José Moisés Vera Lona
Expediente 1104/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Moisés Vera Lona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a José Moisés Vera Lona; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Judicial Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco, el disco versátil digital (DVD) del audio y video que contiene las audiencias de veinte y veintiuno de noviembre de dos mil veinte, efectuadas en la causa 91/2018, de su índice, el cual remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1104/2020-3, promovido por José Moisés Vera Lona. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las rendidas por parte de la autoridad responsable, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva del Centro de Procuración de Justicia de Tenosique, Tabasco: Copia certificada del acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte emitido por el Juez de Control de la Región Judicial Cuatro, Emiliano Zapata, Tabasco. [Fojas 25 a 26] Por su parte, el Juez de Control de la Región Judicial Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco rindió las constancias relativas a la causa 91/2018 siguientes: Un DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de la audiencia de formulación de imputación suspendida de veinte de noviembre de dos mil veinte y la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de veintiuno de noviembre de dos mil veinte. Copia certificada de las actas mínimas de la audiencia de formulación de imputación suspendida de veinte de noviembre de dos mil veinte y la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso por reposición de veintiuno de noviembre de dos mil veinte. [Fojas 40 a 42] Copia certificada del escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte de la Fiscal del Ministerio Público en el que solicitó la ejecución del arresto decretado en contra el imputado -aquí quejoso-; así como el proveído de dos de diciembre de dos mil veinte que acordó la petición dentro de la carpeta administrativa 91/2018, junto con las respectivas constancias de notificación. [Fojas 43 a 46] Copia certificada del auto de once de diciembre de dos mil veinte por medio del cual se ordenó la ejecución de la medida de apremio -arresto de treinta y seis horas-; así como sus respectivas constancias de notificación. [Fojas 46 vuelta a 48] Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por Obdulia Guadalupe Pino Pérez tercera interesada, en su escrito [Fojas 91 a 96] acordado el nueve de abril de dos mil veintiuno es este sumario constitucional. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos que expresa la parte tercera interesada, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal correspondiente; asimismo se tiene por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1104/2020-3, promovido por José Moisés Vera Lona, contra actos del Juez de Control de la Región Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el quince de diciembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciseis siguiente, José Moisés Vera Lona solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "El arresto decretado en contra del suscrito dentro de la causa penal 91/2018." AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora: Juez de Control de la Región Judicial Cuatro en Emiliano Zapata. Ejecutora: Fiscal del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia de Tenosique, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1104/2020-3; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindiera su informe justificado; se reconoció el carácter de tercera interesada a Obdulia Guadalupe Pino Pérez, por lo que se giró despacho al Juez Civil de Primera Instancia en Tenosique para su emplazamiento; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; por separado se ordenó la apertura del incidente de suspensión correspondiente; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE. Así, por auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se ordenó reanudar el trámite del expediente que por esta vía se resuelve, por tanto se agregó el informe rendido por la Fiscal del Ministerio Público responsable y se dio vista a las partes con el mismo. QUINTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En auto de seis de abril de dos mil veintiuno, se recibió diligenciado el despacho 131/2020-3 con orden 298/2020, en el cual se advierte que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno se emplazó a Obdulia Guadalupe Pino Pérez, en su carácter de tercera interesada. [Foja 87] SEXTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte dictado por el Juez de Control responsable dentro de la carpeta administrativa 91/2018, por medio del cual se hace efectivo el apercibimiento del proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, consistente en el arresto del quejoso por treinta y seis horas; así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama (foja 39). Afirmación que guarda sustento con la copia certificada del acto reclamado -acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte en el que hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso proveído de dos de diciembre de dos mil veinte consistente en el arresto del quejoso por treinta y seis horas-, dictado dentro de la carpeta administrativa 91/2018; así como sus respectivas constancias de notificación. [Fojas 46 vuelta a 48]; así como con el resto de las probanzas relacionadas en la audiencia constitucional; documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia, tampoco se advierta de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la causa 91/2018 que se acompañaron al informe justificado. Además se observara el contenido de los juicios de amparo 1061/2019-7 y 1088/2020-5 del índice de este Juzgado, dado que guarda relación directa con la materia de este sumario, lo cual se invoca como hecho notorio. Soporta lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/12 sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Enero de 1997, página 295, novena época, materia común, registro 199531, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: A) Por sentencia de doce de marzo de dos mil veinte, se resolvió el juicio de amparo 1061/2019-7 y en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Moisés Vera Lona, para que el Juez de Control de la Región Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco cumpliera con los efectos siguientes: "(.) 1. Deje insubsistente la audiencia de formulación de imputación de trece de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal 91/2018; y como consecuencia el auto de vinculación a proceso dictado en esa misma fecha, contra del aquí quejoso José Moisés Vera Lona. 2. Cite de inmediato a las partes a otra audiencia de formulación de imputación, en la que el órgano acusador subsane los vicios formales a que se ha hecho referencia en este fallo. 3. Hecho lo anterior, dentro del término legal resuelva con plenitud de jurisdicción la situación jurídica del quejoso José Moisés Vera Lona, así como las peticiones que formulen las partes, observando el referido principio. En el entendido de que al momento de efectuarse la indicada audiencia, el juez responsable deberá tomar en cuenta los requisitos para formular imputación previstos en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales (.) " B) En cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto 1061/2019-7, el veintiuno de noviembre de dos mil veinte a las diez horas con treinta y cinco minutos, el Juez responsable llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y vinculación de proceso por reposición. De ella se desprende, en lo que interesa, que el Juez responsable: Dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona, por los hechos que la ley señala como delito de sustracción o retención de menores o incapaces, previsto y sancionado por el artículo 209 Bis del Código Estableció como medida cautelar la presentación periódica de manera semanal (cada ocho días) del imputado -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona ante la Unidad de Medidas Cautelares de la Región Cuatro Declaró procedente el incidente de restitución del menor víctima de identidad reservada de iniciales D.Z.V.P. en el domicilio de su progenitora ubicado en la calle 20 número 1104, colonia estación Nueva, Tenosique, Tabasco dentro del término de treinta y seis horas, en un horario entre las 16:00 y las 19:00 horas, con el apercibimiento de arresto de hasta treinta y seis horas en caso de incumplimiento. C) Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte dictado en la carpeta administrativa 91/2018, el Juez de Control responsable, en su punto QUINTO, requirió al imputado -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona para que informase el cumplimiento dado a la resolución del incidente de restitución de menor dictada en la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, apercibiéndolo que en caso de no acreditar el cumplimiento de tal instrucción se haría efectiva la medida de apremio consistente en el arresto por treinta y seis horas. D) En auto de once de diciembre de dos mil veinte emitido en la carpeta administrativa 91/2018, tras analizar las notificaciones que obran en autos y sin que el imputado -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona manifestara informe alguno respecto a lo ordenado en el auto de dos de diciembre de dos mi veinte, se hizo efectivo el apercibimiento y se impuso arresto de treinta y seis horas; acto que es la materia de la controversia constitucional y que se reproduce a continuación: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Acotado lo anterior, se procede al examen de motivos de disenso expresados por el peticionario de amparo. En su primer y único concepto de violación, el peticionario de amparo plantea que la medida de apremio impuesta en el auto reclamado es injusta y violatoria del interes superior de su menor de identidad reservada D.Z.V.P., dado que su restitución debe realizarse ante un Juez Familiar, con la intervención del DIF y de la fiscalía, así como la opinión del propio menor. Citó como sustento a lo anterior la tesis aislada de texto y registro siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. PARA GARANTIZARLO AL MOMENTO DE DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDERÁ SU GUARDA Y CUSTODIA DERIVADA DE LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL DELITO DE SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ES NECESARIO QUE EL JUZGADOR ESCUCHE PREVIAMENTE SU OPINIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Registro: 2003070. Al respecto, el aludido motivo de disenso deviene infundado; sin que en el caso se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, como ya quedó asentado, el acto reclamado en la presente controversia lo constituye el acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, por medio del cual la Juez de Control responsable resolvió hacer efectivo el apercibimiento de la medida de apremio consistente en el arresto por treinta y seis horas al -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona dentro de la carpeta administrativa 91/2018. Previo al análisis oficioso de la constitucionalidad de la determinación reclamada, resulta relevante destacar que el sistema de justicia penal acusatorio vigente a partir de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, tiene como objeto adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos y en diferentes etapas (investigación, intermedia y de juicio oral), con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen en él una situación de igualdad; preponderando el respeto al debido proceso, dado que dichas formalidades revisten certeza a las partes sometidas a jurisdicción sobre la prosecución del enjuiciamiento punitivo, obligando además a las autoridades a fundar y motivar su actuación. Ahora, en el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.] " Además, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Ahora, en la especie el auto que por esta vía se reclama atendió, como ya se afirmó, las formalidades esenciales del procedimiento y está debidamente fundado y motivado, toda vez que siguió los lineamientos establecidos por el CAPÍTULO IX MEDIDAS DE APREMIO del Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige lo concerniente a la imposición de medios de apremio, con el objeto de hacer cumplir la decisión del órgano judicial, en su artículo 104, que dispone: "Artículo 104. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: I. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas; II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable." De la transcripción anterior se advierte que, tanto el órgano jurisdiccional como la representación social cuentan con mecanismos legales a su alcance para hacer cumplir sus determinaciones y en particular, el Juez del sistema penal puede amonestar, imponer multa, solicitar el auxilio de la fuerza pública e imponer arresto en contra de quien se oponga al cumplimiento de su mandato. En particular, tratándose de la figura del arresto, la porción normativa citada reclama que previa su imposición verse un apercibimiento previo, el cual deberá estar fundado y motivado, además haberse notificado debidamente a la parte afectada. Al respecto del recurso de revocación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 237/2010 estableció que las medidas de apremio son parte de aquellos instrumentos jurídicos mediante los cuales el órgano jurisdiccional puede hacer cumplir sus determinaciones de carácter procedimental, las cuales, pueden consistir en amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública, cateo y arresto administrativo, entre otras. La imposición de este tipo de medidas, surge de la necesidad de contar con alguna herramienta para que los titulares de los órganos jurisdiccionales estén en aptitud de hacer cumplir sus determinaciones, es decir, que sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con que aquéllos se encuentran investidos. Así, las medidas de premio sólo pueden ser aplicadas, cuando exista desacato a un mandato judicial relativo a la tramitación del proceso y por tal razón, si durante la tramitación de un proceso una de las partes incumple con el mandamiento del juzgador, lo conducente será ordenar la aplicación de uno de los medios de apremio autorizados por la ley. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que para lograr una legal imposición se reclama lo siguiente: 1). La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes. 2). La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento. 3). Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado. 4). En el caso del arresto, se requiere una razón a juicio del juzgador para decretarle. De tal suerte, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que, la imposición de una medida de apremio es una facultad discrecional del juez y que puede hacer, de forma fundada y motivada, con base en las circunstancias particulares del caso, y de acuerdo a la manera en que el afectado por ella haya desacatado el mandato de la autoridad, con ello se busca, como ya se afirmó, que se cumplan sus determinaciones. Del análisis anterior derivó la jurisprudencia 1a./J. 94/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 109, Décima Época, registro 162648, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. PUEDE IMPONERSE LAS VECES QUE EL JUZGADOR CONSIDERE NECESARIAS PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES." Una vez descrito lo anterior se procede al análisis del acto reclamado en el presente juicio. Así, el Juez de Control responsable determinó en primer lugar que existía constancia de notificación realizada al -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona, respecto del auto dos de diciembre de dos mil veinte. Luego, hizo transcripción del punto QUINTO del citado proveído, del cual se advierte el requerimiento efectuado y el apercibimiento con arresto en caso de incumplimiento. Posteriormente, se argumenta que al advertirse el desacato en el que incurrió el imputado -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona, con fundamento en el inciso d) fracción II del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente hacer efectivo el apercibimiento y se impone el arresto por treinta y seis horas. Finalmente, instruye a la Fiscal a cargo de la investigación el cumplimiento del citado mandamiento y ordena la notificación del proveído. Por lo anterior resulta constitucional el auto reclamado, pues cumple con el parámetro establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 237/2010, para la imposición del arresto como medida de apremio. Lo anterior es así pues del caso concreto se desprende: 1. Determinación justa y fundada - resolución del incidente de restitución de menor dictado en audiencia de formulación de imputación y vunculación a proceso por reposición de veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno y el auto de dos de diciembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta 91/2018. 2. Comunicación oportuna - la resolución del incidente de restitución de menor fue notificada en ese mismo momento al imputado -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona, tal y como se advierte del audio y video de la diligencia respectiva. Máxime que fue el propio imputado -aquí quejoso- quien le indicó al Juez de Control responsable que reintegraría de inmediato al menor víctima al domicilio de su madre. [Minuto 176:29 a 176:55] Además, se advierte notificación del auto de dos de diciembre de dos mil veinte al imputado -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona. [Foja 46] 3. Negativa u oposición del obligado - tal cuestión se acredita, dado que se desprende de autos el informe de la Fiscal del Ministerio Público que acusa el desacato del imputado -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona respecto de realizar la entrega del menor conforme a lo resuelto en el incidente de restitución respectivo [Foja 43]. Aunado al hecho que, entre la notificación del auto de dos de diciembre de dos mil veinte y el auto de once de diciembre de dos mil veinte, corrió el término otorgado para el cumplimiento de la obligación, pues se notificó vía electrónica el mismo dos de diciembre, por lo cual el plazo de cuarenta y ocho horas feneció el cuatro siguiente, sin que el imputado -aquí quejoso- José Moisés Vera Lona se pronunciara al respecto. 4. El último requisito también se encuentra atendido, pues el Juez expuso razones por las cuales, mediante su potestad discrecional, consideró necesario aplicar la medida de apremio que ya había sido advertida al quejoso desde el día veintiuno de noviembre de dos mil veinte en la audiencia respectiva, la cual le reiteró en el acuerdo de dos de diciembre posterior. Aunado a lo anterior, el acto se encuentra debidamente fundado y motivado, puesto que en efecto el Juez responsable citó los fundamentos legales exactamente aplicables al caso; además puntualizó el motivo por el cual hizo efectivo el apercibimiento. Ahora, misma calificativa de infundado merece el argumento relativo a que el acto reclamado es contrario al principio interés superior del menor ya que, contrario a lo sostenido por el quejoso el auto reclamado no vulnera en ningún sentido el principio en comento e incluso busca proteger los derechos del menor víctima de ser reintegrado al hogar materno. Se dice lo anterior, pues el acto que en esta vía se reclama solo impone una medida de apremio derivado de la reiterada actitud del impetrante de no dar cumplimiento a las determinaciones del órgano jurisdiccional dentro de la carpeta administrativa 91/2018. Máxime que fue el propio imputado -aquí quejoso- quien le indicó al Juez de Control responsable que reintegraría de inmediato al menor víctima al domicilio de su madre. Se dice lo anterior, pues del apartado de antecedentes de esta ejecutoria se puede advertir que el Juez de Control responsable al resolver incidente de restitución de menor, instruyó como medida provisional de restablecimiento de las cosas al estado previo, el restablecer el lugar de residencia del menor víctima de identidad reservada, lo cual el quejoso no atendió. Además, hasta este momento, ha quedado patente que existe procedimiento civil que determinó que la guardia y custodia del menor víctima le fue asignada a su progenitora y por tanto, le corresponde vivir en el domicilio materno. En ese mismo orden de ideas, es dable afirmar que la decisión del Juez de Control responsable al imponer el arresto no es contraria al principio del interés superior del menor, sino que por el contrario, buscar hacer cumplir la resolución del incidente de restitución de menor alcanzada en la diligencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, determinación que fue dictada en beneficio del menor víctima de identidad reservada con iniciales D.Z.V.P. y que este órgano de control calificó constitucional en la sentencia que resolvió el juicio de amparo indirecto 1088/2020-5 del índice de este órgano de amparo. De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Adicionalmente, respecto de los criterios invocados por la parte quejosa siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. PARA GARANTIZARLO AL MOMENTO DE DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDERÁ SU GUARDA Y CUSTODIA DERIVADA DE LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL DELITO DE SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ES NECESARIO QUE EL JUZGADOR ESCUCHE PREVIAMENTE SU OPINIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Se advierte que tal criterio no guarda relación con la materia que impulsa la prosecución de la presente controversia constitucional por lo cual deviene inaplicable y por tanto, en nada conduce a este juzgador para resolver en favor a la pretensión del impetrante. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los argumentos de disenso propuestos por el peticionario de amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a la responsable ejecutora Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva del Centro de Procuración de Justicia de Tenosique, Tabasco dado que no existe señalamiento respecto de algún vicio por acto de aplicación por parte del quejoso. Esta misma lógica sustenta el criterio de jurisprudencia V.2o. J/6 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 1995, página 267, novena época, materia común, registro 204875, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercero interesada, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Moisés Vera Lona, en contra del acto y autoridades que quedó precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO.- En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; súmese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, y atento a su contenido, téngase a la tercero interesada Obdulia Guadalupe Pino Pérez, apersonándose al presente juicio de amparo. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Malpica, número 406, de la colonia Punta Brava, código postal 86150, de esta ciudad y designando como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Elsa Romana Campos de la Cruz, y a las diversas personas que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, toda vez que éstos no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, se tiene a la tercero interesada, proporcionando el número de teléfono 938-168-77-27, para avisos respecto al trámite procesal y notificaciones. En ese contexto, en relación al número telefónico que proporciona para notificaciones, este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carece de eficacia jurídica para tales efectos. Por último, téngase a la tercero interesada de referencia, realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto; sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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