José Martin Hernández Ocampo
Expediente 876/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Martin Hernández Ocampo
- Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de Atención Temprana, Sector Central -Juicios Orales de la Fiscalía Regional Metropolitana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 876/2021-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que la suspensión provisional se concedió y la definitiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 876/2021-V, promovido por José Martín Hernández Ocampo; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada en el Portal de Servicios en Línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, José Martín Hernández Ocampo solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de los Agentes del Ministerio Público Titulares del Primero, Segundo y Tercer Turno de Atención Temprana Sector Central-Juicios Orales de la Fiscalía Regional Metropolitana (en su denominación correcta). SEGUNDO. Trámite y suspensión de plano. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, este juzgado admitió a trámite la demanda y concedió la suspensión de plano de los actos reclamados previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; solicitó el informe justificado, ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y seguida la secuela procesal, celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal donde se establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde residen las autoridades responsable y se señala como el lugar donde tienen ejecución los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: La detención de que era objeto; y Vejaciones, amenazas, tortura, incomunicación y no proporcionarle alimentos. Actos atribuidos a los Agentes del Ministerio Público Titulares del Primero, Segundo y Tercer Turno de Atención Temprana Sector Central-Juicios Orales de la Fiscalía Regional Metropolitana (en su denominación correcta). Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados consistentes en vejaciones, amenazas, tortura, incomunicación y no proporcionarle alimentos. Ello, pues así lo informaron al rendir sus informes justificados las autoridades responsables, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar esa negativa o haya tildado de falsas las exhibidas por dichas autoridades. Aunado a la negativa de las responsables, obran en el juicio pruebas documentales para robustecer su dicho, como son: 1. La diligencia de notificación personal realizada por el actuario de este juzgado, del acuerdo que ordenó la ratificación de la demanda de amparo, de la cual se aprecia que no expresó haber sido vejado o torturado, ni tampoco haber sido dejado sin alimentos; mucho menos, encontrarse incomunicado, por el contrario, refirió que se había comunicado con su abogado. Además, el fedatario público de este juzgado hizo constar que no presentaba golpes a simple vista. 2. Fotocopia certificada de constancias de la carpeta de investigación AHTD/92/2021, donde se aprecia las siguientes actuaciones: El certificado médico de dieciocho de julio de dos mil veintiuno, realizado luego de la detención ante el Juzgado Cívico del Municipio de Cuernavaca, Morelos, donde se certifica que no cuenta con lesiones físicas aparentes. Las documentales fechadas el dieciocho de julio de dos mil veintiuno, donde el quejoso de puño y letra asienta haber recibido pase de visita tanto de su hermano como de su abogado. 3. Bitácora de alimentos proporcionados al quejoso el día diecinueve de julio de dos mil veintiuno, donde se advierte que se le ministró desayuno, comida y cena. A estas documentales públicas, se concede valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con dichos medios de prueba se acredita la puesta a disposición del quejoso en la Agencia del Ministerio Público de Atención Temprana Sector Central-Juicios Orales de la Fiscalía Regional Metropolitana en turno, el dieciocho de julio de dos mil y que a las diecisiete horas con treinta minutos se dictó en su contra acuerdo de retención, al ser investigado por su presunta participación en la comisión de delito de lesiones culposas, radicándose la carpeta de investigación citada. De igual forma, se desprende que a las dieciséis horas con dieciséis minutos del veinte de julio de dos mil veintiuno el Agente del Ministerio Público determinó cancelar la custodia de que era objeto el quejoso en el área de separos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, observándose la firma del quejoso se haber obtenido la libertad en esa fecha. Ahora bien, por cuanto a las vejaciones y amenazas, la negativa de las responsables en los informes justificados no fue desvirtuada por el quejoso, por lo que se estiman inexistentes. En relación con la tortura, además de la negativa en los informes, las pruebas a que se hizo mención, desacreditan su existencia. En particular, conforme al certificado médico explicado, donde se señala que el ahora quejoso no contaba con lesiones físicas aparentes. Situación coincidente con lo asentado por el Actuario de este órgano jurisdiccional, quien al tener a la vista al quejoso para la ratificación de la demanda, hizo constar que no se apreciaba tuviera lesión alguna a simple vista. Por tanto, la aseveración de tortura, no se probó por el peticionario de amparo, sino por el contrario, se desacreditó con las pruebas antes indicadas, pues el quejoso no presentó lesión alguna indicativa de ese acto y por ende, se debe estimar inexistente. Por lo que hace a la incomunicación, de que dijo fue objeto el promovente de la demanda, se estima inexistente. Ello, porque consta de las documentales de la carpeta de investigación, que las autoridades responsables, el dieciocho de julio de dos mil veintiuno, otorgaron el derecho a recibir visitas tanto de un familiar (hermano) como de un defensor, firmando el quejoso de conformidad. En relación con la omisión de otorgarle alimentos, se considera igualmente inexistente, atento a que de la bitácora reseñada de diecinueve del mismo mes y año, se aprecia que en esa fecha, es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda, se le proporcionó al quejoso desayuno, comida y cena. Sin dejar que advertir que aunque el quejoso fue puesto a disposición a las diecisiete horas con treinta minutos del día anterior, fue remitido para custodia al encargado de la guardia de la Policía de Investigación Criminal, a las dieciocho horas de esa fecha, de acuerdo a la boleta de internación correspondiente; de ahí, que se justificado, como lo sostienen las responsables, que por razón de la hora, no fue posible programarle cena. Sin embargo, sí se demostró que el diecinueve de julio se le ministró desayuno, comida y cena. En tanto que el día veinte de ese mes fue puesto en libertad. Se concluye, entonces, que la negativa de incomunicación y de la omisión proporcionar alimentos al quejoso, conlleva la afirmación de haber dado cumplimiento a dicho deber, es decir, haber permitido el ejercicio del derecho de la persona detenida de entablar comunicación con su defensor y/o familiar, así como haberle proporcionado la alimentación suficiente. En efecto, si se combate que la autoridad ha omitido cumplir con un deber, es ésta quien debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten su cumplimiento, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, donde se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la omisión de la responsable de cumplir con sus deberes, es la autoridad quien debe probar lo contrario. Apoya lo anterior la tesis con el rubro: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR." En este orden de ideas, las pruebas valoradas corroboran el cumplimiento de los deberes de las responsables cuya omisión se combate, de permitir la comunicación del quejoso con familiares y su defensor, con anterioridad a la presentación de la demanda del presente juicio, pues ello ocurrió desde el dieciocho de julio de dos mil veintiuno, en tanto la demanda se presentó al día siguiente, según el sello fechador. Igual consideración se tiene en cuanto a proporcionar los alimentos al quejoso, al demostrarse que el diecinueve de julio de dos mil veinte, le proporcionó desayuno, comida y cena. Por esa razón, a la fecha de presentación de la demanda, el estado de incomunicación y de ayuno alegados, no subsistían y por ende, se consideran inexistentes tales actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." En cuanto a la detención del quejoso con motivo de la integración de la carpeta de investigación AHTD/92/2021, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades Agentes del Ministerio Público Titulares del Segundo y Tercer Turno de Atención Temprana Sector Central-Juicios Orales de la Fiscalía Regional Metropolitana (en su denominación correcta). En virtud de que así lo señalaron las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes. En razón de lo anterior, al resultar inexistentes los actos combatidos explicados, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Así como, la tesis de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Cuarto. Existencia del acto. Es cierto el acto reclamado consistente en la detención del quejoso con motivo de la integración de la carpeta de investigación AHTD/92/2021, en virtud de que al rendir su informe justificado así lo señaló la responsable Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de Atención Temprana Sector Central-Juicios Orales de la Fiscalía Regional Metropolitana (en su denominación correcta). De las constancias de dicha carpeta, se aprecia que a las diecisiete horas con treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público, dictó acuerdo de retención contra el quejoso al haber sido puesto a disposición, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de lesiones culposas. Lo anterior, se corrobora con las constancias allegadas por la autoridad consistentes en fotocopia certificada de la citada carpeta de investigación a las cuales se concede pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de oficio, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto a detención de que fue objeto el quejoso, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el 77, fracción I, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, mismos que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]" El primer precepto establece la improcedencia del juicio constitucional contra actos consumados de modo irreparable. Por este tipo de actos se entienden aquéllos que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por su parte, el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, dispone que los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En este aspecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para su procedencia es menester que la sentencia concesoria que en él se dicte, pueda restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate en el caso de actos negativos. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 90/97, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE". Se actualiza tal causal, porque consta de las actuaciones de la carpeta de investigación AHTD/92/2021, que veinte de julio de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas con dieciséis minutos, el Agente del Ministerio Público ordenó la libertad del quejoso y canceló la custodia en que se encontraba, girando oficio al Comandante del Área de Separos de la Policía de Investigación Criminal de la Zona Metropolitana. Por consiguiente, con el acuerdo de libertad dictado a favor del quejoso se canceló la internación y custodia de que era objeto; no obstante, la detención debe considerarse consumada de modo irreparable, por estarse ante una imposibilidad física para materializar una sentencia concesoria del amparo, pues una ley de la naturaleza se opone a ello, al no ser posible retrotraer el tiempo y devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de la privación de la libertad. En las relatadas condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVI del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por cuanto a hace a los actos consistentes en la detención de que fue objeto el quejoso. Sexto. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: Único. Se sobresee el juicio de amparo promovido por José Martín Hernández Ocampo, contra los actos y respecto a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos señalados en las consideraciones tercera y quinta de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de nueve de febrero de dos mil veintidós, a la parte tercero interesada Lesin Elaine Nuñez, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. ...Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Palomar Romo contra los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos, por el razonamiento contenido en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Palomar Romo contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos y Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez,...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de alegatos que formula el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, de las que se hará relación en el momento procesal oportuno de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, una vez que sea emitida sentencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, la cual deberá agendar directamente el interesado, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales"; además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.AVMM
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