José Miguel Acosta Martínez

Expediente 778/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
778/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • José Miguel Acosta Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 778/2021 y su acumulado 818/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintinueve de enero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de diecisiete de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe señalar que mediante sentencia autorizada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Sandra Aided Barradas Mota para los efectos siguientes: ".lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la interlocutoria de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 472/2021, únicamente por cuanto se refiere a José Miguel Acosta Martínez y Sandra Aided Barradas Mota, debiendo quedar intocada en la parte relativa a la confirmación del porcentaje de la pensión provisional alimenticia fijada en favor del menor involucrado hijo de aquéllos, quien no fue parte en el presente juicio constitucional. 2). En su lugar, reponga el procedimiento y dicte un acuerdo en el que ordene la recepción del escrito de desahogo de vista presentado por la parte actora el cinco de agosto del año en curso y turne a resolver la reclamación planteada por el demandado contra la pensión provisional alimenticia, a fin de que, con plenitud de jurisdicción, emita de nueva cuenta la interlocutoria que en derecho corresponda, tomando en cuenta todas las manifestaciones de las partes contendientes y las pruebas que se hubieren aportado, en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. En el entendido que al momento de dictar la nueva resolución la autoridad responsable tiene lo obligación constitucional de fundarla y motivarla, partiendo de los hechos expuestos por las partes contendientes y las pruebas aportadas hasta ese momento, principalmente tomando en consideración los hechos que se dejaron de valorar cuando la parte actora desahogó oportunamente la vista relativa a la reclamación planteada por el demandado y sostuvo que sí existió una relación de concubinato con el padre de su hijo, recordándole que tal circunstancia puede probarse en el expediente con pruebas idóneas e indirectas, como se establece en las tesis siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. PARA CONCEDERLOS CUANDO SE DEMANDEN COMO CONSECUENCIA DEL CONCUBINATO U OTRA FORMA DE FAMILIA DE HECHO, EL JUEZ DE INSTANCIA DEBE CONSTATAR LA EXISTENCIA PRELIMINAR DEL VÍNCULO CON ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE LO ACREDITE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Tratándose de los alimentos provisionales, en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el Juez debe atender a los elementos aportados con la demanda que permitan derivar la existencia de la relación concubinaria y la apariencia del buen derecho que obliga a decretar y asegurar aquéllos. Es entendible que en el momento procesal de que se trata (el inmediatamente posterior a la admisión de la demanda) el juzgador deba atender a pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Pero, tan pronto como considere, preliminarmente, acreditado que se cumplen los requisitos del artículo 1568 del Código Civil para el Estado de Veracruz, debe acordar la concesión de alimentos provisionales y asegurar jurídicamente su otorgamiento. Por tanto, si bien en el caso del concubinato no existen pruebas directas sobre su constitución, lo cierto es que ello no significa que los extremos del artículo 1568 citado, no puedan acreditarse preliminarmente con pruebas indirectas de las que pueda presumirse humanamente la existencia de dicho vínculo familiar. Así, para conceder los alimentos provisionales que prevé el artículo 210 referido, cuando se demanden como consecuencia del concubinato u otra forma de familia de hecho, el Juez de instancia debe constatar la existencia preliminar del vínculo familiar con algún medio de prueba que lo demuestre, para lo cual en forma enunciativa mas no limitativa, en criterio de este órgano jurisdiccional puede acreditarse con: 1) constancias como derechohabiente ante instituciones de seguridad social y médicas; 2) pólizas de contratos de seguro -como por ejemplo de gastos médicos mayores, invalidez y vida-; 3) actas religiosas; 4) actas de nacimiento de hijos en común -reconocidos-; 5) declaraciones patrimoniales; 6) constancias de prestaciones laborales en favor de la familia; 7) reconocimiento judicial y otras constancias judiciales; 8) contratos por servicios domésticos; 9) contratos con instituciones financieras; 10) contratos típicos civiles; 11) pruebas periciales; y, 12) cualquier otra en términos del artículo 235 del código procesal civil invocado. Todas ellas, entendidas desde el contexto de que en algún punto trascienden a la dinámica familiar, ya sea por ser beneficiarios de algún derecho o servicio enfocado a dicho ámbito o porque hacen uso o presuponen la solidaridad familiar." "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. ANÁLISIS A LA LUZ DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA DEL ELEMENTO NECESIDAD ENTRE CÓNYUGES O CONCUBINOS, POR TRATARSE DE UNA MEDIDA CAUTELAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Este Tribunal Colegiado estableció jurisprudencia en el sentido de que no debe presumirse a favor de los cónyuges -concubinos- la necesidad alimentaria, cuando se dicta sentencia definitiva. La anterior precisión se hace para distinguir ese criterio del impetrante cuando se trata de una medida cautelar. Para fijar la pensión provisional, dada su naturaleza, deben analizarse dos extremos: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Acorde con ello, en aplicación del artículo 210, párrafo segundo, del código procesal civil para el Estado de Veracruz, la apariencia del buen derecho se acredita mediante las correspondientes actas del registro civil; y, el peligro en la demora por las circunstancias del caso, donde está en juego la subsistencia y eventual daño ocasionado por la falta de alimentos. En esta virtud, es posible sostener que para la pensión provisional no se está en el caso de una presunción, como prueba aceptada en un proceso civil, a que se refiere el artículo 299 del citado código, sino que las reglas de la institución jurídica a utilizar y constatar para este tipo de determinaciones, deberá ser aquella relativa a las medidas cautelares como es la apariencia del buen derecho. Por eso se justifica la existencia de un estándar probatorio menos rígido, dado el carácter sumario e instrumental de la providencia, dando plena relevancia a las actas del registro civil -normalmente documentales públicas- para avalar las posturas ofensivas o defensivas de los contendientes. Además, al estar en presencia de actos dentro de una providencia cautelar, el mismo tratamiento debe darse tanto al actor cuando se provee lo que solicita, como al demandado cuando se resuelve su inconformidad en contra de la determinación que la concedió; de ahí que, el análisis probatorio debe realizarse en comunión con los principios de contradicción, equidad procesal e igualdad de armas, dando similar alcance a las pruebas ofrecidas, tanto por el actor como por el demandado, para acreditar cargas alimentarias, lo cual incide en la graduación de la pensión al momento de solicitarla y al resolver la reclamación. Esto también se justifica derivado de los plazos establecidos por el juzgador para resolver la reclamación, al ser poco práctico e improbable para las partes involucradas acreditar para la pensión provisional si el cónyuge o concubinario o concubina depende económicamente o no del deudor alimentario." Lo anterior se destaca porque se advierte que la violación procesal detectada en esta sentencia de amparo incidió precisamente en que la autoridad responsable dejó de analizar en la resolución reclamada la oposición realizada por la parte actora en el sentido de que sí existió una relación de concubinato con el padre de su menor hijo y que incluso la autoridad sostuvo que no existió oposición de su parte a la alegada negativa del demandado de esa figura o forma de familia; ejercicio valorativo que corresponde realizar al juez responsable y no al suscrito juzgador de amparo, ante la imposibilidad de sustituirse en sus atribuciones legales." En esas condiciones, mediante auto de veintitrés de diciembre del año inmediato anterior, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de diecisiete de enero del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que obra el oficio 95 signado por el Juez Décimo Cuarto Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada del auto de diez de enero del año en curso, del cual se aprecia que dejó insubsistente la resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno, únicamente a lo que se refiere a José Miguel Acosta Martínez y Sandra Aided Barradas Mota, dejando intocada la misma, respecto del porcentaje de la pensión alimenticia del menor; así mismo, ordenó reponer el procedimiento, y tuvo por desahogada la vista de la actora Sandra Aided Barradas Mota en tiempo y forma por cuanto hace a la reclamación interpuesta por José Miguel Acosta Martínez, ordenando turnar los autos a efecto de resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación. Asimismo, obra el oficio 171 signado por el Juez responsable, con el cual remitió copia certificada de la resolución de la resolución de trece de enero del año en curso, de la cual se aprecia que el Juez responsable declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por José Miguel Acosta Martínez, lo anterior bajo las siguientes argumentaciones. En primero término, el Juez de primera instancia analizó los agravios manifestados por el citado quejoso, así como el desahogo de vista de la parte actora, constancias procesales que obran hasta ese momento y documentos ofrecidas como pruebas, las que valoró en términos de los artículos 210, 235 fracciones II y III, 261 fracción II, 265, 266 y 333 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz. Ahora al analizar los argumentos y medios de prueba ofrecidos por el recurrente para efecto de probar de manera indiciaria o presuntiva que lo que le resta es insuficiente para solventar sus propias necesidades; o que la medida decretada de manera inicial es desproporcionada o excesiva, el juez responsable los consideró ineficaces y por tanto improcedente la reclamación planteada. En primer lugar, el juez consideró que el reclamante justificó los ingresos que obtiene con los catorce recibos de nómina de fechas diversas, expedidos por Bimbo, S.A. de C.V. a su nombre, y si bien es cierto, se aprecia que se le descuenta por concepto de INFONAVIT y de fondo de ahorro, debe decirse que finalmente el fondo se lo reembolsan y respecto al descuento de INFONAVIT, no se tiene se haya utilizado a favor de los acreedores. Ahora respecto a la constancia de semanas cotizadas expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la cual el reclamante justifica que la accionante se encuentra dada de alta en la empresa denominada EQUIPOS COREANOS y que tiene un salario base, el juez apuntó que hasta ese momento procesal no tenía por acreditado que efectivamente Sandra Aided Barradas Mota perciba ingresos. Respecto a la manifestación del reclamante, en el sentido que la actora no vive con él, que vive en el mismo domicilio con su madre desde hace treinta y seis años, lo cual acreditó con constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz; respecto al primero de los argumentos, el juez responsable consideró que es una excepción que será estudiada al momento de resolver el fondo del asunto, y por otro lado, la señalar que vive con su mamá, resulta claro que no realiza gastos por concepto de arrendamiento. Así mismo, que aun cuando el reclamante manifestó que adquirió vivienda, éste no acreditó que erogue gastos por concepto de energía eléctrica, agua potable, teléfono, predial y otros que señala, y de los recibos de pago Aunado a lo anterior, de los recibos de pago no se desprende que tenga dos descuentos por concepto de pensión alimenticia, como intentó acreditar con copia simple de demanda interpuesta por Elsa María Martínez Lara en contra del ahora reclamante por ese concepto; que si bien es cierto se aprecia un descuento de adeudo a la compañía, tampoco se tiene la certeza del motivo por el cual se le realizan dichos descuentos. Para finalizar, el juez apuntó que atendiendo al principio de proporcionalidad que señala el artículo 242 del Código Civil, que establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, así como del examen conjunto y sistemático de todos los elementos que obran en autos hasta este momento procesal, este se quedó acreditado según el monto del salario e ingreso, los cuales son bastantes para cubrir la pensión reclamada y para atender a sus propias necesidades, sobre todo al vivir separado de los acreedores alimentarios, mientras que la necesidad queda establecida atendiendo los conceptos que se comprenden en términos de lo dispuesto por el artículo 239 del Código Civil. Bajo los anteriores argumentos se advierte que el Juez responsable, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada, resolvió el recurso de reclamación interpuesto en autos del expediente 472/2021 del índice de primera instancia, lo anterior es así, toda vez que ordenó dejar sin efectos la resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno, únicamente a lo que se refiere a José Miguel Acosta Martínez y Sandra Aided Barradas Mota, dejando intocada la misma, respecto del porcentaje de la pensión alimenticia del menor, repuso el procedimiento y resolvió de nueva cuenta, declarando improcedente la reclamación planteada por José Miguel Acosta Martínez, por tanto con fundamento en el artículo 210 del Código Civil para el Estado de Veracruz, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional decretada en auto de siete de abril de dos mil veintiuno. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto la citada autoridad remita las constancias correspondientes al total cumplimiento. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ".lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la interlocutoria de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el ********************, únicamente por cuanto se refiere a ******************** y ********************, debiendo quedar intocada en la parte relativa a la confirmación del porcentaje de la pensión provisional alimenticia fijada en favor del menor involucrado hijo de aquéllos, quien no fue parte en el presente juicio constitucional. 2). En su lugar, reponga el procedimiento y dicte un acuerdo en el que ordene la recepción del escrito de desahogo de vista presentado por la parte actora el cinco de agosto del año en curso y turne a resolver la reclamación planteada por el demandado contra la pensión provisional alimenticia, a fin de que, con plenitud de jurisdicción, emita de nueva cuenta la interlocutoria que en derecho corresponda, tomando en cuenta todas las manifestaciones de las partes contendientes y las pruebas que se hubieren aportado, en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. En el entendido que al momento de dictar la nueva resolución la autoridad responsable tiene lo obligación constitucional de fundarla y motivarla, partiendo de los hechos expuestos por las partes contendientes y las pruebas aportadas hasta ese momento, principalmente tomando en consideración los hechos que se dejaron de valorar cuando la parte actora desahogó oportunamente la vista relativa a la reclamación planteada por el demandado y sostuvo que sí existió una relación de concubinato con el padre de su hijo, recordándole que tal circunstancia puede probarse en el expediente con pruebas idóneas e indirectas, como se establece en las tesis siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. PARA CONCEDERLOS CUANDO SE DEMANDEN COMO CONSECUENCIA DEL CONCUBINATO U OTRA FORMA DE FAMILIA DE HECHO, EL JUEZ DE INSTANCIA DEBE CONSTATAR LA EXISTENCIA PRELIMINAR DEL VÍNCULO CON ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE LO ACREDITE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Tratándose de los alimentos provisionales, en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el Juez debe atender a los elementos aportados con la demanda que permitan derivar la existencia de la relación concubinaria y la apariencia del buen derecho que obliga a decretar y asegurar aquéllos. Es entendible que en el momento procesal de que se trata (el inmediatamente posterior a la admisión de la demanda) el juzgador deba atender a pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Pero, tan pronto como considere, preliminarmente, acreditado que se cumplen los requisitos del artículo 1568 del Código Civil para el Estado de Veracruz, debe acordar la concesión de alimentos provisionales y asegurar jurídicamente su otorgamiento. Por tanto, si bien en el caso del concubinato no existen pruebas directas sobre su constitución, lo cierto es que ello no significa que los extremos del artículo 1568 citado, no puedan acreditarse preliminarmente con pruebas indirectas de las que pueda presumirse humanamente la existencia de dicho vínculo familiar. Así, para conceder los alimentos provisionales que prevé el artículo 210 referido, cuando se demanden como consecuencia del concubinato u otra forma de familia de hecho, el Juez de instancia debe constatar la existencia preliminar del vínculo familiar con algún medio de prueba que lo demuestre, para lo cual en forma enunciativa mas no limitativa, en criterio de este órgano jurisdiccional puede acreditarse con: 1) constancias como derechohabiente ante instituciones de seguridad social y médicas; 2) pólizas de contratos de seguro -como por ejemplo de gastos médicos mayores, invalidez y vida-; 3) actas religiosas; 4) actas de nacimiento de hijos en común -reconocidos-; 5) declaraciones patrimoniales; 6) constancias de prestaciones laborales en favor de la familia; 7) reconocimiento judicial y otras constancias judiciales; 8) contratos por servicios domésticos; 9) contratos con instituciones financieras; 10) contratos típicos civiles; 11) pruebas periciales; y, 12) cualquier otra en términos del artículo 235 del código procesal civil invocado. Todas ellas, entendidas desde el contexto de que en algún punto trascienden a la dinámica familiar, ya sea por ser beneficiarios de algún derecho o servicio enfocado a dicho ámbito o porque hacen uso o presuponen la solidaridad familiar." "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. ANÁLISIS A LA LUZ DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA DEL ELEMENTO NECESIDAD ENTRE CÓNYUGES O CONCUBINOS, POR TRATARSE DE UNA MEDIDA CAUTELAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Este Tribunal Colegiado estableció jurisprudencia en el sentido de que no debe presumirse a favor de los cónyuges -concubinos- la necesidad alimentaria, cuando se dicta sentencia definitiva. La anterior precisión se hace para distinguir ese criterio del impetrante cuando se trata de una medida cautelar. Para fijar la pensión provisional, dada su naturaleza, deben analizarse dos extremos: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Acorde con ello, en aplicación del artículo 210, párrafo segundo, del código procesal civil para el Estado de Veracruz, la apariencia del buen derecho se acredita mediante las correspondientes actas del registro civil; y, el peligro en la demora por las circunstancias del caso, donde está en juego la subsistencia y eventual daño ocasionado por la falta de alimentos. En esta virtud, es posible sostener que para la pensión provisional no se está en el caso de una presunción, como prueba aceptada en un proceso civil, a que se refiere el artículo 299 del citado código, sino que las reglas de la institución jurídica a utilizar y constatar para este tipo de determinaciones, deberá ser aquella relativa a las medidas cautelares como es la apariencia del buen derecho. Por eso se justifica la existencia de un estándar probatorio menos rígido, dado el carácter sumario e instrumental de la providencia, dando plena relevancia a las actas del registro civil -normalmente documentales públicas- para avalar las posturas ofensivas o defensivas de los contendientes. Además, al estar en presencia de actos dentro de una providencia cautelar, el mismo tratamiento debe darse tanto al actor cuando se provee lo que solicita, como al demandado cuando se resuelve su inconformidad en contra de la determinación que la concedió; de ahí que, el análisis probatorio debe realizarse en comunión con los principios de contradicción, equidad procesal e igualdad de armas, dando similar alcance a las pruebas ofrecidas, tanto por el actor como por el demandado, para acreditar cargas alimentarias, lo cual incide en la graduación de la pensión al momento de solicitarla y al resolver la reclamación. Esto también se justifica derivado de los plazos establecidos por el juzgador para resolver la reclamación, al ser poco práctico e improbable para las partes involucradas acreditar para la pensión provisional si el cónyuge o concubinario o concubina depende económicamente o no del deudor alimentario." Lo anterior se destaca porque se advierte que la violación procesal detectada en esta sentencia de amparo incidió precisamente en que la autoridad responsable dejó de analizar en la resolución reclamada la oposición realizada por la parte actora en el sentido de que sí existió una relación de concubinato con el padre de su menor hijo y que incluso la autoridad sostuvo que no existió oposición de su parte a la alegada negativa del demandado de esa figura o forma de familia; ejercicio valorativo que corresponde realizar al juez responsable y no al suscrito juzgador de amparo, ante la imposibilidad de sustituirse en sus atribuciones legales." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acredite el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el juez responsable, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    En esta fecha se notifica a la parte tercero interesada la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por lista de acuerdos, misma que e lo conducente dice: "... RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a los quejosos, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del Secretario de Juzgado Arturo González Virgen, con quien actúa y da fe; hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe." DOS FIRMAS Y RUBRICAS..."

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