José Miguel Pérez de los Santos
Expediente 786/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Miguel Pérez de los Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
pral.786/2021 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veintiocho de abril de este año, firmada y autorizada el veintinueve de abril siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las I) autoridades responsables y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 9. Documento a disposición. Por otra parte, se deja a disposición de la parte quejosa la documental consistente en original del oficio CJGEO/DGNYAGN/DA/278/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno, firmado por la encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca; ello, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; dentro del cual, si no se presenta para tal fin, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de no comparecer, podrá ser destruido, en el momento oportuno, toda vez que este expediente es destruible. Se puntualiza que, para la entrega de dicha documental, deberán observarse los lineamientos establecidos para la atención al público en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el diverso 20/2021 (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante un código QR); ello, con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
PRAL 786/2021 MES 7 Vistos, para resolver el juicio de amparo número 786/2021; y, R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante demanda de amparo depositada el veintiuno de julio de dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintidós de julio siguiente, José Miguel Pérez de los Santos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. 1.2. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 786/2021, se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Tercero. Citación para sentencia. Seguido el juicio en su trámite, el veintiocho de marzo de este año se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que en sus fases de pruebas y alegatos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos se reclaman de autoridades residentes en la ciudad de Oaxaca, San Raymundo Jalpan y Tlalixtac de Cabrera; lugares en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, son: a) Gobernador Constitucional del Estado y b) secretario General de Gobierno: la publicación y promulgación de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca. c) Congreso del Estado de Oaxaca: la aprobación de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, particularmente lo dispuesto en el artículo 55 de la citada ley. d) Encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías: la aplicación en su perjuicio del artículo 55 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, que se materializa en el oficio CJGEO/DGNYAGN/DA/278/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno. Es aplicable al respecto la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, tomo XIX, abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181810, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, 1) secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la directora Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos, negó el acto reclamado consistente en la publicación y promulgación de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca; toda vez que, agregó, en términos de los artículos 53 y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 34 y 49, fracción XXXII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno, no tiene facultades para ello. En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto de los actos reclamados al secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." Aunado a que, respecto de la referida autoridad, no se formularon conceptos de violación en cuanto a vicios propios en su actuación. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una norma general, solamente deberán ser señaladas como autoridades responsables a las que se atribuya su refrendo, cuando se reclame su actuar por vicios propios; cuestión que en el caso no sucede, ya que sólo se formularon conceptos de violación en los que, esencialmente, se tildó de inconstitucional el artículo 55 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, pero en relación con el refrendo de la norma combatida no se esgrimieron argumentos o inconformidad alguna para evidenciar vicios o ilegalidades en su certificación y publicación. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Por su parte, al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades responsables 2) gobernador Constitucional del Estado, por conducto del jefe del Departamento de Asuntos Relativos a Controversias y encargado del Departamento de Juicios de Amparo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca y 3) Congreso del Estado de Oaxaca, a través de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, convinieron en la existencia de los actos reclamados. Cabe hacer mención que las autoridades antes mencionadas aceptan su particular participación en la emisión de los actos legislativos que se les reclaman, pero solamente aquellos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia constitucional referente a la formación de la norma cuya inconstitucionalidad les atribuye la parte quejosa. Por su parte, la 4) encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías negó el acto que se le reclama; sin embargo, para efectos de estar en condiciones de resolver este juicio de amparo, dicha negativa se desvirtúa con la existencia del oficio CJGEO/DGNYAGN/DA/278/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno, por ello, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Quinto. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en esta instancia constitucional se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto a los diversos actos atribuidos a las autoridades responsables, consistentes en la aprobación de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, a través del decreto doscientos nueve (209), de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en específico el numeral 55, en la especie, como refiere el Congreso Local, al rendir su respectivo informe con justificación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada con los artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La causal de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, sino que, para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, requiere de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio, siendo esto lo que lo legitima para acudir a esta instancia constitucional. Así, la figura del interés prevista en el numeral de que se trata se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de las autoridades responsables debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, pues dicho precepto dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De la fracción transcrita se advierte que para la procedencia del juicio constitucional se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto de reclamo. Dicho precepto, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deja de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, para quien demuestre que la afectación a la esfera jurídica es directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente; de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.3o. J/26 (8va.) del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VIII, Diciembre de 1991, pág. 117, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal de la parte accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo que, de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: a) un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; b) la precisión indudable de ese derecho (legitimación), c) así como la afectación del citado derecho mediante un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). De ese modo, es dable afirmar que constituye un presupuesto procesal necesario para la pertinencia del juicio de amparo, la actualización de afectación producida por acto de autoridad sobre un derecho o prerrogativa legalmente tutelada o reconocida, que faculte al titular a acceder al medio de control jurisdiccional para que se le restituya en el menoscabo sufrido. Como se aprecia, el interés se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya trasgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de la afectación de que se trate. Por su parte, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Mientras que el interés que refiere la ley para hacer procedente el juicio de amparo, reconoce al particular un derecho subjetivo que protege una norma general, el cual se afecta por un acto de autoridad, lo que ocasiona así un perjuicio a su titular, circunstancia que le da legitimidad para reclamar dicho acto por medio del juicio de amparo. Bajo esa perspectiva, se afirma que el interés necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho que se afecta y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, volumen 72, Séptima Parte, de la página 55, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, en lo que atañe al interés jurídico se deben reunir los siguientes requisitos: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De igual manera, resulta oportuno destacar que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para acreditar su interés jurídico, el cual debe demostrarse plenamente y no puede inferirse con base en presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional -que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales del quejoso-, la protección de la Justicia Federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, pág. 17, con el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, página 15, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Así como la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, del libro XXIV, septiembre de 2013, pág. 1854, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Así, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere. Ahora, las normas generales pueden generar esa afectación de acuerdo con su naturaleza jurídica, a saber: Por su sola entrada en vigor (normas autoaplicativas), que es cuando las personas se ubican dentro de los supuestos previstos en el ordenamiento jurídico, que por su sola expedición les imponga una determinada obligación de dar, hacer o no hacer, provocando así la afectación a su esfera jurídica, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas, sin que requiera de algún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización. Con motivo del primer acto (normas heteroaplicativas), que detone su aplicación, esto es, en el que requiere la existencia de un acto concreto de aplicación de la norma, para que se produzca la afectación en su esfera de derechos, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas; esto es, se condiciona su individualización a un acto ajeno al inicio de su vigencia. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 328, consultable en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Constitucional, página 383, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Por tanto, de la jurisprudencia transcrita se pueden advertir los criterios que habrán de tomarse en cuenta para dilucidar cuándo una norma general es heteroaplicativa. 1) Se distinguen, porque vinculan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de aplicación. 2) Pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones acorde con los criterios que ha sustentado el Alto Tribunal de la Nación en torno a las leyes heteroaplicativas, en todas ellas el primer acto de aplicación se erige como condición indispensable para que proceda la acción de amparo contra la ley que se reclama con motivo de su aplicación concreta en agravio del particular; como se advierte de la tesis de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier 'acto posterior' de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal 'acto posterior' de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente." (Registro digital: 2011021Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: XXII.1o.12 A (10a.)Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 2020Tipo: Aislada) Es importante señalar que en la Ley de Amparo se establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo tanto el interés jurídico como el interés legítimo, pero, a su vez, se debe realizar la distinción entre normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio. Es aplicable la tesis aislada 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, Registro: 2006963, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página 148, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico". Dicho lo anterior, conviene tener en cuenta el contenido de los preceptos combatidos, con el objeto de determinar si tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, lo cual resulta relevante para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Al respecto, la parte quejosa se duele de la creación del decreto doscientos nueve (209), por el cual se crea la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en específico el numeral 55. Conviene precisar que el quejoso recurrió dichas normativa con motivo de su primer acto de aplicación, según se desprende de su escrito de demanda, que se traduce en la respuesta que se le dio en oficio CJGEO/DGNYAGN/DA/278/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno, firmado por la encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca; mismo en el que se le contestó que no es posible obsequiar favorablemente su petición de remitirle copia certificada del instrumento 75,028, de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del licenciado Miguel Ángel Morales Amaya, Notario Público Número Setenta y Cinco en el Estado, en virtud de que aún no se cumple el plazo señalado en el artículo 55 de la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca; por tanto, debía remitir su requerimiento al notario público actuante. El referido artículo que se tilda de inconstitucional señala: "Artículo 55.- Los notarios guardaran en su oficina los libros o folios cerrados de su protocolo, si así lo prefiriesen, durante diez años contados desde la fecha en que se cierra cada libro. A la expiración de ese término, el Notario entregará los libros y sus correspondientes apéndices a la Dirección General de Notarías donde quedarán definitivamente." Así, de la interpretación de dicho precepto se desprende, en esencia, que al cierre de cada libro, los notarios guardarán en su oficina los libros o folios cerrados de su protocolo, si así lo prefiriesen, durante diez años. Luego, el aludido precepto normativo refiere que a la expiración de ese término -diez años-, dicho funcionario público entregará los libros y sus respectivos apéndices a la Dirección General de Notarias en donde quedarán definitivamente. De lo anterior se desprende que la porción normativa a la que se ha hecho referencia no causa perjuicio a la parte quejosa desde el momento de su entrada en vigor, ya que por esta sola circunstancia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho. En efecto, para que se configure el perjuicio al promovente, se requiere de la actualización de un acto concreto de aplicación, como lo es que haya solicitado ante el notario público correspondiente la entrega del libro y su apéndice a la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca, y que dicha solicitud le haya sido negada por ese servidor público (notario público), con fundamento en el artículo 55 de la Ley del Notariado del Estado. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, se advierte que el aquí quejoso dirigió su petición a una autoridad que no cuenta con el instrumento solicitado, en razón de las facultades que el citado artículo 55 otorga a otra autoridad (notario público). De ahí que su solicitud no le haya sido favorable; pues, como la referida Dirección responsable le hizo saber, la debió haber dirigido ante el notario público que expidió dicho documento; máxime que de la documental anexa al informe justificado de dicha responsable -escrito de petición de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno y anexo-, se advierte que el aquí promovente es parte en el instrumento notarial del que solicita copia certificada. Por tanto, como se dijo, no existe un acto concreto de aplicación, ya que la autoridad responsable que dio respuesta a la solicitud del quejoso, únicamente hace de su conocimiento que no cuenta con el documento solicitado, pues conforme a la potestad que a los notarios públicos les otorga el artículo aquí tildado de inconstitucional, los faculta para que al cierre de cada libro, guarden en su oficina los libros o folios cerrados de su protocolo, si así lo prefiriesen, durante diez años; plazo que a la fecha de la solicitud del quejoso aún no había fenecido. Aunado a que el numeral reclamado no regula el actuar de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca, sino que es parte de una ley que sienta las bases y directrices generales de la función notarial y su actuación, así como la distribución de los servicios notariales a fin de evitar la concentración indiscriminada de los notarios en la capital y dos o tres distritos con capacidad económica, estableciéndose la designación de notarios en todos los distritos judiciales, entre otras cuestiones propias del servicio. Como se ve, la porción normativa a la que se ha hecho referencia no causa perjuicio a la parte quejosa desde el momento de su entrada en vigor, ya que por esta sola circunstancia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho. Ni se actualiza esa afectación por parte de la autoridad de quien reclamó su aplicación. En relatadas circunstancias, el aquí quejoso no acredita el interés jurídico para acudir al amparo en la forma en la que lo hace, pues era necesario que comprobara que un notario público, con fundamento en el artículo 55 de la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca, le haya negado la remisión del instrumento notarial -incluso en el que él es parte-, a la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca, a fin de que esta última le proporcionara la copia certificada de dicho instrumento. No pasa desapercibido el hecho de que el quejoso en su escrito de petición haya solicitado copia debidamente certificada de un instrumento notarial diverso al en que al parecer intervino, pues de su petición se advierte que solicitó el registrado con el número setenta y cinco mil veintiocho (75028), volumen novecientos setenta y seis (976), de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del notario público número setenta y cinco (75) en el Estado de Oaxaca (licenciado Miguel Ángel Morales Amaya), mientras que de su anexo se desprende un número diferente (65028). Así, se concluye que el oficio CJGEO/DGNYAGN/DA/278/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno, firmado por la encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca, no es eficaz para acreditar que existe en su perjuicio un acto de aplicación de la norma que genere una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo cual constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, Afirmación que se sustenta en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se oponen al contenido de la Ley de Amparo vigente, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Además, sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a/J. 76/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo VII, enero de 1998, página 374, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNA POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE". Por lo anterior, si la parte quejosa pretende reclamar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca, sin que exista el acto concreto de aplicación, debe concluirse que este juicio de amparo deviene improcedente por cuanto hace al precepto legal reclamado. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, último párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca; de ahí que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del referido ordenamiento legal, se sobresee en este juicio. Conforme al sentido de este fallo, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en el escrito inicial constitucional, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Miguel Pérez de los Santos, en contra de los actos reclamados a) gobernador del Estado, b) secretario General de Gobierno, c) Congreso del Estado de Oaxaca y d) encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías; por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- PRAL 786/2021 MES 7 Vistos, para resolver el juicio de amparo número 786/2021; y, R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante demanda de amparo depositada el veintiuno de julio de dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintidós de julio siguiente, José Miguel Pérez de los Santos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. 1.2. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 786/2021, se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Tercero. Citación para sentencia. Seguido el juicio en su trámite, el veintiocho de marzo de este año se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que en sus fases de pruebas y alegatos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos se reclaman de autoridades residentes en la ciudad de Oaxaca, San Raymundo Jalpan y Tlalixtac de Cabrera; lugares en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, son: a) Gobernador Constitucional del Estado y b) secretario General de Gobierno: la publicación y promulgación de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca. c) Congreso del Estado de Oaxaca: la aprobación de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, particularmente lo dispuesto en el artículo 55 de la citada ley. d) Encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías: la aplicación en su perjuicio del artículo 55 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, que se materializa en el oficio CJGEO/DGNYAGN/DA/278/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno. Es aplicable al respecto la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, tomo XIX, abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181810, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, 1) secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la directora Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos, negó el acto reclamado consistente en la publicación y promulgación de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca; toda vez que, agregó, en términos de los artículos 53 y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 34 y 49, fracción XXXII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno, no tiene facultades para ello. En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto de los actos reclamados al secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." Aunado a que, respecto de la referida autoridad, no se formularon conceptos de violación en cuanto a vicios propios en su actuación. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una norma general, solamente deberán ser señaladas como autoridades responsables a las que se atribuya su refrendo, cuando se reclame su actuar por vicios propios; cuestión que en el caso no sucede, ya que sólo se formularon conceptos de violación en los que, esencialmente, se tildó de inconstitucional el artículo 55 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, pero en relación con el refrendo de la norma combatida no se esgrimieron argumentos o inconformidad alguna para evidenciar vicios o ilegalidades en su certificación y publicación. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Por su parte, al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades responsables 2) gobernador Constitucional del Estado, por conducto del jefe del Departamento de Asuntos Relativos a Controversias y encargado del Departamento de Juicios de Amparo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca y 3) Congreso del Estado de Oaxaca, a través de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, convinieron en la existencia de los actos reclamados. Cabe hacer mención que las autoridades antes mencionadas aceptan su particular participación en la emisión de los actos legislativos que se les reclaman, pero solamente aquellos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia constitucional referente a la formación de la norma cuya inconstitucionalidad les atribuye la parte quejosa. Por su parte, la 4) encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías negó el acto que se le reclama; sin embargo, para efectos de estar en condiciones de resolver este juicio de amparo, dicha negativa se desvirtúa con la existencia del oficio CJGEO/DGNYAGN/DA/278/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno, por ello, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Quinto. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en esta instancia constitucional se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto a los diversos actos atribuidos a las autoridades responsables, consistentes en la aprobación de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, a través del decreto doscientos nueve (209), de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en específico el numeral 55, en la especie, como refiere el Congreso Local, al rendir su respectivo informe con justificación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada con los artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La causal de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, sino que, para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, requiere de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio, siendo esto lo que lo legitima para acudir a esta instancia constitucional. Así, la figura del interés prevista en el numeral de que se trata se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de las autoridades responsables debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, pues dicho precepto dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De la fracción transcrita se advierte que para la procedencia del juicio constitucional se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto de reclamo. Dicho precepto, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deja de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, para quien demuestre que la afectación a la esfera jurídica es directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente; de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.3o. J/26 (8va.) del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VIII, Diciembre de 1991, pág. 117, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal de la parte accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo que, de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: a) un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; b) la precisión indudable de ese derecho (legitimación), c) así como la afectación del citado derecho mediante un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). De ese modo, es dable afirmar que constituye un presupuesto procesal necesario para la pertinencia del juicio de amparo, la actualización de afectación producida por acto de autoridad sobre un derecho o prerrogativa legalmente tutelada o reconocida, que faculte al titular a acceder al medio de control jurisdiccional para que se le restituya en el menoscabo sufrido. Como se aprecia, el interés se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya trasgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de la afectación de que se trate. Por su parte, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Mientras que el interés que refiere la ley para hacer procedente el juicio de amparo, reconoce al particular un derecho subjetivo que protege una norma general, el cual se afecta por un acto de autoridad, lo que ocasiona así un perjuicio a su titular, circunstancia que le da legitimidad para reclamar dicho acto por medio del juicio de amparo. Bajo esa perspectiva, se afirma que el interés necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho que se afecta y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, volumen 72, Séptima Parte, de la página 55, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, en lo que atañe al interés jurídico se deben reunir los siguientes requisitos: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De igual manera, resulta oportuno destacar que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para acreditar su interés jurídico, el cual debe demostrarse plenamente y no puede inferirse con base en presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional -que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales del quejoso-, la protección de la Justicia Federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, pág. 17, con el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, página 15, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Así como la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, del libro XXIV, septiembre de 2013, pág. 1854, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Así, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere. Ahora, las normas generales pueden generar esa afectación de acuerdo con su naturaleza jurídica, a saber: Por su sola entrada en vigor (normas autoaplicativas), que es cuando las personas se ubican dentro de los supuestos previstos en el ordenamiento jurídico, que por su sola expedición les imponga una determinada obligación de dar, hacer o no hacer, provocando así la afectación a su esfera jurídica, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas, sin que requiera de algún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización. Con motivo del primer acto (normas heteroaplicativas), que detone su aplicación, esto es, en el que requiere la existencia de un acto concreto de aplicación de la norma, para que se produzca la afectación en su esfera de derechos, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas; esto es, se condiciona su individualización a un acto ajeno al inicio de su vigencia. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 328, consultable en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Constitucional, página 383, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Por tanto, de la jurisprudencia transcrita se pueden advertir los criterios que habrán de tomarse en cuenta para dilucidar cuándo una norma general es heteroaplicativa. 1) Se distinguen, porque vinculan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de aplicación. 2) Pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones acorde con los criterios que ha sustentado el Alto Tribunal de la Nación en torno a las leyes heteroaplicativas, en todas ellas el primer acto de aplicación se erige como condición indispensable para que proceda la acción de amparo contra la ley que se reclama con motivo de su aplicación concreta en agravio del particular; como se advierte de la tesis de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier 'acto posterior' de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal 'acto posterior' de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente." (Registro digital: 2011021Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: XXII.1o.12 A (10a.)Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 2020Tipo: Aislada) Es importante señalar que en la Ley de Amparo se establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo tanto el interés jurídico como el interés legítimo, pero, a su vez, se debe realizar la distinción entre normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio. Es aplicable la tesis aislada 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, Registro: 2006963, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página 148, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico". Dicho lo anterior, conviene tener en cuenta el contenido de los preceptos combatidos, con el objeto de determinar si tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, lo cual resulta relevante para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Al respecto, la parte quejosa se duele de la creación del decreto doscientos nueve (209), por el cual se crea la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en específico el numeral 55. Conviene precisar que el quejoso recurrió dichas normativa con motivo de su primer acto de aplicación, según se desprende de su escrito de demanda, que se traduce en la respuesta que se le dio en oficio CJGEO/DGNYAGN/DA/278/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno, firmado por la encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca; mismo en el que se le contestó que no es posible obsequiar favorablemente su petición de remitirle copia certificada del instrumento 75,028, de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del licenciado Miguel Ángel Morales Amaya, Notario Público Número Setenta y Cinco en el Estado, en virtud de que aún no se cumple el plazo señalado en el artículo 55 de la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca; por tanto, debía remitir su requerimiento al notario público actuante. El referido artículo que se tilda de inconstitucional señala: "Artículo 55.- Los notarios guardaran en su oficina los libros o folios cerrados de su protocolo, si así lo prefiriesen, durante diez años contados desde la fecha en que se cierra cada libro. A la expiración de ese término, el Notario entregará los libros y sus correspondientes apéndices a la Dirección General de Notarías donde quedarán definitivamente." Así, de la interpretación de dicho precepto se desprende, en esencia, que al cierre de cada libro, los notarios guardarán en su oficina los libros o folios cerrados de su protocolo, si así lo prefiriesen, durante diez años. Luego, el aludido precepto normativo refiere que a la expiración de ese término -diez años-, dicho funcionario público entregará los libros y sus respectivos apéndices a la Dirección General de Notarias en donde quedarán definitivamente. De lo anterior se desprende que la porción normativa a la que se ha hecho referencia no causa perjuicio a la parte quejosa desde el momento de su entrada en vigor, ya que por esta sola circunstancia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho. En efecto, para que se configure el perjuicio al promovente, se requiere de la actualización de un acto concreto de aplicación, como lo es que haya solicitado ante el notario público correspondiente la entrega del libro y su apéndice a la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca, y que dicha solicitud le haya sido negada por ese servidor público (notario público), con fundamento en el artículo 55 de la Ley del Notariado del Estado. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, se advierte que el aquí quejoso dirigió su petición a una autoridad que no cuenta con el instrumento solicitado, en razón de las facultades que el citado artículo 55 otorga a otra autoridad (notario público). De ahí que su solicitud no le haya sido favorable; pues, como la referida Dirección responsable le hizo saber, la debió haber dirigido ante el notario público que expidió dicho documento; máxime que de la documental anexa al informe justificado de dicha responsable -escrito de petición de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno y anexo-, se advierte que el aquí promovente es parte en el instrumento notarial del que solicita copia certificada. Por tanto, como se dijo, no existe un acto concreto de aplicación, ya que la autoridad responsable que dio respuesta a la solicitud del quejoso, únicamente hace de su conocimiento que no cuenta con el documento solicitado, pues conforme a la potestad que a los notarios públicos les otorga el artículo aquí tildado de inconstitucional, los faculta para que al cierre de cada libro, guarden en su oficina los libros o folios cerrados de su protocolo, si así lo prefiriesen, durante diez años; plazo que a la fecha de la solicitud del quejoso aún no había fenecido. Aunado a que el numeral reclamado no regula el actuar de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca, sino que es parte de una ley que sienta las bases y directrices generales de la función notarial y su actuación, así como la distribución de los servicios notariales a fin de evitar la concentración indiscriminada de los notarios en la capital y dos o tres distritos con capacidad económica, estableciéndose la designación de notarios en todos los distritos judiciales, entre otras cuestiones propias del servicio. Como se ve, la porción normativa a la que se ha hecho referencia no causa perjuicio a la parte quejosa desde el momento de su entrada en vigor, ya que por esta sola circunstancia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho. Ni se actualiza esa afectación por parte de la autoridad de quien reclamó su aplicación. En relatadas circunstancias, el aquí quejoso no acredita el interés jurídico para acudir al amparo en la forma en la que lo hace, pues era necesario que comprobara que un notario público, con fundamento en el artículo 55 de la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca, le haya negado la remisión del instrumento notarial -incluso en el que él es parte-, a la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca, a fin de que esta última le proporcionara la copia certificada de dicho instrumento. No pasa desapercibido el hecho de que el quejoso en su escrito de petición haya solicitado copia debidamente certificada de un instrumento notarial diverso al en que al parecer intervino, pues de su petición se advierte que solicitó el registrado con el número setenta y cinco mil veintiocho (75028), volumen novecientos setenta y seis (976), de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del notario público número setenta y cinco (75) en el Estado de Oaxaca (licenciado Miguel Ángel Morales Amaya), mientras que de su anexo se desprende un número diferente (65028). Así, se concluye que el oficio CJGEO/DGNYAGN/DA/278/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno, firmado por la encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Oaxaca, no es eficaz para acreditar que existe en su perjuicio un acto de aplicación de la norma que genere una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo cual constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, Afirmación que se sustenta en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se oponen al contenido de la Ley de Amparo vigente, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Además, sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a/J. 76/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo VII, enero de 1998, página 374, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNA POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE". Por lo anterior, si la parte quejosa pretende reclamar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca, sin que exista el acto concreto de aplicación, debe concluirse que este juicio de amparo deviene improcedente por cuanto hace al precepto legal reclamado. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, último párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca; de ahí que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del referido ordenamiento legal, se sobresee en este juicio. Conforme al sentido de este fallo, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en el escrito inicial constitucional, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Miguel Pérez de los Santos, en contra de los actos reclamados a) gobernador del Estado, b) secretario General de Gobierno, c) Congreso del Estado de Oaxaca y d) encargada del despacho de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías; por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSAA, PREVIO AVISO.- PRAL.786/2021 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de marzo de este año, se tuvo a la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, remitiendo a este Juzgado, como justificación a su informe justificado, copia certificada de la Iniciativa y del Dictamen del Decreto 209, por el que se crea la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 2. Vista a la parte quejosa. Ahora, a fin de no vulnerar las reglas esenciales del procedimiento, con las citadas documentales remitidas por la referida autoridad responsable, dése vista a la parte quejosa a fin de que, dentro del plazo a que se contrae el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.5o.C.2 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registrada con el número 204616, visible en la página quinientos noventa y cuatro, Tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." 3. Diferimiento de audiencia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere, y se fijan las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para su desahogo. 4. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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