José Martín Luviano López

Expediente 944/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
944/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • José Martín Luviano López

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que por sentencia de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y de la certificación que antecede se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase al Juez responsable las constancias que remitió al presente juicio en apoyo a su informe justificado, consistentes en el juicio ejecutivo mercantil 105/2015 e incidente de liquidación derivado de dicho asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas por ser innecesaria su retención, sin que resulte factible acusar recibo de las mismas. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 944/2017 promovido por José Martín Luviano López por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, José Martín Luviano López por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán y de otras, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución. Segundo. En auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, este juzgado admitió la demanda a trámite; solicitó los informes justificados; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; con posterioridad se ordenó emplazar al tercero interesado José Cervantes Solorio y, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que José Martín Luviano López reclama del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad Michoacán y Actuario adscrito a dicho juzgado, Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán y Actuario adscrito a dicho órgano: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 105/2015, incluyendo el embargo y su inscripción de un bien inmueble de su propiedad, no obstante que resulta ajeno a dicho procedimiento. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad Michoacán y Actuario adscrito a dicho juzgado, Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán y Actuario adscrito a dicho órgano, por así manifestarlo al rendir sus informes justificados, lo que se corrobora con las constancias que acompañó la primera de las autoridades citadas a su informe, consistentes en los autos del juicio ejecutivo mercantil 105/2015 con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El peticionario del amparo señala, que no fue debidamente emplazado al juicio ejecutivo mercantil 105/2015, promovido por José Cervantes Solorio en su contra, lo que vulnera las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución. El anterior planteamiento resulta infundado. Para dar sustento a ello, en principio cabe precisar que el emplazamiento cuya ilegalidad reclama el quejoso emana de un juicio ejecutivo mercantil, el cual se rige conforme al Código de Comercio vigente, con posterioridad a las reformas publicadas el diecisiete de abril de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, habida cuenta que la demanda que originó su tramitación fue presentada el cinco de febrero de dos mil quince, siendo que en el único transitorio de las mismas se estableció lo siguiente: "D.O.F. 17 DE ABRIL DE 2008. Único.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma, se tramitarán con las reglas anteriores a la misma." Luego, como esa legislación no prevé en su totalidad los requisitos que deben observarse al llevar a cabo el emplazamiento, resulta pertinente que para dilucidar este punto debe acudirse en forma supletoria, en lo conducente, en primer orden, a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en segundo orden a la ley local, en términos de los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio que establecen: "Artículo 1054.- En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." "Artículo 1063.- Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local." De estos preceptos se desprende que, en materia de notificaciones, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles se actualiza sólo en cuanto a las formalidades que deben observarse al practicar ese tipo de diligencias, a fin de no violar el derecho judicial de previa audiencia previsto por el artículo 14 Constitucional, sin que llegue al grado de sobrepasar las disposiciones expresas contenidas en la legislación mercantil, en específico, lo dispuesto por los artículos 1392, 1393 y primer y segundo párrafo del 1394 de esta última legislación, que a la letra dicen: "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste." "Artículo 1393.- No encontrándose al deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos." "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. (REFORMADO, D.O.F. 24 DE MAYO DE 1996) En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061.". Por su lado, los ordinales 310, 311, 312 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo conducente disponen: "Artículo 310.- Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. .Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo." "Artículo 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos." "Artículo 312.- Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador. "Artículo 317.- Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esa circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, mientras esté pendiente el negocio." En ese orden de ideas, relacionando los dispositivos tanto del Código de Comercio como del Código Federal de Procedimientos Civiles, previamente transcritos, se obtienen los requisitos que deben colmarse para que el emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil sea legal, a saber: Para hacer una notificación personal, el notificador se cerciorará, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de que no encontrarse al deudor en la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. Si el deudor no aguarda la cita, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado en autos. Una vez concluida la diligencia de embargo, se emplazará al demandado; en todo caso se entregará a éste cédula en la que contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de la demanda, de los documentos base de la acción y demás que ordenan el artículo 1061 de la legislación mercantil. Si, en la casa se negare el interesado o la persona con quien se entiende la notificación a recibirla, la hará por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma y asentará razón de esa circunstancia. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen, si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esa circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. La finalidad de los requisitos en comento se debe a que el emplazamiento constituye la diligencia de mayor relevancia dentro del procedimiento, toda vez que su omisión o realización en forma contraria a las normas aplicables, no permite al demandado acudir a juicio a oponer las excepciones o defensas que estime pertinentes. Por ende, se impone al funcionario encargado de realizarlo, una serie de formalidades que debe seguir, a fin de obtener certeza de que la persona que deba ser emplazada tenga pleno conocimiento de la existencia del juicio en el que ha sido señalada como parte. De ahí que la estricta observancia de las normatividades que le resulten aplicables, garantiza al demandado el cumplimiento de las prerrogativas formales de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando que se le pueda causar el consecuente estado de indefensión. Sobre este punto, es ilustrativa la jurisprudencia 784, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL. NECESIDAD DE SATISFACER LAS, PARA SU VALIDEZ. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios, que salvaguarda la garantía de audiencia, por lo que el legislador instituyó para su realización una serie de solemnidades sin las cuales el mismo debe considerarse ilegal." Expuesto lo anterior, es oportuno tener en cuenta el contenido del acta de emplazamiento realizada el veintiocho de abril de dos mil quince, la cual consta en la foja 8, del tomo de pruebas II relativo a este juicio de amparo. De la diligencia en comento se observa, que el actuario adscrito al Juzgado Segundo en Materia Civil de Primera Instancia de la Piedad, Michoacán, asentó que se constituyó en el domicilio del demandado José Martín Luviano López señalado en autos, ubicado en la casa sin número pintada de color rosa y la puerta de herrería metálica de color blanco, el techo de teja de barro, que por el lado oriente colinda con la casa marcada con el número 645 y por el lado poniente colinda con la calle Moctezuma, quedando dicha morada en la esquina que forman las calles Juan Madrigal y Moctezuma en la villa de Penjamillo, Michoacán, a fin de emplazarlo al juicio ejecutivo mercantil 105/2015, del índice del órgano citado con antelación. Además se advierte, que el funcionario se cercioró de que en ese lugar tenía su domicilio el enjuiciado, por así manifestárselo él mismo, quien bajo protesta de decir verdad adujo que vivía en dicho domicilio, y además se identificó con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 0000030893167, año de registro 1991, clave de elector LVLPMR67011109H000 y numeración en la parte posterior 1500039042643, la cual se le mostró en original e hizo constar que los rasgos fisonómicos del individuo concordaban en toda y cada una de sus partes con los de la fotografía que obraba en el documento oficial. Asimismo, el actuario judicial hizo saber al emplazado el motivo de su presencia, le dio lectura de los autos de nueve de febrero y once de marzo de dos mil quince; he hizo constar que recibió copias simples de traslado, cédula y copia simple autógrafa de la diligencia practicada; y finalmente señaló que se negó a firmar. De modo que, atendiendo a lo anterior, este juzgador estima que los datos asentados en el acta de emplazamiento son suficientes para tener por acreditado que el quejoso sí fue emplazado a juicio, pues la diligencia se entendió precisamente con el amparista, y el actuario judicial asentó el folio de la credencia de elector con la que se identificó y señaló que los rasgos físicos de esa persona coincidían con quien tuvo a la vista; circunstancia que evidentemente, dota de certidumbre dicha diligencia, Más aún porque a pesar que el quejoso se impuso de las constancias que el juez responsable remitió como soporte de su informe justificado, entre las cuales obraba la diligencia de emplazamiento, no ofreció medio de prueba alguno tendente a desvirtuar que la identificación que se asentó en dicha actuación, ni siquiera corresponde a la persona con la que se entendió la diligencia, por ejemplo, un informe a cargo del Instituto Nacional Electoral, en la que se informara el nombre de la persona a quien corresponde la credencial de elector que citada en la diligencia. Es de invocar la Tesis: VI.2o.C. J/15 (10a.), visible en la página 2242, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2008598, que dice: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003). En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar." De igual forma, sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia por contradicción de tesis que dice: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada." Por tanto, si lo que se pretende es desvirtuar lo asentado por el ministro notificador, entonces debió aportar los medios de convicción suficientes que permitieran arribar a la conclusión de la ilegalidad de la actuación de referencia. Así lo es, porque cuando en el juicio de amparo se reclama la ilegalidad de la primera notificación o emplazamiento, como ocurre en la especie, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en el quejoso, lo que en el caso concreto no ocurrió al no haberse probado que la actuación en comento viole las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "EMPLAZAMIENTO. FALTA O ILEGALIDAD, CARGA DE LA PRUEBA. Cuando se reclama lo actuado en un procedimiento por falta de emplazamiento, corresponde a la autoridad responsable probar la existencia de tal acto, pero si se reclama la ilegalidad del mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en el quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo". En ese tenor, resulta infundado que la razón actuarial no se apega a los requisitos previstos en la ley, pues se advierte, que el actuario ajustó la diligencia a lo previsto en el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, derivado fundamentalmente del hecho de que el quejoso no fue emplazado legal y debidamente en su domicilio. Finalmente, y en torno a aquéllos argumentos tendentes a atacar la diligencia de tres de octubre de la anualidad próxima pasada, en la que se llevó a cabo la entrega y posesión del bien inmueble embargado y rematado a José Cervantes Solorio, en los que, esencialmente aduce el quejoso, que la actuaria respectiva se constituyó en su domicilio, pero que no fueron desalojados de su casa, sino aparentemente de otro inmueble, sin poder determinar cuál, ante lo escueto del acta que le fue entregada, devienen infundados. Esto, pues basta imponerse del contenido de la diligencia de mérito para poder advertir, contrario a lo argumentado por el impetrante del amparo, que sí se puso en posesión físicamente al actor del inmueble embargado y rematado en el juicio natural; pues si bien no se identificó en forma expresa el mismo, resulta evidente que si el bien ubicado en la calle Nacional, número 633 seiscientos treinta y tres, esquina con calle Moctezuma, manzana 11 once, del sector segundo, del Municipio de Penjamillo, Michoacán, registrado bajo el número 81 ochenta y uno, del libro de propiedad correspondiente a ese Distrito Judicial, fue el único bien inmueble embargado y rematado, es evidente que la adjudicación se llevó a cabo precisamente de ese y no uno diverso. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados, y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Determinación que se hace extensiva respecto de las actuaciones subsecuentes al emplazamiento practicado al amparista en el juicio ejecutivo mercantil 105/2015, toda vez que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia del llamamiento a juicio realizado a la parte quejosa, el cual se encuentra ajustado a derecho. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a José Martín Luviano López, por su propio derecho, en contra de los actos reclamados y autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción III, de la Ley de Amparo.

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