José Mauro Cruz Peña y Otros.
Expediente 928/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/09/2022
Partes del expediente
- José Mauro Cruz Peña y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término legal establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó en este sumario fuera de audiencia. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el misma HA QUEDADO FIRME para los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, pues no está legitimada para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 87, párrafo segundo de la Ley de Amparo. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En el presente juicio no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Finalmente, no se advierten documentos ni Tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta con anexo, suscrito por el Secretario de Acuerdos en funciones del Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias adjuntas a dicho informe. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta y anexos. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Relaciónese en la audiencia constitucional. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que adjunta, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se dictara auto de ejecución del laudo emitido el veintiocho de octubre de dos mil trece, dentro del juicio laboral 3230/2020, anteriormente 176/B/2010; se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo,1 hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."2 Ahora, la parte impetrante del amparo reclamó de la autoridad responsable Juzgado Primero Especializado en Mataría Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se dictara auto de ejecución del laudo emitido el veintiocho de octubre de dos mil trece, dentro del juicio laboral 3230/2020, anteriormente 176/B/2010. En tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable de mérito, a las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; se obtiene que el ocho de julio del año en curso, ésta se pronunció respecto del escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, y en atención a su contenido, comisionó al actuario de su adscripción, para que en compañía de la parte actora se constituyeran en el domicilio de la demandada y le requirieran el cumplimiento de los diversos puntos resolutivos dictados en laudo de veintiocho de octubre de dos mil trece, al igual que la resolución interlocutoria de diez de agosto de dos mil dieciséis. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se dictara auto de ejecución del laudo emitido el veintiocho de octubre de dos mil trece, dentro del juicio laboral 3230/2020, anteriormente 176/B/2010, empero, fue subsanado con la actuaciones de la Juzgado Especializado responsable, es decir, con la emisión del acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, en el que proveyó lo conducente respecto de la pretensión del justiciable, tal como se manifestó en líneas que antecede. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose al inconforme en el goce del derecho violado, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."3 Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."4 En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.5 Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Corolario de lo anterior, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las diez horas con diez minutos del ocho de septiembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de agosto de dos mil veintidós. Vistos; I) La certificación que antecede de la que se advierte que el plazo de quince días, a que se refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, a fin de que la autoridad responsable Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, rinda su informe justificado, transcurre del tres al veintitrés de agosto de dos mil veintidós. II) El estado de autos, del que se advierte que se encuentra señalada esta data, para la celebración de la audiencia constitucional. Al efecto, se acuerda: En relación a lo descrito en el punto I), concatenado con lo reseñado en el diverso II), para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijando en su lugar las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS del OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que ya fue emplazada; por tanto, se ordena notificarla por lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de julio de dos mil veintidós. VISTA; la demanda de amparo promovida por Alexander Cruz Caballero y José Mauro Cruz Peña, contra el acto del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, residente en Tuxtla Gutiérrez. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 928/2022-IX y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Respecto del acto reclamado al Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, consistente en: La omisión de acordar el escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se dictara auto de ejecución del laudo emitido el veintiocho de octubre de dos mil trece, dentro del juicio laboral 3230/2020, anteriormente 176/B/2010. III. No se tramita incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. IV. Audiencia. Se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VI. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se les giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de la autoridad responsable. En el caso de que la denominación de la autoridad a quien se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que al rendir su informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VII. Intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público. Dese a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. VIII. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias. X. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en el número 233-A, de la calle 12ª Poniente Sur, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asimismo, ténganse como autorizados a José Luis Coello Ruíz, Miguel Ángel Gerónimo Avendaño y Eneyda Torres Pérez, como autorizados en términos restringidos, por así haberlo solicitado expresamente. XI. Tercero interesado. Emplácese con el carácter de tercera interesada, a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas e Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), ambas con residencia en Tuxtla Gutiérrez, con copia de la demanda, por oficio; ello, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. XII. PRUEBAS. Se tiene como medio de prueba, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, la documental pública ofrecida por la quejosa, consistente en fotocopia simple del escrito mediante el cual el quejoso solicita auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, con sello de recibido veinte del mismo mes y año, dentro del juicio laboral número 3230/2020, anteriormente 176/B/2010. XIII. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XIV. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA; PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA; Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargado del Despacho, por encontrarse de vacaciones el Secretario en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio de autorización CCJ/ST/2719/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de veinte de junio de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERÍODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
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