Jose Miguel Alba Maldonado

Expediente 1129/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1129/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Jose Miguel Alba Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio JOPH/1907/2019, signado por el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango, Puebla (Lucio León Mata), mediante el cual informa que el cuatro de octubre del año en curso, recibió el diverso comunicado 521/2019-1, de este juzgado de Distrito, por el que se le devolvió el disco versátil digital (DVD), que remitió en apoyo a su informe justificado, de lo que queda enterado el suscrito juez federal. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 340 a 345), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución, Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, (1) disco versátil digital (DVD); y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como el quejoso José Miguel Alba Maldonado, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, de acuerdo al artículo 27, fracción II, y 116, párrafo segundo del mismo ordenamiento general y 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso el presente acuerdo, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso José Miguel Alba Maldonado y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente juicio de amparo 1129/2018-C; d) Notifique a la parte quejosa el presente auto y le corra traslado con copia autorizada del mismo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos para que obre como corresponda el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio 412/2019-4 dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito al Área de Litigación Oral de Huauchinango, Puebla, con la leyenda "Se encuentra cerrado" En ese sentido, a efecto de evitar dilaciones procesales, gírese oficio al Encargado del Despacho de la Fiscalía Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que por su conducto notifique inmediatamente el oficio 412/2019-4 al Agente del Ministerio Público adscrito al Área de Litigación Oral de Huauchinango, Puebla (Jair Ruíz Guadalupe), por lo que, se requiere al citado encargado para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de este acuerdo remita a este órgano jurisdiccional, las constancias con las que acredite haber realizado dicha notificación. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el oficio 810/2019/METLAL remitido por el agente del Ministerio público Investigador de Metlaltoyuca, Puebla (autoridad tercera interesada), por medio del cual, en atención a la vista ordenada por proveído de veinticinco de junio pasado, manifiesta que toda vez que la autoridad responsable, dio cumplimiento al requerimiento ordenado por esta autoridad federal, solicita se de por concluido el presente asunto y se proceda al archivo del mismo. Asimismo, mediante oficio 811/2019/METLAL, y en atención a lo requerido en acuerdo de dieciséis de julio pasado, la citada autoridad tercera interesada, informa la fecha en que recibió el oficio 320/2019-3, mediante el cual se ordenó dar vista respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En cuanto al oficio 699 remitido por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huachinango, Puebla, agréguese sin mayor proveído, en virtud de que mediante acuerdo de dieciséis de julio pasado, se recibió dicho comunicado y se proveyó sobre su contenido. Po otro lado, visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 176 a 215), por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Miguel Alba Maldonado, contra actos reclamados a la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango (Rosa Celia Pérez González), para los efectos siguientes (fojas 212 a 214): "(.) Octavo. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por José Miguel Alba Maldonado, para que la jueza de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango, Rosa Celia Pérez González, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, en la causa penal 130/2018/HUAUCHINAGO de su índice, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos parcialmente la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, así como la diversa de veintinueve de los citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal citada; y en su lugar, reponga la audiencia inicial, a partir del momento en que el aquí quejoso manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público, para que así, en caso de considerarlo procedente, el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo los motivos por lo que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte al imputado si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales. En el entendido de que tal reposición de procedimiento no implica que el Ministerio Público pueda modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación. 2. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica del hoy quejoso. Se invoca en apoyo, en lo conducente, la tesis I.8o.P.13 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE ADVIERTE ALGUNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE DEBA SER REPARADA POR EL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE SE DEJE PARCIALMENTE SIN EFECTOS LA AUDIENCIA INICIAL. De los artículos 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se diseñó bajo una metodología de audiencias, las cuales tienen como finalidad solventar las cuestiones relativas a las etapas procesales que comprende el procedimiento penal; de manera que las audiencias inicial, intermedia y de debate, al estar directamente relacionadas con las etapas de investigación, intermedia o de preparación a juicio y de juicio, respectivamente, comparten su principal característica, consistente en que el orden que guardan no es casual, sino que coordina una serie de actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los fines del procedimiento. Lo anterior, también permea en los temas que se resuelven en cada una de dichas audiencias, en razón de que pertenecen a la misma dinámica procesal; de ahí que el orden en que el numeral 307 invocado establece los temas que en la audiencia inicial se abordarán, es decir, la información al indiciado sobre sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar del imputado, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación, tampoco es accidental, pues obedece al desarrollo lógico jurídico de aquéllos, en el que guardan una relación de interdependencia progresiva, dado que el sentido de la determinación adoptada en relación con cada uno de esos temas, constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en éste; de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, se advierte alguna violación a derechos fundamentales que deba ser reparada por el Juez de control y, aun en suplencia de la queja, no se aprecia otra transgresión en los diversos temas que previamente se dilucidaron, procede que, para restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, se ordene la reposición del procedimiento a fin de que se deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial, a partir del dictado de dicha resolución, pues las actuaciones practicadas con anterioridad no se afectan, si se dejan insubsistentes las posteriores." 3. En el entendido de que la celebración de la audiencia deberá llevarla a cabo la misma jueza de control que celebró la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho (Rosa Celia Pérez González). Lo anterior en observancia a la tesis de jurisprudencia emitida por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación." (fojas 212 a 214 ). En acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento (fojas 237 a 240). Luego, respecto a las gestiones del cumplimiento a la ejecutora de amparo, en autos se advierte lo siguiente: a) Que por oficio HUAU/748/2019 de siete de junio de dos mil diecinueve (foja 252), la autoridad responsable 1. Jueza de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango (Rosa Celia Pérez González), informó que dejó sin efectos parcialmente la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, así como la diversa de veintinueve del dos citados mes y año, celebradas en la causa penal 130/2018/HUAUCHINANGO, y señaló las trece horas del doce de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la continuación de la audiencia inicial en dicha causa penal. Al referido acuerdo recayó auto de doce de junio de dos mil diecinueve (foja 254), donde este juzgado de Distrito requirió a la jueza de control responsable para que una vez celebrada la audiencia inicial lo comunicara a esta autoridad. b) Por oficio JOPZ/778/2019 de doce de junio de dos mil diecinueve (foja 259), la autoridad responsable 1. Jueza de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango (Rosa Celia Pérez González), informó que en esa misma fecha se celebró la audiencia inicial en la que: - Dejó sin efectos parcialmente la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, así como la diversa de veintinueve del mismos mes y año, respecto de la causa penal 130/2018/HUAUCHINANGO; -El Ministerio Publico primero solicitó la vinculación a proceso, y expuso los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación relativa; -Que dicha jueza explicó al imputado, aquí quejoso, los plazos con los que contaba para resolver su situación jurídica; y, -Que el imputado renunció a los dos plazos constitucionales para resolver su situación jurídica; y - Que previa contestación de la solicitud de vinculación por parte de la defensa del imputado, y cerrado el debate, dicha jueza de control dictó auto de vinculación a proceso contra José Miguel Alba Maldonado, por ilícito penal de ataques peligrosos contra servidores públicos, previsto y sancionado en los artículos 207 y 344, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Salvador Castillo Sánchez; asimismo, dictó auto de no vinculación a proceso a favor del aquí quejoso por el hecho con apariencia de delito de portación de instrumento prohibido, en agravio de la sociedad. Al respecto, este juzgado de Distrito por autos de catorce y veintiuno de junio de dos mil diecinueve (fojas 262 y 282), requirió a la jueza de control responsable para que remitiera el registro de audio y video de dicha audiencia, por ser necesario para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo (foja 262). c) Mediante oficio JOPZ/794/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la jueza de control remitió el registro de audio y video generado con motivo de la audiencia celebrada el doce de junio de dos mil diecinueve, en la causa 130/2018/HUAUCHINANGO, contenido en un disco versátil digital -DVD- (fojas 288 a 292). A la documental descrita, consistente en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal de origen, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho vulnerado, y toda vez que en la ejecutoria de amparo se precisaron los efectos de la ejecutoria de amparo que la autoridad responsable debe cumplir, este juzgador se avoca a su estudio de acuerdo a lo ahí precisado. I. En cuanto al punto 1, de las constancias referidas se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango (Rosa Celia Pérez González), realizó lo siguiente: Mediante oficios HUAU/748/2019 y JOPZ/778/2019 de siete y doce de junio de dos mil diecinueve, respectivamente, refirió haber dejado sin efectos parcialmente la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, así como la diversa de veintinueve del dos citados mes y año, celebradas en la causa penal 130/2018/HUAUCHINANGO (fojas 252 y 259), lo cual se advierte de la audiencia de doce de junio del mismo año, en la que repuso la audiencia inicial, a partir del momento en el que el aquí quejoso manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público (15:23:27 DVD). Así mismo, de la reproducción del disco versátil digital que la autoridad responsable envió para acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, se aprecia que la audiencia celebrada el doce de junio de dos mil diecinueve, se desarrolló de la siguiente manera: -La jueza de control concedió el uso de la voz al Ministerio Público, y este solicitó la vinculación a proceso del aquí quejoso José Miguel Alba Maldonado, (15:25:05 DVD), exponiendo los motivos por los que consideró que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el citado quejoso hubiera intervenido en su comisión (15:25:30 a 15:55:44 DVD). -Asimismo, la autoridad responsable explico al aquí quejoso los plazos con los que contaba para que resolviera su situación jurídica y preguntó al aquí quejoso José Miguel Alba Maldonado, cuál de los dos plazos que señala el artículo diecinueve constitucional, elegía para resolver su situación legal; por lo que el quejoso previa consulta con su defensora, renunció a los plazos señalados; y la Jueza de Control responsable, procedió a continuar con las siguientes etapas de la audiencia inicial (15:57:48 DVD). Por tanto, se tiene por cumplido dicho punto. II. Atinente al punto 2, la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango (Rosa Celia Pérez González), con la libertad de jurisdicción que se le concedió, resolvió la situación jurídica del imputado, expuso los motivos y fundamentos de su decisión; y dictó auto de vinculación a proceso (16:46:25 a 16:50:01 DVD) contra José Miguel Alba Maldonado, por ilícito penal de ataques peligrosos contra servidores públicos, previsto y sancionado en los artículos 207 y 344, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Salvador Castillo Sánchez; asimismo, dictó auto de no vinculación a proceso (16:50:02 a 16:50:22 DVD) a favor del aquí quejoso por el hecho con apariencia de delito de portación de instrumento prohibido, en agravio de la sociedad (16:10:38 a 17:08:48 DVD). De lo narrado, se advierte que la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango (Rosa Celia Pérez González), cumplió con los extremos de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, ya que dejó sin efectos parcialmente la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, así como la diversa de veintinueve del dos citados mes y año, ambas celebradas en la causa penal 130/2018/HUAUCHINANGO; y en su lugar repuso la audiencia inicial, a partir del momento en que el quejoso manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público. III. Por lo que hace al punto 3, se advierte que la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango (Rosa Celia Pérez González), fue quien presidió la continuación de la audiencia inicial; es decir, fue la misma juzgadora que conoció y presenció la formulación de imputación y la solitud de vinculación a proceso, que tuvo verificativo el doce de junio de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 130/2018/HUAUCHINANGO; así mismo, con la libertad de jurisdicción que le fue reservada, resolvió la situación jurídica del quejoso. Por ello, se considera que se ha restituido al peticionario de amparo en el goce de la garantía que se estimó vulnerada, pues se respetó el debido proceso, específicamente, el principio de inmediación que rige el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, de corte oral y acusatorio. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango. Puebla, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), y 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento despacho al JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al diligenciario de su adscripción, realice lo siguiente: a) Se constituya en el Centro Regional de Reinserción Social de esa localidad, en que se encuentra interno el quejoso José Miguel Alba Maldonado, y le notifique personalmente el presente proveído; b) Corriéndole traslado con copia simple del presente auto; Diligencia que deberá practicar la autoridad requerida en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su recepción, y deberá devolver en idéntico plazo el despacho de mérito, a parir de su diligenciación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice la notificación aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercíbase a dicha autoridad que, de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que las comunicaciones de mérito sean remitidas con las constancias necesarias para su diligenciación.

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