Jose Martin Perez Ortiz
Expediente 1078/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Martin Perez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 171/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ++++++++++++++++, contra los actos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la quejosa ++++++++++++++++++++++, promovió amparo directo, en contra de las autoridades y acto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Sala Colegiada Civil y Familiar como autoridad ordenadora y ejecutora de su propia resolución, con domicilio conocido en el procedimiento de donde emana el acto reclamado. El C. Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con domicilio ampliamente conocido en autos de donde emana el acto reclamado. ACTO RECLAMADO La resolución de fecha Veintidós de Agosto del año dos mil veintidós dictada en el toca número 641/2022, de donde emana el acto reclamado en el presente juicio." SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el que se radicó el expediente A.D. 1096/2022 y en acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se declaró la incompetencia legal de dicho órgano para conocer del asunto; determinación que causó estado el ocho de diciembre de dos mil veintidós; por lo que se remitieron los autos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Yucatán, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común. TERCERO. En acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, registró el juicio con el número 2872/2022-II-A; admitió a trámite la demanda; no solicitó a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, que rindiera informe con justificación porque ya obraba en autos; ordenó emplazar como tercera interesada a +++++++++++++++++++++++++++; dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de esa adscripción; y, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. En acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en atención al oficio SECNO/STCCNO/1345/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estadode Yucatán, con sede en Mérida, encargado del despacho por vacaciones del titular, se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo con el número 171/2023-I, dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, requirió a la Juez Quinta Mixta Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, que rindiera informe con justificación y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual finalmente se llevó a cabo a las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. CUARTO. Mediante listas generadas los días tres y cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el Sistema de turno aleatorio de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se seleccionó el juicio de amparo indirecto 171/2023-I; por lo que en auto de diez de abril siguiente, se tuvo por recibido electrónicamente y se ordenó registrarlo en el libro electrónico de gobierno de este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, bajo el número 210/2023-II; a fin de que se dicte la resolución correspondiente, lo que se procede a realizar, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 y60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 03/2013, 27/2008 y 37/2008; así como el oficio SECNO/STCCNO/292/2023, de treinta de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, es competente para resolver el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto que se encuentra en estado de sentencia y proviene de un juzgado auxiliado legalmente competente. En la especie, resulta de notoria aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, refieren: "Registro digital: 2022182. Instancia: Pleno. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 12/2020 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 12. Tipo: Jurisprudencia. ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. PUEDEN ANALIZAR LA COMPETENCIA, YA SEA POR TERRITORIO O POR MATERIA, EN FUNCIÓN DE LA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE AUXILIAN Y, EN SU CASO, DECLARAR LA INCOMPETENCIA PARA RESOLVER EL ASUNTO. Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron sobre si un órgano auxiliar que se encarga únicamente de dictar sentencia en apoyo de otro debe pronunciarse respecto de la competencia del órgano en cuyo lugar actúa, pues mientras la Primera Sala determinó que el órgano auxiliar, al emitir la sentencia en apoyo al órgano auxiliado, sí puede analizar la competencia de éste, la Segunda Sala, por su parte, estimó que el órgano auxiliar al dictar la resolución, no puede analizar la competencia del órgano al que apoya. Criterio jurídico: El órgano jurisdiccional auxiliar -ya sea Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito- designado por la autoridad correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para apoyar a otro órgano jurisdiccional únicamente en el dictado de la sentencia, puede analizar la competencia, ya sea por territorio o por materia, en función de la del órgano jurisdiccional al que auxilia (auxiliado) y, en su caso, declarar la incompetencia para resolver el asunto. Justificación: La competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Entonces, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y un derecho fundamental de los justiciables. En esa lógica, un tribunal es competente para conocer del asunto cuando hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. Específicamente, tanto el territorio como la materia constituyen factores determinantes de la competencia atendiendo al espacio que el órgano jurisdiccional tiene asignado para desplegar su función de administrar justicia y a la naturaleza jurídica de las controversias, respectivamente; es decir, la competencia por materia y territorio es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho dentro de un concreto espacio territorial. De esta manera, la impartición de justicia por los Tribunales de la Federación deberá hacerse en función de la determinación legal existente, en todo lo relativo al territorio y la materia correspondiente, porque de no ser de esa forma, no se dará pleno cumplimiento al derecho fundamental de que se trata. En ese sentido, en aras de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia, que debe ser completa, se justifica que el tribunal -en su connotación amplia- al emitir la sentencia en un asunto en apoyo a otro órgano jurisdiccional, pueda analizar si es competente por razón de materia, incluso por territorio, en función de la competencia del auxiliado, siempre que no haya sido determinada previamente de manera definitiva, como pudiera ser a través de un conflicto competencial en razón de materia o territorio. Por las razones apuntadas, si bien un órgano auxiliado al tramitar un asunto presupone su competencia, entre otras, por materia y territorio, mientras no exista pronunciamiento en contrario, ello no impide que el órgano jurisdiccional auxiliar quecorresponda analice en esos ámbitos la competencia en función de la del auxiliado y, en su caso, declare la incompetencia para resolver el asunto. Así, podrá realizar el examen respectivo siempre que no se haya decidido previamente o el auxiliado haya aceptado la competencia expresamente al habérsela planteado otro órgano jurisdiccional." SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo (atendiendo a la intención perseguida por su autor), informes justificados rendidos en autos y demás constancias que integran el presente juicio, se obtiene que ++++++++++++++++++, reclama: De la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida: ? La resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós (páginas 43 a 56 del anexo III de pruebas), emitida en el toca de apelación 641/2022, en la que se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, opuesta por la aquí quejosa en el juicio ordinario civil 196/2022 del índice del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, promovido en su contra por ++++++++++++++++, en su carácter de apoderada legal de la tercera interesada +++++++++++++++++++. Del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en IzamalLa ejecución material de la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, lo que se corrobora con las constancias remitidas en apoyo, las cuales merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º, segundo párrafo, de este último ordenamiento, por tratarse de documentos públicos expedidos por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Apoyan lo anterior, los criterios cuyos datos de identificación, rubro y texto, refieren: "Época: Quinta Época. Registro: 917812. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Página: 231. Tesis: 278. Jurisprudencia. Materia(s): Común. INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "Época: Quinta Época. Registro: 394182. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN. Materia(s): Común. Tesis: 226. Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."CUARTO. Oportunidad de la demanda. El acto reclamado se notificó a la quejosa el día veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (página 18 de la demanda de amparo), mediante publicación realizada en el Diario Oficial de Gobierno del Estado de Yucatán; dicha notificación surtió sus efectos en esa misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán;1 por lo que el término genérico de quince días hábiles, establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veintiocho se septiembre al diecinueve de octubre de dos mil veintidós, sin contar los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de octubre, por haber sido sábados y domingos, ni el día doce del mismo mes por ser inhábil de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que, si la parte quejosa presentó la demanda el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, entonces lo hizo dentro del término legal establecido. QUINTO. Al no advertirse causa de improcedencia hecha valer o que de oficio se estime actualizada, se procede al estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y debido a que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; máxime que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentenciasApoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y contenido, siguientes: "Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la moral quejosa. Para mejor comprensión del asunto, en primer término, se estima necesario destacar los siguientes antecedentes: 1. En acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós (páginas 5 y 6 del anexo II de pruebas), la Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer DepartamentoJudicial del Estado de Yucatán, con residencia en Izamal, admitió, en la vía ordinaria civil, la demanda presentada por+++++++++++++++++++++++++++, radicó el expediente 196/2022 y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 2. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veintidós (páginas 11 a 43 ídem), la aquí quejosa dio contestación a la demanda instaurada en su contra y, entre otras cosas, opuso la excepción de competencia por declinatoria. 3. En auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós (páginas 45 y 46 ídem), se tuvo por contestada la demanda en tiempo, y por lo que hace a la excepción planteada, se ordenó suspender el procedimiento y remitir los autos a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, a efecto de que resolviera lo conducente. 4. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintidós (páginas 9 a 21 del anexo I de pruebas), la aquí quejosa realizó manifestaciones ante la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, para robustecer la excepción planteada. 5. En resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós (páginas 43 a 57 ídem), se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la aquí quejosa y se declaró que el Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, resultó competente para conocer del juicio ordinario civil 196/202La determinación que antecede constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora bien, se advierte que la parte quejosa en los conceptos de violación que hace valer, medularmente argumenta: ? Que la Sala responsable al emitir laresolución interlocutoria impugnada, vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, porque viola el principio de fundamentación y motivación, ya que indebidamente declaró improcedente la excepción de incompetencia, argumentando que no señalo agravio alguno, y el estudio sobre la incompetencia planteada es de oficio, por lo que no se encuentra obligada a señalar qué tribunal es el competente. ? Que la Sala responsable omite estudiar las manifestaciones realizadas, contraviniendo con ello sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Con el propósito de analizar dichos motivos de inconformidad, se debe atender al contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Tal garantía se ha entendido como el deber que tienen las autoridades de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su actoDesde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente para establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Lo antes razonado encuentra apoyo en los criterios de rubros, textos y datos de localización siguientes: "Séptima Época. Registro: 394216. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común. Tesis: 260. Página: 175. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". "Séptima Época. Registro: 394220. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común. Tesis: 264. Página: 178. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." (Jurisprudencia 264, publicada en la página 178 del tomo y Apéndice citado). Como puede observarse, los requisitos en comento se suponen íntimamente vinculados, en tanto que no es posible desde un punto de vista lógico, citar disposiciones legales sin relacionarlas con determinados hechos, ni exponer razones sobre situaciones que carezcan de relevancia para determinadas disposiciones legales. Bajo esta tesitura, se advierte que, no obstante que la excepcionista no señaló la autoridad que consideró competente ni expresó hecho alguno encaminado a sustentar su excepción, lo cierto es que se advierte que la autoridad responsable realizó un estudio oficioso de la competencia planteada, en el que se fundamentó, esencialmente, en los artículos 522, fracción I y 73, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán, que establecen, el primero, que son acciones reales las que tienen por objeto la reclamación de una cosa que pertenece al actor a título de dominio y, el segundo, que cualquiera que fuera la naturaleza del juicio, se preferirá por su orden a cualquier otro juez, el del domicilio del deudor y, si éste tuviere varios, el que elija el actor; así como en el Acuerdo General OR05- 101201-03 del Pleno del Consejo de la Judicatura delPoder Judicial del Estado de Yucatán, por el que se crea la Quinta Región del Primer Departamento Judicial de ese Estado, se establece la creación del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial con sede en la Ciudad de Izamal, Yucatán y que dicho órgano ejerce jurisdicción en el municipio de Sotuta, entre otros. Mientras que se advierte que el acto reclamado se motivó en que la acción reivindicatoria ejercitada por la parte actora, constituía una acción real (en términos de lo dispuesto en el artículo 522, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán); que debido a que no se reclamó una acción personal respecto del cumplimiento de una obligación, ni de algún acuerdo de voluntades en los que se haya designado el lugar para su observancia, entonces se debía preferir al juez del domicilio del deudor (artículo 73, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán), debido a que la parte demandada se asimilaba a un deudor, para efectos de la competencia, porque se le reclamó la restitución del predio objeto de litis; y, que en virtud de que el domicilio de la demandada, aquí quejosa, se encontraba ubicado en el municipio de Sotuta, resultaba competente el Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial con sede en la Ciudad de Izamal, Yucatán (de conformidad con el Acuerdo General OR05-101201-03 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán), que ejerce jurisdicción en dicha localidad.Por lo que, contrario a lo vertido por la parte quejosa, se estima que la resolución reclamada no carece de fundamentación y motivación, ni tampoco es contraria a las prerrogativas de legalidad e imparcialidad, al quedar evidenciado que la Sala responsable citó los fundamentos y expresó las causas, razones y circunstancias particulares con apoyo en las cuales determinó declarar infundada la excepción de incompetencia, hecha valer por la demandada en el juicio de origen (aquí justiciable). De modo que no se advierte que la sala responsable haya omitido verificar algún aspecto relevante que la aquí quejosa haya hecho valer. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación y que no se advierte actualizada alguna de las hipótesis establecidas en el numeral 79 de la Ley de Amparo, en las que se permite suplirlos en su deficiencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Izamal, al no reclamarse por vicios propios. Cobra aplicación la tesis cuyos rubro, texto y datos de localización a continuación se transcriben: "Registro digital: 207616. Instancia: Tercera Sala. Octava Época. Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 357. Tipo: Aislada.AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta sentencia son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. SÉPTIMO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto no hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Esta consideración encuentra sustento en los criterios números 11/2009, 15/2009 y 1/2011, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veinticinco de junio y uno de octubre de dos mil nueve, así como de veintisiete de enero de dos mil once, que resultan orientadores aun cuando se hubieren emitido dentro de un marco jurídico abrogado, por estar acordes con el contenido de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; criterios cuyos rubro y texto, refieren: "SENTENCIAS Y RESOLUCIONES. PARA SU DIFUSIÓN NO ES NECESARIO QUE HAYAN ADQUIRIDO FIRMEZA O CAUSADO ESTADO, YA QUE SON PÚBLICAS DESDE SU EMISIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, párrafos primero y segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el carácter público no sólo se da respecto de sentencias ejecutorias, sino de cualquier resolución dictada por los órganos jurisdiccionales durante el trámite de un juicio. En congruencia con lo anterior, si bien es cierto que el diverso numeral 14, fracción IV, de la citada legislación, establece que se considera información reservada los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado, ello no puede hacerse extensivo a las propias resoluciones, como una sentencia, pues la circunstancia de que esté recurrida y, por ende no esté firme, no actualiza la causal de reserva de mérito, pues esa hipótesis taxativa encuentra sustento en el hecho de restringir el acceso a la información contenida en los expedientes judiciales, tales como pruebas o promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación antes de que cause estado la sentencia que resuelva el fondo del asunto, puede ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto." "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." "SENTENCIA. SU PUBLICIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTÉ TRANSCURRIENDO EL PLAZO PARA RECURRIRLA. Si bien es cierto que el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los expedientes judiciales estarán reservados hasta en tanto no hayan causado estado, ello en modo alguna significa que la publicidad de la resolución que culmina el juicio respectivo dependa de que se encuentre firme, pues esa hipótesis taxativa encuentra sustento en el hecho de restringir el acceso a determinada información, como pudieran ser pruebas o promociones que son aportados por las partes, porque su divulgación antes de que aquélla cause estado, puede ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto; por ende, el hecho de que esté transcurriendo el plazo para que la sentencia pueda ser recurrida, no constituye imposibilidad alguna para otorgar el acceso a su contenido." OCTAVO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 171/2023-I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se señaló en el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 210/2023-II de este juzgado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a +++++++++++++++++++, en el juicio de amparo indirecto 171/2023-I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, contra los actos reclamados y las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y fundamentos expuestos en el diverso considerando sexto de la misma. SEGUNDO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 210/2023-II de este juzgado. Cúmplase
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Mérida, Yucatán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá destruirse, tal como lo establece inciso c), del artículo 21, Capítulo Octavo del aludido Acuerdo General. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el inciso a), del artículo 20, del acuerdo antes mencionado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.
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Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.
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Mérida, Yucatán, nueve de abril de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la autoridad responsable DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN, no ha informado sobre el cumplimiento de la suspensión de plano dictado en auto siete del año en curso. En tal virtud, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de aquél en que quede debidamente notificada del presente acuerdo, comunique a este Órgano de Control Constitucional, la forma y términos en que dio cumplimiento a la suspensión de plano otorgada por este Juzgado. En la inteligencia de que la violación a dicha medida, entraña la probable comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, de conformidad con el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se pondrá en conocimiento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
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