Jose Manuel Ruiz Torres

Expediente 580/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
580/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Jose Manuel Ruiz Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo relativa al presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda relativa al presente asunto, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso d), del referido Acuerdo General; estableciéndose como fecha probable para tal efecto veintiocho de septiembre de dos mil veinticuatro. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    las nueve horas del dos de septiembre de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no compareció en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federación en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictados en los autos del juicio de amparo 580/2021, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso ********************, por el cual da cumplimiento parcial a la prevención señalada en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Desechamiento. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se tiene que el Juez de Distrito examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia: De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: Análisis el cual resulta de orden público, preferente y oficioso, según dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, que reza textualmente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el Órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, tomando en consideración que el juicio de amparo, es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como un medio extraordinario de defensa en favor de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad vulneran sus derechos humanos fundamentales. Ahora, del estudio del escrito inicial de demanda y del diverso aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La negativa ficta en dar contestación a mi solicitud de fecha 30 de julio de 2021, en la cual solicité dieran respuesta a mi petición. El pago del finiquito con motivo de mi renuncia voluntaria. Actos que reclama de las siguientes autoridades señaladas como responsables: Oficialía Mayor de Gobierno. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Recursos humanos del Gobierno de Baja California. Secretaría de la Honestidad y la función Pública. Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Subdirección General de Administración de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Del análisis de los actos antes precisados se advierte que el quejoso aduce que existe una violación a sus derechos, en virtud de la negativa ficta en relación a la falta de pago del finiquito con motivo de la renuncia voluntaria presentada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, lo que ha peticionado a las responsables el treinta de julio de dos mil veintiuno. Sobre el particular, este Juzgado Federal advierte que respecto de dichos actos, se actualiza la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora, debe decirse que en el juicio de amparo autoridad es aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta forma, a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma unilateral y obligatoria, situaciones jurídicas. Por otro lado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que, para identificar a un acto producido por un particular, como equivalente al de autoridad habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.. La implementación de la figura del particular equivalente a autoridad en la Ley de Amparo, tuvo su origen en el derecho comparado y se recogió en la legislación nacional para casos sui generis, en los cuales: I) Un particular se ubique frente a otro en una posición de supra a subordinación; II) Su acto destacado afecte directamente derechos fundamentales de otro particular y, III) El juicio de amparo sea el proceso más viable para reparar esa vulneración. El Alto Tribunal del país, para la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", estableció que en la nueva Ley de Amparo, se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación. Para ser más precisos, las relaciones de las que se habla son las siguientes: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Así, tenemos por cierto que, en el caso la Oficialía Mayor de Gobierno; Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California; Recursos humanos del Gobierno de Baja California; Secretaría de la Honestidad y la función Pública.; Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California; y Subdirección General de Administración de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, no son autoridades para efectos del juicio de amparo, al no encuadrar en ninguna de las hipótesis señaladas por el artículo 5 de la Ley de Amparo, en virtud de que no actúan de manera unilateral y obligatoria, dado que los actos reclamados en esta instancia constitucional son entre particulares. Así, debe destacarse que la relación entre el quejoso y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California tiene su origen en un acto privado y no unilateral, pues, es un acto de coordinación entre particulares, puesto que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instaurado procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. Asimismo, debe señalarse que el Máximo Tribunal del País, ya se pronunció acerca de la naturaleza del acto que dicta un organismo público, a través del cual resuelve el cese de sus trabajadores, pues estableció que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral, por lo que, el Estado se encuentra en una posición jurídica similar a la de un patrón, de ahí que, cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Lo anterior, pues el Alto Tribunal consideró que a partir del 5 de diciembre de 1960, en que se adicionó al artículo 123 constitucional, el apartado B, se establecieron las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debía expedir leyes sobre el trabajo que rigieran entre los Poderes de la Unión y el Gobierno de las entidades federativas, por una parte, y sus trabajadores por la otra; que en dichas bases se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes, aunque no iguales, a los establecidos en el apartado A para los obreros en general; que las reglas que quedaron consignadas en las fracciones IX y XII, primer párrafo, son relativas a que los servidores públicos sólo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada y que los conflictos individuales o colectivos serán sometidos a un Tribunal de Conciliación y Arbitraje; por lo que, concluyó que el referido apartado B, equipara la relación entre el Estado y empleado con una relación laboral y establece las bases para que aquél asuma una posición similar a la de un patrón. Así, concluyó que todas esas circunstancias son demostrativas de que en la relación referida, el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la fuerza y evolución del derecho positivo han hecho que en la relación con dichos servidores se conduzca como si fuera patrón; aclarando que dicha equiparación no comprende a todos los servidores al servicio del Estado, pues la fracción XIII del apartado B referido, excluye a cuatro grupos, los cuales no son ni de confianza ni de base en los términos de los otros servidores, simplemente tienen un régimen propio. Luego, estableció que lo anterior se confirma si se toma en cuenta que ante una violación a las normas salariales o de seguridad social, respecto de los cuales sí tiene derecho constitucionalmente consagrado, es claro que el trabajador de confianza no debe promover el juicio de amparo en contra del titular de la unidad burocrática como autoridad responsable, y si lo hace, el juicio de amparo resultaría improcedente, tanto porque en tales hipótesis el órgano estatal no es considerado autoridad, sino asimilado a un patrón, como porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa consistente en el juicio laboral, y sólo en el caso de que éste falle en su contra tendrá al alcance el amparo, ahora sí en contra de una autoridad. También, consideró que la misma situación de improcedencia se presenta cuando el trabajador de confianza deduce la acción de amparo en contra del cese, sin que obste que en este supuesto la demanda ante un tribunal laboral resulte infundada, pues esto sólo significaría que carece de derecho a la inamovilidad, pero ello no cambia la competencia del tribunal para conocer del juicio laboral, ni puede cambiar tampoco la naturaleza de la relación jurídica equiparada a la laboral ni, el carácter del titular de la unidad burocrática que seguirá siendo no autoridad sino patrón. Ello, pues estimó que sería incongruente que cuando el titular de la unidad burocrática afecta los derechos salariales o de seguridad social del servidor de confianza, la relación jurídica se considerara como laboral y al titular como si fuera patrón, pero cuando lo cesa, dicho vínculo perdiera la característica laboral para convertirse en acto de autoridad y el titular dejara de ser patrón y se transformara en autoridad. Las consideraciones anteriores derivan de la contradicción de tesis varios 6/88, de la cual emergió el criterio jurisprudencial de rubro, texto y datos de identificación siguientes: Del anterior precepto, así como de los diversos 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través de la presente vía constitucional, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. De lo expuesto, se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Con base en lo anterior, en el caso, es evidente que las entidades públicas señaladas como responsables, en este caso, no actúan como autoridad para los efectos del amparo, porque los actos reclamados en este asunto, se originan con motivo de una relación entre particulares (relación laboral). Pues los titulares de las dependencias y órganos del Estado de Baja California, en sus relaciones jurídicas de coordinación con sus empleados, al dar por terminadas las relaciones laborales (caso concreto), no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, en virtud de que no actúan de manera unilateral y obligatoria, sino en cumplimiento a los convenios y contratos a los que se sujetan sus empleados. Bajo el anotado contexto, es inconcuso que las relaciones entre las autoridades señaladas como responsables y la quejosa, no derivan de un marco de supra a subordinación, sino que provienen de una relación laboral surgida en un plano de coordinación. De ahí que lo reclamado por el peticionario de amparo, no se trata de actos provenientes de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así lo determinó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), registro 2011298 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son (énfasis añadido): Se insiste, porque tales actos no constituyen unos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que se traducen en actos derivados de la relación laboral entre dicha dependencia con el entonces promovente ahora recurrente, en contra de los cuales no procede el juicio de amparo indirecto. Se afirma lo anterior, habida cuenta que sería incongruente que cuando el titular de la referida unidad burocrática afecta los derechos salariales o de seguridad social del servidor de confianza, la relación jurídica se considerara como laboral y al titular como si fuera patrón, pero cuando lo cesa, dicho vínculo perdiera la característica laboral para convertirse en acto de autoridad y el titular dejara de ser patrón y se transformara en autoridad. En tales términos, el juicio de amparo resulta improcedente tanto porque el órgano estatal no es considerado autoridad, sino asimilado a un patrón, como porque el trabajador, ahora recurrente, debe agotar previamente un medio ordinario de defensa consistente en el juicio laboral, y sólo en el caso de que éste falle en su contra tendrá al alcance el amparo, ahora sí en contra de una autoridad. Apoya lo anterior, por su contenido esencial, el criterio de rubro, texto y datos de identificación siguientes: Tiene aplicación, el criterio número I.6o.T.26, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer Circuito, consultable en la página 347 del Tomo III de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Abril de 1996, Materia Laboral, con registro número 202602, de rubro, texto y datos de identificación siguientes: En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación los numerales 1, fracción I, 5, fracción II de la Ley de Amparo, lo que procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso ********************, por el cual da cumplimiento parcial a la prevención señalada en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Desechamiento. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se tiene que el Juez de Distrito examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia: De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: Análisis el cual resulta de orden público, preferente y oficioso, según dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, que reza textualmente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el Órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, tomando en consideración que el juicio de amparo, es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como un medio extraordinario de defensa en favor de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad vulneran sus derechos humanos fundamentales. Ahora, del estudio del escrito inicial de demanda y del diverso aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La negativa ficta en dar contestación a mi solicitud de fecha 30 de julio de 2021, en la cual solicité dieran respuesta a mi petición. El pago del finiquito con motivo de mi renuncia voluntaria. Actos que reclama de las siguientes autoridades señaladas como responsables: Oficialía Mayor de Gobierno. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Recursos humanos del Gobierno de Baja California. Secretaría de la Honestidad y la función Pública. Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Subdirección General de Administración de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Del análisis de los actos antes precisados se advierte que el quejoso aduce que existe una violación a sus derechos, en virtud de la negativa ficta en relación a la falta de pago del finiquito con motivo de la renuncia voluntaria presentada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, lo que ha peticionado a las responsables el treinta de julio de dos mil veintiuno. Sobre el particular, este Juzgado Federal advierte que respecto de dichos actos, se actualiza la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora, debe decirse que en el juicio de amparo autoridad es aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta forma, a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma unilateral y obligatoria, situaciones jurídicas. Por otro lado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que, para identificar a un acto producido por un particular, como equivalente al de autoridad habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.. La implementación de la figura del particular equivalente a autoridad en la Ley de Amparo, tuvo su origen en el derecho comparado y se recogió en la legislación nacional para casos sui generis, en los cuales: I) Un particular se ubique frente a otro en una posición de supra a subordinación; II) Su acto destacado afecte directamente derechos fundamentales de otro particular y, III) El juicio de amparo sea el proceso más viable para reparar esa vulneración. El Alto Tribunal del país, para la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", estableció que en la nueva Ley de Amparo, se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación. Para ser más precisos, las relaciones de las que se habla son las siguientes: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Así, tenemos por cierto que, en el caso la Oficialía Mayor de Gobierno; Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California; Recursos humanos del Gobierno de Baja California; Secretaría de la Honestidad y la función Pública.; Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California; y Subdirección General de Administración de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, no son autoridades para efectos del juicio de amparo, al no encuadrar en ninguna de las hipótesis señaladas por el artículo 5 de la Ley de Amparo, en virtud de que no actúan de manera unilateral y obligatoria, dado que los actos reclamados en esta instancia constitucional son entre particulares. Así, debe destacarse que la relación entre el quejoso y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California tiene su origen en un acto privado y no unilateral, pues, es un acto de coordinación entre particulares, puesto que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instaurado procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. Asimismo, debe señalarse que el Máximo Tribunal del País, ya se pronunció acerca de la naturaleza del acto que dicta un organismo público, a través del cual resuelve el cese de sus trabajadores, pues estableció que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral, por lo que, el Estado se encuentra en una posición jurídica similar a la de un patrón, de ahí que, cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Lo anterior, pues el Alto Tribunal consideró que a partir del 5 de diciembre de 1960, en que se adicionó al artículo 123 constitucional, el apartado B, se establecieron las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debía expedir leyes sobre el trabajo que rigieran entre los Poderes de la Unión y el Gobierno de las entidades federativas, por una parte, y sus trabajadores por la otra; que en dichas bases se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes, aunque no iguales, a los establecidos en el apartado A para los obreros en general; que las reglas que quedaron consignadas en las fracciones IX y XII, primer párrafo, son relativas a que los servidores públicos sólo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada y que los conflictos individuales o colectivos serán sometidos a un Tribunal de Conciliación y Arbitraje; por lo que, concluyó que el referido apartado B, equipara la relación entre el Estado y empleado con una relación laboral y establece las bases para que aquél asuma una posición similar a la de un patrón. Así, concluyó que todas esas circunstancias son demostrativas de que en la relación referida, el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la fuerza y evolución del derecho positivo han hecho que en la relación con dichos servidores se conduzca como si fuera patrón; aclarando que dicha equiparación no comprende a todos los servidores al servicio del Estado, pues la fracción XIII del apartado B referido, excluye a cuatro grupos, los cuales no son ni de confianza ni de base en los términos de los otros servidores, simplemente tienen un régimen propio. Luego, estableció que lo anterior se confirma si se toma en cuenta que ante una violación a las normas salariales o de seguridad social, respecto de los cuales sí tiene derecho constitucionalmente consagrado, es claro que el trabajador de confianza no debe promover el juicio de amparo en contra del titular de la unidad burocrática como autoridad responsable, y si lo hace, el juicio de amparo resultaría improcedente, tanto porque en tales hipótesis el órgano estatal no es considerado autoridad, sino asimilado a un patrón, como porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa consistente en el juicio laboral, y sólo en el caso de que éste falle en su contra tendrá al alcance el amparo, ahora sí en contra de una autoridad. También, consideró que la misma situación de improcedencia se presenta cuando el trabajador de confianza deduce la acción de amparo en contra del cese, sin que obste que en este supuesto la demanda ante un tribunal laboral resulte infundada, pues esto sólo significaría que carece de derecho a la inamovilidad, pero ello no cambia la competencia del tribunal para conocer del juicio laboral, ni puede cambiar tampoco la naturaleza de la relación jurídica equiparada a la laboral ni, el carácter del titular de la unidad burocrática que seguirá siendo no autoridad sino patrón. Ello, pues estimó que sería incongruente que cuando el titular de la unidad burocrática afecta los derechos salariales o de seguridad social del servidor de confianza, la relación jurídica se considerara como laboral y al titular como si fuera patrón, pero cuando lo cesa, dicho vínculo perdiera la característica laboral para convertirse en acto de autoridad y el titular dejara de ser patrón y se transformara en autoridad. Las consideraciones anteriores derivan de la contradicción de tesis varios 6/88, de la cual emergió el criterio jurisprudencial de rubro, texto y datos de identificación siguientes: Del anterior precepto, así como de los diversos 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través de la presente vía constitucional, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. De lo expuesto, se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Con base en lo anterior, en el caso, es evidente que las entidades públicas señaladas como responsables, en este caso, no actúan como autoridad para los efectos del amparo, porque los actos reclamados en este asunto, se originan con motivo de una relación entre particulares (relación laboral). Pues los titulares de las dependencias y órganos del Estado de Baja California, en sus relaciones jurídicas de coordinación con sus empleados, al dar por terminadas las relaciones laborales (caso concreto), no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, en virtud de que no actúan de manera unilateral y obligatoria, sino en cumplimiento a los convenios y contratos a los que se sujetan sus empleados. Bajo el anotado contexto, es inconcuso que las relaciones entre las autoridades señaladas como responsables y la quejosa, no derivan de un marco de supra a subordinación, sino que provienen de una relación laboral surgida en un plano de coordinación. De ahí que lo reclamado por el peticionario de amparo, no se trata de actos provenientes de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así lo determinó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), registro 2011298 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son (énfasis añadido): Se insiste, porque tales actos no constituyen unos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que se traducen en actos derivados de la relación laboral entre dicha dependencia con el entonces promovente ahora recurrente, en contra de los cuales no procede el juicio de amparo indirecto. Se afirma lo anterior, habida cuenta que sería incongruente que cuando el titular de la referida unidad burocrática afecta los derechos salariales o de seguridad social del servidor de confianza, la relación jurídica se considerara como laboral y al titular como si fuera patrón, pero cuando lo cesa, dicho vínculo perdiera la característica laboral para convertirse en acto de autoridad y el titular dejara de ser patrón y se transformara en autoridad. En tales términos, el juicio de amparo resulta improcedente tanto porque el órgano estatal no es considerado autoridad, sino asimilado a un patrón, como porque el trabajador, ahora recurrente, debe agotar previamente un medio ordinario de defensa consistente en el juicio laboral, y sólo en el caso de que éste falle en su contra tendrá al alcance el amparo, ahora sí en contra de una autoridad. Apoya lo anterior, por su contenido esencial, el criterio de rubro, texto y datos de identificación siguientes: Tiene aplicación, el criterio número I.6o.T.26, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer Circuito, consultable en la página 347 del Tomo III de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Abril de 1996, Materia Laboral, con registro número 202602, de rubro, texto y datos de identificación siguientes: En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación los numerales 1, fracción I, 5, fracción II de la Ley de Amparo, lo que procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por José Manuel Ruiz Torres, contra actos de Oficialía Mayor de Gobierno de Baja California, con sede en Mexicali, por considerar que se vulneran en su perjuicio derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 6 13, 14, 16 17 y 123 constitucionales; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 580/2021-G. Prevención. Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, es obligación del juzgado de distrito examinar ante todo el escrito de demanda, y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, mandará prevenir a quien promueve para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. En ese sentido, es menester señalar que los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones I, II y V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; V. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Así pues, de la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación de este Juzgado examinar ante todo el escrito de demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Ahora bien, del escrito que se acuerda se advierten las siguientes irregularidades: Señaló como actos reclamados los siguientes: "De todas y cada una de ellas reclamo toda acción u omisión que dio como resultado en mi perjuicio NEGATIVA FICTA POR FALTA DE LAS AUTORIDADES, en la falta de contestación a la solicitud que realice mediante oficio y que fueron recibidos el treinta de julio del 2021; solicitud que la presente ante todas las autoridades debidamente mencionadas. De la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con domicilio en Avenida Paseo de los Héroes y calle Libertad, el pago del finiquito con motivo de mi renuncia que hice el día 30 de septiembre del 2019, como agente de la Policía estatal de seguridad y custodia penitenciaria adscrito al centro de internamiento para adolescentes de Ensenada, Baja California, por este medio invoco me pague la liquidación (FINIQUITO) de manera íntegra, los emolumentos y prestaciones que como policía estatal de seguridad y custodia penitenciaria COMANDANTE DE SEGURIDAD) me corresponden conforme con el último nombramiento que haya sido acreedor." En el capítulo de antecedentes el promovente, bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: El suscrito presenta su renuncia voluntaria como comandante de seguridad en el centro de internamiento para adolescentes Tijuana con fecha 30 de septiembre de 2019, renunciando a la plazaD594, recibiéndola administración de tal centro con fecha 01 de octubre de 2019, anexando copia de oficio, firmado al calce por el suscrito y sellado por administración de centro de internamiento para adolescentes Tijuana. Durante el ejercicio de mi profesión siempre me conduje con estricto apego al cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, consignados en el reglamento del servicio profesional de carrera y la Ley de Seguridad Pública del Estado. Con fecha 06 de enero de 2020, hice la solicitud ante el LIC. Víctor Manuel Zatarain Cedano, director general del CE.RE.SO la Mesa, sobre la liberación de resguardo de bienes, por este motivo oficialía mayor no podía liberar mi finiquito, anexando copia de oficio firmado al calce por el suscrito y sellado por el CE.RE.SO la mesa Tijuana Baja California. Con fecha 10 de enero de 2020, hice la solicitud ante el LIC. Héctor Inireno Mares Cossio, oficial mayor del centro de gobierno de Baja California, delegación Tijuana, sobre la liberación de resguardo de bienes, por este motivo oficialía mayor no podía liberar mi finiquito, anexando copia de oficio firmado al calce por el suscrito y sellado por Oficialía de Partes Tijuana Con fecha 29 de julio de 2020, hice la solicitud ante el LIC. Álvaro Lamb Galaviz, administrador del CE.RE.SO la Mesa, sobre la liberación de resguardo de bienes, por este motivo oficialía mayor no podía liberar mi finiquito, anexando copia de oficio firmado al calce por el suscrito y sellado por CE.RE.SO la mesa Tijuana, Baja California. Con fecha 19 de julio de 2021, hice la solicitud ante el LIC. Adrián Mejía Heredia, oficial mayor del centro de gobierno de Baja California, delegación Tijuana, asunto cobro de mi finiquito, exponiéndole la problemática del porque no me pagaban mi finiquito, y solicitando se me pague por los más de trece años laborados al sistema estatal penitenciario de Baja California, anexando copia de oficio firmado al calce por el suscrito y sellado por Oficialía de Partes Tijuana. Con fecha 30 de julio de 2021, hice la solicitud ante oficial mayor, recursos humanos del gobierno del estado de Baja California, secretaria de honestidad y función pública, comisionado CESISPE, director de centros penitenciarios, recursos humanos CESISPE, subdirección general de administración, asunto cobro de mi finiquito, exponiéndole la problemática del porque no me pagaban mi finiquito, y solicitando se me pague por los más de trece años laborados al sistema estatal penitenciario de Baja California, anexando copia de oficio firmado al calce por el suscrito y sellado por las autoridades, en Mexicali Baja California De lo antes transcrito, se advierte que la parte quejosa no cumplió a cabalidad los requisitos previstos en las fracciones IV y V, del numeral 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, en relación con el 108 fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, de cumplimiento a lo siguiente: Precise de manera clara y precisa, sin adjetivos ni calificativos el acto que reclama a las autoridades responsables cada una de las autoridades señaladas como responsables es decir, si el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta a la petición formulada el treinta de julio de dos mil; o La omisión del pago del finiquito de manera íntegra, así como los emolumentos y prestaciones por los más de trece años laborados al sistema estatal penitenciario de Baja California. Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee, asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. En la inteligencia, que la prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Agosto de 2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XXIV, correspondiente a la Novena Época, mes de julio de dos mil seis, visible a página trescientos cuarenta y ocho, misma que a la letra versa: En caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Requerimiento de copias. Asimismo, de conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia, se requiere a la parte promovente para que exhiba, en principio, dos copias más del escrito inicial de demanda, las cuales serán para formar el incidente de suspensión solicitado; en el entendido que de no exhibirlas, de conformidad con lo estipulado en el último párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se postergará la apertura del incidente de suspensión solicitado. De igual forma, deberá exhibir nueve copias del escrito aclaratorio por el cual subsane la prevención formulada en el presente proveído. Resulta aplicable al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la página 168, tomo V Segunda Parte-1, en el Semanario Judicial de la Federación en la Octava Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO, OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE EXHIBIR COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA Apercibimiento. Se hace del conocimiento a la parte promovente que se incurre en responsabilidades penales al afirmar hechos falsos u omitir los que le consten con relación al juicio de amparo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 261 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, es aplicable, la tesis I.15o.A.28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Materia Común, Página 2613, con el rubro: Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" que localizarán en la siguiente dirección electrónica dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese al justiciable que podrá generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gerardo Cabuto Medina, dado que la cédula profesional 6371104, que lo acredita como licenciado en Derecho, está registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que al consultar el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, se obtuvo que Felipe Hernández Domínguez, no cuenta con cédula profesional que lo faculte para ejercer la licenciatura en derecho registrada en el referido sistema; por tanto, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto registre su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de igual manera, se tiene como domicilio procesal el señalado en el libelo que se atiende. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 16, segundo párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese personalmente a José Manuel Ruiz Torres.

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