José Mendieta García

Expediente 1235/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1235/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • José Mendieta García

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por José Mendieta García; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, párrafo primero, inciso d del acuerdo en cita). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia). 3. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    DESAHOGO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por el quejoso José Mendieta García, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiséis de noviembre el año en curso y adjunta copia simple de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en los autos del toca penal 426/2021 del índice de la Segunda Sala Civil Colegiada de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Se tiene al quejoso desahogando la prevención formulada; por tanto, provéase lo conducente. PRECISÓN DEL ACTO RECLAMADO. Vista la demanda de garantías y del contenido del escrito aclaratorio de cuenta, se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución emitida en veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en los autos del toca 426/2021 del índice de la Segunda Sala Civil Colegiada de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda promovida, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la citada demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y, en el caso, la resolución emitida en veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en los autos del toca 426/2021 del índice de la Segunda Sala Civil Colegiada de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que resuelve: "PRIMERO. Se deja insubsistente la sentencia apelada y se ordena a la jueza reponer el procedimiento a fin de que integre Litisconsorcio activo necesario controvertido a Jaime Arreola Alcántar dejando insubsistente todo lo actuado por quienes ya litigaron. SEGUNDO. No se hace condena de costas en esta segunda instancia." Lo anterior, ya que no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una etapa procesal que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural. Lo anterior se considera así, pues de la lectura a la resolución reclamada, la reposición del procedimiento fue en los siguientes términos: "De lo anterior se colige que no puede dictarse sentencia válida en relación a la reivindicación reclamada a JOSÉ MENDIETA GARCÍA dado que el inmueble litigioso se encuentra en copropiedad y únicamente la demandó ELVIRA MAGDALENA ANDRACA PINEDA, conocida como MAGDALENA ANDRAKA DE ARREOLA, ELVIRA MAGDALENA ANDRACA PINEDA DE ARREOLA, MAGDALENA ANDRAKA PINEDA y E. MAGDALANEA ANDRAKA PINEDA, no así JAIME ARREOLA ALCÁNTAR, a quien le demandó la nulidad de convenio que celebró con JOSÉ MENDIENTA GARCÍA, respecto del inmueble controvertido. Lo anterior es así porque conforme al artículo 2.12 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el juzgador debe llamar a todos los copropietarios ante la existencia de un litisconsorcio activo necesario, dado que todos los copropietarios están unidos por el mismo derecho de propiedad. Por lo tanto, ante la existencia de este el juzgador debe llamarlos oficiosamente y en cualquier etapa del juicio para que al igual que en el litisconsorcio pasivo, la sentencia que se dicta sea válida para todos los interesados y comparezcan al procedimiento para deducir sus derechos, para que lo decidido les pare perjuicio a todos los copropietarios pues estimar lo contrario sería tanto como que la sentencia que llegue a emitirse no le para perjuicio a aquellos que no intentaron la reivindicación, lo que implicaría que si ésta es improcedente, los otro copropietarios podrían hacerlo sucesivamente, sin que pueda alegarse la cosa juzgada. De ahí que JAIME ARREOLA ALCANTAR debe ser llamado a juicio, a efecto de que haga valer lo que a su derechos corresponda, respecto del mencionado derecho de copropiedad que tiene a su favor del inmueble cuya reivindicación se pretende; pues en caso de ser procedente la nulidad de convenio que celebró Con JOSÉ MENDIENTA GARCÍA respecto de dicho bien, éste seguirá en copropiedad y al resolverse sobre el derecho de propiedad que argumenta la parte actora repercute en el patrimonio de JAIME ARREOLA ALCANTAR. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción siguiente: ACCIÓN REIVINDICATORIA. PUEDEN EJERCITARLA TODOS LOS COPROPIETARIOS DEL BIEN COMÚN, UNA PARTE DE ELLOS O UNO SOLO, PERO EL JUEZ DEBE LLAMAR A TODOS AL JUICIO, ANTE LA EXISTENCIA DE UN LITISCONSORCIO ACTIVO NECESRIO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y SINALOA) (la transcribe). Asimismo, orienta a lo anterior, la tesis siguiente: LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO EN CUALQUIER ESTAPA DEL JUICIO PARA QUE LOS INTERESADOS COMPAREZCAN AL PROCEDIMIENTO A DEDUCIR SUS DERECHOS Y LA SENTENCIA QUE SE DICTE SEA VÁLIDA PARA TODOS ELLOS. (la transcribe). En razón de lo anterior se actualiza la figura jurídica de litisconsorcio activo necesario para la reivindicación del inmueble controvertido, pues conforme a lo apuntado ELVIRA MAGDALENA ANDRACA PINEDA, conocida como MAGDALENA ANDRAKA DE ARREOLA, ELVIRA MAGDALENA ANDRACA PINEDA DE ARREOLA, MAGDALENA ANDRAKA PINEDA y E. MAGDALANEA ANDRAKA PINEDA, no sólo demandó a JAIME ARREOLA ALCÁNTAR y JOSÉ MENDIETA GARCÍA la nulidad del convenio de fecha seis de febrero de mil novecientos ochenta y nueve entre otras prestaciones, sino también reclamó de JOSÉ MENDIETA GARCÍA Ia reivindicación del inmueble litigioso que se encuentra en copropiedad resultando necesario que sean llamados juicio todos los copropietarios para que se emita sentencia válida. En ese sentido se actualiza la figura de litisconsorcio activo necesario en JAIME ARREOLA ALCANTAR lo que hace indispensable llamarlo oficiosamente a juicio para que comparezca a juicio a deducir sus derechos respecto a la reivindicación del inmueble litigioso; y, lo decidido en la sentencia que se dicte sea válida para todos los interesados y les pare perjuicio, pues estimar lo contrario, atenta contra la garantía de audiencia y debido proceso. En consecuencia, se deja insubsistente la sentencia apelada y se ordenada a la juez reponer el procedimiento a fin de que integre litisconsorcio activo necesario respecto de la reivindicación del inmueble controvertido a JAIME ARREOLA ALCANTAR dejando subsistente todo lo actuado por quienes ya litigaron en aplicación de los principios de economía, equidad procesal y seguridad jurídica. Sustenta lo anterior, por identidad de razón jurídica la jurisprudencia por contradicción siguiente: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO TODOS LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002). (La transcribe). Así, de lo transcrito se advierte que el Tribunal de Alzada, al estimar la existencia de la violación procesal que en el caso consistió en la falta de llamar a Jaime Arreola Alcantar a juicio, ordenó la reposición del procedimiento, únicamente para ese efecto. Así, la reposición de un procedimiento jurisdiccional causa una mayor o menor molestia en las partes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses; pero no justifica la procedencia del juicio de amparo en contra de la sentencia de segunda instancia que ordena la reposición, sino que se necesita una situación concreta capaz de cambiar el sentido de la sentencia que se llegue a dictar en relación con la revocada, como pudiera ser la nulificación del desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de nuevo, o el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio, la destrucción de documentos o cuando se encuentre privado de libertad la parte quejosa. Así pues, se estima que la resolución reclamada mediante la cual el tribunal de alzada ordenó reponer el procedimiento con el fin de que se llamara a Jaime Arreola Alcantar, no constituye acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión, o la propiedad. En todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento, podría nuevamente serle favorable y en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 17/91, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Además de que el retardo en impartición de justicia, en este caso en específico, no justifica la procedencia del amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, pues ello no implica violación de derechos sustantivos (acceso a la justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional) en tanto que no toda dilación en el juicio trastoca dicho principio, si se tiene en cuenta que finalmente, el juicio continuará y cada parte tendrá derecho de alegar y ofrecer pruebas, sin que ello signifique que necesariamente, la sentencia será contraria a los intereses del aquí impetrante. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable la jurisprudencia 37/2014, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, en las relatadas consideraciones, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Mendieta García, contra actos de la Segunda Sala Civil Colegiada de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo signada por José Mendieta García, contra acto de la Segunda Sala Civil Colegiada de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1235/2021-VI. PREVENCIÓN. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y, si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el plazo de cinco días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, la parte quejosa deberá trascribir íntegramente el contenido de la resolución que reclama, esto es la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación 426/2021 o en su caso exhibir copia simple de la misma, lo anterior con la finalidad de que este juzgador tenga conocimiento pleno del acto que reclama la parte quejosa y esté en posibilidad de pronunciarse respecto al mismo. En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado, de ser posible, deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes del desahogo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de la materia. Apercibido que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en términos del numeral 114, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y, para el caso de no exhibir los traslados correspondientes del escrito de desahogo este juzgado acordará lo conducente. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el escrito de demanda. AUTORIZADA DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo a Miguel Carrillo Rojas, porque se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente.

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