José Martín Jiménez Deloya

Expediente 925/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
925/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • José Martín Jiménez Deloya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Cabe precisar que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En mérito a lo anterior, y atento a la certificación de cuenta, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que acompañó a su demanda de amparo; apercibida que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. De igual forma, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la Abogada designada por el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la Republica, el tomo de pruebas que se formó en auto de seis de noviembre de dos mil veinte; sin que sea necesario acusar el estilo de recibo respectivo, toda vez que la notificación de la presente determinación hace el acuse de la devolución del mismo. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista formulada mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, y al efecto manifiesta que su inconformidad con el cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, en esencia, porque asevera que únicamente realizó una transcripción de las evaluaciones que le fueron practicadas al quejoso, sin acatar el fallo protector conforme con los lineamientos determinados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión R.A. 117/2021. En atención a su contenido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito verificará si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Para resolver lo que se propone, es indispensable destacar que mediante sentencia pronunciada por este Juzgado de Distrito el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por una parte, se determinó sobreseer en el juicio; y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso. Inconforme con la sentencia de mérito, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo radicó con el toca relativo al amparo en revisión. R.A. 117/2021, de su índice; y, mediante resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, determinó modificar la sentencia recurrida y conceder el fallo protector para los siguientes efectos: "(.) En las relatadas circunstancias, lo que se impone es, en la materia del recurso, modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que la abogada designada por el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, con plenitud de jurisdicción, acuerde lo que en derecho corresponda. (.)" Es indispensable destacar que en la parte considerativa de la ejecutoria de amparo, el Tribunal en cita, sustancialmente expuso lo que a continuación se sintetiza: Destacó que conforme con el criterio establecido en la jurisprudencia de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SU ACUERDO DE INICIO", para que en el procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de permanencia se respeten los derechos del gobernado, es necesario que en el acuerdo de inicio se precisen los exámenes de control de confianza cuya falta de acreditación originó su instauración. Indicó que la única manera en que se puede combatir la no aprobación del proceso de evaluación de control de confianza es conociendo con exactitud la prueba que eventualmente no se acreditó. De tal forma, sostuvo que es necesario que en el acuerdo de inicio, la autoridad informe con toda precisión las pruebas que no acreditó y las razones que se tuvieron en cuenta, a fin de que el interesado esté en posibilidad de defenderse. Apuntó que, tratándose del procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de permanencia, dicha exigencia se traduce en la explicación de cuáles fueron los exámenes no aprobados o los elementos por los que se consideró que el miembro policiaco incumple el perfil requerido y cómo se llegó a esa conclusión. Expuso que si el incumplimiento reprochado que pesa sobre el elemento puede conducir a su remoción permanente del cargo, esa decisión estará construida sobre el hecho de que no satisface el perfil indispensable; por ende, lo conducente es que se le comunique qué prueba de las que se le practicaron no satisfizo, así como las razones. Concluyó precisando que en el acuerdo reclamado no se informaron al quejoso las razones que se tuvieron en cuenta para emitir el resultado de no probado, ni se precisó cuál o cuáles de esos exámenes fueron los que no aprobó y originaron que no cuente con certificado de permanencia o revalidación, mucho menos se mencionan las evaluaciones que se valoraron con ese propósito. En consecuencia, determinó que la exigencia de debida motivación del acto reclamado en los términos apuntados tiene como finalidad proporcionar mayores elementos al quejoso, de modo que esté en aptitud de controvertir la causa que dio lugar al procedimiento instruido en su contra y, como indicó el juzgador del conocimiento, pueda desacreditar las pruebas de cargo. Por auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el testimonio de la resolución previamente reseñada; de igual forma, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguido que fue el procedimiento de ejecución de sentencia, por oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y registrado con el folio 21172; el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, en su carácter de delegado de la Abogada designada por el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de dicha Fiscalía, exhibió copia certificada del acuerdo de inicio de veintidós de noviembre de este año, emitido por la autoridad citada en último lugar, en el expediente administrativo de separación Q/074/SEP/029/2020, a través del cual, en la parte que interesa, determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO.- Iníciese el respectivo procedimiento administrativo de separación en contra del C. JIMÉNEZ DELOYA JOSÉ MARTÍN, agente de la Policía Federal Ministerial con categoría de suboficial, el cual queda registrado bajo el número de expediente Q/074/SEP/029/2020. (.)" Es oportuno precisar que, en lo que interesa para la solución del presente asunto, del contenido del referido acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación, esencialmente se advierte lo que a continuación se describe: Que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el sumario constitucional que nos ocupa, mediante oficio FGR/CFSPC/DGSC/AD/824/2021, de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se solicitó a la Titular del Centro de Evaluación cuáles fueron las pruebas del proceso de evaluación de control de confianza, aplicadas a Jiménez Deloya José Martín, que no aprobó; así como las consideraciones por las cuales se determinó que no aprobó dicho proceso de evaluación. En respuesta a lo anterior, a través del diverso oficio FGR/OM/CECC/04328/2021, de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza, indicó los exámenes que le fueron aplicados al aquí quejoso Jiménez Deloya José Martín, el cual obtuvo los siguientes resultados: Evaluación Resultado Entorno social y situación patrimonial No aprobado Medicina No aprobado Psicología No aprobado Poligrafía No aprobado Toxicología Aprobado Destacó las consideraciones advertidas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza para estimar como no aprobado cada uno de los exámenes previamente citados, y por consiguiente obtener el resultado único no aprobatorio; entre las cuales se advierten las siguientes: Respecto al examen de entorno social y situación patrimonial, que el evaluado manifestó que en el año dos mil dieciséis, él y dos suboficiales detuvieron a una persona porque lo encontraron vendiendo droga en flagrancia; sin embargo, que dicha persona les ofreció una cantidad de dinero para que no lo pusieran a disposición y lo aceptaron. En relación con la evaluación psicológica, se detectaron como riesgos, que el evaluado cuenta con una escala de valores endeble, denota poco interés para ajustarse a las normas y transgrede la legalidad, a pesar de tener conocimiento de la posibilidad de ser sancionado. Por lo que hace al examen de medicina, se precisó que derivado del interrogatorio correspondiente el evaluado refirió contacto laboral con drogas durante la incineración de marihuana, cocaína, metanfetaminas y opio, en el Estado de Nayarit; además, que derivado de la evaluación física se encontró sobrepeso. En relación con el examen de poligrafía, se presentaron indicadores de falta a la veracidad; concluyendo que su apego a la normatividad es negativo, violando los principios de legalidad y honradez, al priorizar la ganancia personal, faltando a la confianza que como servidor público se le ha depositado; además, indicó que el individuo se desenvuelve en un entorno de riesgo, en virtud de que mantiene vínculos de amistad con personas que utilizan drogas ilegales de manera habitual y convive con familiares que han sido sentenciados por la comisión de delitos. Precisó que el resultado único de no aprobado, derivado de la evaluación conjunta, que obtuvo el ahora quejoso, fue determinante para que dicho servidor público carezca del certificado que emite el Centro de Evaluación aludido. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo; por ende, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. Lo anterior se estima de tal forma, pues en principio, se impone reiterar que en la ejecutoria de amparo, se dejó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que determinara lo conducente en relación con el inicio de procedimiento de separación; además, contrario a lo que sostiene el promovente en el ocurso que se atiende, la autoridad en el ulterior acuerdo de inicio de procedimiento que emitió, sí precisó cuáles fueron los exámenes que en lo particular no aprobó el quejoso, así como las razones y consideraciones advertidas en cada uno de ellos, de las que derivan los resultados obtenidos. En relatadas consideraciones, se estima que con las precisiones apuntadas por la autoridad responsable, el quejoso se encuentra en posibilidad y aptitud de controvertir la causa que dio lugar al procedimiento instruido en su contra, así como desacreditar las pruebas de cargo y las razones que se tuvieron en cuenta para emitir el resultado de no aprobado, pues se le dio a conocer con exactitud los exámenes qe no acreditó y que originaron que no cuente con certificado de permanencia o revalidación; ello, a través de los medios de impugnación que considere oportunos, para lo cual se dejan a salvo sus derechos a fin de que los haga valer en la vía que estime procedente. En ese orden de ideas, este Juzgado de Distrito considera que la autoridad responsable sí acató los lineamientos determinados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión R.A. 117/2021, de su índice. En mérito de lo anterior, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista formulada mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, y al efecto manifiesta que su inconformidad con el cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, en esencia, porque asevera que únicamente realizó una transcripción de las evaluaciones que le fueron practicadas al quejoso, sin acatar el fallo protector conforme con los lineamientos determinados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión R.A. 117/2021. En atención a su contenido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito verificará si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Para resolver lo que se propone, es indispensable destacar que mediante sentencia pronunciada por este Juzgado de Distrito el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por una parte, se determinó sobreseer en el juicio; y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso. Inconforme con la sentencia de mérito, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo radicó con el toca relativo al amparo en revisión. R.A. 117/2021, de su índice; y, mediante resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, determinó modificar la sentencia recurrida y conceder el fallo protector para los siguientes efectos: "(.) En las relatadas circunstancias, lo que se impone es, en la materia del recurso, modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que la abogada designada por el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, con plenitud de jurisdicción, acuerde lo que en derecho corresponda. (.)" Es indispensable destacar que en la parte considerativa de la ejecutoria de amparo, el Tribunal en cita, sustancialmente expuso lo que a continuación se sintetiza: Destacó que conforme con el criterio establecido en la jurisprudencia de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SU ACUERDO DE INICIO", para que en el procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de permanencia se respeten los derechos del gobernado, es necesario que en el acuerdo de inicio se precisen los exámenes de control de confianza cuya falta de acreditación originó su instauración. Indicó que la única manera en que se puede combatir la no aprobación del proceso de evaluación de control de confianza es conociendo con exactitud la prueba que eventualmente no se acreditó. De tal forma, sostuvo que es necesario que en el acuerdo de inicio, la autoridad informe con toda precisión las pruebas que no acreditó y las razones que se tuvieron en cuenta, a fin de que el interesado esté en posibilidad de defenderse. Apuntó que, tratándose del procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de permanencia, dicha exigencia se traduce en la explicación de cuáles fueron los exámenes no aprobados o los elementos por los que se consideró que el miembro policiaco incumple el perfil requerido y cómo se llegó a esa conclusión. Expuso que si el incumplimiento reprochado que pesa sobre el elemento puede conducir a su remoción permanente del cargo, esa decisión estará construida sobre el hecho de que no satisface el perfil indispensable; por ende, lo conducente es que se le comunique qué prueba de las que se le practicaron no satisfizo, así como las razones. Concluyó precisando que en el acuerdo reclamado no se informaron al quejoso las razones que se tuvieron en cuenta para emitir el resultado de no probado, ni se precisó cuál o cuáles de esos exámenes fueron los que no aprobó y originaron que no cuente con certificado de permanencia o revalidación, mucho menos se mencionan las evaluaciones que se valoraron con ese propósito. En consecuencia, determinó que la exigencia de debida motivación del acto reclamado en los términos apuntados tiene como finalidad proporcionar mayores elementos al quejoso, de modo que esté en aptitud de controvertir la causa que dio lugar al procedimiento instruido en su contra y, como indicó el juzgador del conocimiento, pueda desacreditar las pruebas de cargo. Por auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el testimonio de la resolución previamente reseñada; de igual forma, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguido que fue el procedimiento de ejecución de sentencia, por oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y registrado con el folio 21172; el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, en su carácter de delegado de la Abogada designada por el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de dicha Fiscalía, exhibió copia certificada del acuerdo de inicio de veintidós de noviembre de este año, emitido por la autoridad citada en último lugar, en el expediente administrativo de separación Q/074/SEP/029/2020, a través del cual, en la parte que interesa, determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO.- Iníciese el respectivo procedimiento administrativo de separación en contra del C. JIMÉNEZ DELOYA JOSÉ MARTÍN, agente de la Policía Federal Ministerial con categoría de suboficial, el cual queda registrado bajo el número de expediente Q/074/SEP/029/2020. (.)" Es oportuno precisar que, en lo que interesa para la solución del presente asunto, del contenido del referido acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación, esencialmente se advierte lo que a continuación se describe: Que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el sumario constitucional que nos ocupa, mediante oficio FGR/CFSPC/DGSC/AD/824/2021, de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se solicitó a la Titular del Centro de Evaluación cuáles fueron las pruebas del proceso de evaluación de control de confianza, aplicadas a Jiménez Deloya José Martín, que no aprobó; así como las consideraciones por las cuales se determinó que no aprobó dicho proceso de evaluación. En respuesta a lo anterior, a través del diverso oficio FGR/OM/CECC/04328/2021, de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza, indicó los exámenes que le fueron aplicados al aquí quejoso Jiménez Deloya José Martín, el cual obtuvo los siguientes resultados: Evaluación Resultado Entorno social y situación patrimonial No aprobado Medicina No aprobado Psicología No aprobado Poligrafía No aprobado Toxicología Aprobado Destacó las consideraciones advertidas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza para estimar como no aprobado cada uno de los exámenes previamente citados, y por consiguiente obtener el resultado único no aprobatorio; entre las cuales se advierten las siguientes: Respecto al examen de entorno social y situación patrimonial, que el evaluado manifestó que en el año dos mil dieciséis, él y dos suboficiales detuvieron a una persona porque lo encontraron vendiendo droga en flagrancia; sin embargo, que dicha persona les ofreció una cantidad de dinero para que no lo pusieran a disposición y lo aceptaron. En relación con la evaluación psicológica, se detectaron como riesgos, que el evaluado cuenta con una escala de valores endeble, denota poco interés para ajustarse a las normas y transgrede la legalidad, a pesar de tener conocimiento de la posibilidad de ser sancionado. Por lo que hace al examen de medicina, se precisó que derivado del interrogatorio correspondiente el evaluado refirió contacto laboral con drogas durante la incineración de marihuana, cocaína, metanfetaminas y opio, en el Estado de Nayarit; además, que derivado de la evaluación física se encontró sobrepeso. En relación con el examen de poligrafía, se presentaron indicadores de falta a la veracidad; concluyendo que su apego a la normatividad es negativo, violando los principios de legalidad y honradez, al priorizar la ganancia personal, faltando a la confianza que como servidor público se le ha depositado; además, indicó que el individuo se desenvuelve en un entorno de riesgo, en virtud de que mantiene vínculos de amistad con personas que utilizan drogas ilegales de manera habitual y convive con familiares que han sido sentenciados por la comisión de delitos. Precisó que el resultado único de no aprobado, derivado de la evaluación conjunta, que obtuvo el ahora quejoso, fue determinante para que dicho servidor público carezca del certificado que emite el Centro de Evaluación aludido. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo; por ende, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. Lo anterior se estima de tal forma, pues en principio, se impone reiterar que en la ejecutoria de amparo, se dejó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que determinara lo conducente en relación con el inicio de procedimiento de separación; además, contrario a lo que sostiene el promovente en el ocurso que se atiende, la autoridad en el ulterior acuerdo de inicio de procedimiento que emitió, sí precisó cuáles fueron los exámenes que en lo particular no aprobó el quejoso, así como las razones y consideraciones advertidas en cada uno de ellos, de las que derivan los resultados obtenidos. En relatadas consideraciones, se estima que con las precisiones apuntadas por la autoridad responsable, el quejoso se encuentra en posibilidad y aptitud de controvertir la causa que dio lugar al procedimiento instruido en su contra, así como desacreditar las pruebas de cargo y las razones que se tuvieron en cuenta para emitir el resultado de no aprobado, pues se le dio a conocer con exactitud los exámenes qe no acreditó y que originaron que no cuente con certificado de permanencia o revalidación; ello, a través de los medios de impugnación que considere oportunos, para lo cual se dejan a salvo sus derechos a fin de que los haga valer en la vía que estime procedente. En ese orden de ideas, este Juzgado de Distrito considera que la autoridad responsable sí acató los lineamientos determinados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión R.A. 117/2021, de su índice. En mérito de lo anterior, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4780/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, en su carácter de delegado de la Abogada designada por el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de dicha Fiscalía; por medio del cual, manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Al efecto, exhibe copia certificada de la resolución de veintidós de noviembre de este año, emitida en el expediente administrativo de separación Q/074/SEP/029/2020. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado realizará el pronunciamiento correspondiente con base en los elementos que obran en autos. Ahora bien, en virtud que la autoridad oficiante, manifiesta que dicha documental contiene datos personales de terceros; de conformidad con lo establecido en el artículo 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tratarse de información que identifica o puede hacer identificable a la autoridad en cuestión, se ordena su guarda en un sobre debidamente sellado y protegido en autos, a efecto de que únicamente las partes puedan tener acceso a dicha documental. Ello con apoyo en el numeral 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, aprobado mediante sesión ordinaria de veintisiete de noviembre de dos mil trece. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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