JOSE MERINO JIMENEZ y Otros.
Expediente 388/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la Ciudad de Puebla
- JOSE MERINO JIMENEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios del Juez Calificador del Turno Segundo adscrito a la Delegación Norte con un anexo y del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por medio de los cuales rinden sus correspondientes informes en relación con la suspensión de plano que fue concedida por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, en términos de lo acordado en proveído de tres de mayo del actual, se reserva remitir los referidos oficios al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, a quien corresponda el conocimiento del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, hasta en tanto dicho órgano se avoque a éste y lo informe a la suscrita juzgadora Federal.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 03 DE mayo DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguense a los autos las razones asentadas por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, de cuyo contenido se advierte que en cumplimiento a lo ordenado por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho: a) A las doce horas con seis minutos del dos de mayo del año en curso, localizó a los directos quejosos José Merino Jiménez y Martín Merino Ramírez, en las instalaciones que ocupan la oficina del Juez Calificador de la Delegación Norte; b) Les hizo saber el motivo de su presencia y les notificó en ese acto el contenido íntegro de la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho, entregándoles copia autorizada de la misma. c) Les requirió para que manifestaran si ratificaban o no la demanda de amparo promovida en su favor, a lo que manifestaron: ".Que sí ratifican el contenido de la demanda, desean agregar que los detuvieron dentro de un auto fuera de su casa, con violencia, por ingerir bebidas alcohólicas, a lo cual mencionan no hicieron, así también desean agregar que les quitaron sus pertenencias y en el trayecto sufrieron golpes. Además indican que sí han recibido visitas de sus familiares" d) De igual manera, a la una con quince minutos del tres de mayo de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano dictada en proveído de dos de mayo del año en cita, el Juez Calificador puso en inmediata libertad a los directos quejosos José Merino Jiménez y Martín Merino Ramírez. Por lo anterior no ha lugar a realizar mayor proveído en relación con la incomunicación reclamada. INCOMPETENCIA Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados ya precisados, se estima que este juzgado es legalmente incompetente para conocer de este asunto y que quien debe conocer del presente juicio de amparo es el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Punto Cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 03/2013, relativo a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado mediante diverso acuerdo plenario 23/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de mayo de dos mil quince, inherente al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, a partir del uno de junio de dos mil quince, en razón de que los actos combatidos atañen a la materia administrativa, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional. Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la anterior transcripción se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables 1. Director de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Puebla, 2. Tripulantes de la patrulla 211 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Puebla y 3. Juez Calificador de la Delegación Norte de la ciudad de Puebla, la privación ilegal de su libertad. Al respecto, la suscrita juzgadora Federal estima que el acto reclamados de referencia no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba seguir en el conocimiento y resolución del juicio, dado que no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues en el caso, se combate la imposición de un arresto, o en su lugar, el pago de una multa, derivado de una falta o infracción administrativa estipulada en el artículo 209, fracción IV, inciso E, del Código Reglamentario del Estado de Puebla, sanciones cuya imposición se atribuye a un Juez Calificador, autoridad que por su propia naturaleza es administrativa y no penal. En ese contexto, al reclamarse actos emitidos por parte de autoridades de naturaleza administrativa, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos corresponde ser analizada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, remítase el original del presente juicio de amparo al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto lo turne al Juzgado de Distrito al que por razón de turno corresponda conocer del asunto. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. ANOTACIONES Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil dieciocho. TRÁMITE. Vista la demanda de amparo promovida por Candelaria Merino Ramírez, a nombre de ******************** y ********************, contra actos del 1. Director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Puebla; 2. Tripulantes de la Patrulla número 211 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Puebla; y, 3. Juez Calificador de la Delegación Norte de la ciudad de Puebla; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 388/2018. VISTA MINISTERIAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados por la promovente Candelaria Merino Ramírez, a nombre de ******************** y ********************, consisten en: "IV. ACTO RECLAMADO.- LO ES LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, ejercitada en contra de los señores JOSÉ MERINO JIMENEZ, y MARTÍN MERINO RAMÍREZ, su INTERNACIÓN EN EL JUZGADO CALIFICADOR DE LA DELEGACIÓN NORTE DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, Y LA INCOMUNICACIÓN DE LOS MISMOS, DESDE LAS DOS TREINTA HORAS (madrugada) DE ESTE DÍA DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, hasta la presentación de la presente demanda de AMPARO". SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO. En tal sentido, con fundamento en los artículos 15 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la privación de la libertad fuera de procedimiento de los quejosos directos ******************** y ********************, emitida por las citadas autoridades responsables, cese en sus efectos y los citados quejosos, sean puestos en INMEDIATA LIBERTAD en presencia del Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE EN CASO DE QUE A LOS QUEJOSOS SE LES IMPUTE LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, SEAN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CORRESPONDA (MINISTERIO PÚBLICO), LO QUE DEBERÁ SER INFORMADO INMEDIATAMENTE POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De acuerdo a lo expuesto, si se llegara a dar el supuesto precisado en el párrafo anterior, o si los directos quejosos se encuentren detenidos con motivo de una orden proveniente de autoridades distintas a las señaladas como responsables (ministeriales o judiciales), la medida cautelar otorgada no surtirá sus efectos; quedando expeditas las facultades de las autoridades para actuar como en derecho corresponda. INCOMUNICACIÓN. En virtud de que la promovente señala que presenta demanda de amparo a nombre de ******************** y ********************, en razón de que éstos se encuentran incomunicados, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación, o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dicho acto cese de manera inmediata como medida para evitar la consumación del mismo; para lo cual, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. En el entendido que las autoridades responsables deberán permitir a los quejosos ******************** y ********************, tengan comunicación con sus abogados y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. Ahora bien, para el pronto y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese de inmediato a las autoridades responsables la suspensión de plano; para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en el domicilio que ocupa el Juzgado Calificador de la Delegación Norte de la ciudad de Puebla, lugar en el que según las manifestaciones de la promovente, es posible se encuentren los quejosos directos ******************** y ********************, o bien en el lugar que le indiquen las autoridades responsables que se encuentran detenidos, para que dé fe del efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de las responsables, Además, con fundamento en lo previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, deberá requerir a los quejosos para que en ese momento o dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquél en el que les surta efectos la legal notificación de este proveído, ratifiquen correspondientemente la demanda promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y se dejarán sin efecto las providencias decretadas. En atención a lo anterior, prevéngase a la autoridad responsable 3. Juez Calificador de la Delegación Norte de la ciudad de Puebla, para que otorguen las facilidades necesarias al Actuario de este Juzgado, a fin de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído APERCIBIMIENTO. Apercibidas que de no cumplir, se les impondrá como medida de apremio a cada una, una multa por la cantidad de cien veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. RESERVAS. Se reserva proveer lo que a derecho corresponda respecto a las pruebas una vez que se admita la demanda de amparo. Así también por cuanto hace a su petición de la reparación de los daños derivados del acto que reclama la promovente de amparo, se reserva proveer, hasta que se emita la sentencia correspondiente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que sea necesario aperturar el incidente de suspensión solicitado por la promovente, toda vez que los efectos de la suspensión de plano, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la medida cautelar solicitada; atento a ello, no ha lugar a proveer lo conducente a otorgarle la copia que solicita de la suspensión provisional. No obstante, expídase la copia certificada del presente acuerdo, donde obra la suspensión de oficio y de plano decretada por este juzgado Federal. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Merino Ramírez, pues cuenta con cédula profesional de licenciado en Derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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