José María Sánchez Solá
Expediente 1143/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1143/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José María Sánchez Solá
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por José María Sánchez Solá; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte promovente en proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, sin que la parte disconforme diera cumplimiento al requerimiento precisado en el acuerdo de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por José María Sánchez Solá.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve José María Sánchez Solá, contra actos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1143/2017-VIII. En principio, debe destacarse que las fracciones III, IV y V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, prevén, dentro de los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, el señalamiento de las autoridades responsables, de los actos, omisiones o normas generales que de cada autoridad se reclama; así como también, bajo protesta de decir verdad, de los hechos que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan para fundamentar los conceptos de violación. En el caso, en primer término, de la demanda de amparo que se provee, respecto de las autoridades señaladas como responsables se advierte que el promovente manifiesta: ... De lo anterior, se aprecia que la parte quejosa por un lado señala como autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras a las que refiere en los incisos enlistados, y por otro lado, en el capítulo de acto reclamado, señala como autoridad ordenadora al "Juez Municipal de lo Penal", sin embargo, no se advierte que apunte con exactitud la denominación correcta, es decir no precisa a qué distrito judicial pertenece dicha autoridad, aunado a que en el mismo capítulo de acto reclamado señala: "elementos de la Policía Ministerial en el Estado de Puebla, por órdenes del Director de la Policía Ministerial y del Procurador General de Justicia en el Estado de Puebla (estas últimas como autoridades ejecutoras)",; lo anterior, causa incertidumbre a esta órgano jurisdiccional en el sentido de que no queda claro la denominación de las autoridades que señala como responsables y a que autoridades les atribuye los actos que reclama, en la inteligencia que las autoridades responsables son requeridas de manera individual. Aunado a lo anterior, en el capítulo "V" relativo a los hechos y abstenciones, en el párrafo sexto, el quejoso manifiesta: ... De lo que se advierte, que tampoco se tiene la certeza del lugar geográfico en que se puede ejecutar el acto reclamado. Asimismo, debe destacarse que mediante oficios 1931/2013 de fecha veintidós de mayo de dos mil trece y 5383/2015 de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, presentados ante este órgano jurisdiccional el veintitrés de mayo de dos mil trece y treinta de octubre de dos mil quince, respectivamente, los cuales fueron signados por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, comunicó que por resoluciones de quince de abril de dos mil trece y veintiuno de octubre de dos mil quince, el Pleno de dicho Tribunal determinó que a partir del treinta y uno de mayo de dos mil trece, se extinguió el Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; y a partir del veintisiete de noviembre de dos mil quince, se decretó la extinción y cesaron las funciones del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículo 108, fracciones III, IV y V, así como el diverso 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído indique lo siguiente: Precise el acto o los actos que desea reclamar de manera concreta y la autoridad a la que le reclame cada acto. Señale la denominación correcta de cada una de las autoridades que pretende señalar como responsables y en qué calidad las señala, es decir si como ordenadoras o como ejecutoras. Lo anterior, es indispensable para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. ... Con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Hágase del conocimiento a la parte promovente, que deberá presentar el escrito aclaratorio, con el que dé cumplimiento a esta prevención en original y tantas copias sean necesarias, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. ... Sin que pase inadvertido que el impetrante de garantías, solicita la suspensión del acto reclamado, sin embargo, al no estar en alguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 126 de la Ley de Amparo, no se otorga tal medida cautelar, por no tratarse de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. Aunado a lo anterior, del estudio integral de la demanda no se advierte que el quejoso haya tenido alguna pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, los palos, tormento de cualquier especie, una multa excesiva, su confiscación de bienes o cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales a que hace mención el aludido numeral 22 de la Constitución Federal; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Por otra parte, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, por así solicitarlo expresamente, ya que la misma señala los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Vidal Santillán Gallardo por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Pablo Guevara Doroteo, Giovanni Hernández Hernández, Lizbeth Meza de la Llave y Leticia Nava Jiménez, por no contar con el citado registro. ...
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