José Matilde Zacarías Torres
Expediente 614/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Matilde Zacarías Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de junio de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 614/2017-IV. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario observar lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En acatamiento a tal precepto legal, este Juzgado determina que respecto del acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la negativa de las autoridades responsables, de otorgar fecha para efecto de desahogar la diligencia en la que se llevaría a cabo la reincorporación del ahora quejoso a su puesto de trabajo, ordenada en proveído de once de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 3003/2015/L1/CD/IND, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de la demanda que se estudia, siendo éstos los siguientes: **********, demandó a la fuente de trabajo **********, asunto que quedó registrado bajo el número de expediente laboral 3003/2015/L1/CD/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; En dicho juicio se dictó sentencia en la cual se condenó al patrón a la reinstalación y reincorporación del trabajador a la fuente de trabajo; En fecha once de mayo de la presente anualidad, la autoridad responsable dictó auto por el cual ordenó a la demandada al cumplimiento del fallo, esto es la reinstalación y reincorporación del trabajador a sus funciones como Coordinador de Profesionales 225, circunstancia que no se llevó a cabo; El quejoso manifiesta que las autoridades responsables se han negado a dar fecha para la ejecución de la diligencia en la que se llevaría a cabo la reincorporación a la fuente de trabajo, lo que constituye el acto reclamado. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo, estatuyen: Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850.- De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que la legislación en comento otorga a la quejosa un medio de defensa con el que puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, la Ley Federal del Trabajo prevé un medio de defensa contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares; por lo que al no haberse agotado dicho recurso previamente a la presentación de la demanda de amparo, impide al suscrito analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, al no atender el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Esto es, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la negativa de la autoridad responsable a otorgar fecha para efecto de que la parte patronal **********, cumpla con el laudo condenatorio dictado dentro del expediente laboral 3003/2015/L1/CD/IND, esto es a la reinstalación y reincorporación del trabajador a sus funciones como Coordinador de Profesionales 225, es inconcuso que previamente a acudir al juicio de garantías debió agotar el aludido medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Por tanto, si el aquí quejoso no controvirtió el acto reclamado a través del medio ordinario que tenía a su alcance para lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Además debe ponerse de relieve que sobre los actos que se combaten no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamo no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que refiere que es la parte trabajadora en el juicio natural. Así es, las excepciones que prevé dicho numeral no se materializan en el presente asunto, porque la aquí quejosa es parte actora en el controvertido natural por lo que no puede ostentarse como tercera extraña, además de que el acto reclamado no es de los que quedaron precisados con antelación. Así, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitidos; con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, así como 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Francisco Jiménez Merino y Raúl Octavio Jiménez Merino, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 614/2017-IV. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario observar lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En acatamiento a tal precepto legal, este Juzgado determina que respecto del acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la negativa de las autoridades responsables, de otorgar fecha para efecto de desahogar la diligencia en la que se llevaría a cabo la reincorporación del ahora quejoso a su puesto de trabajo, ordenada en proveído de once de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 3003/2015/L1/CD/IND, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de la demanda que se estudia, siendo éstos los siguientes: **********, demandó a la fuente de trabajo **********, asunto que quedó registrado bajo el número de expediente laboral 3003/2015/L1/CD/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; En dicho juicio se dictó sentencia en la cual se condenó al patrón a la reinstalación y reincorporación del trabajador a la fuente de trabajo; En fecha once de mayo de la presente anualidad, la autoridad responsable dictó auto por el cual ordenó a la demandada al cumplimiento del fallo, esto es la reinstalación y reincorporación del trabajador a sus funciones como Coordinador de Profesionales 225, circunstancia que no se llevó a cabo; El quejoso manifiesta que las autoridades responsables se han negado a dar fecha para la ejecución de la diligencia en la que se llevaría a cabo la reincorporación a la fuente de trabajo, lo que constituye el acto reclamado. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo, estatuyen: Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850.- De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que la legislación en comento otorga a la quejosa un medio de defensa con el que puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, la Ley Federal del Trabajo prevé un medio de defensa contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares; por lo que al no haberse agotado dicho recurso previamente a la presentación de la demanda de amparo, impide al suscrito analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, al no atender el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Esto es, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la negativa de la autoridad responsable a otorgar fecha para efecto de que la parte patronal **********, cumpla con el laudo condenatorio dictado dentro del expediente laboral 3003/2015/L1/CD/IND, esto es a la reinstalación y reincorporación del trabajador a sus funciones como Coordinador de Profesionales 225, es inconcuso que previamente a acudir al juicio de garantías debió agotar el aludido medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Por tanto, si el aquí quejoso no controvirtió el acto reclamado a través del medio ordinario que tenía a su alcance para lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Además debe ponerse de relieve que sobre los actos que se combaten no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamo no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que refiere que es la parte trabajadora en el juicio natural. Así es, las excepciones que prevé dicho numeral no se materializan en el presente asunto, porque la aquí quejosa es parte actora en el controvertido natural por lo que no puede ostentarse como tercera extraña, además de que el acto reclamado no es de los que quedaron precisados con antelación. Así, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitidos; con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, así como 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Francisco Jiménez Merino y Raúl Octavio Jiménez Merino, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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