Jose Maria Robles Rivero
Expediente 398/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Maria Robles Rivero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Causa ejecutoria En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito, el seis de junio de dos mil veintitrés, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, se advierte que por interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo, se negó la suspensión definitiva; por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del precitado acuerdo, se declara que el cuaderno original de dicho incidente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años a que se refiere dicho artículo, deberá destruirse y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo, el duplicado del cuaderno del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, en términos del artículo 19, fracción II, inciso a), del ordenamiento antes citado, es susceptible de destrucción, además de que, como se advierte de autos, no obran documentos originales y este Juzgado estima que el presente asunto no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse; por lo que, se ordena agregar copia simple del presente proveído al duplicado del cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata y una vez pasados los seis meses señalados en el referido artículo, deberá destruirse y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.
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V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 398/2023, promovido por, José María Robles Rivero, por propio derecho, contra el acto que reclama de Servicios de Salud Morelos, Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, José María Robles Rivero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos que se describen a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE ".Dirección General de Servicios de Salud Morelos, Organismo Público Descentralizado del Poder ejecutivo del Gobierno del estado de Morelos, a través de la Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos." ACTO RECLAMADO ".la resolución y acto de molestia derivado del procedimiento administrativo con número de oficio SSM/COPRISEM/CGSES/JCFS/002/2023..." SEGUNDO. Prevención de la demanda. Mediante auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional registró el expediente 398/2023, y previno a la parte quejosa para efectos de que precisara de forma concreta, cuál es el acto u omisión que pretendía impugnar en el presente asunto. TERCERO. Admisión de la demanda. Previo desahogo de prevención, por acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda, requirió a las autoridades responsables los informes justificados, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y señaló fecha y hora para celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Sin que lo anterior haya implicado alguna afectación a las partes, toda vez que pudieron alegar en forma escrita, al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 124, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuido a autoridades que se ubican dentro de la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado en el presente juicio, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, instancia: Segunda Sala, libro 27, febrero de dos mil dieciséis, tomo I, materia: común, página: 705, registro 2010982, de rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1º. Constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que, en el caso, se reclama: I.- De Servicios de Salud Morelos, Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y la Comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, lo siguiente: a.- La resolución y actos derivados del procedimiento administrativo con número de oficio SSM/COPRISEM/CGSES/JCFS/002/2023, de dieciséis de enero del año en curso, en el que ordena retirar el producto que se encuentre en el estante, maquina auto expendedora o módulo de exhibición de vaporizadores electrónicos y/o vapeadores electrónicos, que se encuentren exhibidos en la plaza comercial "Plaza Paraíso". TERCERO. Análisis de la existencia del acto reclamado. De la interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, 74, fracción I, y 117 de la Ley de Amparo, se advierten tres vías para acreditar la existencia de los actos reclamados, a saber: a) La prueba directa; b) La presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, salvo que exista prueba en contrario; y, c) El reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. CUARTO. Acto reclamado existente. No obstante que la Subdirectora Jurídica de Servicios de Salud de Morelos y en representación de Servicios de Salud de Morelos y Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, es cierto, por así advertirse de las manifestaciones realizadas en el mismo. Tiene aplicación el criterio sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Certeza que se robustece con la copia certificada que anexó la responsable a su informe justificado, a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 (Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones) y 202 (Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su artículo 2°. Cobra aplicación al respecto, la tesis I. 3º. A 145K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro digital 210315, visible en la página 385, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octava Época, que a la letra dice: "VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCION CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCION TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRA EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVES SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO. La valoración de los medios de prueba es una actividad que el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos enfoques; uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal tiene el respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general. Esto se logrará al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues la ley asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código Federal de Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título Cuarto), derivada de aspectos adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y condiciones de elaboración, su autor y en general lo atinente a su génesis. El segundo de los enfoques en alusión está vinculado con la capacidad de la correspondiente probanza, como medio para acreditar la realización de hechos particulares, concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la misma, reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la demostración de hechos en general, derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos que a través suyo han quedado plasmados. Ante la referida distinción conceptual, debe decirse que la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si éste es completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate". QUINTO. Causales de improcedencia. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, por aplicación de los principios pro homine e in dubio pro actione, se debe elegir la respuesta afirmativa. Sirve de sustento la tesis aislada Tesis: 1a. CCXCI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2007064, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I. Materia Constitucional, Página 536, de rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador. Lo anterior tiene sustento en la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, Novena Época, Registro 165538, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI. Enero de 2010. Materia Común. Página: 324, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." En ese sentido, no habrá de analizarse la constitucionalidad del acto reclamado ni de los conceptos de violación que se hacen valer en su contra, toda vez que en la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." A fin de demostrar lo anterior, conviene establecer que de acuerdo con el sistema consignado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el ordinal 5, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, entendiéndose como perjuicio la afectación de un derecho por la actuación de una autoridad o por una norma general, el que desconocido o transgredido otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido y deje de ser conculcado. Además, la actual redacción del artículo de la Constitución citado, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que se conoce como interés jurídico. Conforme a lo anterior, se concluye que al juicio de garantías sólo puede acudir aquella persona a quien perjudique la norma general o el acto que se reclame, mas no así el que ningún perjuicio resienta en su esfera jurídica, además de que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades judiciales, la parte quejosa debe acreditar que es titular de ese derecho subjetivo. Por lo anterior, a fin de estar en posibilidad de promover el juicio de amparo, debe el quejoso probar fehacientemente la afectación a su interés jurídico por parte del acto autoritario reclamado, mas no inferirse con base en presunciones, tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 293, visible en la página 242, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Precisado lo anterior y una vez analizado el caso concreto, se advierte que la parte quejosa no demostró tener interés jurídico en el presente juicio de amparo, lo anterior, toda vez que no exhibió ningún medio probatorio para acreditar la propiedad o posesión del "estante o máquina autoexpendedora o módulo de exhibición de vaporizadores electrónicos y/o vapeadores electrónicos, que se encuentran exhibidos en la plaza comercial, "Plaza Paraíso" ubicada en libramiento al Diez Número 656 Esquina Hacienda Vista Hermosa, Colonia Miguel Hidalgo, en el Municipio de Emiliano Zapata, del estado de Morelos.", en el cual las autoridades responsables hubiesen ordenado retirar el producto que se encuentra en el lugar de que se trata; circunstancia que constituye un requisito sine qua non de procedencia, pues como se dijo, al juicio de amparo sólo puede acudir aquella persona a quien perjudique la norma general o el acto que se reclame. Es decir, la parte quejosa debió haber acreditado con algún medio de prueba, que cuando menos indiciariamente, demuestre que el acto reclamado (la resolución y actos derivados del procedimiento administrativo con número de oficio SSM/COPRISEM/CGSES/JCFS/002/2023, de dieciséis de enero del año en curso, en el que ordena retirar el producto que se encuentre en el estante, maquina auto expendedora o módulo de exhibición de vaporizadores electrónicos y/o vapeadores electrónicos, que se encuentren exhibidos en la plaza comercial "Plaza Paraíso"; genera una afectación personal y directa a su esfera jurídica, esto es, se encontraba obligado a comprobar, que es titular de un derecho subjetivo, ya que ante la falta de demostración de su interés jurídico, este Juzgador se encuentra impedido para analizar de fondo el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues como lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, registro IUS 206338, el interés jurídico en el juicio de amparo debe probarse en forma plena, por lo que para considerar acreditado que el acto reclamado afecta el interés jurídico del impetrante, resultaba indispensable que la parte quejosa aportara elementos idóneos que demostraran que es titular de un derecho subjetivo, lo cual necesariamente en el caso concreto debe recaer en la acreditación de la propiedad o posesión del "estante o máquina autoexpendedora o módulo de exhibición de vaporizadores electrónicos y/o vapeadores electrónicos, que se encuentran exhibidos en la plaza comercial, "Plaza Paraíso" ubicada en libramiento al Diez Número 656 Esquina Hacienda Vista Hermosa, Colonia Miguel Hidalgo, en el Municipio de Emiliano Zapata, del estado de Morelos.", en el cual las autoridades responsables ordenaron retirar el producto que se encuentra en el mismo, pues únicamente el titular de tal derecho pudiese tener afectación directa con el acto reclamado. Máxime si se toma en cuenta que el quejoso en su escrito de demanda de amparo se ostentó como propietario y/o poseedor del "estante o máquina autoexpendedora o módulo de exhibición de vaporizadores electrónicos y/o vapeadores electrónicos, que se encuentran exhibidos en la plaza comercial, "Plaza Paraíso" ubicada en libramiento al Diez Número 656 Esquina Hacienda Vista Hermosa, Colonia Miguel Hidalgo, en el Municipio de Emiliano Zapata, del estado de Morelos.", en donde se ordenó el retiro del producto que se encuentra exhibido, ya que es insuficiente para ello la sola manifestación bajo protesta de decir verdad, contenida en su escrito de demanda; por ende, para la procedencia del juicio de amparo, era necesario que acreditara su interés jurídico con algún medio de prueba que fuera suficiente para acreditar un derecho de propiedad o posesión respecto de los bienes muebles citados. Por lo que, al no haberlo hecho así, es de arribarse a la conclusión de que no se acredita el interés jurídico que debe revestir a la parte quejosa en un juicio de amparo para ser considerada legalmente legitimada para demandar la protección de la Justicia Federal, pues en el caso concreto, no se demuestra la afectación producida en su esfera jurídica. Tiene aplicación la Jurisprudencia 3a./J. 27/90, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V primera parte, Enero-Junio e 1990, visible en la página 229, registro: 207221del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Por tanto, al no haber demostrado la parte quejosa la propiedad o posesión del bien mueble que aduce y que son materia de la orden de retiro del producto exhibido en el mismo, con los medios de convicción idóneos, debe considerarse que carece de interés jurídico para acudir en amparo; pues no existen elementos que acrediten fehacientemente que su derecho de propiedad está siendo afectado con los actos aquí reclamados, por lo que no está en aptitud para combatirlos en esta vía, en la medida en que no existe certeza de que la misma verse sobre los bienes inmuebles propiedad del aquí quejoso o que se encuentra en posesión legal de los mismos. Por ende, resulta imposible emprender el estudio de la constitucionalidad del acto que se reclama, pues a pesar de que la parte quejosa alega violaciones a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, lo cierto es que no demostró ubicarse en una situación en la que los actos reclamados incidieran en sus bienes jurídicamente tutelados, lo cual constituye un requisito que debe satisfacerse previamente al estudio de fondo del asunto. En consecuencia, al quedar patentizado en autos que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para combatir el acto reclamado, tal acontecer actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de garantías al tenor de lo que dispone el numeral 63, fracción V de la misma ley. Lo anterior, sin que sea obstáculo el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que con su sola presentación no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. En apoyo a las consideraciones expuestas es aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 1994, con registro 211352, cuyo rubro y texto enseguida se transcriben: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA" El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Asimismo, y en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso como lo es el sobreseimiento por actualizarse una causa de improcedencia, al existir un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente imposibilitado para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, materia común, página 49, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio promovido por José María Robles Rivero, por propio derecho, respecto de las autoridades y acto precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso quinto del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de ocho de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad que ahí se indica por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Subdirectora Jurídica de Servicios de Salud de Morelos y en representación de Servicios de Salud de Morelos y Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. En otro aspecto, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a su favor las pruebas presuncional e instrumental que refiere, así como la prueba documental que adjunta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Notifíquese.
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