señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquier ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquier otra clase, como se sostiene, acertadamente en la ejecutoria visible en la página 320 del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." De igual manera, por identidad, resulta de aplicación la siguiente tesis publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Volumen V, páginas 2092 y 2093 que, respectivamente, establecen: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO.-Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquier otra clase. Por tanto, no basta el reconocimiento por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjucio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *******************, por propio derecho y como representante de *************, y ******************. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE Ahora bien, toda vez que las quejosas señalan como domicilio para para oír y recibir notificaciones el ubicado en: ****************, esto es fuera de esta jurisdicción, no ha lugar a tomarlo en consideración; no obstante lo anterior, como lo solicita y a efecto de privilegiar los medios electrónicos proporcionados y evitar el contacto físico entre las partes debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, como lo solicita, se le autoriza la práctica de notificaciones vía electrónica, a través de los usuarios "**********" y "*************", toda vez que se encuentran registrados en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, y se ordena darlo de alta en el rubro correspondiente, en términos de lo establecido en los artículos 3°, 26 y 30 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizados a los profesionistas que señala, en términos de la última parte del artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24, ambos de la Ley de Amparo, ya que no acreditan estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados, toda vez que no proporcionan los números de sus cédulas profesionales, requisito que además de ser exigido por el citado ordenamiento, resultan necesarios para corroborar la no existencia de homónimos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio de que los profesionistas inscriban su cédula profesional en el registro correspondiente y proporcionen los datos respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCXVIII/2007, registro 171234, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 184, Tomo XXVI, octubre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN SE ENTENDERÁ OTORGADA DE MANERA AMPLIA CUANDO NO SE ACOTE EXPRESAMENTE Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA EJERCER LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE ESE NUMERAL." CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, como lo solicita se autoriza la consulta del expediente electrónico a los usuarios "*************" y "*************", ya que se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena darlos de alta en el sistema, autorizándoles el acceso al expediente electrónico, en términos de lo establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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