José Martínez Valenzuela
Expediente 345/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Martínez Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, contra el acto reclamado precisado en considerando segundo, atribuido a la autoridad responsable Administrador de Rentas del Ayuntamiento de Angamacutiro, por los motivos expuestos en el diverso considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******, en cuanto Presidente Municipal de Angamacutiro, Michoacán de Ocampo, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de la misma. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por *******; mediante el cual, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en autos, sin que haya lugar a tenerlo cumpliendo con la misma, en atención a que si bien es cierto cumple con el punto número uno, esto es, de conformidad con el artículo 108, fracción V, realiza la protesta de decir verdad, respecto a los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; sin embargo, es omiso en cumplir con el punto número dos, esto es, narrar los antecedentes de los actos que reclama. Lo anterior es así, toda vez que de su demanda de amparo y escrito aclaratorio no se advierte que lo haya hecho. En la inteligencia que, deberá narrar bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso de ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por los quejosos, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, serán sancionados. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis número P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la diversa, por identidad de razón, la tesis número P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Y la diversa jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Por tanto, a efecto de que dé cabal cumplimiento al citado requerimiento, se interrumpe el término concedido en auto de veintitrés de marzo del año en curso, el cual reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, surtiendo efectos el apercibimiento decretado en el mismo. En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las dos autoridades señaladas como responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, una para cada uno de los dos terceros interesados señalados por la parte quejosa y una para el incidente de suspensión las cuales dan un total de seis copias, salvo el caso de que lo haga por la vía electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Notifíquese personalmente.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que el seis de marzo anterior, se ordenó el envío de la carta rogatoria número 127/2023 (1/2023-CR)-II, al Consulado General de México en Chicago Illinois, Estados Unidos de Norte América, de manera coordinada con el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con residencia en la Ciudad de México, a efecto de lograr el emplazamiento del tercero interesado..., único y universal heredero, así como albacea de la sucesión a bienes de... Para dar oportunidad a que el tercero interesado sea emplazado al presente juicio, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las DIEZ DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés.****************************************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte tercera interesada realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este juzgado federal. ****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio en los términos siguientes:...1.- Mediante sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a.. , para que la autoridad responsable realizara lo siguiente:...". 1. Dejar insubsistente el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por el cual negó acordar favorablemente la solicitud de pensión provisional del accionante aquí quejoso, dentro del juicio ordinario oral sobre divorcio sin expresión de causa y su acumulado ********************, y 2. En su lugar, emita un nuevo acuerdo en el que, siguiendo los lineamientos trazados en la última parte del considerando que antecede, proceda a analizar nuevamente la solicitud realizada por el quejoso, en el sentido de si es o no procedente fijar una pensión provisional en el aludido juicio, para lo cual habrá de subsanar las omisiones destacadas en la presente sentencia y, con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada lo que estime legalmente conveniente" 2.- Por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia se ordenó a la autoridad responsable, para que un término de tres días, dieran cumplimiento con la ejecutoria de amparo.****************************************3.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, realizó lo siguiente:****************************************a) En oficio número ********************, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, informó que dentro del juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa número ********************y su acumulado ********************, el catorce de enero de dos mil veintidós, dejó insubsistente el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno; y para efecto de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental afectado, emitió uno nuevo con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia del presente sumario Constitucional.****************************************Valoración de cumplimiento.****************************************La autoridad responsable en el auto que dictó el catorce de enero de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, y dictó otro, en donde, se advierte que procedió a analizar nuevamente la solicitud realizada por el quejoso respecto de la solicitud de la pensión provisional, con base en los lineamientos que se le indicaron en la sentencia ejecutoriada, analizó los argumentos formulados por el quejoso, así como las pruebas que obraban en autos, y después de un análisis fundado y motivado con libertad de jurisdicción, declaró procedente el pago de alimentos compensatorios provisionales a favor del quejoso. **************************************** Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que, en la especie, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la autoridad responsable, el catorce de enero de dos mil veintidós, cumplió con el efecto precisado en número uno y dejó insubsistente el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno; asimismo, con el efecto número dos, emitiendo uno nuevo, siguiendo los lineamientos trazados en la sentencia de amparo, subsanando las omisiones detectadas en el fallo protector y, con libertad de jurisdicción, resolvió lo que estimó conveniente de manera fundada y motivada.****************************************En consecuencia, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente.****************************************Manifestaciones de la parte tercera interesada.****************************************No pasa inadvertido que la parte quejosa, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal, el uno de marzo de dos mil veintidós, realizó diversas manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria, y solicitó se analizara si existía una exceso y defecto en cumplimiento de la misma, por las siguientes razones; ****************************************1. La ejecutoria en mención, dejo en libertad de jurisdicción al juez responsable de emitir un auto nuevo, en el mismo sentido, o sentido diverso, pero fundando y motivando. ****************************************2. Al pronunciarse el señor juez aquí responsable, no considero los derechos del menor que a la fecha vive al lado de su madre, pues perjudica a este, que parte de lo que destina para los alimentos del menor, los compartiría con su padre. ****************************************3.- No funda ni motiva, debidamente el hecho de que el quejoso requiera una pensión económica, con efecto retroactivo, no obstante que ya no es cónyuge.****************************************4. No funda ni motiva el porqué, señala el 12% de las percepciones que recibe la ahora deudora alimentista.****************************************Ahora bien, en relación a la manifestación hecha valer en el punto uno y cuatro, de la lectura del cumplimiento que realizó a la sentencia dictada en autos, se advierte que en para fijar el doce por ciento de las percepciones que recibe la ahora quejosa, se basó en lo siguiente: ****************************************"el Juez Séptimo de primera instancia en materia oral familiar, que era el que conoció en un primer término del expediente ******************** que se encuentra acumulado al expediente ********************, ordenó recabar para determinar las necesidades del acreedor alimentista y capacidad económica de la obligada alimentista, vía informe del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, dirección de control vehicular dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Escuela Nacional de Estudios Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelia, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, información pública, que únicamente obra respecto de: ****************************************Instituto Mexicano del Seguro Social, a fojas 75 del sumario, de la que se aprecian los movimientos de altas y bajas de ambas partes ante aquel instituto y que al momento de su expedición se encontraba dado de baja desde el 13 trece de julio de 2020 dos mil veinte el acreedor alimentista ******************** al igual que la obligada alimentista; desde el nueve de septiembre de dos mil catorce. ****************************************Administrador desconcentrado de recaudación de Michoacán "1", desprendiéndose de esa información, que la anotada ******************** declaró en el período de 2019 dos mil diecinueve, un importe de $930,918; mientras que, ********************, en el mismo período, un importe de $36,884 -en la foja 76- ****************************************Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la información solicitada de la obligada alimentista ******************** ante aquella institución educativa -de la foja 79 a la 84-.Jefe de Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Administración, de la que se aprecia que no se localizó información respecto de ninguna de las partes -foja 48 del expediente...-; sin embargo, a petición del mandatario de la cursante, de manera posterior, se obtuvo un certificado positivo de propiedad de la aludida..., respecto de un automóvil tipo SIN, marca Renault, línea..., modelo 2018, serie..., placa..., con fecha de alta 8 ocho de mayo de 2017 dos mil diecisiete -foja 73 del expediente...Jefe de Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, de la que se aprecia que a favor de... -quien se insiste es obligada alimentista-inscrita una propiedad en el registro público de la propiedad raíz en el Estado, bajo el número 13, tomo 10389 -foja 50-. Instrumentos públicos que de conformidad con los numerales1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en razón de que están expedidas por funcionarios que en ejercicio de sus funciones y en el desempeño de sus cargos públicos, emitieron la información que les fue solicitada, atendiendo de manera supletoria también el contenido de los numerales 424 fracción III y VII del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se les concede valor probatorio. Empero, y no obstante que no obra la totalidad de la información solicitada para el efecto pretendido, y que lo es precisamente acreditar el caudal de la cónyuge que otorgara alimentos en favor de su cónyuge, la misma resulta suficiente para tener por acreditada la solvencia económica de aquella, para ministrarse por sí misma alimentos, e incluso para adquirir bienes muebles, y que se acredita a la data es un vehículo automotor e ingresos muy superiores a los de su cónyuge que le solicita alimentos, sin que tampoco pase inadvertido que por lo que ve a la propiedad registrada a su nombre pesa una hipoteca, sin que se tenga la certeza sobre el estado actual de aquella deuda. ****************************************Por otro lado, por lo que ve al tercer elemento contemplado por el numeral 462 del Código Familiar para el Estado, y que lo es que se acredite la urgencia y la necesidad que haya de los alimentos, es de destacarse que como ha quedado anotado en supralíneas, y atendiendo al principio de buena fe que debe operar en esta clase de asuntos, pues del cumulo probatorio que hasta este momento existe, se aprecia meridianamente que durante el matrimonio ********************, se dedicó durante su matrimonio a las labores domésticas, pues no obstante que a fojas 75 del expediente ********************, se encuentra un oficio emitido por el Titular de la Subdelegación Morelia y Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del mismo se infiere que en aquel período en el que estuvo unido en matrimonio con la accionada ******************** sí contó con empleos, y los mismos fueron registrados en aquel instituto, empero no le fue posible conservar un empleo fijo, que pudiera contribuir de manera habitual con su desarrollo profesional, que también ostentaba, pues como el propio peticionario de alimentos, indicó en su escrito, de común acuerdo con su consorte, se dedicó a las labores domésticas y al cuidado de sus hijos ello de manera preponderante, razón por la que esta autoridad infiere que le fue imposible conservar un empleo adicional a las labores del hogar que indicó realizaba, lo que hace presumible se insiste la necesidad de recibir alimentos; ante la poca o nula oportunidad que tuvo de desarrollarse laboral o profesionalmente...[.]...Por tanto, con lo anteriormente fundado y motivado se determina como pago de alimentos compensatorios provisionales en favor de la cursante un 12% doce por ciento del total de los ingresos que perciba ******************** ello después de los descuentos de ley, en la forma y términos en los que reciba su pago, el que se deberá cubrir directamente por la empleadora de la accionante, mediante el correspondiente descuento, en favor de... Porcentaje que se determina de manera discrecional, atendiendo a que con el mismo se aprecia que es suficiente para cubrir la necesidad alimentaria de ********************, sirviendo para la fijación del mismo, que al momento que éste al momento de proporcionar sus generales en éste juzgado, con data veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el que ratificó el mandato judicial que otorgó en favor de la licenciada ********************, indicó como su último arado de estudios maestría en políticas públicas, razón por la que se considera que al margen de obtener un empleo fijo por su edad, si podría desempeñar alguna actividad profesional utilizando el grado académico que indicó; no así por el porcentaje que cita el peticionario, máxime que también a la data la obligada alimentista cuenta con un diverso acreedor diverso, que lo es el menor hijo de las partes de iniciales ******************** mismo que se encuentra bajo su custodia provisional, y que conforme a lo establecido por el numeral 450 y 452 del Código Familiar para el Estado, también debe proveerle alimentos, por ser su hijo, y al ser menor de edad por su presunción de necesitar de ellos.**************************************** Por otro lado, en virtud de que al momento obran en autos datos objetivos de los que se desprende el ingreso que laboralmente percibe la deudora alimentaria, de acuerdo al oficio remitidos por la Jefa del Departamento de Gratificaciones y Constancias de la Universidad Nacional Autónoma de México, información que a la data obra en el expediente de marras, de la que se aprecia la posibilidad de la obligada alimentista para cubrir plenamente con la imposición que en este asunto se le realiza, descuento que comenzará a correr a partir de su solicitud que lo fue el veinticinco de febrero de dos mil veinte. ****************************************En la inteligencia que para estar en condiciones de cubrir el pago de la cantidad que resulte por concepto de alimentos retroactivos deberá requerirse a la patronal para que informe la cantidad total que resulta por concepto del 12% doce por ciento que aquí se decreta en el período correspondiente desde el veinticinco de febrero de dos mil veinte y hasta que se realice el primer descuento ordinario, hecho lo anterior se decretará un porcentaje adicional al que aquí se decreta en favor de la solicitante."****************************************Ahora bien, es pertinente notar que las manifestaciones vertidas por la parte tercera interesada en los puntos dos y tres, refieren a que el juez al fijar la pensión no consideró los derechos de menor debido a que la quejosa, también le tiene que dar alimentos, así como el cuestionamiento que realiza, en relación a que el quejoso ya no era cónyuge, como para que requiriera una pensión económica con efecto retroactivo, no pueden ser considerados para los efectos de la calificación del cumplimiento, por alegar temas que ven a un nuevo acto de autoridad, que deben ser combatidos o alegados, en su caso, en un diverso recurso, porque si bien es cierto el párrafo segundo del numeral 196 de la Ley de Amparo, consagra la potestad del juez de calificar el exceso o defecto en el cumplimiento del fallo, lo es que, se encuentra condicionada, en estricto sentido, a los efectos de la sentencia.****************************************Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente.
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