José Martín Castro Rayas

Expediente 1141/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1141/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
08/04/2016

Partes del expediente

  • José Martín Castro Rayas
  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria... archívese este asunto como totalmente concluido..-

  2. Principal

    SECCIÓN AMPARO JUICIO DE AMPARO 1141/2015 CEIS VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 1141/2015; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el diez de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Octavo, JOSÉ MARTÍN CASTRO RAYAS, por su propio derecho, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1).- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. EJECUTORAS: 2).- Coordinadores de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, Regional y de Zona adscrito al Sector Coloso, ambos con sede en esta ciudad. 3).- Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero (declarada inexistente en el acta de audiencia constitucional que antecede) ACTOS RECLAMADOS: La emisión y eventual ejecución de una orden de aprehensión. SEGUNDO.- Por acuerdo de once de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada en el libro de gobierno respectivo con el número 1141/2015; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se ordenó en su oportunidad emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que JOSÉ MARTÍN CASTRO RAYAS reclama de la autoridad judicial señalada como responsable ordenadora, la emisión de la orden de aprehensión girada en su contra en la causa penal 128/2015-II, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar cometido en agravio de Trinidad Morales Analco; mientras que de las ejecutoras reclama su eventual ejecución. TERCERO.- SON CIERTOS los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Coloso, pues al rendir su respectivo informe con justificación (folios 20 y 15, respetivamente), así lo reconocieron expresamente; manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con las copias certificadas derivadas de la causa penal número 128/2015-II, que allegó el Juez Segundo de primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, como apoyo a dicho informe justificado, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye a la autoridad responsable Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, pues no obstante que al rendir su informe justificado negó su existencia, dado el carácter con el que fue designada y las atribuciones propias de su función, es inconcuso que se encuentra en aptitud de llevar a cabo la ejecución de la orden de aprehensión cuya existencia aceptó el juez responsable; de ahí que lo procedente es tener por cierto el acto que se le reprocha. CUARTO.- Ahora bien, una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, el suscrito advierte oficiosamente que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la legislación en cita. En efecto, el citado precepto en la parte que interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente (.)" Conforme a la interpretación de este numeral, la improcedencia del juicio de garantías se genera cuando existe un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado, cuyos elementos que la determinan son: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que durante la substanciación del juicio de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento o juicio correspondiente, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Orientan esta interpretación en lo conducente, los criterios aislados número 2a. CXI/96 y con número de registro 222034, sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas 219 y 199 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, Diciembre de 1996 y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional."; y "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." En este caso particular, es evidente que se actualizan uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, dado que, como ya se dijo, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal número 128/2015-II; sin embargo, en su oficio recibido en acuerdo de esta misma fecha (nueve de marzo de dos mil dieciséis), dicha responsable remitió copia certificada del auto de plazo constitucional de seis de marzo actual; mediante el cual decretó auto de formal prisión en contra del encausado José Martin Castro Rayas, por considerarlo probable responsable en la comisión del ilícito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en agravio de Trinidad Morales Analco. Así las cosas, si se toma en cuenta que el oficio y constancia de referencia constituyen documentos públicos que adquieren valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o., no cabe duda que, en la especie, operó un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la mencionada orden de aprehensión; ello, en atención a que no se puede decidir sobre la legalidad o constitucionalidad de ésta sin afectar la nueva situación jurídica creada por el dictado del auto de formal prisión decretado en contra de la garantista. Por ende, se deben considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en este juicio, en razón de que es evidente que sí existe autonomía o independencia entre la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado y el auto de formal prisión de referencia, ambas resoluciones dictadas en contra del encausado aquí quejoso dentro de la causa penal 128/2015-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, ya que aun cuando se analizara la legalidad o constitucionalidad de aquélla, esta última resolución puede subsistir jurídicamente, con independencia de que el citado acto materia de este amparo resultara o no inconstitucional; de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia en cuestión, ante la imposibilidad de analizar la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado. Orienta lo anterior la jurisprudencia número la./J.17/2008, emitida con motivo de la contradicción de tesis sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Junio de 2008 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". En esa tesitura, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, lo que procede es sobreseer el presente juicio, con apoyo en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Federal vigente, respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la orden de aprehensión, y su ejecución, reclamadas por el quejoso JOSÉ MARTÍN CASTRO RAYAS, al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 128/2015-II, y autoridades ejecutoras. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 1141/2015, promovido por José Martín Castro Rayas, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE LA CUAL SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...

  4. Incidental

    Agréguese lo de cuenta, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el veintinueve de febrero del año en curso, compareció el incidentista José Martín Castro Rayas bajo los efectos de la suspensión provisional otorgada por este juzgado, en la causa penal 128/2015-II, que se le instruye por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de Trinidad Morales Analco, lo cual acredita con las constancias relativas; por tanto, téngase por satisfecha una de las obligaciones impuestas al quejoso.

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