Jose Martín Peralta Salvador

Expediente 818/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
818/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2016

Partes del expediente

  • Jose Martín Peralta Salvador
  • Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 818/2016. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, José Martín Peralta Salvador, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La aplicación de los preceptos legales declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 677 como consecuencia la devolución del pago realizada en cantidad de $18,455.66 (DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.) que señala artículo 27. Están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles" SEGUNDO. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 818/2016; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la aplicación de disposiciones locales por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se precisa que la parte quejosa reclama del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero: La aplicación de la Ley de Hacienda Municipal número 677, en la parte que regula el impuesto sobre adquisición de inmuebles (artículos 27 y 27 bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32, en los que se encuentran previstos los elementos esenciales del tributo, a saber: objeto, sujeto, base, tasa y época de pago). Lo anterior, a través del cobro reflejado en el recibo oficial de pago con folio ********************, de veintisiete de julio de dos mil dieciséis. No pasa inadvertido, que la parte quejosa en su demanda de amparo solo refirió que reclamaba la aplicación de los artículos 27 y 27 bis de la Ley de Hacienda Municipal 677, sin embargo, de las manifestaciones que con posterioridad vierte en su concepto de violación, se deriva que el motivo de su queja descansa en el hecho de que tal entero es inconstitucional porque tiene su fundamento en una ley que de acuerdo a la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnera el derecho fundamental de la legalidad tributaria, porque no fue debidamente refrendada por el funcionario al que le correspondía, de lo que se sigue que en realidad, pretende evidenciar la inconstitucionalidad de la totalidad de los numerales en los que se basó la causación del impuesto sobre adquisición de inmuebles a su cargo. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, en razón de que del documento exhibido por la parte quejosa, consistente en la copia certificada del recibo oficial número ********************, de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, expedido por dicha dirección municipal, el cual dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que le fue cobrado dicho impuesto. CUARTO. Ahora bien, al haberse acreditado, como se explicó en el considerando que antecede, que el entero de las contribuciones reclamadas efectuado por la propia parte quejosa constituye un acto concreto de aplicación de las disposiciones que regulan el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles, previo a dilucidar sobre las cuestiones de fondo del asunto, procede ahora determinar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en la aplicación de la Ley de Hacienda Municipal número 677, en la parte que regula el impuesto sobre adquisición de inmuebles (artículos 27 y 27 bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32), este juzgador de amparo advierte que en el caso se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Para arribar a tal conclusión, es necesario tener presente que la aludida porción normativa señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que causa al amparista; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de garantías enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 55/97, que se lee en la página 5, tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Luego, en el caso, si bien es cierto que los artículos 27 y 27 bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda Municipal 677, regula el impuesto sobre adquisición de inmuebles, lo que en principio supondría la demostración de su aplicación mediante el entero de la contribución a que se refiere el recibo de pago que al efecto exhibió; no puede soslayarse que el legislador dispuso que a partir del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, dicho tributo se regule respecto de todos sus elementos conforme a las disposiciones de la Ley número 134 de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, tan es así que basta imponerse del contenido del artículo 5º de la aludida legislación fiscal para advertir tal circunstancia, pues incluso en el recibo de pago exhibido ni siquiera se invoca como sustento de tal entero las disposiciones reclamadas en primer orden, sino la aplicación de diversos ordenamientos, a saber entre ellos la citada ley de ingresos, no así la referida Ley de Hacienda Municipal Número 677 del Estado de Guerrero. Consecuentemente, puede concluirse que la parte quejosa no exhibió documento alguno para acreditar su interés jurídico y demostrar la aplicación en su perjuicio de los citados artículos 27 y 27 bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda Municipal 677, dado que la copia certificada del recibo oficial número ********************, de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, da cuenta del entero del impuesto sobre adquisición de inmuebles en el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis cuya regulación prescinde de aquellas disposiciones, tal y como se explicó con antelación; situación que estaba obligado a demostrar para que este órgano de control constitucional estuviera en aptitud legal de analizar el fondo de la inconstitucionalidad planteada al respecto. En ese sentido, al no acreditarse el acto concreto de aplicación de los aludidos preceptos legales reclamados, no se actualiza la existencia de su interés jurídico para reclamarlos en esta instancia constitucional; consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio a su respecto. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 818/2016. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    se tiene por rendido el informe justificado del Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por José Martín Peralta Salvador, por su propio derecho, contra actos del Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 818/2016, y fórmese expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado...

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