José Miguel Cocom Castillo
Expediente 2142/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2142/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- José Miguel Cocom Castillo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME ACUERDO. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de trece de octubre del corriente. En consecuencia, (...), se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. (...) EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se desechó la demanda de amparo; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción IV. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto de la Jueza Sexta de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (en su correcta denominación), se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2142/2023. (...) DESECHAMIENTO. (...) En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo, pues se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual dispone que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. (.) es decir, que únicamente se puede acudir a los Tribunales de amparo cuando la violación que se alega no pueda ser examinada a través de otros medios legales de impugnación. Cabe referir que el incumplimiento al deber de agotar previamente todos los recursos y medios de defensa que la ley establezca para combatir un acto de autoridad antes de ejercitar la acción constitucional hace surgir la improcedencia del amparo. En el caso concreto, la parte quejosa reclama el auto de doce de septiembre de este año, dictado las diligencias de jurisdicción voluntaria 386/2016, mediante el cual declaró sin materia dicho procedimiento, por lo cual ordenó su conclusión y archivo como terminado. (.) En ese sentido, en contra del acto reclamado procede un medio ordinario de defensa legal, que tiene como finalidad, confirmar, revocar o modificarlo; esto es, el recurso de revocación. En efecto, los artículos del 423 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, prevén que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. De lo anterior, se desprende que contra el acuerdo reclamado procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que no resultaba apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin al asunto, al no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva. Esto, con base en que el citado numeral 423 del mencionado ordenamiento legal, establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de defensa en contra de todos los autos y decretos que no sean apelables, sin exclusión alguna, tratándose de acuerdos o decretos dictados fuera de la audiencia. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido auto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud de que previamente debía interponerse el recurso de revocación ya mencionado. Cabe acotar que el acto reclamado, si bien declaró sin materia las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen y, al efecto, ordenó su conclusión y archivo como terminado, no puede considerarse como una "resolución que ponga fin al asunto", pues por ello se entiende aquella que sin decidirlo en lo principal, lo dé por concluido, siempre y cuando se trate de un acto dentro del procedimiento. Sin embargo, en el presente asunto, el procedimiento de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, esto es, fuera de procedimiento y, por ende, no puede considerarse que el acto reclamado ponga fin al asunto, en el sentido de decidir la procedencia, o no, de la acción intentada, sino que debe equipararse a una determinación que declara la imposibilidad material para cumplimentar la sentencia. Esto es así pues como lo señaló el quejoso, bajo protesta de decir verdad, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis se celebró la audiencia preliminar en el expediente natural y, conforme lo dispone el artículo 708 del Código de Procedimientos Familiares de la entidad, se dictó la resolución correspondiente en la misma audiencia, decretando los alimentos provisionales en favor del quejoso y sus hermanos. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el ordinal 710 de dicha normatividad, el derecho del acreedor alimentista de continuar percibiendo los alimentos constituye la ejecución de sentencia. Además, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio. Lo anterior, ya que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a que el quejoso no es persona extraña al procedimiento de origen, ya que es la parte actora en el mismo. Además, para definir la procedencia del recurso de revocación en contra del acuerdo como el reclamado, no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa quedara en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. (...) Sin embargo, como lo señaló expresamente el quejoso, cumplió la mayoría de edad durante la fase de ejecución del expediente de origen, por lo que su obligación de recurrir el acto reclamado nació a partir de la emisión de éste. De ahí que sea claro que no se surte la hipótesis precisada por el Alto Tribunal. Al respecto el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en su ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, al resolver la queja 68/2021 sostuvo que era obligación de la parte quejosa agotar el recurso de revocación en contra de la determinación del Juez de lo Familiar, en virtud de que el amparo no se promovió en representación de un menor de edad, por lo que no se actualizaba el supuesto de excepción del principio de definitividad. Tampoco pasa inadvertido para el suscrito, el contenido del artículo 414 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, que dispone que contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no admite recurso. (.) Por todo lo anterior se concluye, que si el acto reclamado en el juicio de amparo, no se ubica en el supuesto normativo previsto en el artículo 414 de Código de Procedimientos Familiares del Estado, es decir, no se trata de un acto para la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, esto quiere decir, que es un acto recurrible conforme a la legislación procesal familiar del Estado y, por tanto, en su contra no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto, sino debe observarse antes el principio de definitividad, esto es, agotar el recurso de revocación regulado en los artículos 423, 424 y 425 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Similar criterio sostuvo, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el amparo en revisión 30/2022, al resolver un asunto análogo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ******o, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. CONSULTA ELECTRÓNICA. Como solicita la parte promovente, y toda vez que el usuario "********" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. DOMICILIO. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo. (.) JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. (...) HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE
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