José Martínez Córdova

Expediente 3/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • José Martínez Córdova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto, el escrito de cuenta signado por la parte quejosa +++, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias: Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, expídasele a su costa copias certificadas de la demanda de amparo, del proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, del ocurso que se provee, del presente acuerdo y de la notificación que al efecto se practique; previa toma de razón y de recibo que se deje en autos para constancia; toda vez que, si bien el artículo 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, establece que las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo, no causarán contribución alguna; sin embargo de la interpretación del criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deduce que la gratuidad de las referidas copias se limita a aquellas constancias provenientes por parte de las autoridades responsables, lo que en el caso no acontece, dado que no se integró la litis constitucional. Informa de lo anterior la jurisprudencia del tenor siguiente: COPIAS CERTIFICADAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. ESTÁ PROHIBIDO EL COBRO DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE SU EXPEDICIÓN. El derecho fundamental de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende, entre otros, los subprincipios de acceso a la tutela jurisdiccional y de la abolición de las costas judiciales y la gratuidad de la justicia, los cuales consisten en la obligación del Estado mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos ante los tribunales en condiciones de equidad, y en que el gobernado no debe pagar por la administración de justicia, pues dicho servicio es gratuito. Ahora bien, los indicados principios cobran plena aplicación respecto de la expedición de copias certificadas a cargo de las autoridades, necesarias para la sustanciación del juicio de garantías, en razón de que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece una condición genérica de gratuidad, que no solamente implica la abolición de las costas, sino que se amplía como una prohibición del cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios para su reproducción, a condición, desde luego, de que efectivamente sean trascendentes en el amparo respectivo; por tanto, la expedición de las indicadas copias certificadas por parte de las autoridades debe ser completamente gratuita. Por otra parte, no ha lugar a expedir copias certificadas del oficio de autorización CCJ/ST/6491/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de diciembre de dos mil diecisiete; así como tampoco de las credenciales de elector de +++ y ++++ y del actuario que correspondió ejecutar la notificación personal del decreto; toda vez que dichos documentos no obran agregados en los presentes autos; aunado a que las citadas personas no tienen calidad de parte, según se advierte de la demanda de amparo.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de junio de dos mil dieciocho. Visto, el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, mediante el cual solicita copia certificada de las constancias que aduce, mismas que obran en el presente juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, expídasele a su costa las reproducciones que solicita, previa toma de razón y de recibo que se deje en autos para constancia.

  3. Principal

    SE DECLARA QUE LA MISMA HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO..

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de enero de dos mil dieciocho. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a diez de marzo de dos mil diecisiete. Vistos, el estado de autos, la certificación que antecede y el ocurso de cuenta signado por ******* parte quejosa, de los que se advierte que desahoga la prevención realizada en proveído de dos de enero de dos mil dieciocho. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinara y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda se advierte que en esencia la parte quejosa, reclama por esta vía, al Juez y secretarios del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad: El auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete por lo que se acordó la expedición de copias dentro del juicio ejecutivo mercantil 12/2017, y en vía de consecuencia la certificación de la misma. De lo antes expuesto, se considera que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues contra dicho acto, el Código de Comercio prevé un recurso, dentro del procedimiento, por virtud del cual pudo inconformarse la parte quejosa. En principio es menester destacar uno de los principios que rigen el juicio de amparo consiste en el de definitividad, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así, tenemos que, en contra del acto reclamado, acotado con antelación, procede un medio de defensa legal, por medio del cual pudo inconformarse la parte quejosa; y en el caso, al no haberlo agotado previamente, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance la peticionaria de amparo, para impugnar la medida cautelar decretada por una autoridad, es algún recurso ordinario, por virtud del cual se pueda modificar el acto que reclama, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología "lato sensu", cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios, que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la institución agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos reclamados. Ahora, tales recursos, cuya no promoción hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Por otra parte, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad; es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo trascrito, se colige que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer en contra de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales resulte procedente algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; ello no obstante que la parte perjudicada no hubiese hecho valer tal recurso con la oportunidad legal debida. Es decir, el amparo únicamente procederá cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa que pudieren tener por efecto revocar, modificar o nulificar las resoluciones, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamadas; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Al caso sirve de apoyo, la Jurisprudencia, con el rubro y texto siguientes: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No obstante lo anterior, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. En el caso concreto, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que respecto del acto reclamado, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario tendente a modificar el acto lesivo. Ello es así, porque reclama de las autoridades responsables el auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete por lo que se acordó la expedición de copias dentro del juicio ejecutivo mercantil 12/2017, y en vía de consecuencia la certificación de la misma, lo cual, tomando en consideración a que el monto que reclama en el juicio de origen asciende a $3, 120,000.00 (tres millones, ciento veinte mil pesos moneda nacional), es impugnable mediante el recurso de apelación regulado por el Código de Comercio, por medio del cual se puede lograr que la determinación que se trata de combatir por esta vía constitucional sea revocada o modificada. En efecto, los artículos 1334, 1336, 1340 y 1341 del Código de Comercio, señalan que los autos, decretos y resoluciones podrán ser revocables por el propio juez, o bien, impugnables en apelación, para que el tribunal superior los confirme, reforme o revoque, atendiendo al monto demandado como concepto de suerte principal. De lo que se colige, que contra el acto reclamado; previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio o, el de revocación contemplado en el diverso 1334 de esa misma legislación, según sea el caso, con el objeto de acatar el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. En ese contexto, resulta evidente que la promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en el invocado dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo; a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que se trate de órdenes privativas de la libertad, que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional; se itera, los artículos 1334, del Código de Comercio, prevé que contra actos de mero trámite dictados en el procedimiento mercantil, en segunda instancia, procede la o revocación, según corresponda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoria improcedencia, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Por no contrariar las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del presente año, es aplicable la jurisprudencia del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sostiene: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de amparo y en la estadística del juzgado.

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