José Martín Jiménez Ramírez

Expediente 306/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
306/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • José Martín Jiménez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 116 a 121) en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 306/2019-IIl, promovido por José Martín Jiménez Ramírez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. I DEMANDA Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, José Martín Jiménez Ramírez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades, que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II TRÁMITE Por razón de turno conoció de la demanda este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de nueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 7 a 10), la tuvo por recibida y se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por José Martín Jiménez Ramírez, por propio derecho, la cual registró con el número 306/2019-IIl; asimismo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. La audiencia constitucional, se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO I COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del año dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos reclamados emanan de autoridades con sede en esta entidad federativa. II FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de detención, presentación, comparecencia, aprehensión, y detención dictada en su contra, así como su ejecución. III INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. Pues bien, las autoridades responsables: Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Atención Integral, en Tlaxco, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (fojas 37 y 38); Agentes del Ministerio Publico de la Unidad de Atención Integral, Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 39, 51, 52, 53); Jueza Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por si misma, y respecto de los Jueces de Control Adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, (foja 48); Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Despacho, por sí mismo, y respecto de sus homólogos Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, de la misma demarcación (foja 49); Administradora Interna del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (foja 50); Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Atención Inmediata, Turno Tres, Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 54); Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 55); Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 56); Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando como Juez de Despacho, por sí mismo, y respecto de sus homólogos Jueces Primero, Tercero y Cuarto, de la misma demarcación, así como del Administrador del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, (foja 62); Agente del Ministerio Publico de Huamantla, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 63); Oficial encargado de la Región Norte del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 64); Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el estado de Tlaxcala (foja 90); Oficial encargado de Grupo adscrito al Distrito Judicial de Juárez del Departamento de Policía de Investigación en el estado de Tlaxcala (foja 91); Oficial encargado de Grupo adscrito al Distrito Judicial de Morelos del Departamento de Policía de Investigación en el estado de Tlaxcala (foja 93); y Delegada Estatal de la Fiscalía General de la Republica (foja 95); todos en su denominación correcta, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos a estas reclamados. Consecuentemente, al ser inexistentes los actos reclamados se debe sobreseer en el juicio, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y. El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la inexistencia propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de garantías), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Tocante a la falta de prueba de la existencia del acto, aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Aquí, debe hacerse hincapié en que la reversión de la carga de la prueba que impone la ley a la parte quejosa, parte de un supuesto, la afirmación de su inexistencia hecha por la autoridad señalada como responsable; en cambio, la falta de manifestación o informe, produce una presunción de certeza, según previene el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. El artículo 75 tercer párrafo del ordenamiento referido, prevé: El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, estableció que por virtud de una previsión de tal naturaleza, ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de amparo, sino también al Juez de Distrito para allegarse oficiosamente de todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que tienen con el acto reclamado, pues de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad del acto. Conviene destacar que la parte promovente del amparo puede aportar sus pruebas hasta la audiencia del juicio, por tanto, a pesar de la negativa de la autoridad o lo patente que pueda parecer la inexistencia, el juez de distrito debe reservar el sobreseimiento hasta el dictado de la resolución correspondiente, pues debe dar oportunidad a la parte quejosa de agotar su derecho de aportar pruebas. Ahora bien, se estima inexistente el acto reclamado consistente en la orden de detención, presentación, comparecencia, aprehensión, y detención dictada en su contra, así como su ejecución, toda vez que las autoridades responsables: Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Atención Integral, en Tlaxco, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (fojas 37 y 38); Agentes del Ministerio Publico de la Unidad de Atención Integral, Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 39, 51, 52, 53); Jueza Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por si misma, y respecto de los Jueces de Control Adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, (foja 48); Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Despacho, por sí mismo, y respecto de sus homólogos Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, de la misma demarcación (foja 49); Administradora Interna del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (foja 50); Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Atención Inmediata, Turno Tres, Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 54); Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 55); Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 56); Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando como Juez de Despacho, por sí mismo, y respecto de sus homólogos Jueces Primero, Tercero y Cuarto, de la misma demarcación, así como del Administrador del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, (foja 62); Agente del Ministerio Publico de Huamantla, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 63); Oficial encargado de la Región Norte del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala (foja 64); Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el estado de Tlaxcala (foja 90); Oficial encargado de Grupo adscrito al Distrito Judicial de Juárez del Departamento de Policía de Investigación en el estado de Tlaxcala (foja 91); Oficial encargado de Grupo adscrito al Distrito Judicial de Morelos del Departamento de Policía de Investigación en el estado de Tlaxcala (foja 93); y Delegada Estatal de la Fiscalía General de la Republica (foja 95); todos en su denominación correcta, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario. En este contexto, es evidente que al resultar inexistentes los actos reclamados, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 306/2019-IIl, promovido por José Martín Jiménez Ramírez, por propio derecho, respecto de los actos precisados en el considerando II, reclamados a las autoridades descritas en el considerando III, por los motivos indicados en el mismo considerando de esta sentencia.

  3. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA la suspensión definitiva al quejoso *** *** *** ***, por los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta interlocutoria.

  4. Principal

    Apizaco, Estado de Tlaxcala, a ocho de mayo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Delegada Estatal en Tlaxcala de la Procuraduría General de la República, otorgado en proveído de siete de mayo del año en curso (foja 96). Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

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