José Martínez Valenzuela

Expediente 23/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
23/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • José Martínez Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 1030, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se declaró firme el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por el quejoso ., devuelve los autos originales del juicio de amparo número 23/2021-III, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otras autoridades; acúsese recibo, comuníquese a las partes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 629, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso oficio 1425, con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo número 23/2021-III, en virtud de que el quejoso José Martínez Valenzuela, interpuso recurso de queja, en contra del auto de trece de enero de dos mil veintiuno, para la substanciación del recurso de queja hecho valer en el acto de la notificación del citado proveído. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se desechó y el mismo quedó registrado con el número de recurso de queja civil 21/2021; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito presentado por José Martínez Valenzuela; atento a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional el trece de enero de dos mil veintiuno, en que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo y; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañándose el expediente original, toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-

  4. Principal

    AMPARO 23/2021-III OFICIO NÚMERO 1425 MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EN TURNO. CIUDAD. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta misma fecha, le envío el original del escrito de queja interpuesto por ...Así también, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo rindo el siguiente informe: Es cierto el acto reclamado, toda vez que dentro del juicio de amparo número 23/2021-III, con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, se dictó un acuerdo que en lo conducente dice: ".Morelia, Michoacán, trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida ..., por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otras autoridades; se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 23/2021-III. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario y con la fracción III del normativo 172, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". Cabe preciar que, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Se reclaman de las autoridades señaladas como responsables los siguientes: 1. DEL MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA CIVIL DE SEGUNDA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, haber dictado sin apegarse a derecho, la resolución de fecha 7 siete de diciembre del año 2020 dos mil veinte, dentro del Toca de apelación I- 260/2020, tramitado con motivo del incidente de oposición al proyecto de división y partición de los bienes que conforman el caudal hereditario, interpuesto por Yolanda América Martínez Valenzuela en la cuarta sección del juicio sucesorio testamentario registrado bajo el número 834/2017 tramitado ante el Juzgado tercer civil de este Distrito Judicial. 2. DEL JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, reclamo la ejecución de la interlocutoria de data 7 siete de octubre del año en curso, dictada dentro del Toca y expediente citado en el párrafo que antecede." Sin embargo, los actos aquí reclamados no se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas puede consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razóna las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así las cosas, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la resolución emitida el siete de diciembre de dos mil veinte, por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del Toca de apelación I-260/2020, tramitado con motivo al incidente de oposición al proyecto de división y partición de los bienes que conforman el caudal hereditario, interpuesto por Yolanda América Martínez Valenzuela, en la cuarta sección del juicio sucesorio testamentario 834/2017, a bienes de Yolanda Guadalupe Valenzuela Jurado; por tanto, aún se encuentra en trámite la cuarta sección, y por ende los actos reclamados no afectan derechos sustantivos del inconforme, pues se trata de un acto emitido dentro de la cuarta sección de un juicio sucesorio testamentario, de carácter adjetivo, que podrá ser reclamado como infracción procesal en el juicio de amparo que se promueva en contra de la última resolución emitida en dicha etapa. En efecto, la resolución reclamada no es una resolución que haya concluido la cuarta sección; lo anterior es así, dado que, conforme a la propia ley adjetiva en materia civil del Estado de Michoacán, la cuarta sección termina con la sentencia que apruebe o repruebe la partición1 -la cual es apelable en ambos efectos, de acuerdo con su cuantía- (resolución contra la cual podrá promover amparo directo); siendo entonces el momento y en caso de considera que afectó sus derechos, podrá reclamar tal decisión; caso contrario, la violación que ahora le impone la promoción del juicio constitucional, podrá ser reparada con el dictado de tal determinación, en el supuesto de que tenga un resultado favorable a sus intereses. Habida cuenta que como se evidenció, el acto reclamado no se trata de la última resolución que decide el fondo de una sección o representa un obstáculo para su conclusión, y menos se trata de una decisión que guarde autonomía o independencia de aquella que pone fin a la última sección del juicio sucesorio. En ese orden de ideas, y como la resolución reclamada a la Sala no satisface las condiciones para ser considerado como actos dentro del juicio que tengan una ejecución irreparable, ya que, es necesario que se encuentre concluida la cuarta etapa del juicio sucesorio para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo directo, es claro que al no acontecer así, es decir, al estar inconclusa esa fase, el juicio de amparo es improcedente, pues es factible el estudio o análisis de las violaciones procesales cuando se ataque la resolución que culmine la "sección de partición". Es aplicable al respecto, la jurisprudencia VI.3o. J/20, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 789, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 1 Artículo 1127 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán.- La Sentencia que apruebe o repruebe la partición es apelable en ambos efectos, de acuerdo con su cuantía. Época, con número de registro 194833, que a la letra dice: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." (Lo subrayado es nuestro). De igual forma, apoya lo anterior la tesis I.3o.C.439 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1546, Tomo XIX, Enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 182385, que dice: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." (Lo resaltado es nuestro).- Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en la calle Tierra, marcado con el número 115, Colonia Lomas del Punhuato, en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista Alejandra Jovhana Sánchez Herrera, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 7265637, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho. Ahora bien, por lo que respecta a su solicitud de que se le tenga señalando como diverso medio de notificación el correo electrónico alejandrajsh@gmail.com, dígasele que, se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que este medio de comunicación es únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la licenciada Verónica García Campos, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, Encargada del despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario que autoriza y da fe..." Como justificación a este informe, se anexa original del citado juicio de amparo, toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

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