Jose Maurico Arce Quintana

Expediente 1422/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1422/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Maurico Arce Quintana

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso********************, mediante el cual, en atención a la prevención formulada en proveído de treinta y uno de octubre del año actual, cumple con lo solicitado. En consecuencia, este Juzgado se encuentra en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Admisión de demanda En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por********************, por propio derecho, respecto de las autoridades y actos siguientes: Del Congreso del Estado de Morelos: Los artículos 207 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos; 69 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos Adicionado por Artículo 1 del Decreto No. 52 de 1974/07/12 POEM No. 2657 Alcance de 1974/07/17 y el 101 Fracción III del Capítulo Décimo Primero de Registro de Títulos Profesionales, expedición de cédulas y conexos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos Reformadas las fracciones II y III, y adicionado numeral 3 al inciso B) de la fracción VII, por artículo segundo del Decreto No. 578, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", No. 6140, Extraordinaria, de fecha 2022/11/17. Vigencia: 2023/01/01, en cuanto hace a la publicación del Código Procesal Civil del Estado de Morelos (mismo donde se encuentra inserto el artículo 207) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5738 Alcance, de fecha 2019/08/28. Vigencia: 2019/08/29. Del Gobernador del Estado de Morelos: Los artículos 207 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, 69 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos Adicionado por Artículo 1 del Decreto No. 52 de 1974/07/12 POEM No. 2657 Alcance de 1974/07/17 y el 101 Fracción III del Capítulo Décimo Primero de Registro de Títulos Profesionales, expedición de cédulas y conexos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos Reformadas las fracciones II y III, y adicionado numeral 3 al inciso B) de la fracción VII, por artículo segundo del Decreto No. 578, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", No. 6140, Extraordinaria, de fecha 2022/11/17. Vigencia: 2023/01/01, en cuanto hace a la publicación del Código Procesal CIVIL del Estado de Morelos (mismo donde se encuentra inserto el artículo 207) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5738 Alcance, de fecha 2019/08/28. Vigencia: 2019/08/29. Del Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos: La aplicación de los dispositivos artículos 207 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, 69 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos y el 101, fracción III, del Capítulo Décimo Primero de Registro de Títulos Profesionales, expedición de cédulas y conexos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicado el 13 de octubre del 2023 dentro del expediente con número ********************. Del incidente de suspensión Atento lo previsto por el numeral 128 de la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado el peticionario de amparo. Requerimiento de informes justificados De conformidad con lo previsto en los numerales 116 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables sus informes justificados, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional. En el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial, que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibidas para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De las pruebas Además, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, así como las documentales que adjuntó a su escrito, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Obligaciones de las partes Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J. 176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, materia común, registro 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. notif.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso José Mauricio Arce Quintana, mediante el cual pretende subsanar la prevención realizada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Sin embargo, se advierte que la parte quejosa no cumple con lo requerido, toda vez que en el apartado de autoridades responsables, refiere lo siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos. JUEZ SÉPTIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS.". A su vez, en su apartado de actos reclamados refiere lo siguiente: "Del Honorable Congreso del Estado de Morelos se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 207 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos, 69 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos Adicionado por Artículo 1 del Decreto No. 52 de 1974/07/12 POEM No. 2657 Alcance de 1974/07/17 y el 101 Fracción III del Capítulo Décimo Primero de Registro de Títulos Profesionales, expedición de cédulas y conexos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos Reformadas las fracciones II y III, y adicionado numeral 3 al inciso B) de la fracción VII, por artículo segundo del Decreto No. 578, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", No. 6140, Extraordinaria, de fecha 2022/11/17. Vigencia: 2023/01/01, en cuanto hace a la publicación del Código Procesal CIVIL del Estado de Morelos (mismo donde se encuentra inserto el artículo 207) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5738 Alcance, de fecha 2019/08/28. Vigencia: 2019/08/29. Del Gobernador del Estado de Guerrero, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 207 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos, 69 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos Adicionado por Artículo 1 del Decreto No. 52 de 1974/07/12 POEM No. 2657 Alcance de 1974/07/17 y el 101 Fracción III del Capítulo Décimo Primero de Registro de Títulos Profesionales, expedición de cédulas y conexos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos Reformadas las fracciones II y III, y adicionado numeral 3 al inciso B) de la fracción VII, por artículo segundo del Decreto No. 578, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", No. 6140, Extraordinaria, de fecha 2022/11/17. Vigencia: 2023/01/01, en cuanto hace a la publicación del Código Procesal CIVIL del Estado de Morelos (mismo donde se encuentra inserto el artículo 207) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5738 Alcance, de fecha 2019/08/28. Vigencia: 2019/08/29. Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, se reclama la aplicación de los dispositivos artículos 207 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos, 69 de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos y el 101 Fracción III del Capítulo Décimo Primero de Registro de Títulos Profesionales, expedición de cédulas y conexos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicado el 13 de octubre del 2023 dentro del expediente con número 186/1998 - 2, en el cual se niega mi ejercicio de la profesión como licenciado en derecho, por no estar registrado en el libro de gobierno que se lleva en el juzgado, donde se registran las cédulas profesionales de los litigantes (postulantes) por lo que solo se me tiene como autorizado para imponerme de los autos". De la transcripción, se desprende que los actos reclamados no guardan relación con las autoridades responsables que señala en su apartado relativo. Es decir, en el apartado de autoridades señala como autoridad responsable al Gobernador del Estado de Morelos, y en el de actos reclamados al Gobernador del Estado de Guerrero. Asimismo, señala como autoridad responsable al Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y en el capítulo de actos reclamados señala al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón. Lo que resulta a todas luces incongruente. Por tanto, hágase del conocimiento a la parte quejosa que subsiste la prevención formulada en el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, así como el apercibimiento ahí decretado; sin embargo, indíquesele que el término restante (de los días que ahí le fueron concedidos), se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la tesis XXII.1o.8 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Abril de 2014, Tomo II, página 1414, que establece lo siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo dentro de los primeros cuatro días que integran el plazo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por la parte quejosa y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Debe precisarse que este criterio no se opone con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.", en el que interpretó el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sino al contrario, resulta acorde con lo sostenido en esa jurisprudencia de la citada Sala del Alto Tribunal". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Arnulfo Bretón García, en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Arnulfo Bretón García, en contra de los actos reclamados y las autoridades responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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