José Mauricio Guzmán Hernández

Expediente 182/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
182/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • José Mauricio Guzmán Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, glósese en autos el escrito signado por el quejoso **********; atento a su contenido, de conformidad con el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos que refiere, dejándose en su lugar copia certificada; se autoriza para que los recojan a las personas que refiere, previa identificación y razón que de su entrega se deje en autos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de esta localidad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 182/2019-I. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. En concordancia con lo anterior, es menester traer a contexto los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son los que prevén los plazos para la promoción del juicio constitucional, así como el modo en que habrá de realizarse su cómputo; preceptos que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del precepto legal transcrito en primer término, se advierte el término genérico de quince días que se prevé para la presentación de la demanda, con excepción de las cuatro fracciones que estipula el citado normativo. Por otro lado, el segundo precepto estipula que el término correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Bajo dicha guisa, debe decirse que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste medularmente en la negativa de la autoridad de recibir el pago por concepto de permiso de uso de la vía pública para puestos fijos o semifijos; y como consecuencia de ello, el posible levantamiento del puesto donde actualmente desempeña la actividad de venta de tacos, tortas, quesadillas y refrescos, fuera del domicilio ubicado en calle ********************; negativa de la cual, afirma el quejoso tuvo conocimiento el doce de febrero de dos mil diecinueve, fecha en la cual, precisamente fue cuando no se le recibió el pago por el concepto señalado. Dicho esto, debe decirse que de conformidad con la manifestación vertida por la parte quejosa en su demanda de amparo, misma que realizó bajo protesta de decir verdad, se desprende que tuvo conocimiento del acto que reclama el día doce de febrero de dos mil diecinueve. Manifestación a la cual este operador jurídico le otorga valor probatorio pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los artículos 198 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en atención al criterio sostenido por la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Con base en lo expuesto, el término genérico de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del trece de febrero al cinco de marzo de dos mil diecinueve, ello si se toma en consideración que: I. El quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, el día doce de febrero de dos mil diecinueve. II. El cómputo para la promoción del juicio de amparo, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del miércoles trece de febrero de dos mil diecinueve, concluyendo dicho plazo el cinco de marzo del año en curso. III. Del cómputo citado, fueron descartados los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero; así como dos y tres de marzo, todos de dos mil diecinueve, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda que se analiza fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el seis de marzo de dos mil diecinueve, según se advierte del matasellos que obra en la misma, es inconcuso que se hizo con marcada posterioridad al término genérico que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, de manera extemporánea, si se toma en cuenta que el último día con que contaba fue el cinco de marzo del año en curso; ante lo cual resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa. Y es que no debe perderse de vista que el ya transcrito artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone, entre otras hipótesis, que el término para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, el que se computará desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado. Cabe poner de relieve, que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece en sus cuatro fracciones los casos de excepción donde no aplicará el término genérico de quince días; de las que destaca en materia penal únicamente lo establecido en sus fracciones II y IV que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "." II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "." IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Sin embargo, ya que el acto reclamado, no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, es claro que, por los motivos que han quedado precisados líneas arriba, su presentación se hizo de manera extemporánea, al haberse efectuado con posterioridad al plazo genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a J. ********************, en virtud de que obra su cédula ********************registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y solo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, por no encontrarse en dicho supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de esta localidad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 182/2019-I. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. En concordancia con lo anterior, es menester traer a contexto los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son los que prevén los plazos para la promoción del juicio constitucional, así como el modo en que habrá de realizarse su cómputo; preceptos que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del precepto legal transcrito en primer término, se advierte el término genérico de quince días que se prevé para la presentación de la demanda, con excepción de las cuatro fracciones que estipula el citado normativo. Por otro lado, el segundo precepto estipula que el término correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Bajo dicha guisa, debe decirse que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste medularmente en la negativa de la autoridad de recibir el pago por concepto de permiso de uso de la vía pública para puestos fijos o semifijos; y como consecuencia de ello, el posible levantamiento del puesto donde actualmente desempeña la actividad de venta de tacos, tortas, quesadillas y refrescos, fuera del domicilio ubicado en calle ********************; negativa de la cual, afirma el quejoso tuvo conocimiento el doce de febrero de dos mil diecinueve, fecha en la cual, precisamente fue cuando no se le recibió el pago por el concepto señalado. Dicho esto, debe decirse que de conformidad con la manifestación vertida por la parte quejosa en su demanda de amparo, misma que realizó bajo protesta de decir verdad, se desprende que tuvo conocimiento del acto que reclama el día doce de febrero de dos mil diecinueve. Manifestación a la cual este operador jurídico le otorga valor probatorio pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los artículos 198 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en atención al criterio sostenido por la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Con base en lo expuesto, el término genérico de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del trece de febrero al cinco de marzo de dos mil diecinueve, ello si se toma en consideración que: I. El quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, el día doce de febrero de dos mil diecinueve. II. El cómputo para la promoción del juicio de amparo, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del miércoles trece de febrero de dos mil diecinueve, concluyendo dicho plazo el cinco de marzo del año en curso. III. Del cómputo citado, fueron descartados los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero; así como dos y tres de marzo, todos de dos mil diecinueve, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda que se analiza fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el seis de marzo de dos mil diecinueve, según se advierte del matasellos que obra en la misma, es inconcuso que se hizo con marcada posterioridad al término genérico que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, de manera extemporánea, si se toma en cuenta que el último día con que contaba fue el cinco de marzo del año en curso; ante lo cual resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa. Y es que no debe perderse de vista que el ya transcrito artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone, entre otras hipótesis, que el término para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, el que se computará desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado. Cabe poner de relieve, que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece en sus cuatro fracciones los casos de excepción donde no aplicará el término genérico de quince días; de las que destaca en materia penal únicamente lo establecido en sus fracciones II y IV que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "." II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "." IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Sin embargo, ya que el acto reclamado, no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, es claro que, por los motivos que han quedado precisados líneas arriba, su presentación se hizo de manera extemporánea, al haberse efectuado con posterioridad al plazo genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a J. ********************, en virtud de que obra su cédula ********************registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y solo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, por no encontrarse en dicho supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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