José Martin Pérez Hernández

Expediente 498/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 36 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
498/2020
Año
2020
Actuaciones
36
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • José Martin Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de quince días que establece al artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que se interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos. En consecuencia, se advierte que el presente juicio de amparo en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, se encuentra totalmente concluido, por lo tanto, conforme a los artículos 196 y 214 de la Ley de la materia, archívese el presente expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido el amparo y protección de la justicia, es susceptible de depuración en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), citado acuerdo general. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que, a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en autos de uno de junio del año en curso, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si efectivamente la autoridad responsable Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil, con sede en la ciudad de México, dio cabal cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En ese contexto, del estado de autos se advierte que la ejecutoria de amparo, se concedió para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos de la concesión: Con vista en lo anterior, al haberse demostrado que los actos reclamados conculcan en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales y garantía de legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con apoyo en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, procede conceder la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: El Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 87/2007 de su índice; Reponga el procedimiento a partir del emplazamiento del demandado José Martín Pérez Hernández, con todas sus consecuencias, es decir, las actuaciones practicadas, incluida la sentencia. Todo al tenor del precepto 77 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, del Libro 49, diciembre de 2017, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015693, que dispone: La protección federal se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las diversas autoridades señaladas como responsables, dado que los actos que se les reclaman no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende de la que adolecen los actos atribuidos a la autoridad ordenadora, tomando en consideración que las consecuencias jurídico legales del acto reclamado analizado, trasciende y repercute en todo lo actuado ante el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, ello dado que el Juez y Actuario del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, actuaron a instancia del Juez de México, en una ficción jurídica de extensión de la jurisdicción de éste, de tal manera que, una vez diligenciado el exhorto en el que se ordenó el emplazamiento fue responsabilidad del Juez de la Ciudad de México, revisar y corroborar la legalidad del emplazamiento realizado en otra jurisdicción vía exhorto, antes de proseguir con la substanciación del juicio; más aún si se considera la gran trascendencia jurídica de un emplazamiento defectuoso y por ende ilegal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 12, visible en la página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Registro 218867, que dice: Sin que proceda dejar insubsistente el llamamiento a juicio de Martha Elena Morales Ochoa, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que acerca de ese tema ha de atenderse al principio de relatividad que rige al juicio de garantías, en que se ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado. Lo anterior encuentra sustento en las siguientes jurisprudencias: En ese sentido, en auto de uno de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio, remitido por el Juez Interino Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso escrito del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector; y al efecto adjuntó -en archivo digital- la documental pública consistente en: copia certificada de auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 87/2007, de su índice. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Ahora bien, del análisis del informe y constancia remitidos por la autoridad responsable, se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 87/2007, de su índice, y ordenó reponer el procedimiento a partir del emplazamiento del demandado José Martín Pérez Hernández (aquí quejoso); con todas sus consecuencias, incluida la sentencia dictada en dicho asunto. Además, dejó intocado el llamamiento a juicio de Martha Elena Morales Ochoa, ya que estimó no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, ya que consideró que el llamamiento de cada uno de los litisconsorcios se verifica de manera independiente. Lo anterior, se hizo de conocimiento de las quejosas, del tercero interesado y del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dado que en auto de uno de junio de dos mil veintidós, se dio vista con los informes y constancias que acompañaron; sin que dichas partes procesales hayan realizado manifestación alguna. Entonces, al analizar el contenido íntegro de las constancias de referencia, se estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia aquí dictada, dado que únicamente se le debe obligar a la responsable a respetar el derecho fundamental vulnerado y a cumplir lo que éste exige, que es reponer el procedimiento y ordenar el emplazamiento del quejoso José Martín Pérez Hernández. Entonces de las documentales remitidas por la autoridad responsable se desprende que sí acató los lineamientos de la ejecutoria de amparo ya que el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 87/2007 de su índice; ordenó la reposición del procedimiento a partir del emplazamiento del demandado José Martín Pérez Hernández, con todas sus consecuencias, es decir, las actuaciones practicadas, incluida la sentencia. Todo al tenor del precepto 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, al haber cumplido los lineamientos de la ejecutoria de amparo, debe concluirse que en el caso, se considera que es posible declarar cumplida la ejecutoria de amparo del presente asunto. Entonces, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que, de no realizar manifestación alguna, se tendrá por precluido el derecho y se acordará lo que en derecho corresponda. Finalmente, agréguese al presente expediente, sin mayor proveído, el oficio (con anexo) de cuenta, remitido por la autoridad responsable, dado que su contenido fue materia del diverso auto de uno de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio, remitido por el Juez Interino Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso escrito del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México; mediante el cual, en contestación al oficio 11608/2022 (relativo al auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós) informa el cumplimiento dado al fallo protector; y al efecto, remite, en archivo digital- copia certificada de auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 87/2007, de su índice. Con lo anterior, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y constancias que remite, dese vista a la parte quejosa, a la tercero interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su derecho convenga. En el entendido que de no hacer manifestación alguna se proveerá respecto al cumplimiento del presente fallo protector. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 veintiséis de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos de la concesión: Con vista en lo anterior, al haberse demostrado que los actos reclamados conculcan en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales y garantía de legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con apoyo en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, procede conceder la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: - El Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 87/2007 de su índice; - Reponga el procedimiento a partir del emplazamiento del demandado José Martín Pérez Hernández, con todas sus consecuencias, es decir, las actuaciones practicadas, incluida la sentencia. Todo al tenor del precepto 77 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, del Libro 49, diciembre de 2017, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015693, que dispone: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 Amparo indirecto 498/2020 ??????????????? lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." La protección federal se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las diversas autoridades señaladas como responsables, dado que los actos que se les reclaman no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende de la que adolecen los actos atribuidos a la autoridad ordenadora, tomando en consideración que las consecuencias jurídico legales del acto reclamado analizado, trasciende y repercute en todo lo actuado ante el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, ello dado que el Juez y Actuario del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, actuaron a instancia del Juez de México, en una ficción jurídica de extensión de la jurisdicción de éste, de tal manera que, una vez diligenciado el exhorto en el que se ordenó el emplazamiento fue responsabilidad del Juez de la Ciudad de México, revisar y corroborar la legalidad del emplazamiento realizado en otra jurisdicción vía exhorto, antes de proseguir con la substanciación del juicio; más aún si se considera la gran trascendencia jurídica de un emplazamiento defectuoso y por ende ilegal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 12, visible en la página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Registro 218867, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE LAS, NO RECLAMADAS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios" Sin que proceda dejar insubsistente el llamamiento a juicio de Martha Elena Morales Ochoa, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que acerca de ese tema ha de atenderse al principio de relatividad que rige al juicio de garantías, en que se ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado. JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 Lo anterior encuentra sustento en las siguientes jurisprudencias: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO1. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal.". "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO2. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho 1 Datos de localización: Jurisprudencia 9/96, resultado de la contradicción de tesis 28/93, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78, del Tomo III, Febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 2 Datos de localización: Jurisprudencia 72/2011, resultado de la contradicción de tesis 258/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 933, del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 Amparo indirecto 498/2020 ??????????????? sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México; así como al Juez Primero de lo Civil, y Actuario Adscrito al Juzgado Primero de lo Civil, ambas con sede en esta ciudad; para que dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, de cumplimiento con el fallo protector; debiendo remitir las constancias en copia certificada que así lo acrediten. En el entendido de que, como se precisa en la sentencia de que se trata: "[.] La protección federal se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las diversas autoridades señaladas como responsables, dado que los actos que se les reclaman no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende de la que adolecen los actos atribuidos a la autoridad ordenadora, tomando en consideración que las consecuencias jurídico legales del acto reclamado analizado, trasciende y repercute en todo lo actuado ante el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, ello dado que el Juez y Actuario del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, actuaron a instancia del Juez de México, en una ficción jurídica de extensión de la jurisdicción de éste, de tal manera que, una vez diligenciado el exhorto en el que se ordenó el emplazamiento fue responsabilidad del Juez de la Ciudad de México, revisar y corroborar la legalidad del emplazamiento realizado en otra jurisdicción vía exhorto, antes de proseguir con la substanciación del juicio; más aún si se considera la gran trascendencia jurídica de un emplazamiento defectuoso y por ende ilegal." JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Una vez que transcurra la temporalidad concedida a las autoridades vinculadas, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Notifíquese.

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