José Martínez Vergara

Expediente 775/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
775/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • José Martínez Vergara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por Fernando César Lugo, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional en materia de amparo; atento a su contenido, como lo solicita, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta vía internet del expediente, con el usuario "CELF68", registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, con fundamento en los artículos 5, fracción I1, y 22, fracción II2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, los correos electrónicos que proporciona, esto es, fernando.cesar@fgr.org.mx y belem.olvera@fgr.org.mx; sin que a través de dicha mensajería electrónica se pueda realizar notificaciones, ya que no es un medio de notificación previsto por la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.********************En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. ********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se declaró sin materia el incidente de suspensión, como se advierte de la resolución emitida el treinta de agosto de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General.********************Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 775/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se declaró sin materia el incidente de suspensión, como se advierte de la resolución emitida el treinta de agosto de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se declaró sin materia el incidente de suspensión, como se advierte de la resolución emitida el treinta de agosto de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  4. Principal

    Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y, certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe justificado rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias que integran el presente asunto y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las constancias ofrecidas por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. Se acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la citada ley, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la Fiscal de la Federación de la adscripción no presentó el pedimento. Con lo anterior se concluye esta audiencia constitucional, quedando los autos en estado para dictar sentencia. En seguida, el juez procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 775/2023, promovido por JOSÉ MARTÍNEZ VERGARA por conducto de su defensor particular Cristian Rafael Gómez Zacarías. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en ese mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-26). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de agosto siguiente, se acordó: admitir a trámite la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 27-32). Al encontrarse integrado el asunto por obrar en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable (fojas 40-41) así como las constancias del emplazamiento de los terceros interesados (fojas 37-39), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, pues se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: El auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, emitida en los autos de proceso penal 1090/2022 del índice del Juzgado responsable, en el cual se decretó improcedente la solicitud de audiencia de revisión de la medida cautelar en términos de los numerales 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, en razón que así lo reconoció al momento de rendir su informe justificado (fojas 40-41). Lo que se corrobora, en razón que el Juez responsable remitió copias certificadas del proceso penal 1090/2022, así como un disco versátil digital con número de folio STI5192023, en el que se dictó la resolución combatida (fojas 44-126) las cuales tienen valor probatorio conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que cesaron los efectos del acto reclamado, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Se destaca que, si bien dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se considera actualizado, se relatan brevemente los siguientes antecedentes del acto reclamado, que permitirán su mejor comprensión: 1) El nueve de agosto de dos mil veintitrés, Cristian Rafael Gómez Zacarías, en su carácter de defensor particular de la parte quejosa JOSÉ MARTÍNEZ VERGARA, promovió juicio de amparo indirecto contra el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, emitida en los autos de proceso penal 1090/2022 del índice del Juzgado responsable, en el cual se decretó improcedente la solicitud de audiencia de revisión de la medida cautelar en términos de los numerales 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2). Mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por admitida dicha demanda de amparo, y se le dio el trámite correspondiente. 3). Por auto de veintiocho de agosto de la anualidad que transcurre, se tuvo por rendido el informe justificado del Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, y por recibidas las documentales que anexó como justificación de sus actos. 4). Del análisis de dichas constancias y disco óptico se advierte que, mediante audiencia de revisión de medida cautelar de quince de agosto de dos mil veintitrés, se varió la medida cautelar impuesta de prisión preventiva oficiosa de la que se dolía el imputado (aquí quejoso) dentro del proceso penal 1090/2022 de su índice, y en su lugar se impuso las medidas cautelares previstas en el numeral 155 fracciones II, VIII y XIII consistentes en: II) La exhibición de garantía económica. VIII) Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima y sus familiares. XIII) Así como el resguardo en su propio domicilio, ello, con las medidas de seguridad previstas por el juez responsable. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, el acto reclamado que declaró improcedente la revisión de la medida cautelar oficiosa decretada en el proceso de origen, fue sustituido, al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en el proceso, y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituida, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene, en la medida que del análisis de las constancias que remitió como justificación de sus actos el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, se desprende que, mediante audiencia de revisión de medida cautelar de quince de agosto de dos mil veintitrés, se procedió a revisar la medida cautelar impuesta de prisión preventiva oficiosa de la que se dolía el imputado (aquí quejoso) dentro del proceso penal 1090/2023 de su índice, y varío la misma, en su lugar se impuso las medidas cautelares previstas en el numeral 155 fracciones II, VIII y XIII. Todo lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por el Juez responsable como justificación de sus actos, a las que se otorga valor probatorio en términos del numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, remitidos a través de medios electrónicos oficiales. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Luego, si la Juez responsable proveyó lo conducente en relación a la revisión de medida cautelar de quince de agosto de dos mil veintitrés, en la que se varió la medida cautelar impuesta de prisión preventiva oficiosa de la que se dolía el imputado (aquí quejoso) dentro del proceso penal 1090/2023 de su índice, y en su lugar se impuso las medidas cautelares previstas en el numeral 155 fracciones II, VIII y XIII, lo cual le fue notificado como corresponde, por ende, es claro que cesaron los efectos de los actos reclamados, al haber variado la medida cautelar reclamada. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del aludido acto reclamado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto al acto reclamado a la citada autoridad responsable. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición a través del sistema SISE para su consulta al público en general, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia, en términos del reformado artículo 72, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61 fracción XXI, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ MARTÍNEZ VERGARA por conducto de su defensor particular Cristian Rafael Gómez Zacarías, contra los actos reclamados y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

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