José Martín Ramos Ruiz
Expediente 470/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Martín Ramos Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio que remite el Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, en virtud de que en proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se ordena reenviar los oficios 19085 y 20459 a la Secretaría de Gobernación en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el signado por el Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve 19085, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, toda vez que mediante oficio 5.A/ARP1360/2018, se otorgó la representación presidencial dentro del juicio de amparo en que se actúa a la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México. Por tanto, como lo solicita la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con residencia en Ciudad de México, se ordena remitir nuevamente los oficios 19085 y 20459, a la Secretaria de Gobernación en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 470/2018, promovido por José Martín Ramos Ruiz, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 2-23), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, José Martín Ramos Ruiz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 470/2018, se admitió a trámite y se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; asimismo, se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver bajo las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclama una norma de carácter general. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, el criterio mencionado, así como la demanda y sus diversos escritos aclaratorios, el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: La Ley General de Comunicación Social, respecto de la omisión de señalar los topes de gasto que ejercerán los entes públicos. Misma que atribuye a las autoridades: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cobra aplicación la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la publicación de la citada Ley General de Comunicación Social en el Diario Oficial de la Federación, de la que se advierte la participación de las autoridades responsables en la emisión de la ley reclamada, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que José Martín Ramos Ruiz, no acredita el interés jurídico ni legítimo, necesarios para la promoción del presente juicio. A efecto de explicar la premisa planteada, conviene traer a glosa el contenido del precepto legal que prevé el indicado motivo de improcedencia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afectan el interés jurídico o legítimo del quejoso. Luego, existen dos supuestos de procedencia para el juicio de amparo, siempre que no se trate de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como sucede en el caso. El primero implica la oportunidad para acudir a este juicio de control constitucional, a través del acreditamiento de la titularidad del "interés jurídico" por medio del cual se defienden los derechos subjetivos, el segundo, a través de un "interés legítimo", por el que se defiende la afectación a la esfera jurídica por virtud de una especial situación frente a la norma, ya sea de manera individual o colectiva. Para comprender lo dicho en líneas previas, se hace referencia a ambos conceptos. Se tiene que el interés jurídico, desde un punto de vista general, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales, está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede acudir al juicio de garantías. Lo cual es acorde a la noción de garantía individual. Siendo la base del concepto anterior, la noción de derecho subjetivo, se precisa su titularidad. A partir de ello, se da la facultad de exigir, siendo correlativa de un deber jurídico, que implica cumplir con esa exigencia. Luego, si existe una violación o desconocimiento, ello representa el incumplimiento de la obligación. De esta guisa, el agravio es entendido como toda restricción o privación de un derecho o imposición de un deber que ordena o realiza una autoridad del estado. De acuerdo con los criterios que existían por parte del Poder Judicial de la Federación, antes de la reforma de seis de junio de dos mil once, al texto constitucional, para efectos de demostrar el interés jurídico, era necesario que alguna norma reconociera la posibilidad de que el quejoso pudiera hacer o dejar de hacer algo, o lo beneficiara con una situación jurídica determinada, para que ante la existencia de algún acto concreto de autoridad que vulnere ese derecho jurídicamente tutelado, procediese el juicio de amparo para reclamar su discrepancia con la ley fundamental. Es por ello que con esta resolución se ha sostenido que ante la falta de agravio a la esfera jurídica del particular, no hay interés jurídico. La definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se puede advertir de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a./J. 168/2007, en la página 225, del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor literal: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En torno al interés legítimo, el ahora ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su obra "Hacia una nueva Ley de Amparo", publicada en México, 2002, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, que no exige la afectación de un derecho subjetivo, pero tampoco se trata de que cualquier persona esté legitimada para promover el amparo con el fin de exigir que se cumplan las normas administrativas, pues no es una acción popular. Al respecto, abunda en explicar que el presupuesto del interés legítimo es la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, pero tal obligación no corresponde a un derecho subjetivo del que sean titulares determinados particulares, a pesar de que sí se afecta su esfera jurídica. Este perjuicio se acarrea por dos motivos: a) por la particular posición de hecho en que una persona se encuentre frente a un acto administrativo; y b) porque ciertos particulares sean los destinatarios del acto administrativo que se discute. Acorde con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el alcance del concepto de interés legítimo en el juicio de amparo, al emitir la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), publicada el 14 de noviembre de 2014 09:20 h, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." El contexto anterior evidencia la existencia de elementos constitutivos, tanto del interés jurídico como del interés legítimo, los cuales son concurrentes pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. En efecto, para acreditar el interés jurídico necesariamente el promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo el promovente del amparo deberá demostrar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o bien que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. No obstante, quien acude a cuestionar la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social, respecto de la omisión de señalar los topes de gasto que ejercerán los entes públicos, no demuestra ser titular de un derecho subjetivo respecto a la omisión contenida en dicha Ley, que le alcance para reclamar el presupuesto asignado en materia de comunicación social, y en consecuencia, que con motivo de tal omisión se le afectara ese derecho, lo que en principio implica que carece de interés jurídico. Lo anterior es así, tomando en cuenta que el quejoso se duele de que la omisión señalada vulnera los principios generales de derecho, los cuales buscan la justicia, equidad, bien común y bienestar social, pues aduce que ante la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, en materia de topes presupuestales para destinar el recurso público hacia la comunicación social, se incumple con los principios que señala el artículo 134 Constitucional, toda vez que evita un ejercicio eficaz del recurso público y deja a la discrecionalidad de la Cámara de Diputados tales topes; sin embargo, de lo anterior no se advierte contravención a sus derechos como individuo. Luego, se insiste en que para la procedencia de la acción constitucional, es requisito indispensable que el particular efectivamente resienta un perjuicio con motivo de un acto de autoridad; entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional competente para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. Y por lo que ve al interés legítimo, este juzgador no advierte, ni el quejoso la invoca, la existencia de un vínculo entre éste y ciertos derechos fundamentales (situación jurídica identificable); que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por su circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, en su caso la existencia de la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo al que pertenezca el quejoso formalmente identificable, o bien que sin pertenecer a dicho grupo, la afectación redunde en su persona. En las anotadas condiciones, al actualizarse el motivo de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo en que se actúa, en razón de que la parte quejosa no acreditó el interés jurídico, ni el interés legítimo para reclamarlo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que en el caso proceda suplir la suplencia de la queja, como lo solicita el quejoso, pues no se actualiza supuesto alguno del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, dicho numeral establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo". Del contenido de dicho numeral se advierte que el impetrante del juicio de amparo no se encuentra en ninguno de los casos en los que la ley de la materia autoriza la suplencia, por lo que este juzgador está impedido para hacerlo. Ello, porque el acto reclamado no se funda en normas generales que hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; no es menor o incapaz ni se afecta el orden y desarrollo de la familia; tampoco tiene el carácter de inculpado, sentenciado, ofendido o víctima; no es ejidatario ni comunero; y, no es trabajador. Además, no se advierte que ha habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo hubiere dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo primero de la Ley de Amparo; tampoco acredita el quejoso que por condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa. Finalmente, no se analizarán las diversas causas de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414 del Tomo VIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 195744, que establece: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Martín Ramos Ruiz, contra los actos reclamados y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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