José Moisés Vera Lona

Expediente 1088/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1088/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • José Moisés Vera Lona
  • Juez de Control de la Región Cuatro de Emiliano Zápata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 5 Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a José Moisés Vera Lona; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Judicial Cuatro, con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, autoridad señalada como responsable; el "DVD" que acompañó el cual contiene la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Principal

    mesa 5 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1088/20205, promovido por José Moisés Vera Lona. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las allegadas por la autoridad responsable, Juez de Control de la Región Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco, al rendir su informe justificado, consistentes en: Copia certificada del acta mínima de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso por reposición de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, diligencia celebrada dentro de la carpeta administrativa 91/2018. Un DVD Disco Versátil Digital que contiene el audio y video de la citada audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso por reposición de veintiuno de noviembre de dos mil veinte. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1088/20205, promovido por José Moisés Vera Lona, contra el acto del Juez de Control de la Región Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diez de diciembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en esa misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el once siguiente, José Moisés Vera Lona solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La audiencia inicial celebrada el día 21 de noviembre de 2020 dentro de la carpeta administrativa 091/2018. El auto de vinculación a proceso dictado dentro de la carpeta administrativa número 091/2018, con fecha 21 de noviembre de 2020. La resolución de incidente que decreta la restitución de un menor de edad dentro de la carpeta 091/2018 con fecha de 21 de noviembre de 2020. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Control de la Región Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El catorce de diciembre de dos mil veinte, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 1088/20205 del índice de este juzgado; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reservó acordar lo conducente sobre la parte tercera interesada hasta que la responsable rindiera las constancias relativas al acto reclamado; se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del presente juicio y se ordenó enviar por mensajería acelerada oficio a la responsable para que rindiera su informe justificado, por lo que se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. PARTE TERCERA INTERESADA. Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos veintiuno, se reconoció con el carácter de tercero interesada a la licenciada Johana Collado Méndez, Fiscal del Ministerio Público que tuvo intervención en la carpeta investigación de la que derivó el acto reclamado, así como a Obdulia Guadalupe Pino Pérez, representante de la menor de identidad reservada con iniciales D.Z.V.P.; por lo que se ordenó el girar oficio al Juez responsable a efecto de que indicara el domicilio para llevar a cabo el emplazamiento respectivo. En arregló a lo anterior, por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez responsable cumpliendo el requerimiento antes referido, por lo que se instruyó emplazar por oficio a la licenciada Johana Collado Méndez, Fiscal del Ministerio Público. Por otro lado, se ordenó girar despacho al Juez Civil de Tenosique, Tabasco en turno a efecto de llevar a cabo el llamamiento de la tercero interesada a Obdulia Guadalupe Pino Pérez, representante de la menor de identidad reservada con iniciales D.Z.V.P. Así, por oficio 8233/2021 recibido el catorce de abril de dos mil veintiuno siguiente se emplazó al citado fiscal. Finalmente, mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno se tuvo devuelto diligenciado el despacho 68/20215 orden 86/2021 relativo al emplazamiento de Obdulia Guadalupe Pino Pérez, representante de la menor de identidad reservada con iniciales D.Z.V.P., del que se advierte que tal llamamiento se realizó el quince de abril de dos mil veintiuno. Foja 75 SEXTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917 Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte SCJN Decima Primera Sección Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso dictado por el Juez responsable en la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso por reposición de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa 91/2018 de su índice, en contra del quejoso José Moisés Vera Lona, como probable responsable en la comisión del delito de sustracción o retención de menores o incapaces, previsto y sancionado en el artículo 209 bis del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, en agravio del menor de edad de identidad reservada con las iniciales D.Z.V.P. representada por Obdulia Guadalupe Pino Pérez. La resolución del incidente que ordenó al imputado aquí quejos la restitución del menor de edad de identidad reservada con las iniciales D.Z.V.P. en el domicilio de su progenitora. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que son ciertos los actos que se le reclama. Foja 27 Afirmación que guarda sustento con la copia certificada del acta mínima de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso por reposición de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, diligencia celebrada dentro de la carpeta administrativa 91/2018, así como con el DVD Disco Versátil Digital que contiene el audio y video de la citada diligencia; documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 10a., publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL DVD SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la carpeta administrativa 91/2018 que se acompañaron al informe justificado. Asimismo, se invoca como hecho notorio el contenido del juicio de amparo 1061/20197 del índice de este órgano judicial, que guarda relación directa con la materia de este sumario ya que la sentencia amparadora generó el acto reclamado en el presente sumario. Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: A SENTENCIA DE AMPARO Por sentencia de doce de marzo de dos mil veinte, se resolvió el juicio de amparo 1061/20197 y en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Moisés Vera Lona, para que el Juez de Control de la Región Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco cumpliera con los efectos siguientes: 1. Deje insubsistente la audiencia de formulación de imputación de trece de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal 91/2018; y como consecuencia el auto de vinculación a proceso dictado en esa misma fecha, contra del aquí quejoso José Moisés Vera Lona. 2. Cite de inmediato a las partes a otra audiencia de formulación de imputación, en la que el órgano acusador subsane los vicios formales a que se ha hecho referencia en este fallo. 3. Hecho lo anterior, dentro del término legal resuelva con plenitud de jurisdicción la situación jurídica del quejoso José Moisés Vera Lona, así como las peticiones que formulen las partes, observando el referido principio. En el entendido de que al momento de efectuarse la indicada audiencia, el juez responsable deberá tomar en cuenta los requisitos para formular imputación previstos en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales . B AUDIENCIA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN Y VINCULACIÓN A PROCESO POR REPOSICIÓN. En cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto 1061/20197, el veintiuno de noviembre de dos mil veinte a las diez horas con treinta y cinco minutos, el Juez responsable llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y vinculación de proceso por reposición. De ella se obtiene que: Fueron individualizadas las partes comparecientes fiscal, asesoría jurídica, representante del menor víctima, imputado y defensor particular; Se indicó que el motivo de la audiencia es el cumplimiento de la sentencia protectora del juicio de amparo indirecto 1061/20197 del registro de este Juzgado Federal. El Juez informó a la representante del menor víctima sobre derecho que le asiste a tener un asesor jurídico que le apoye en el desarrollo de la audiencia. Minuto 4:30 a 5:14 Acto seguido asignó a la asesora jurídica pública, quien protesto el cargo Minuto 5:30 El Juez explicó a la representante del menor víctima aquí tercero interesado los derechos constitucionales que le revisten. El Juez requirió a la defensa particular para que rindiera la protesta de ley correspondiente. Minuto 7:44 El Juez explicó al imputado aquí quejoso los derechos que la constitución federal le confiere. Además, el Juez de Control dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el trece de junio de dos mil diecinueve en contra del imputado José Moisés Vera Lona aquí quejoso. Minuto 12:30 a 13:30 El fiscal formuló imputación en contra del ahora quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de sustracción o retención de menores o incapaces, previsto y sancionado por el artículo 209 Bis del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada, de iniciales D.Z.V.P. La fiscal manifestó Minuto 17:55 y 20:55 que el señalamiento tiene sustento en que el día veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual el imputado se presentó en el domicilio ubicado en la calle 20 número 1104 de la colonia Estación Nueva de Tenosique, Tabasco, entre las ocho y nueve de la mañana, a recoger a su menor hijo de iniciales D.Z.V.P., quien se encontraba viviendo con su madre la señora Obdulia Guadalupe Pino Pérez y que le tocaba convivir durante el periodo vacacional de diciembre con dicho menor. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en convenio judicial derivado del expediente 302/2017, relativo a un juicio de divorcio, que se llevó a cabo ante la Juez María Jonidet Cárdenas Cámara, en el Juzgado Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, acuerdo elevado a cosa juzgada, pero el inculpado incumplió dicho mandato, pues desde el día veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, usted se llevó a su menor hijo para pasar las vacaciones a Ciudad del Carmen, Campeche, en el domicilio ubicado en la calle 54 de la colonia Héctor Pérez Martínez, con la finalidad convivir con el menor, pues el inculpado radica en dicho lugar. Sin embargo y a pesar de que estaba advertido que el día diecinueve de enero de dos mil dieciocho debería reingresar al menor a su hogar junto a su madre Obdulia Guadalupe Pino Pérez, cosa que no ocurrió, en agravio del menor de identidad reservada D.Z.V.P. y que con ello, se vulneró el bien jurídico tutelado de por la ley consistente en el bienestar personal, moral y psíquico el menor en cita. Acto seguido, la fiscal le hizo saber al imputado aquí quejoso que la clasificación jurídica preliminar corresponde a la prevista en el artículo 209 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, donde la forma de actuación del imputado fue permanente, dado que había incumplido con una resolución judicial elevada a cosa juzgada, donde se estableció que la guardia y custodia se había establecido en favor de la señora Obdulia Guadalupe Pino Pérez cuestión que incumplió, además su intervención fue de autor directo de la conducta señalada como acción dolosa de ejecución permanente conforme a los artículos 8 fracción II, 9, 10, segundo párrafo y 13 bis, fracción I del Código Penal para el Estado de Tabasco; ya que vulneró con su conducta el bien jurídicamente tutelado del bienestar personal, moral y psíquico en agravio de la menor víctima. También hizo de su conocimiento que quien depuso en su contra fue Obdulia Guadalupe Pino Pérez, madre y representante del menor víctima de identidad reservada de iniciales D.Z.V.P. así como los testigos Ofelia del Carmen Pérez Ascoaga y Luis Augusto Pérez Ascoaga. El Juez consultó a la defensa sobre la necesidad de llevar a cabo alguna aclaración, ante lo cual la defensa particular manifestó que no requería tal aclaración. Minuto 24:25 Acto seguido, el Juez le hizo saber al imputado que dentro de sus prerrogativas se encuentra la de contestar la imputación, por lo que se le indicó que puede guardar silencio, lo que en nada le perjudicaría. Minuto 24:45 y 25:35 Como respuesta a lo anterior, el imputado manifestó que no reconocé el delito y que devolvería al menor. Minuto 25:45 y 26:00 El Juez solicitó aclaración a la manifestación anterior y el imputado indicó que no era su deseo rendir declaración. Minuto 26:02 y 26:30 Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 19 Constitucional, 3113, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales la fiscal solicitó la vinculación a proceso Minuto 26:35 y 62:35, previa explicación que el Juez realizó al respecto para conocimiento del imputado, verbalizó los siguientes datos de prueba: Denuncia presentada por Obdulia Guadalupe Pino Pérez, en agravio de su menor hijo de identidad reservada con las iniciales D.Z.V.P. en contra de José Moisés Vera Lona por el delito de sustracción o retención de menores o incapaces de veinte de febrero de dos mil dieciocho, que dio inicio a la carpeta de investigación CITNQ89/2018. Acta de nacimiento de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales D.Z.V.P. con número de folio 475 expedida por el Oficial Número 1 del Registro Civil del Estado de Campeche, con fecha nacimiento uno de enero de dos mil quince. Junta para mejor proveer de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, presidida por la Juez María Jonidet Cárdenas Cámara, en el Juzgado Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, en la cual se establecieron las condiciones de la guardia y custodia del menor de edad de identidad reservada de iniciales D.Z.V.P., así como el régimen de visitas y convivencias en favor del imputado. Oficio 67/2018, que contiene informe de investigación a cargo del oficial José Guillermo Hernández Ramos, de donde se deprede lo siguiente: a Entrevista de la testigo Ofelia del Carmen Pérez Ascoaga de veintidós de febrero de dos mil dieciocho. b Entrevista del testigo Luis Augusto Pérez Ascoaga de veintidós de febrero de dos mil dieciocho. c Inspección ocular y fijación fotográfica del domicilio donde el menor víctima vivía junto con su madre. Acuerdo de colaboración realizado por el Fiscal del Ministerio Público de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, a través de la Vicefiscalía General del Estado de Tabasco en el cual se solicita al homólogo del Estado de Campeche, iniciar una carpeta de investigación en dicha entidad para citar al imputado para rendir entrevista. Oficio FGEDDC3705/2018 de once de junio de dos mil dieciocho que contiene la colaboración de la Fiscalía del Estado de Campeche, en la cual se informó la formación de la carpeta de investigación AC3/20182856. Entrevista de trece de abril de dos mil dieciocho donde comparece el imputado asistido de su defensa particular y se apega al artículo 20 Constitucional. Escrito de diecinueve de abril de dos mil dieciocho donde el imputado da contestación a los hechos de los cuales se le acusan. Receta médica expedida por el médico pediatra Froilán Palestino Cruz, que hace constar diversos exámenes practicados al menor víctima, que tuvieron como resultado anemia y procesos parasitarios. Informe de psicología practicado al menor víctima por parte de la psicóloga María Guadalupe Suárez Bautista. Denuncia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho realizada por Obdulia Guadalupe Pino Pérez, en agravio de su menor hijo de identidad reservada con las iniciales D.Z.V.P. en contra de José Moisés Vera Lona por el delito de violencia familiar, con base en la cual se formó la carpeta de investigación AC3/20187828. Acto seguido, el Juez concedió el uso de la voz a la asesora jurídica, quien reiteró la petición de la Fiscal a efecto de vincular a proceso al imputado José Moisés Vera Lona por la probable comisión del delito de sustracción o retención de menores o incapaces en agravio de su menor hijo de identidad reservada con las iniciales D.Z.V.P. Luego, el Juez hizo saber al imputado el derecho que le asiste para resolver su situación jurídica en ese momento o bien, dentro del término de setenta y dos horas o su duplicidad de ciento cuarenta y cuatro horas, asimismo, le instó a consultar con su defensor antes de tomar la decisión. El inculpado solicitó que su situación jurídica se resolviese en ese momento Minuto 65:29, por lo que el Juez concedió el uso de la voz a la defensa particular para que discurriera sobre los efectos de su representación. De tal suerte, el defensor particular procedió a efectuar la réplica de los argumentos en los que el fiscal sustentó la solicitud de vinculación a proceso, manifestaciones con las cuales peticionó que no se vincule a proceso a su representado. Minuto 66:00 a 72:45 Luego, el Juez responsable concedió el uso de la voz al Fiscal del Ministerio Público para que ejerciera la réplica, respecto a lo señalado por la defensa, quien reiteró la denominación del tipo delictivo que se investiga, la validez de las constancias con las que soportó la petición de vinculación a proceso. El Juez concedió el uso de la voz a la representante del menor víctima, quien aclaro las condiciones por las cuales no denunció hasta el veinte de febrero de dos mil dieciocho, ya que previo a iniciar la denuncia buscó una solución pacífica y en los mejores términos para reintegrar a su menor hijo, además hizo hincapié en la falta de disposición del imputado para acudir ante las autoridades a rendir su entrevista e incluso participar de las investigaciones, con lo cual se han violado los derechos de su menor hijo. Minuto 81:07 a 90:30 A continuación el Juez de Control responsable dictó auto de vinculación a proceso, en atención a lo previsto en el artículo 19 constitucional y los pasos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos penales, en contra del aquí quejoso José Moisés Vera Lona, por los hechos que la ley señala como delito de sustracción o retención de menores o incapaces, previsto y sancionado por el artículo 209 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales D.Z.V.P. Lo anterior por considerar que se encontraban satisfechos los requisitos de los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber formulado imputación el fiscal; porque el inculpado tuvo oportunidad de declarar, lo cual se reservó; y obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el Juez responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por el fiscal son suficientes para establecer que el inculpado es quien probablemente cometió los hechos que se le atribuyen, esto es, que es el autor directo de los mismos, pues hay un señalamiento directo, firme y categórico de parte de la denunciante madre de la víctima menor de edad, por lo que se puede inferir que se trata de un hecho de naturaleza dolosa, de consumación permanente y que, a criterio de ese juzgador, lo argumentado por la defensa no resulta suficiente para desestimar la probabilidad de su intervención en la comisión del ilícito que se le imputa, en términos de los artículos 8 fracción II, 9, 10, segundo párrafo y 13 bis, fracción I del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. C MEDIDA CAUTELAR. La fiscal, con fundamento en el artículo del 153, 154 y 155, fracción XIV Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó debate establecer como medida cautelar la prisión preventiva justificada en contra del imputado, dado que a su juicio tal medida es proporcional e idóneo para asegurar la asistencia de aquel en el proceso que se le sigue. Minuto 132:30 a 138:45 Ante lo cual, el Juez otorgó participación a la asesora jurídica de la víctima, quien reiteró la petición formulada por la representación social. Se concedió el uso de la palabra a la defensa, quien en primer término solicitó al Juez la posibilidad de entregar al niño el día de mañana veintidós de noviembre de dos mil veinte con fundamento en el artículo 1 constitucional atendiendo al interés superior del menor; tras lo cual manifestó su desacuerdo con la medida cautelar solicitada por la Fiscal y solicitó que se continuara con la presentación periódica como medida de apremio. Minuto 139:20 a 148:45 Acto seguido, el Juez cerró debate y procedió a resolver como medida cautelar, con fundamento en la fracción I del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la presentación periódica de manera semanal cada ocho días del imputado ante la Unidad de Medidas Cautelares de la Región Cuatro. D INCIDENTE DE RESTITUCIÓN DE MENOR. La asesoría jurídica solicitó y justificó el debatir incidencia de restitución del menor de edad víctima de identidad reservada de iniciales D.Z.V.P., con fundamento en el artículo del 109, fracciones XIX y XXIII en relación con el numeral 111 Código Nacional de Procedimientos Penales. Minuto 161:55 a 171:53 Ante lo cual, el Juez otorgó participación a la fiscal, quien reiteró la petición formulada por la asesora jurídica de la víctima. El Juez otorga el uso de la voz a la defensa particular, quien solicitó, para evitar futuras reposiciones de procedimiento, se declarase improcedente el incidente planteado ya no es la vía idónea, pues no esta fundado, motivado ni argumentado. Minuto 173:21 a 175:33 El imputado como respuesta directa del Juez, manifestó que entregaría al menor el día siguiente veintidós de noviembre de dos mil veinte en el domicilio de su progenitora en un horario entre las 16:00 y las 19:00 horas. Minuto 176:29 a 176:55 Hecho lo cual, el Juez cerró debate y declaró procedente el incidente planteado para que el imputado restituya al menor víctima de identidad reservada de iniciales D.Z.V.P. en el domicilio de su progenitora ubicado en la calle 20 número 1104, colonia estación Nueva, Tenosique, Tabasco dentro del término de treinta y seis horas, en un horario entre las 16:00 y las 19:00 horas, con el apercibimiento de arresto de hasta treinta y seis horas en caso de incumplimiento. La fiscal peticionó como plazo de cierre de investigación un mes, el juez indicó que la audiencia únicamente versa sobre el cumplimiento del fallo protector de la ejecutoria de amparo 1061/20197 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, donde el acto reclamado fue la audiencia de imputación, auto de vinculación e incidente de restitución del menor, sin que se advierta que deban quedar sin efecto el resto de las actuaciones. Visto lo anterior, la fiscal solicitó fecha y hora para audiencia intermedia. El respecto el Juez indicó que se emitiría acuerdo respectivo para fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia. Finalmente, previa petición de la defensa, el Juez ordenó girar oficio al Director del Dentro de Reinserción Social de Tenosique, Tabasco para que dejase en libertad al imputado dada la vigencia temporal de la orden de aprehensión, asimismo autorizó las copias del audio y video de la audiencia para las partes intervinientes. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Ahora el impetrante de amparo, en su demanda adujo, en síntesis, como primer concepto de violación indicó que debió dictarse auto de no vinculación a proceso, ya que en el caso no se reúnen los requisitos establecidos en el numeral 316 de Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no existen indicios razonables para que el quejoso fuera señalado como responsable de la comisión del delito imputado. Citó como sustento a lo anterior la tesis aislada de texto y registro siguientes: SUSTRACCIÓN ILEGAL DE MENORES. LA OMISIÓN DE ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO DIVERSO AL DOLO EN ESTE DELITO, CONLLEVA SU ATIPICIDAD. Registro: 2018834. En su segundo motivo de disenso indicó que la resolución del incidente de restitución del menor viola en su perjuicio el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso, ya que con tal acción el Juez responsable dicta una orden de reparación del daño con la cual lo hace responsable del delito, lo anterior sin agotar las instancias del juicio oral penal. Soportó tal argumento con la jurisprudencia de rubro y registro siguiente: REPARACIÓN DEL DAÑO. ES ILEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. Registro: 175459. devienen INFUNDADOS los conceptos de violación que esgrimió el quejoso; sin que en el caso, a criterio de este juzgador, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: Artículo 14 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política Federal, estable lo siguiente: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A De los principios generales: I El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B De los derechos de toda persona imputada: I A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C De los derechos de la víctima o del ofendido: I Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Ahora, como ya quedó asentado, este órgano de amparo considera que en la especie se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del cual deriva el acto génesis de la controversia constitucional que se resuelve. Lo anterior es así, dado que de la reproducción del audio y video de la audiencia remitida por el Juez de Control responsable, se desprende que en la diligencia de formulación de imputación y vinculación a proceso por reposición de veintiuno de noviembre de dos mil veinte se desarrolló de manera oral. Asimismo, se desprende que la aludida audiencia fue pública y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por el Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate estuvo presente en toda la diligencia, puesto que se permitió al imputado el ejercicio de su derecho a que su situación jurídica se resolviera de manera inmediata como sucedió o dentro del término previsto por la marco constitucional y legal, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, pues se advierte que el desarrollo de la audiencia fue fluido y constante. De la misma manera, la audiencia se realizó conforme al principio de inmediación, ya que el Juez de Control estuvo a cargo de la diligencia. En igual tenor, de la referida audiencia se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrió la Fiscal del Ministerio Público, la asesora jurídica, la representante del menor víctima, el imputado y su defensor privado; Se informó al inculpado sus derechos constitucionales y legales; Se formuló la imputación en la que la Fiscal del Ministerio Público expuso al imputado el hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de su acusador; Se le dio oportunidad al inculpado para que declarase si era su deseo o si prefería mantener el derecho a permanecer en silencio, optando por conducirse bajo esa última acción; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor, solicitó se resolverá sobre su situación jurídica en la misma audiencia, lo cual se hizo así; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que presentara la réplica respectiva sobre la solicitud de vinculación; Después, el Juez cerró debate y dictó el auto de vinculación a proceso; y, Con lo anterior, se soporta la afirmación de este órgano de amparo que, en efecto, se cumplen con los extremos de formalidad que el procedimiento penal acusatorio exige. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecúan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatoria adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, el Máximo Tribunal del país sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, el suscrito considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, el Juez de Control se apoyó en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para vincular a proceso al imputado aquí quejoso José Moisés Vera Lona. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por el Ministerio Público, le permitían establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito, el cual identificó como sustracción o retención de menores o incapaces, que indicó se encuentra previsto y sancionado en el artículo 209 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora bien, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión... Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1 existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2 la ley señale como delito a ese hecho y 3 exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 10a., publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I Se haya formulado la imputación; II Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I Los datos personales del imputado; II Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra José Moisés Vera Lona, por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de sustracción o retención de menores o incapaces, previsto y sancionado por el artículo 209 Bis, del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada, de iniciales D.Z.V.P. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos, esto es, que el día veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual el imputado se presentó en el domicilio ubicado en la calle 20 número 1104 de la colonia Estación Nueva de Tenosique, Tabasco, entre las ocho y nueve de la mañana, a recoger a su menor hijo de iniciales D.Z.V.P., quien se encontraba viviendo con su madre la señora Obdulia Guadalupe Pino Pérez y que le tocaba convivir durante el periodo vacacional de diciembre con dicho menor. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en convenio judicial derivado del expediente 302/2017, relativo a un juicio de divorcio, que se llevó a cabo ante la Juez María Jonidet Cárdenas Cámara, en el Juzgado Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, acuerdo elevado a cosa juzgada, pero el inculpado incumplió dicho mandato, pues desde el día veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, usted se llevó a su menor hijo para pasar las vacaciones a Ciudad del Carmen, Campeche, en el domicilio ubicado en la calle 54 de la colonia Héctor Pérez Martínez, con la finalidad convivir con el menor, pues el inculpado radica en dicho lugar. Sin embargo y a pesar de que estaba advertido que el día diecinueve de enero de dos mil dieciocho debería reingresar al menor a su hogar junto a su madre Obdulia Guadalupe Pino Pérez, cosa que no ocurrió, en agravio del menor de identidad reservada D.Z.V.P. y que con ello, se vulneró el bien jurídico tutelado de por la ley consistente en el bienestar personal, moral y psíquico el menor en cita. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el fiscal hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de sustracción o retención de menores o incapaces, en el artículo 209 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco; que en cuanto a su participación, se le considera como autor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8 fracción II, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También hizo de su conocimiento que depusieron en su contra la madre y representante de la víctima Obdulia Guadalupe Pino Pérez, así como los testigos Ofelia del Carmen Pérez Ascoaga y Luis Augusto Pérez Ascoaga. El segundo requisito que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar, también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que el Juez responsable le hizo de su conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se considera cumplido. En efecto, de la videograbación en estudio se desprende que el Juez de Control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecía el hecho referido por el Ministerio Público que el imputado sustrajo y retuvo a su menor hijo en un lugar distinto al domicilio de su madre, quien detenta la guardia y custodia del menor víctima del delito, mismo que la ley señala como delito de sustracción o retención de menores o incapaces, previsto sancionado por el artículo 209 Bis, del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada, de iniciales D.Z.V.P. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: Denuncia presentada por Obdulia Guadalupe Pino Pérez, en agravio de su menor hijo de identidad reservada con las iniciales D.Z.V.P. en contra de José Moisés Vera Lona por el delito de sustracción o retención de menores o incapaces de veinte de febrero de dos mil dieciocho, que dio inicio a la carpeta de investigación CITNQ89/2018. Por medio de la cual la madre de la víctima pone en conocimiento de la representación social los hechos por los cuales se dio inicio a la investigación, además de señalar como probable responsable al imputado aquí quejoso , lo anterior ya que en la entrevistada manifestó que su menor hijo fue sustraído por su padre para pasar las vacaciones de diciembre de dos mil diecisiete, sin que hasta el mes de febrero de dos mil dieciocho lo hubieran reintegrado al domicilio donde vive con la denunciante. Además, la denunciante mencionó que ella detentaba la guardia y custodia del menor, lo cual fue determinado por la Juez María Jonidet Cárdenas Cámara, en el Juzgado Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche al resolver el proceso 302/2017 de su índice. Acta de nacimiento de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales D.Z.V.P. con número de folio 475 expedida por el Oficial Número 1 del Registro Civil del Estado de Campeche, con fecha nacimiento uno de enero de dos mil quince. Documento con el cual se advierte la edad de la menor víctima y el parentesco con la denunciante. Junta para mejor proveer de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, presidida por la Juez María Jonidet Cárdenas Cámara, en el Juzgado Familiar del Proanza mediante la cual se advierte que se establecieron las condiciones de la guardia y custodia del menor de edad de identidad reservada de iniciales D.Z.V.P., así como el régimen de visitas y convivencias en favor del imputado. Oficio 67/2018, que contiene informe de investigación a cargo del oficial José Guillermo Hernández Ramos, de donde se deprede lo siguiente: a Entrevista de la testigo Ofelia del Carmen Pérez Ascoaga de veintidós de febrero de dos mil dieciocho. on la que se corrobora que el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete el imputado aquí quejoso se presentó en el domicilio donde el menor víctima vivía con su madre y se lo llevó. Además, se corrobora que en diversas ocasiones intentaron comunicarse con el imputado para pedirle que reintegrara al hogar materno al menor. b Entrevista del testigo Luis Augusto Pérez Ascoaga de veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Con la que se corroboran los hechos denunciados por la representante del menor víctima. c Inspección ocular y fijación fotográfica del domicilio donde el menor víctima vivía junto con su madre. Probanza con la que se dio fe del domicilio del cual se sustrajo al menor víctima. Datos de prueba de los que se obtiene que el imputado aquí quejoso José Moisés Vera Lona fue identificado como la persona que probablemente sustrajo del domicilio materno y retuvo al menor de identidad reservada con las iniciales D.Z.V.P. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión del hecho considerado como delito. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por el Fiscal del Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen señalamiento de parte de la menor víctima que indican la probabilidad de que el imputado realizó los hechos señalados por la ley como delito de sustracción o retención de menores o incapaces previsto sancionado por el artículo 209 Bis, del Código Penal para el Estado de Tabasco. En efecto, el Juez de Control responsable ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que el inculpado sustrajo del domicilio materno y retuvo al menor de identidad reservada con las iniciales D.Z.V.P. Sobre el particular, conviene reiterar que tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado aquí quejoso probablemente realizó de manera directa el hecho que se le imputa, mismo que es considerado de tracto permanente porque su consumación se prolonga por todo el tiempo en que existe la retención del menor víctima. Conducta que es dolosa, pues sabía que es contrario a la ley sustraer al menor víctima de su hogar habitual y lo retenga, impidiendo que regrese a su domicilio, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. Cabe destacar que de la videograbación de las audiencias en cuestión, no se aprecia que el quejoso o su defensa hayan incorporado y verbalizado datos de prueba que desvirtuaran los hechos imputados. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder del Juez de Control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes,al menos hasta ese estadio procesal, para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de sustracción o retención de menores o incapaces previsto sancionado por el artículo 209 Bis del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada de iniciales D.Z.V.P. Datos de prueba de los que se puede establecer que probablemente el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, el imputado se presentó entre las ocho y nueve horas, en el domicilio ubicado en la calle 20 número 1104 de la colonia Estación Nueva de Tenosique, Tabasco, a recoger a su menor hijo de iniciales D.Z.V.P., quien se encontraba viviendo con su madre Obdulia Guadalupe Pino Pérez, lo anterior ya que le tocaba convivir durante el periodo vacacional de diciembre con dicho menor, en cumplimiento al convenio judicial derivado del expediente 302/2017, del índice del Juzgado Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche. Sin embargo y a pesar de que estaba advertido que el día diecinueve de enero de dos mil dieciocho debería reingresar al menor a su hogar junto a su madre Obdulia Guadalupe Pino Pérez, el imputado no hizo. según el dato de prueba verbalizado por la Fiscal, consistente en la entrevista de la propia representante del menor de edad de identidad protegida. En ese orden de ideas, éste juzgador estima que el argumento planteado por el quejoso en sus conceptos de violación identificado como primero devienen infundado. Se estima lo anterior, pues contrario a lo sostenido por el impetrante, el juzgador responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fue la persona que probablemente cometió el hecho que se le imputa donde quedaron establecidos el tiempo y circunstancias de su ejecución. De ahí que, las manifestaciones de su defensa por medio de las cuales pretende restar valor probatorio a los datos de prueba verbalizados por la fiscalía son infundados, puesto que inverso a su argumento no son carentes de razonabilidad, idoneidad y por tanto resultan suficientes para soportar el acto que reclama. En abono a lo anterior se reitera que resulta infundado dicho motivo de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos imputados, ya que la valoración formal del acervo probatorio es una actividad propia de la etapa de juicio oral, además de que la parte quejosa no exhibió prueba alguna para controvertir los datos de prueba presentados por la representación social Además, como ya quedó precisado, al quejoso le fue garantizado debidamente la protección de los derechos humanos que el marco de regularidad constitucional le ofrece dentro de la prosecución del proceso penal al que está sujeto, en particular al derecho de defensa en virtud de que fue asistido por el defensor particular, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por el Fiscal, además de que la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, se le otorgó copia certificada de la audiencia inicial, máxime que la audiencia de la que deriva el acto reclamado se dictó en cumplimiento al fallo protector dictado por este Juzgado de Amparo, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Ahora, misma calificativa de infundado merece el argumento expresado en el segundo concepto de violación ya que, contrario a lo sostenido por el quejoso la resolución del incidente de restitución de menor no vulnera en ningún sentido el principio de presunción de inocencia ni el debido proceso, ya que por un lado tal acción se encuentra contemplada en la norma procesal y además, su cumplimiento no prejuzga sobre la responsabilidad del quejoso; sino que, por el contrario busca proteger el derecho del menor víctima de ser reintegrado al hogar materno. Se dice lo anterior, pues como correctamente manifestó el Juez de Control responsable, el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de ordenar la medida provisional de restablecimiento de las cosas al estado previo en cualquier momento del procedimiento, lo que implicó en el presente caso el restablecer el lugar de residencia del menor víctima de identidad reservada. Además, hasta este momento, ha quedado como antecedente, que existe procedimiento civil que determinó que la guardia y custodia del menor víctima le fue asignada a su progenitora y por tanto, le corresponde vivir en el domicilio materno. En ese mismo orden de ideas, es dable afirmar que fue acertada la decisión del Juez de Control responsable al ponderar que el interés del menor, puesto que de antecedentes del caso y de lo manifestado por la madre se advierte que no ha sido reintegrado a su domicilio, por lo que la determinación atiende la obligación del Estado de velar por la protección de la niñez. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó al resolver el amparo en revisión 203/2016, que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte tanto en lo individual o colectivo se deberán ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés y garantías. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades deben ser evaluadas en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación. De tal suerte que, El derecho del interés superior es la consideración primordial y ese carácter fundamental requiere tomar conciencia de la importancia que deben tener sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias. Del razonamiento anterior se desprende la tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2019 10a. de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2328, Décima Época, materia constitucional, registro 2020401, de rubro y texto: DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: I un derecho sustantivo; II un principio jurídico interpretativo fundamental; y III una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño, lo que significa que, en cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. Máxime que fue el propio imputado aquí quejoso quien le indicó al Juez de Control responsable que reintegraría de inmediato al menor víctima al domicilio de su madre. Minuto 176:29 a 176:55 De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional como las de prontitud y expeditez y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente. Ahora, este juzgador considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se sostiene que la vinculación a proceso dictada en contra del quejoso no transgredió sus derechos humanos en ningún sentido, es que los postulados en los que se basan los criterios judiciales invocados por este y continuación enlistados no resultan procedentes ni aplicables para conceder la protección solicitada, a saber: SUSTRACCIÓN ILEGAL DE MENORES. LA OMISIÓN DE ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO DIVERSO AL DOLO EN ESTE DELITO, CONLLEVA SU ATIPICIDAD. Registro: 2018834. Tesis que dado el sentido del estudio efectuado en esta ejecutoria no resulta aplicable, máxime que, como ya se afirmó, el asunto no se encuentra en una etapa inicial en la que se advierten suficientes datos de prueba para acreditar la probabilidad de la existencia del acto delictivo y además que fue el imputado quien lo cometió. REPARACIÓN DEL DAÑO. ES ILEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. Registro: 175459. La cual tampoco resulta encuentra aplicación en el asunto, pues de la análisis practicado al audio y video de la audiencia que precedió a la emisión del auto de vinculación y a la resolución del incidente de restitución del menor, de ninguna forma se observa el matiz de reparación del daño, pues la reintegración del menor a su hogar materno busca garantizar los derechos de aquel, cuestión que resulta ser de interés primario y con lo cual, no se advierte falta de seriedad o parcialidad de parte del Juez de Control responsable, ni mucho menos afirmación de culpabilidad en contra del imputado. Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos de denuesto y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de los recurrentes, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso a de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a José Moisés Vera Lona, en contra del acto reclamado al Juez de Control de la Región Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco que quedó precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el quince de abril del año en curso, fue emplazada a juicio la tercero interesada Obdulia Guadalupe Pino Pérez, representante del menor de identidad reservada D.Z.V.P, sin que hasta el día de hoy haya señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días que se le concedió en el auto de veinticuatro de marzo del año actual, lapso que transcurrió del diecinueve al veintiuno de abril del año en curso. Por lo tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se ordena al actuario de este juzgado, notificar a la tercero interesada de mérito, por lista de acuerdos el presente auto, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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