José Martín Jiménez Deloya

Expediente 1340/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1340/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • José Martín Jiménez Deloya
  • Licenciada Enriqueta Ruth Juárez Hernández, Abogada Designada Por el Titular del Centro de Formación Y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el personal adscrito a la División de Asuntos Jurídicos del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, mediante el cual exhibe copia certificada del expediente clínico del menor quejoso, en el que refiere se encuentran las constancias con las que se acredita el tratamiento otorgado; por lo que aduce dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, se toma del conocimiento, se tiene por desahogados los requerimientos formulados en autos y se dejan sin efectos los apercibimientos decretados. Tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad oficiante, existe imposibilidad material para la digitalización de las mismas, motivo por el cual con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena mantener por separado las citadas constancias, mismas que se denominaran como tomo de pruebas I. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo que se acompaña, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado realizará el pronunciamiento correspondiente con base en los elementos que obran en autos, en la inteligencia que únicamente se correrá traslado del oficio de cuenta y el anexo que se acompañó quedará a su disposición en el local de este órgano jurisdiccional para su consulta dada su voluminosidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1340/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Previo al examen de la demanda, conviene destacar que en el artículo 113 de la Ley de Amparo se establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." La parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: "(.) (.)" Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda y anexos, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción IX, y 113 de la ley de la materia este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia es necesario exponer los razonamientos y realizar la transcripción de los artículos señalados que se consideran aplicables al caso. - El artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." De acuerdo con el dispositivo legal transcrito, este motivo de improcedencia se da cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de amparo fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales. Tal como lo establece la jurisprudencia I. 4o. C. J/50 visible en la página 85 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, Febrero de 1992, que resulta aplicable por identidad de razón, es del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su ratio legis y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevaría a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable; sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituye su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia en comento, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la ratio legis como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Así, para actualizar la causa de improcedencia es necesario destacar cuáles son los efectos de la sentencia que concedió el amparo para advertir si se constriñó a la autoridad responsable a realizar determinadas actuaciones, esto es, si se le dieron lineamientos concretos que debía realizar en cumplimiento al fallo protector a fin de restituir al agraviado o bien si quedó desvinculada al dictar una nueva resolución reasumiendo plenamente su jurisdicción, porque de ser el caso, las violaciones cometidas al emitir el nuevo acto serían autónomos y podrían impugnarse en un nuevo juicio; sin embargo, sí se dieron directrices de cómo debería dictarse el nuevo acto, existirá una desobediencia a la ejecutoria dictada. En apoyo a lo anterior se cita la tesis de la Novena Época, visible en la página 2131 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Enero de 2010, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ASPECTOS QUE ACTUALIZAN LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Para actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente (...) II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.", en primer lugar, es necesario destacar cuáles son los efectos específicos de la sentencia que concedió el amparo para advertir si se constriñó a la autoridad responsable a realizar determinadas actuaciones, o bien, se le dieron lineamientos concretos que debía realizar en cumplimiento al fallo protector a fin de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y, en segundo, una vez analizado el acto reclamado, habrá de confrontarse con los efectos de la sentencia protectora para determinar si se trata o no de una resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta; pues sólo de esa manera, esto es, descartando que no se dejó plenitud de jurisdicción, sino que se dieron directrices de cómo debería dictarse el nuevo acto, puede llegarse a la conclusión inequívoca de que existe correspondencia entre éste -acto reclamado- y el fallo constitucional y, en consecuencia, la improcedencia del nuevo juicio de amparo en su contra." Precisado lo anterior, se estima pertinente destacar que la parte promovente en su escrito de demanda, específicamente en la narración de sus antecedentes señaló: "(.) (.)" Asimismo, de las pruebas ofrecidas se advierte que anexa el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del inicio de procedimiento Q/074/SEP/029/2020, cuyo contenido es el siguiente: (.) (.) En este sentido, en relación al juicio de amparo 925/2020 del índice de este juzgado, el cual es antecedente del acto que por esta vía se reclama, se tiene como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles el acuerdo de siete de octubre del año en curso, en que se acordó lo siguiente: "(.) (.)" De las imágenes insertas se advierte que, este órgano jurisdiccional se ha pronunciado respecto del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del inicio de procedimiento Q/074/SEP/029/2020, con la finalidad de que las autoridades responsables den cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 925/2020. Asimismo, de las constancias que integran el juicio de amparo de mérito, se advierte que existe una sentencia definitiva en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la determinación contenida en el inicio de procedimiento Q/074/SEP/029/2020 de uno de septiembre de dos mil veinte y previo análisis de las consideraciones expuestas, con plenitud de jurisdicción, acuerde lo que en derecho corresponda. Asimismo, debía constreñirse a la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el doce de agosto del año en curso, en el amparo en revisión R.A. 117/2021; en específico al considerando CUARTO, en el que dicha Superioridad realizó los argumentos siguientes: "(.) En esencia, la única manera en que se puede combatir la no aprobación del proceso de evaluación de control de confianza es conociendo con exactitud la prueba que eventualmente no se acreditó. Esa certeza constituye el presupuesto necesario sobre el que está construida la exigencia de dar al afectado la oportunidad de alegar y probar; de ahí que, para colmar tal requisito, sea insuficiente que se informe al interesado que no aprobó el proceso de evaluación, o bien, que carece del certificado de permanencia con motivo de dicho resultado. En consecuencia, conforme a la jurisprudencia de que se dio noticia en los casos en que el procedimiento administrativo de separación se instruya con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, es necesario que en el acuerdo de inicio, la autoridad informe con toda precisión las pruebas que no acreditó y las razones que se tuvieron en cuenta, a fin de que el interesado esté en posibilidad de defenderse. Conforme a las garantías procesales que tiene todo gobernado al verse sujete a un procedimiento que puede resultarle adverso, el Estado debe brindar la certeza de que tendrá condiciones reales para poder defenderse. Con independencia de que las normas aplicables indiquen que basta el resultado de no aprobado para que no se emita el certificado de revalidación y, en consecuencia, se incumpla uno de los requisitos para la permanencia, originando el inicio del procedimiento administrativo, ese hecho no revela a la autoridad de cumplir la obligación apuntada. Tratándose del procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de permanencia, esa exigencia se traduce en la explicación de cuáles fueron los exámenes no aprobados o elementos por los que se consideró que el miembro policiaco incumple el perfil requerido y como se llegó a esa conclusión. Es decir, si el incumplimiento reprochado que pesa sobre el elemento puede conducir a su remoción permanente del cargo, esa decisión estará construida sobre el hecho de que no satisface el perfil indispensable, por ende, lo conducente es que se le comunique qué prueba de las que se le practicaron no satisfizo, así como las razones. Por ende, si la autoridad que ordena el inicio de procedimiento por no satisfacer el perfil, únicamente le informa que pesa esta acusación, evidentemente no garantiza su posibilidad de defensa. (.)" De ahí que se constriñó a la autoridad responsable a realizar determinadas actuaciones, a efecto de resolver lo relativo a la sentencia y determinación de la superioridad; esto es, a) Dejara sin efectos el acuerdo de inicio de Procedimiento Administrativo de Separación Q/074/SEP/029/2020; b) Emitiera otro acuerdo en el que explique cuáles fueron los exámenes no aprobados por el quejoso José Martín Jiménez Deloya e informara con toda precisión las pruebas que no acreditó y las razones que se tuvieron en cuenta para determinar que no aprobó la evaluación de control de confianza. Precisado lo anterior, en la demanda de amparo que se atiende, el promovente, señala como acto reclamado el acuerdo de inicio de procedimiento Q/074/SEP/029/2020, emitido en cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el juicio de amparo 925/2020, del índice de este juzgado. No obstante lo anterior, las autoridades no emitieron dichos actos con plenitud de jurisdicción, sino en estricto acatamiento a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo en mención, de ahí que sea evidente la actualización de la causa de improcedencia contenida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la tesis IV.1o.7 K, visible en la página 503 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Febrero de 1998, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." En ese orden de ideas, si como quedó señalado en la sentencia que otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, la autoridad responsable quedó constreñida a acatar los lineamientos que le fueron ordenados, existe una vinculación total, respecto de la resolución que emita con la ejecutoria dictada en el diverso juicio, ello conforme a los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, por lo que al quedar vinculada a los términos de la sentencia concesoria, la autoridad debe acatarla ajustándose estrictamente a la resolución que le concedió el amparo, a fin de evitar que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/2, de la Novena Época, visible en la página 259, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, Mayo de mil novecientos noventa y cinco, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA POR LA FRACCION II DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SI SE IMPUGNAN EN UN JUICIO DE AMPARO ACTOS DE AUTORIDAD SURGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCION DICTADA EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS. SURGE LA. Si se impugnan a través del juicio de amparo, actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional surge la causal de improcedencia prevista por la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo." A su vez se cita la tesis 1a. LXX/2003, Novena Época, consultable en la página 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Diciembre de 2003, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, Pag. 1391, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." De lo anterior se concluye que el juicio de amparo 925/2020 aún sigue en etapa de ejecución, por lo que si el oficio reclamado se emitio en dicha etapa es innegable la actualización de la causal de improcedencia invocada. Es aplicable al presente asunto, por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea por que se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio , ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por José Martín Jiménez Deloya. No es óbice a lo anterior que la causa de improcedencia en que se funda este desechamiento podría ser estudiada en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se admitiera a trámite la demanda para que después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizados en términos amplios a Ronaldo Gómez Santana y Jorge Martínez Sánchez, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo; asimismo, respecto a las diversas personas mencionadas se autoriza únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de datos personales y transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Director de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, en el cual manifiesta que le corresponde devolver la cantidad que resulte a favor del quejoso a la Administración Tributaria en Parque Lira. Lo anterior, en virtud de que en auto de siete de octubre actual, se proveyó lo conducente respecto a su contenido, requiriéndole a dicha administración tributaria el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

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