Jose Miguel Perez Segundo

Expediente 1289/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1289/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Jose Miguel Perez Segundo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V La certificación precedente, evidencia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento e Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo de dicho Acuerdo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por **** por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Ixtlahuaca, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1289/2019-V. DESECHAMIENTO. Previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en: El auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio **** del índice del Juzgado Segundo Civil de Ixtlahuaca, Estado de México. Respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 107, fracción IV, del ordenamiento legal citado, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Del artículo transcrito en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de garantías sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 Constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 Constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima del particular que pretende evitarlo. En ese sentido, se advierte que en el juicio del cual emana el acto reclamado la parte quejosa es parte (demandada) en el juicio ***/2019, del índice de la responsable, mismo que se encuentra en etapa de ejecución. De lo cual se sigue que el acto reclamado fue emitido en dentro del procedimiento de ejecución de sentencia derivado del juicio ***/2019 del índice del Juzgado Juez Segundo Civil de Ixtlahuaca, Estado de México; por ende, al ser actuaciones realizadas en etapa de ejecución quedan regidas por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia antes transcrito, es decir, no pueden analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; se insiste, aquélla que tenga por cumplida la sentencia en comento o declare la imposibilidad para ello. En otras palabras, los actos que por esta vía combate la parte quejosa revisten el carácter de intermedios, pues no se advierte que se haya dictado auto en que se tenga por cumplida la sentencia respectiva, por lo que será seguido de otros actos procesales encaminados a tener por cumplido dicho fallo dictado en el procedimiento de origen; de modo tal, que las violaciones que hayan podido cometerse en esa etapa, de ser el caso, podrían plantearse en el juicio que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, debe atenderse a si el acto reclamado constituye o no la última resolución, que como se ha visto en forma genérica, es la que declara cumplida la sentencia o que establece la imposibilidad para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, pues como ya se precisó, los actos reclamados no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que se actualiza la causa de improcedencia en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, y 113 de la ley de la materia. DOMICILIO. Ahora bien, tal y como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en este Juzgado de Distrito. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida a las demás personas que se mencionan, por asi haberlo solicitado la parte quejosa. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

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