José Miguel Limón Marchán
Expediente 558/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Miguel Limón Marchán
- No existe
Actuaciones
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PRAL.558/2020 MESA 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. 1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinte de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables y 2) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISION NTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese.
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PRAL.558/2020 MESA 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. 1. Se acuerda manifestación. Vista la diligencia actuarial de treinta de enero del año en curso, realizada a la parte quejosa, mediante la cual realizó las manifestaciones siguientes: (Imágenes escaneadas) Ahora, toda vez que el quejoso refiere que 1) no está de acuerdo con la sentencia dictada en autos y 2) desea seguir peleando su traslado. 2. Se da vista a la defensora pública. En esas condiciones, a efecto de no vulnerar sus derechos humanos de acceso a la justicia y toda vez que el quejoso carece de los conocimientos en la materia, se ordena dar vista a la defensora pública del quejoso con la razón actuarial de cuenta, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a sus derechos convenga en relación a lo manifestado por el quejoso. Con el apercibimiento que, de no manifestar nada al respecto, sin ulterior acuerdo, se tendrán por hechas únicamente las manifestaciones de la parte quejosa. Notifíquese; personalmente a Norma González Jiménez, defensora pública de la parte quejosa.
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NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 558/2020 Acuerdo: PRAL.558/2020 MESA 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. 1. Se acuerda manifestación. Vista la diligencia actuarial de treinta de enero del año en curso, realizada a la parte quejosa, mediante la cual realizó las manifestaciones siguientes: (Imágenes escaneadas) Ahora, toda vez que el quejoso refiere que 1) no está de acuerdo con la sentencia dictada en autos y 2) desea seguir peleando su traslado. 2. Se da vista a la defensora pública. En esas condiciones, a efecto de no vulnerar sus derechos humanos de acceso a la justicia y toda vez que el quejoso carece de los conocimientos en la materia, se ordena dar vista a la defensora pública del quejoso con la razón actuarial de cuenta, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a sus derechos convenga en relación a lo manifestado por el quejoso. Con el apercibimiento que, de no manifestar nada al respecto, sin ulterior acuerdo, se tendrán por hechas únicamente las manifestaciones de la parte quejosa. Notifíquese; personalmente a Norma González Jiménez, defensora pública de la parte quejosa.
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NOTIFICACIÓN PARTE NORMA GONZÁLEZ JIMÉNEZ DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL Número de expediente: 558/2020 Acuerdo: PRAL 558/2020 MESA 3° *** Visto para resolver el juicio de amparo 558/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este Juzgado, en la misma fecha, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede la Ciudad de México y otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de cinco de octubre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró con el expediente 558/2020, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte la parte quejosa amplió la demanda de amparo, respecto a la autoridad responsable, juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; por ello, se le solicitó el informe justificado respectivo. Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda y ampliación de amparo, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Del comisionado de Prevención y Readaptación Social y del coordinador General de Centros Federales, ambas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residentes en la Ciudad de México: La orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, Coahuila al diverso Centro Federal de Readaptación Social Trece, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Del director General en el Centro Penitenciario Federal Dieciocho "CPS-COAHUILA", residente en Ramos Arizpe, Coahuila: La ejecución de la orden de traslado. Del juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León: La resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 16/2013, en la cual calificó de legal el traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, Coahuila al diverso Centro Federal de Readaptación Social Trece, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El coordinador General de Centros Federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en la Ciudad de México, por conducto del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, al rendir el informe justificado negó el acto que se le atribuye, consistente en la orden de traslado, ya que, refirió, los oficios SSPC/PRS/24211/2019 y SSPC/PRS/24212/2019 de uno de octubre de dos mil diecinueve, en los cuales se ordenó el traslado, fueron signados por la autoridad que representa en ausencia del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En efecto, del análisis de los citados oficios relativos al traslado del quejoso se advierte que dicha autoridad suscribió los mismos en ausencia del citado comisionado, de ahí que se tenga por inexistente el acto reclamado que se le atribuye. Por ello, lo procedente es sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El a) comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social y b) el director General en el Centro Penitenciario Federal Dieciocho "CPS-COAHUILA", residente en Ramos Arizpe, Coahuila, al rendir el informe justificado que les fue solicitado, aceptaron los actos reclamados que se les atribuyen, de ahí que se tengan por ciertos. El juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, negó el acto reclamado; sin embargo, realizó manifestaciones que comprueban su existencia, de ahí que queda desvirtuada dicha negativa. Existencia que se corrobora con las constancias que remitieron el comisionado y el juez de Distrito; documentales con valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°. QUINTO. Improcedencia del juicio respecto a los actos identificados con los puntos I y II del considerando segundo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte que respecto al acto reclamado consistente en la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, Coahuila al diverso Centro Federal de Readaptación Social Trece, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." En relación a dicha causal, es importante precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, de manera que los efectos de éste se destruyan total e incondicionalmente, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Apoya a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". Ahora, en el caso, la parte quejosa reclama el traslado del Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, Coahuila al diverso Centro Federal de Readaptación Social Trece, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; sin embargo, en resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León convalidó dicho traslado, en la causa penal 16/2013. Lo anterior evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en el traslado del Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, Coahuila al diverso Centro Federal de Readaptación Social Trece, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con motivo de que ese acto fue sustituido procesalmente por la resolución emitida el diez de octubre de dos mil diecinueve por el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en la causa penal 16/2013, toda vez que en la misma convalidó el traslado del quejoso, de ahí que no puedan estudiarse las posibles violaciones de la orden de traslado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, página 2507, registro 2015278, del texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por ello, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Improcedencia del juicio respecto al acto reclamado identificado con el punto II del considerando segundo de esta sentencia. Respecto al acto reclamado consistente en la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 16/2013, en la cual el juez responsable convalidó la orden de traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, Coahuila al diverso Centro Federal de Readaptación Social Trece, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, dado que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea. Los citados artículos, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". El artículo citado prevé la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo, lo que tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de reclamarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en razón de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Ahora, a efecto de evidenciar la existencia de la causa de improcedencia invocada, es necesario traer a contexto lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: - - - (.). Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para promover el juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que: a) Surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo sea a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene, es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, registro 178756, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días". En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en la causa penal 16/2013, en la cual convalidó la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, Coahuila al diverso Centro Federal de Readaptación Social Trece, "CPS-OAXACA". Resolución de la que tuvo conocimiento el quejoso el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, como se advierte de la diligencia de notificación realizada por el actuario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con motivo del exhorto remitido por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, como se aprecia de la imagen siguiente: En ese sentido, el cómputo del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió en exceso, con motivo que la demanda de amparo fue presentada el cinco de octubre de dos mil veinte, casi un año después de la fecha en el que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, a saber, dieciocho de octubre de dos mil veinte. Por ello, es inconcuso que la demanda de amparo fue presentada cuando ya había transcurrido el término legal para controvertir el acto reclamado. De ahí que lo procedente es sobreseer en el juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Diversa causa de improcedencia. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en la que convalidó el traslado del quejoso, en la causa penal 16/2013, se actualiza, también, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dentro de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, el cual establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, contra actos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. El fundamento constitucional del principio de referencia está contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, que señala textualmente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." De la anterior trascripción se desprende la regla general que establece este principio, consistente en que cuando un acto autoritario viola derechos fundamentales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Asimismo, la propia ley reglamentaria del juicio de amparo establece como sanción procesal por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio. Los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 25, 49 a 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 21. (.). La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.)" Ley Nacional de Ejecución Penal. Artículo 24. Jueces de Ejecución El Poder Judicial de la Federación y Órganos Jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta Ley establecidas en el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley. Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces (sic) cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. La jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales. Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley; II. Garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita; III. Decretar como medidas de seguridad, la custodia de la persona privada de la libertad que llegue a padecer enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar; IV. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales; V. Garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución; VI. Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad; VII. Establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión establecidas para los supuestos de libertad condicionada, sustitución de penas y permisos especiales; VIII. Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia; IX. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones; X. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confieran. Artículo 49. Previsión general Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De la interpretación de los artículos transcritos se desprende, en lo de interés, que la autoridad penitenciaria podrá ordenar y ejecutar traslados de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa pero deberá notificar al juez competente dentro de veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado. El juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la resolución administrativa de traslado; contra dicha determinación procede recurso de apelación. Asimismo, corresponde al juez de ejecución conocer de las controversias judiciales que se susciten en el mencionado procedimiento de ejecución de sanciones, o lo relativo a los traslados que se realicen. De ahí que sí la parte quejosa reclama la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 16/2013, en la cual el juez responsable convalidó la orden de traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, Coahuila al diverso Centro Federal de Readaptación Social Trece, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, es inconcuso que contra dicho acto procedía el recurso de apelación, en términos del artículo 52, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, al no agotar la parte quejosa el principio de definitividad, también se actualiza la citada causa de improcedencia; por ello, lo procedente es sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, debe decirse que la actualización de las causas de improcedencia en estudio no implican negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretaron de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo". Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL".. SÉPTIMO. Forma de notificación al quejoso. Como el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social trece "Cps-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mismo que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, se ordena al (a) actuario (a) llevador (a) de este asunto, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, se traslade a dicho Centro Federal; hecho lo cual, notifique al referido quejoso esta resolución. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, respecto a los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos tercero, quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los considerandos séptimo y octavo de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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