Jose Maria Paz Hernandez
Expediente 1203/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Maria Paz Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1203/2018-III, promovido por JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia común a los Juzgados de Distrito, y turnada al día siguiente a este Juzgado Federal, JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Visitaduría General dependiente de la Comisión del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de agosto de dos mil dieciocho, se radicó y se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inició al tenor del acta que antecede. O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En consecuencia, en términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: 1.- De la Visitaduría General dependiente de la Comisión del Poder Judicial del Estado de Morelos y de los Magistrados Integrantes de la Comisión Nombrada mediante acuerdo de pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la resolución de veinte de junio de dos mil dieciocho, emitida en autos de la queja administrativa 28/2017, en la que se declaró la existencia de la responsabilidad administrativa atribuida al servidor público, aquí quejoso y se ordenó la imposición de una sanción económica. 2.-Del Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, la ejecución de la resolución consistente en el registro de la resolución emitida en términos de los resolutivos cuarto y quinto. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la Visitaduría General dependiente de la Comisión del Poder Judicial del Estado de Morelos; Magistrados Integrantes de la Comisión nombrada mediante acuerdo de pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como del Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos (en su denominación correcta), pues así lo informaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 30, 36 a 46 y 60 a 62). Asimismo, son ciertos los actos de ejecución que se le atribuyen a la Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, ya que, no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyen; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada, pues obra en autos fotocopia certificada de la resolución emitida el veinte de junio de dos mil dieciocho, (fojas 699 a 760 anexo I), de la que se advierte en su resolutivo séptimo, que se ordenó remitir copia a la Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, para su registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de ahí que su negativa esté desacreditada. Documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que, además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. La autoridad responsable Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, manifestó que en contra del acto que el quejoso le reclama en la presente instancia constitucional, previó al juicio de amparo, debió de promover el medio de impugnación previsto en los artículos 1, 3, 39 y 40 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dicha causal de improcedencia en todo caso se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Ahora bien, la citada causal de improcedencia es infundada debido a que en contra de la resolución de veinte de junio de dos mil dieciocho, dictada en la queja administrativa 28/2017, que pone fin al procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad con el artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, son inimpugnables, por lo que es inconcuso que al ser una resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la parte quejosa está legitimada para promover el juicio de amparo indirecto en contra de ésta. Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se pasa al estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO. En primer lugar se precisara que en el caso en estudio no es dable la suplencia de la queja deficiente, puesto que el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae el artículo 123 constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), por lo que no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, registro: 2013378, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página: 705, del siguiente rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL." Ahora bien, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, son por una parte infundados y por otra inatendibles Antes de abordar el estudio del acto reclamado, se relataran los antecedentes del acto reclamado. El nueve de febrero de dos mil dieciséis, la Juez de Primera Instancia Auxiliar, adscrita a la Visitaduría General Dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, se constituyó en el Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, con el propósito de llevar a cabo el acta de visita ordinaria. Derivado de la Visita ordinaria, se levantó el acta en la que se hicieron constar diversas observaciones, entre ellas, en el punto IV de dicha acta se advierte que la Juez Auxiliar solicitó al azar diversos expedientes en trámite, y derivado de su revisión advirtió que respecto a los expedientes 171/2015 y 449/2014-1, a cargo del ahora quejoso, se encontraban notificados fuera del término establecido en el artículo 132 del Código adjetivo familiar, asimismo, asentó, que respecto a la Primera Actuaría a cargo del licenciado José María Paz Hernández, los expedientes 152/2014, 264/2015 y 17/2013, también se encontraban notificados fuera del plazo establecido en el artículo 132 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos (fojas 3 a 15, anexo I) El doce de octubre de dos mil dieciséis, se dictaminó el acta de visita de supervisión efectuada al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, en dicho dictamen se observó que los licenciados JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ y otros, no cumplieron con sus funciones encomendadas ya que los expedientes 171/2015-1, 449/2014-1, 306/2015-2, 303/2015-2, 397/2015-2 y 28/2015-3, se notificaron con bastantes días de retraso, por lo que se ordenó iniciar procedimiento de responsabilidad y turnar el acta de visita así como sus anexos a la Visitaduría General de dicho órgano, para el inicio del procedimiento administrativo (fojas 5 a 7). El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión ordinaria de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, ordenó iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa (fojas 1 a 3 anexo I). El diez de febrero de dos mil diecisiete, se registró y se dio inicio al procedimiento administrativo en contra de José María Paz Hernández y otros. El quince de febrero de dos mil diecisiete, se realizó el emplazamiento al procedimiento administrativo al ahora quejoso. El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó regularizar el procedimiento y se ordenó emplazar nuevamente a los servidores públicos (fojas 205 a 206). Una vez que se emplazó nuevamente a los servidores públicos, el trece de marzo de dos mil dieciocho, JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, compareció ante la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, a rendir su declaración, respecto de los hechos de la queja, hacer valer sus excepciones y defensas y ofrecer medios de convicción. Una vez que se proveyó sobre las pruebas, y se desahogó la audiencia de alegatos, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, se dictaminó sobre el expediente administrativo 28/2017 (fojas 643 a 696). Finalmente, el veinte de junio de dos mil dieciocho, se emitió resolución en el expediente 28/2017, siendo este el acto que ahora se reclama. Se puntualizan los conceptos de violación que expuso el quejoso en su escrito inicial de demanda. La parte quejosa sostiene que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: 1) No respeto las formalidades esenciales del procedimiento, ya que violó el artículo 44, fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en relación con el diverso 195-Quarter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, puesto que en el auto de radicación de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, no se expuso con claridad los hechos imputados, la causa de responsabilidad y demás pruebas en que se fundó a fin de salvaguardar el derecho de defensa del ahora quejoso, pues únicamente se limitó a exponer que el procedimiento tuvo origen en la visita de nueve de febrero de dos mil dieciséis, sin embargo, en dicha acta de visita se prevén diversos hechos, lo que lo deja en estado de incertidumbre al no saber cuál de ellos actualiza la responsabilidad administrativa, aunado a que no se mencionan las pruebas que acreditan la responsabilidad. 2.- Que la autoridad responsable no fundó ni motivo de manera adecuada su resolución, pues manifestó que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 187 fracción I, en relación con el 94 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como el 27 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin precisar a qué Ley Estatal hace alusión o a que entidad federativa corresponde dicha Ley, asimismo, consideró que no se estableció que conducta las actualiza ni como se acredita,. 3.- Que la autoridad responsable dejo de aplicar el principio de presunción de inocencia. 4.- No tomó en consideración que se asentaron razones de imposibilidad de notificación. 5.- Respecto al expediente 449/2014, la autoridad responsable no tomó en consideración que dicha notificación fue realizada fuera del plazo legal en razón de que el acuerdo a notificar lo era del día siete de abril de dos mil quince, y el ahora quejoso fue asignado a la Primera Actuaría el treinta de abril de dos mil quince. 6.- Respecto del expediente 171/2015, existe acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil quince, notificado hasta el día veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y arguye que la responsable no tomó en consideración que dicho expediente le fue turnado hasta el treinta de noviembre de dos mil quince, pero el dos de diciembre de dos mil quince, fue devuelto a la Secretaría en virtud de un trámite pendiente, y que fue devuelto a la Actuaría hasta el día de la notificación. 7.- Que la autoridad responsable de manera incorrecta no le otorgó valor probatorio a la circular 040 que exhibió como prueba, por ser fotocopia simple, la cual en todo caso la autoridad responsable debió toma como hecho notorio, al ser emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 8.- El quejoso aduce que no se demostró alguna afectación por la omisión del servicio prestado, tal y como la propia responsable determinó en la sentencia que hoy se recurre, por lo tanto, no se debió de imponer sanción alguna, tal y como lo establece el artículo 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Es necesario precisar que los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin embargo, por técnica jurídica no se estudiaran en el orden propuesto. I.- Es inoperante por inatendible el concepto de violación que hace valer el quejoso, marcado con el número 4, en el que expuso que la responsable no tomó en consideración que se asentaron razones de imposibilidad de notificación, ello en relación al expediente 171/2015. Como ya se mencionó, dicha aseveración es inatendible, pues dicho medio de convicción y argumento no puede ser materia de estudio por parte de quien resuelve, en razón de que no lo hizo valer ante la autoridad responsable, pues de no ser así, se modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio de garantías, afectando en consecuencia los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, vulnerando distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Al respecto es aplicable la tesis de la Novena Época, de número de registro 205277, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES, CUANDO EN EL AMPARO SE PLANTEAN CUESTIONES QUE NO FUERON ADUCIDAS EN EL JUICIO NATURAL. Si la autoridad responsable no tuvo la oportunidad de dirimir en el juicio las cuestiones aducidas, porque no fueron planteadas en los términos que ahora se esgrimen en el juicio de amparo, no pueden ser motivo de estudio los conceptos de violación aludidos, porque el acto reclamado, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe analizarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable." II.- Ahora bien, como ya se dijo resulta infundado el primer concepto de violación esgrimido por el quejoso, por las siguientes razones: Aduce el quejoso que la responsable violó las leyes del procedimiento, así como el artículo 44, fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, pues en el auto de radicación diez de febrero de dos mil diecisiete no expuso con claridad: a) Los hechos imputados, b) La causa de responsabilidad y, c) Las pruebas en que se fundó y, Se limitó a proveer que el procedimiento administrativo se originó de la visita de nueve de febrero de dos mil dieciséis, aunado a que no se mencionan las pruebas que acreditan la responsabilidad. En ese sentido, el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, dispone que nadie puede ser privado de sus propiedades o de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales establecidos, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. El citado artículo constitucional contempla el derecho a la seguridad jurídica, entendido como el conjunto de prescripciones que el constituyente impone a las autoridades observar en el ejercicio de sus funciones, como condición para que puedan afectar la esfera jurídica de los particulares, esto es, deben seguir un procedimiento que revista ciertas formalidades, entre las cuales se encuentra el derecho de audiencia. El derecho fundamental de audiencia garantiza al gobernado que tendrá la oportunidad de defenderse antes de que una autoridad pueda emitir un acto privativo de derechos en su contra. Para ello se impone a dicha autoridad la obligación de observar una serie de formalidades del procedimiento que se consideran esenciales, tales como: La notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias, La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, La oportunidad de formular alegatos y, El derecho de poder exigir el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 210 del Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima, Segunda Sección - Debido Proceso, página 1156, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.". Es verdad que por auto diez de febrero de dos mil diecisiete, el Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, estimó de aplicación supletoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 44, fracción III y IV, los cuales son del siguiente tenor: "ARTÍCULO *44.- El acuerdo de radicación deberá contener los siguientes requisitos: [.] III.- Señalar con precisión los hechos que se imputan al probable responsable; IV. Precisar las hipótesis normativas que con la conducta del probable responsable se violentan; [.]" El numeral descrito impone la obligación de precisar los hechos que se imputan al servidor público para el inicio del procedimiento administrativo, así como las hipótesis normativas que considere violadas. Para una mejor comprensión en relación a las formalidades que debe de contener el auto de radicación del procedimiento administrativo, previstas en el artículo 44, fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, es necesario citar el capítulo segundo del Reglamento que establece los Lineamientos sobre los que la Visitaduría General, practicará las Visitas de Inspección y/o Supervisión en los Órganos Jurisdiccionales y en las Unidades Administrativas, dispone en lo que nos interesa lo siguiente: "Artículo 25.- Las visitas de supervisión ordinaria tienen como objeto recabar, en forma metódica, información respecto al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así como al desempeño y conducta de sus integrantes. Sus efectos serán esencialmente de control y preventivos." "Artículo 33.- Los jueces auxiliares solicitarán al azar los expedientes en trámite y los que se encuentren suspendidos a fin de revisarlos, al concluir la revisión de éstos, estamparán en la última actuación revisada, su firma, con el objeto de que en la próxima visita la revisión se inicie a partir de la firma estampada." "Artículo 35.- De toda visita de supervisión, se levantará acta circunstanciada, de acuerdo al formato aprobado por la Comisión, la firmarán el juez auxiliar, los secretarios auxiliares, el titular del órgano jurisdiccional o encargado del despacho, según corresponda y los secretarios de acuerdos y actuarios. Se levantará en dos tantos, uno de ellos quedará en el propio órgano y el otro se remitirá al Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, quien tomando en cuenta las irregularidades detectadas, actuará conforme corresponda." De dichos preceptos legales se advierte que las visitas de supervisión ordinaria tienen como objeto recabar, información respecto al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así como al desempeño y conducta de sus integrantes, así los jueces auxiliares encargados de la visita, solicitarán al azar los expedientes en trámite y los que se encuentren suspendidos a fin de revisarlos, que de la visita de supervisión, se levantará acta circunstanciada, en dos tantos, uno de ellos quedará en el propio órgano y el otro se remitirá al Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, quien tomando en cuenta las irregularidades detectadas, actuará conforme corresponda. Ahora bien, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, prevé en su capítulo tercero lo relativo al procedimiento administrativo. Así es, el artículo 189, fracción II, de dicho ordenamiento legal establece que el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos Judiciales del Estado deberá iniciarse: [.] "II.- Como resultado de las visitas practicadas a los tribunales, o por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de tales servidores públicos." Ahora bien, en el caso en particular, se inició procedimiento administrativo en contra del ahora quejoso, por los datos que se desprendieron de la visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis, pues incluso así se precisó en el auto de radicación de diez de febrero de dos mil diecisiete, también se precisó que no era necesaria la trascripción de los hechos que se les atribuyen pues al momento del emplazamiento se haría entrega al servidor publico del acta de visita ordinaria, así como del oficio CJE/MCVCL/4924/2016, sustentado su razonamiento en la tesis 2a./58/2010, no obstante que dicho criterio es inaplicable para tales efectos al referirse a una hipótesis distinta, observando que no se indicó de manera directa los hechos que se imputaban al servidor público. No obstante lo anterior, se advierte que en el propio auto de radicación se hizo la trascripción del oficio CJE/MCVCL/4924/2016 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el que una vez que se analizó el acta de visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis, delimitó las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos sujetos al procedimiento administrativo, en cuya parte que interesa destacó: "Por lo que respecta a la revisión aleatoria que se hizo a los expedientes en trámite de la Primera Secretaria se observó que por cuanto a los expedientes 171/2015-1 y 449/2014, se realizaron unas notificaciones fuera del plazo que establece la ley, siendo el responsable de dichas notificaciones el licenciado José María Paz Hernández, actuario adscrito a dicho juzgado, haciendo la aclaración que el tiempo que se tardó en realizar la notificación en los referidos expedientes fue aproximadamente de un mes." "TERCERO: Toda vez que de la revisión minuciosa del acta de visita, se infieren hechos que pudieran ser constitutivo de responsabilidad administrativa, en virtud de que los licenciados José María Paz Hernández, [.], presumiblemente no cumplieron con las funciones que tienen encomendadas, ya que en los expedientes 171/2015-1, 449/2014-1 [.], lo que no es aceptable, máxime en asuntos de carácter familiar, conducta que podría constituir una falta de responsabilidad por parte de los servidores públicos, dado que según lo dispuesto por el numeral 132 del Código Procesal Familiar, las notificaciones las debieron de realizar a más tardar al día siguiente dictada la resolución, lo que evidentemente no atendieron.. SE ORDENA INICIAR PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LOS LICENCIADOS JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, [.], en atención a que presumiblemente su actuar pudiera actualizar la hipótesis prevista por el numeral 187 fracción I en relación con el artículo 94, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como el 27, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos." Por lo tanto, resulta infundado el concepto de violación en estudio, puesto que si bien es cierto que en el capítulo de hechos atribuidos a los servidores públicos, efectivamente la autoridad responsable solo determinó que éstos se desprenden de la visita de supervisión ordinaria efectuada el nueve de febrero de dos mil dieciséis al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la cual dijo tenía por íntegramente reproducida y que consideró innecesaria su trascripción, dado que al momento del emplazamiento se le correría traslado al servidor público con copia de los documentos, así como con la entrega del oficio CJE/MCVCL/4924/2016, por lo que no expuso de manera detallada los hechos que reprochaba. También lo es que, en el auto de radicación de diez de febrero de dos mil dieciocho, se hizo trascripción del oficio antes descrito, y, de la simple lectura del mismo, se advierte que se trascribió lo resuelto en sesión de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se precisaron las irregularidades que se desprendieron del acta de visita de ordinaria, por cuanto al servidor público ahora quejoso precisando en ella lo siguiente: a) Que los hechos imputados, derivan del acta de visita ordinaria indicada, de la que se advierte que los expedientes 171/2015 y 449/2014, a cargo del ahora quejoso, fueron notificados fuera del plazo previsto por el artículo 132 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. b) Que su actuar podría encuadrar en la hipótesis prevista por el numeral 187, fracción I en relación con el 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como el 27 fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. c) Y que dichos actos, derivan del acta de visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis en el que se hizo constar el retraso de las notificaciones. Lo cual se encuentra previsto en el artículo 189, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Asimismo, obra en autos fotocopia certificada de la cédula de emplazamiento efectuada al ahora quejoso (fojas 215 a 221 anexo I), de la que se advierte que recibió fotocopias de traslado de la queja administrativa 28/2017, oficio CJE/MCVCL/4924/2016 y acta de visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis. Documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Por lo tanto, contrario a lo que aduce el quejoso, la autoridad responsable si cumplió con el extremo previsto en el artículo 44, fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, pues en el auto de radicación se plasmaron los hechos imputados al quejoso, mismos que fueran delimitados en el oficio CJE/MCVCL/4924/2016, derivado de la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la que se analizó el acta de visita ordinaria, y en el caso que nos ocupa respecto del ahora quejoso, se determinó que los expedientes 171/2015-1 y 449/2014, fueron notificados fuera del plazo previsto por el artículo 132 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, también se dijo que su actuar podría encuadrar en la hipótesis prevista por el numeral 187, fracción I en relación con el 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como el 27, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de lo cual se le notificó al ahora quejoso el dos de marzo de dos mil diecisiete. Por lo tanto, contrario a lo que manifiesta el quejoso, en la radicación del procedimiento de origen si se precisaron los hechos que se le atribuyen, así como la hipótesis normativa en la que podría encuadrar su conducta, señalando además que ello derivó del acta de visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis, en la que se hizo constar el retraso en la notificación de los expedientes ya aludidos. Todo ello le fue notificado de manera personal como consta en autos, de tal manera que no se le dejó en estado de indefensión pues tuvo pleno conocimiento de los hechos que se atribuían y la conducta de responsabilidad en la que presuntamente incurrió y por la que se dio inicio al procedimiento, respetando así la garantía de defensa adecuada y por ende el debido proceso. III.- También es infundado el segundo concepto de violación esgrimido. Así, el artículo 16 Constitucional en su primer párrafo establece la obligación que tienen todas las autoridades de fundar y motivar debidamente sus determinaciones, ya que ésta es la única forma por la cual el gobernado se encuentra en posibilidad de conocer las causas que originan la determinación y, de poder combatirlas legalmente, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, que también deben señalarse con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, según el cual, quien lo emitió llegó a la conclusión que el mismo se ajustó a las prevenciones de determinadas disposiciones legales; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Ello, en atención a la jurisprudencia número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Séptima Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." Al respecto, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación: a) En relación a la primera se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión. b) Mientras que la segunda hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto; se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 173565, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, página 2127, del siguiente rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA." En efecto, mediante resolución de veinte de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable determinó que el actuar del ahora quejoso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, infringiendo la obligación prevista en el artículo 94, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como lo dispuesto por el artículo 132 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, en relación con el diverso 27, fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y si bien es cierto que citó que se actualiza lo previsto en el artículo 27 fracción I de la Ley Estatal de los Servidores Públicos, y no se precisó si dicha legislación corresponde a la del Estado de Morelos, ello no se puede tomar como una indebida fundamentación, pues el artículo 195-Quarter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en su texto establece lo siguiente: "ARTICULO 195 Quáter.- En todo lo no previsto por este ordenamiento se aplicarán en lo conducente, las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos." El artículo antes citado, establece que en caso de que exista alguna laguna los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, será aplicable de manera supletoria la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Por lo tanto, resulta inconcuso que el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a que se hace alusión en el acto combatido, corresponde a la Legislación del Estado de Morelos, pues incluso en el caso el procedimiento administrativo inicio contra un funcionario al servicio del Estado de Morelos, el cual se desempeñaba en ese momento en el cargo de Actuario Judicial de un tribunal estatal, por lo que no se aprecia circunstancia alguna que generara incertidumbre en torno a la legislación estatal que resultaba aplicable. Maxime que la autoridad responsable se ve imposibilitada para fundar su acto en una legislación de diversa entidad federativa, pues la fracción I del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se deben observar las normas del derecho local de la propia entidad federativa, no estando facultada para ceñir sus actos a las disposiciones relativas a otra legislación, de acuerdo con el principio de soberanía estatal. "Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. [.]" Así, de lo expuesto resulta inconcuso que no obstante que la autoridad responsable solamente haya citado como fundamento el artículo 27 fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin expresar que se refería a la del Estado de Morelos, no conlleva a determinar sea una indebida fundamentación, pues como se explicó no existe motivo alguno para estimar aplicable la ley de diversa entidad Federativa, además que por mandato constitucional no se puede aplicar otra y de ahí que se estime infundado el concepto de violación en estudio y dicha circunstancia no es dable calificarla como una indebida fundamentación como transgresión al dispositivo 16 Constitucional. Por otra parte, el artículo 187 fracción I y el 94 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, establecen lo siguiente: "ARTICULO 94.- Los Actuarios de los Juzgados tendrán a su cargo la publicidad y difusión de las resoluciones judiciales. Para ello deberán: I.- Practicar las notificaciones de tales resoluciones a quienes corresponda, en los términos señalados por los ordenamientos procesales;" "ARTICULO 187.- Son faltas de los Actuarios: I.- Dejar de hacer con la debida oportunidad, sin causa plenamente justificada, las notificaciones personales o no llevar al cabo las diligencias de sus atribuciones, cuando éstas deban efectuarse fuera del Tribunal;" Al respecto en la resolución materia del presente juicio de amparo se citó lo siguiente por cuanto hace al ahora quejoso: ". tuvo un notorio descuido en el desempeño de sus funciones, ya que dejó de hacer con la debida oportunidad, sin causa plenamente justificada las notificaciones de los expedientes números 449/2014 y 171/2015, es decir dichas notificaciones fueron practicadas fuera del plazo establecido para tal efecto, circunstancia que quedo plenamente acreditado con las documentales públicas valoradas con anterioridad, causando con ello una deficiencia en el servicio que tiene encomendado, y como consecuencia un retraso indebido en la administración de justicia de hasta veintiocho días hábiles (un mes), temporalidad por demás excesiva para practicar una notificación." Del anterior texto se evidencia que la autoridad responsable si determinó que conducta actualiza las hipótesis normativas previstas en el artículo 187 fracción I, en relación con el 94 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos que reprocha al accionante, contrariando a lo alegado, además valoró diversos medios de convicción, entre ellos el acta de visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis, la cual no fue objetada por el ahora quejoso, y en la que se hizo constar el retardo en las notificaciones indicadas. Es decir, señaló las circunstancias especiales por las que consideró que se actualizaba la conducta atribuida a JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, y precisó con claridad las disposiciones legales aplicables al caso concreto entre las que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas, por lo tanto, como ya se mencionó, deviene infundado el concepto de violación esgrimido al respecto. IV- También es infundado el concepto de violación marcado con el número 3. En principio, es conveniente realizar algunas precisiones en torno al principio de presunción de inocencia que el quejoso estima transgredido. Actualmente, el principio de presunción de inocencia se encuentra reconocido en el artículo 20, Apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes: "20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; (.)" Como se advierte, el Estado Mexicano reconoce el estado o condición de inocencia de los gobernados, razón por la cual lo protege a través del derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, lo que significa que todo hombre debe ser tratado con tal calidad -inocente- hasta en tanto no se demuestre lo contrario; esto implica que corresponde a la autoridad desvirtuar la inocencia probando la ilicitud de la conducta, y opera desde que se inicia la investigación hasta la resolución final que la destruya. De ahí que el principio de presunción de inocencia exija que, para imponer una sanción, sea indispensable la certeza de la culpabilidad, ya que si lo que motiva la imposición de la sanción es cierta conducta, ante la duda de su existencia, no existe razón para imponer sanción alguna. Por tanto, el principio de presunción de inocencia constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo y, requiere de actividad probatoria que la destruya de forma clara y rotunda. De esta forma se tiene que dicho principio opera fundamentalmente en el campo procesal; y desde este punto de vista se infieren tres cuestiones: Que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria impidiendo la condena sin pruebas. Que las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión de condena han de merecer tal concepto jurídico y ser constitucionalmente legítimas. Que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores y no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de su inocencia o de su participación en los hechos. Por lo tanto, en virtud de la presunción de inocencia ninguna persona podrá ser considerada culpable sino hasta que se dicte la sentencia respectiva que la desvirtúe plenamente, acreditando la infracción al ordenamiento jurídico, y, en cuyo proceso se hayan observado todas las garantías necesarias para su adecuada defensa. Así las cosas, con el simple inicio de una investigación o del inicio del procedimiento no se menoscaba la presunción de inocencia, sino por el contrario, ésta aparece precisamente en tales momentos y hasta que se dicte la sentencia correspondiente que dirima de forma concluyente la responsabilidad. Es decir, solamente la sentencia condenatoria priva de la calidad de inocente. De esta manera, el principio en estudio es aplicable, no únicamente a la materia penal, sino también al derecho administrativo sancionador, en tanto que éste es una manifestación de la potestad punitiva del Estado, dado que implica la imposición de una sanción en virtud de una conducta humana que infrinja el ordenamiento jurídico, tal y como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/2013 en sesión de veintiocho de enero de dos mil catorce. En dicho asunto, el Máximo Tribunal precisó que el procedimiento administrativo sancionador es el conjunto de actos o formalidades concatenados entre sí en forma de juicio por autoridad competente, con el objeto de conocer irregularidades o faltas ya sean de servidores públicos o particulares, cuya finalidad, en todo caso, sea imponer alguna sanción; premisa a partir de la cual se orientará el presente estudio. De igual manera, precisó que por debido proceso legal se puede entender, de manera general, el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados. En tanto que, por infracción administrativa, precisó que ha de entenderse aquél comportamiento contraventor de lo dispuesto en una norma jurídica, a la que se apareja una sanción consistente en la privación de un bien o un derecho, y que no aparece calificado en el ordenamiento jurídico como delito o falta. En tal virtud, la presunción de inocencia es un derecho fundamental, cuyo contenido debe modularse dependiendo del contexto en el que se aplique, de tal manera que no tiene el mismo alcance cuando se aplica a la actuación de la autoridad desplegada en forma de juicio que cuando se trata de actos unilaterales, pues en este tipo de actos, como todo principio formulado en la forma de un mandato de maximización, requiere una concreción en cada caso concreto y, en su caso, de una posible minimización que en cuya situación atenderá a las características de cada asunto en concreto. Así es, este principio produce una inmediata consecuencia procesal que consiste en desplazar la carga de la prueba en el órgano acusador; es a él al que en un procedimiento contradictorio, con participación y audiencia del interesado inculpado, debe suministrar, recoger y aportar los elementos probatorios a través de los medios comunes que sirvan de soporte al supuesto de hecho cuya clasificación como falta administrativa se pretende. Dicho de otro modo, en el caso de que tal actividad probatoria no se haya producido, es evidente que el relato o descripción de los acaecimientos por la autoridad o sus agentes no conlleva una presunción de veracidad que obligue al inculpado a demostrar su inocencia, invirtiendo así la carga de la prueba, es decir, la presunción de inocencia conlleva a que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria impidiendo la condena sin pruebas, dichas pruebas deben ser constitucionalmente legítimas, y la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores en tanto no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de su inocencia o de su participación en los hechos Guarda sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2006590, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página: 41, del siguiente rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso." Precisado lo anterior, como ya se mención el artículo 189, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, prevé que el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos Judiciales del Estado, el cual podrá iniciarse, como resultado de las visitas practicadas a los tribunales, o por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de tales servidores públicos, tal y como en el caso acontece, los hechos atribuidos a la parte quejosa derivan del acta de visita de nueve de febrero de dos mil dieciséis, de la cual se hicieron constar diversos hechos, entre los cuales se advirtió el atraso en la notificación de diversos expedientes del índice del Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que se encontraba bajo la atención del quejoso. Dichos actos fueron delimitados por sesión ordinaria de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, y por cuanto al ahora quejoso, se determinó que los expedientes 171/2015 y 449/2014, se encontraban notificados fuera del plazo legal previsto en el artículo 132 del Código Procesal Familiar. El texto del artículo anterior es el siguiente: "ARTÍCULO *132.- OBLIGACIONES DE LOS ACTUARIOS. Las notificaciones se harán a más tardar al día siguiente al que se dicten las resoluciones que las prevengan cuando el juez o la ley no dispongan otra cosa. [.] Las citaciones se notificarán con cuarenta y ocho horas de anticipación cuando menos, al momento en que deba tener verificativo el acto correspondiente [.] Y dado que se inferían hechos posiblemente constitutivos de responsabilidad administrativa, ordenó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en razón de que su actuar pudiera actualizar la hipótesis prevista en el artículo 187 fracción I en relación con el artículo 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como 27 fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El trece de marzo de dos mil diecisiete, compareció JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, a las oficinas del entonces Consejo de la Judicatura Estatal a rendir su declaración, en ésta hizo valer excepciones y ofreció diversos medios de convicción, ésto aun cuando la norma correspondiente no alude expresamente a etapas de notificación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y dictado de resolución. Una vez desahogadas las probanzas, se emitió la sentencia que hoy se recurre. Entonces, como ya se dijo, es infundado lo alegado por el quejoso cuando aduce que la autoridad responsable violó el principio de presunción de inocencia durante el procedimiento administrativo, así como en la resolución que ahora combate, pues al servidor público no le corresponde desvirtuar la responsabilidad administrativa, sino a la autoridad responsable acreditarla; pues en el caso, el principio de presunción de inocencia establece que ninguna persona podrá ser considerada culpable sino hasta que se dicte la sentencia respectiva que la desvirtúe plenamente. Sin embargo, ello no implica que si en el caso existe prueba fehaciente con la que se acredite la conducta atribuida al servidor público, éste no deba aportar medios de convicción para desvirtuarla -cuya presunción de inocencia en todo caso prevalece hasta el dictado de la sentencia-, y previa valoración de las pruebas aportadas se exprese decisión al respecto al dictarse la sentencia, así, en caso en particular, se dio inicio al procedimiento administrativo en razón de que existían expedientes notificados fuera del plazo legal, lo que se hizo constar en el acta de visita ordinaria antes referida, incluso dicha circunstancia fue aceptada por el propio servidor público al comparecer ante el entonces Consejo de la Judicatura Estatal, sin embargo, también hizo valer diversos medios de prueba con el propósito de acreditar que aun y cuando existían expedientes notificados fuera del plazo legal, dicha circunstancia no le era imputable. Medios de convicción que fueron admitidos, desahogados y al final valorados con el dictado de la resolución ahora reclamada, es decir, resulta inconcuso que la autoridad responsable no violó el principio de presunción de inocencia ya que se aportaron las pruebas aptas y suficientes para ello, corroborando así el reproche formulado en su contra, como a continuación se expondrá. Ahora bien, el procedimiento administrativo se centró en determinar la responsabilidad o no del ahora quejoso en razón de que los expedientes materia de la revisión de visita ordinaria se encontraban notificados fuera del plazo legal previsto en la ley. Al respecto, se advierte que la sanción emitida fue precedida de una actividad probatoria por parte del órgano acusador, pues efectivamente, se encontraba acreditado que los expedientes fueron notificados fuera del plazo legal, en tanto que, el ahora quejoso tuvo la oportunidad de ofrecer medios de convicción con el propósito de desvirtuar que dicho desfase en las notificaciones no fueron imputables a su persona, sin embargo, no lo realizó de manera eficaz y por ello la responsable al valorar los medios probatorios de cargo y descargo, emitió la resolución hoy recurrida. En efecto la autoridad responsable al momento de resolver el procedimiento administrativo consideró que se acreditaba la responsabilidad en contra del funcionario ahora quejoso, determinación que no fue emitida de manera aislada, sino valorando de manera conjunta tanto las pruebas de descargo ofrecidas con el propósito de acreditar que si bien si existía una dilación en las notificaciones, éstas no fueron imputables al servidor público; como las de cargo con base en las cuales se inició el procedimiento y al concluirlo se logró acreditar la conducta reprochable de que se trata. De ahí que dicha es acorde con el Estado democrático de derecho, que se pretende que sea la responsabilidad y no la inocencia la que deba probarse, de tal manera que como estándar probatorio se impone la obligación de absolver a los investigados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la conducta reprochada, de tal manera que, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración la prueba (entendida como resultado de la actividad probatoria). Es decir, la presunción de inocencia no llega al extremo de recabar de manera oficiosa pruebas de descargo a favor del servidor público, pues en dicha materia no existe suplencia de la queja, sin embargo, el servidor público tiene el derecho de ofrecer los medios de convicción que considere necesarios, lo que en particular realizó, aunque no con el alcance probatorio pretendido. De ahí que al estar acreditado en autos que las notificaciones se realizaron de manera extemporánea pues incluso así lo aceptó el ahora promovente de amparo, y la autoridad responsable, haber valorado las pruebas ofertadas por el quejoso en el procedimiento administrativo con el propósito de desvirtuar su responsabilidad es inconcuso que no se violó el principio de inocencia que aduce el quejoso la autoridad responsable trasgredió. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, registro 2013368, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Página 161, del siguiente rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO." V.- Por otra parte, también son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, marcados con los números 5, 6 y 7, los que se contestaran de manera conjunta 5.- Respecto al expediente 449/2014, aduce que la autoridad responsable no tomó en consideración que dicha notificación fue realizada fuera del plazo legal en razón de que el acuerdo a notificar lo era del día siete de abril de dos mil quince, y el ahora quejoso fue asignado a la Primera Actuaría el treinta de abril de dos mil quince. Contrario a lo que aduce, la responsable valoró al respecto las pruebas ofrecidas por el ahora quejoso, consistentes en el informe de autoridad a cargo del departamento de recursos humanos del Poder Judicial del Estado de Morelos; informe de autoridad a cargo de Martin Montes García, quien fungió como Titular del Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, medios de convicción a los que les otorgó valor probatorio en términos del artículo 490 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, y de las que tuvo por acreditado que el quejoso fue adscrito al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, a partir del dieciséis de abril de dos mil quince, y que a partir del treinta de abril de dos mil quince, fue cambiado a la Primera Secretaria del Juzgado (fojas 732 anverso y 733) y, en efecto la autoridad responsable precisó que si bien fue adscrito a la Primera Secretaria hasta el día treinta de abril de dos mil quince, la notificación del auto de siete de abril del dos mil quince, se realizó hasta el ocho de mayo del mismo año, de tal manera que transcurrieron seis días hábiles desde que fue adscrito a la fecha a en que se practicó la respectiva notificación, es decir fuera del plazo previsto en la ley. Por lo que, contrario a lo manifestado, la responsable si tomó en consideración que el ahora quejoso fue asignado a la Primera Actuaría el treinta de abril de dos mil quince, sin embargo, considero que aún y cuando ello se encontraba acreditado, al haberse realizado la notificación el ocho de mayo de dos mil quince, la notificación se encontraba fuera del plazo legal que marca la ley, con un desfase de seis días. 6.- Respecto del expediente 171/2015, el quejoso arguye que la responsable no tomó en consideración que dicho expediente le fue turnado hasta el treinta de noviembre de dos mil quince, pero el dos de diciembre de dos mil quince, fue devuelto a la Secretaría en virtud de un trámite pendiente, y que fue devuelto a la Actuaría hasta el día de la notificación. Al respecto, el quejoso ofreció como medio de convicción el informe de autoridad a cargo del Juez Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, actualmente Juzgado Séptimo Civil Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, el cual fue valorada por la autoridad responsable, en términos del artículo 490 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (foja 733 anverso y 734). Sin embargo, de dichas constancias la autoridad responsable determinó que no se acreditó que dicho expediente fue recibido para su notificación el treinta de noviembre de dos mil quince, sin que se acredite que, como lo aduce el quejoso, se haya devuelto a la Secretaría el dos de diciembre de dos mil quince, pues no existe firma de recibido por parte de la secretaría ni diversa anotación de devolución a la actuaría, es decir, la autoridad responsable si valoró la prueba ofrecida por el quejoso, empero, determinó que con ésta no se acreditó lo manifestado por el servidor público ahora quejoso. 7.- Por cuanto a que la autoridad responsable de manera incorrecta no le otorgó valor probatorio a la circular 040 que exhibió como prueba, por ser fotocopia simple, la cual en todo caso la autoridad responsable debió toma como hecho notorio, al ser emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Resulta inexacta dicha afirmación, pues la autoridad responsable le dio valor probatorio de indicio como se aprecia en autos (foja 735), sin embargo, la responsable consideró dicha prueba insuficiente para determinar la excesiva carga de trabajo que adujo tener el ahora quejoso, al no admicularse con diverso medio probatorio, -como pudieron ser las listas de expedientes que le fueron turnados-. Es decir, la responsable si tomó en consideración lo aducido por el quejoso, y le otorgó valor probatorio a la documental referida, pero la consideró insuficiente para acreditar la excesiva carga de trabajo de la primera actuaría referido. No existiendo razonamiento alguno del quejoso que controvierta las consideraciones antes reseñadas de ahí que no pueden ser analizadas motu proprio, quedando firmes por falta de impugnación. 8.- Finalmente, el quejoso manifestó que no se demostró alguna afectación por la omisión del servicio prestado, tal y como la propia responsable determinó en la sentencia que hoy se recurre, por lo tanto, no se debió de imponer sanción alguna, tal y como lo establece el artículo 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos El texto de dicho artículo es el siguiente: "Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones." [.] Del anterior precepto, se advierte la posibilidad prevista en nuestra carta magna, de sancionar a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y la eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Por otra parte, establece que las sanciones impuestas consistirán en, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, Sin embargo, para determinar la sanción se deberá establecer de acuerdo con: Los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y, Con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. Precisado lo anterior, como ya se dijo, es infundado lo aseverado por el quejoso, pues el propio precepto Constitucional establece que: "Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución." "Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y" Es decir, los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Asimismo, que los entes públicos estatales y municipales contarán con órganos internos de control con las facultades previstas en la ley, que tendrán en su ámbito de competencia local, para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como para sancionarlas. Por su parte, en lo que respecta a la sanción, el artículo 195 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, aplicable al procedimiento administrativo incoado en contra del promovente de amparo, establece que las sanciones aludidas en el artículo que precede, se impondrán tomando en consideración los siguientes factores: "I.- La gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas viciosas en el despacho de los asuntos; II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V.- La antigüedad en el servicio; VI.- La reincidencia en la comisión de faltas; y VII.- En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económico causado, así como la gravedad de la interrupción o suspensión del servicio a su cargo." Es decir, la Ley aplicable al procedimiento administrativo incoado al Servidor Público ahora quejoso, establece que, para la individualización de la sanción además de tomar en cuenta los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y, los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones, también se tomaran en cuenta: La gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas viciosas en el despacho de los asuntos; las circunstancias socioeconómicas del servidor público; el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; las condiciones exteriores y los medios de ejecución; la antigüedad en el servicio, y la reincidencia en la comisión de faltas. De esta manera se observa que al emitir el acto combatido la autoridad responsable al realizar el estudio de la individualización de la sanción tomó en consideración de manera acertada los parámetros consagrados por el ordinal 195 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos (fojas 749 anverso a 751), y si bien como efectivamente lo argumentó la quejosa, se determinó que no se acreditó en el sumario que con la conducta desplegada por el servidor público se hubiese causado un beneficio a su favor, o un daño o perjuicio contra algún tercero, ello no necesariamente conlleva a determinar que no se imponga una sanción, pues como lo determinó la responsable no obstante de que no se encontraba acreditado lo anterior, para la prestación del servicio se debe de suprimir cualquier clase de faltas cometidas por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Así, la autoridad responsable para fijar la sanción, arguyó que se actualizaba el artículo 195 Bis, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, tal y como se aprecia del inciso A) de la individualización de la sanción, en lo que se refiere a la gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas viciosas en el despacho de asunto aspectos que como se indicó, sirven para graduar de manera acertada la sanción a imponer, esto es así, pues al realizar dicho estudio determinó que quedó acreditado que las notificaciones de los expedientes 171/2015 y 449/2014, fueron efectuadas fuera del plazo previsto en la Ley, es decir de forma extemporánea, y que con ello se causó una deficiencia en el servicio encomendado, circunstancia prevista en nuestra Carta Magna. Precisado lo anterior, resulta inconcuso que al determinar que si existía la responsabilidad por parte del servidor público, y aun cuando no se acreditó algún beneficio económico que, en su caso, haya obtenido el responsable ni los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones, la autoridad responsable se encontraba en posibilidad de fijar la sanción correspondiente, dentro de las propias facultades otorgadas por el artículo 194, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, al tener por acreditada deficiencia en el desempeño de sus empleos. En las condiciones anteriores, al resultar por una parte inoperante y por otros infundados los conceptos de violación expuestos y no observarse materia qué suplir en deficiencia de la queja, se debe negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, contra la resolución dictada el veinte de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 28/2017, que se reclama al a los Magistrados Integrantes de la Comisión Nombrada mediante acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, da fe hasta hoy catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron las labores de este juzgado.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1203/2018-III, promovido por JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia común a los Juzgados de Distrito, y turnada al día siguiente a este Juzgado Federal, JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Visitaduría General dependiente de la Comisión del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de agosto de dos mil dieciocho, se radicó y se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inició al tenor del acta que antecede. O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En consecuencia, en términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: 1.- De la Visitaduría General dependiente de la Comisión del Poder Judicial del Estado de Morelos y de los Magistrados Integrantes de la Comisión Nombrada mediante acuerdo de pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la resolución de veinte de junio de dos mil dieciocho, emitida en autos de la queja administrativa 28/2017, en la que se declaró la existencia de la responsabilidad administrativa atribuida al servidor público, aquí quejoso y se ordenó la imposición de una sanción económica. 2.-Del Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, la ejecución de la resolución consistente en el registro de la resolución emitida en términos de los resolutivos cuarto y quinto. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la Visitaduría General dependiente de la Comisión del Poder Judicial del Estado de Morelos; Magistrados Integrantes de la Comisión nombrada mediante acuerdo de pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como del Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos (en su denominación correcta), pues así lo informaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 30, 36 a 46 y 60 a 62). Asimismo, son ciertos los actos de ejecución que se le atribuyen a la Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, ya que, no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyen; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada, pues obra en autos fotocopia certificada de la resolución emitida el veinte de junio de dos mil dieciocho, (fojas 699 a 760 anexo I), de la que se advierte en su resolutivo séptimo, que se ordenó remitir copia a la Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos, para su registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de ahí que su negativa esté desacreditada. Documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que, además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. La autoridad responsable Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, manifestó que en contra del acto que el quejoso le reclama en la presente instancia constitucional, previó al juicio de amparo, debió de promover el medio de impugnación previsto en los artículos 1, 3, 39 y 40 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dicha causal de improcedencia en todo caso se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Ahora bien, la citada causal de improcedencia es infundada debido a que en contra de la resolución de veinte de junio de dos mil dieciocho, dictada en la queja administrativa 28/2017, que pone fin al procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad con el artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, son inimpugnables, por lo que es inconcuso que al ser una resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la parte quejosa está legitimada para promover el juicio de amparo indirecto en contra de ésta. Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se pasa al estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO. En primer lugar se precisara que en el caso en estudio no es dable la suplencia de la queja deficiente, puesto que el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae el artículo 123 constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), por lo que no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, registro: 2013378, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página: 705, del siguiente rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL." Ahora bien, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, son por una parte infundados y por otra inatendibles Antes de abordar el estudio del acto reclamado, se relataran los antecedentes del acto reclamado. El nueve de febrero de dos mil dieciséis, la Juez de Primera Instancia Auxiliar, adscrita a la Visitaduría General Dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, se constituyó en el Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, con el propósito de llevar a cabo el acta de visita ordinaria. Derivado de la Visita ordinaria, se levantó el acta en la que se hicieron constar diversas observaciones, entre ellas, en el punto IV de dicha acta se advierte que la Juez Auxiliar solicitó al azar diversos expedientes en trámite, y derivado de su revisión advirtió que respecto a los expedientes 171/2015 y 449/2014-1, a cargo del ahora quejoso, se encontraban notificados fuera del término establecido en el artículo 132 del Código adjetivo familiar, asimismo, asentó, que respecto a la Primera Actuaría a cargo del licenciado José María Paz Hernández, los expedientes 152/2014, 264/2015 y 17/2013, también se encontraban notificados fuera del plazo establecido en el artículo 132 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos (fojas 3 a 15, anexo I) El doce de octubre de dos mil dieciséis, se dictaminó el acta de visita de supervisión efectuada al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, en dicho dictamen se observó que los licenciados JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ y otros, no cumplieron con sus funciones encomendadas ya que los expedientes 171/2015-1, 449/2014-1, 306/2015-2, 303/2015-2, 397/2015-2 y 28/2015-3, se notificaron con bastantes días de retraso, por lo que se ordenó iniciar procedimiento de responsabilidad y turnar el acta de visita así como sus anexos a la Visitaduría General de dicho órgano, para el inicio del procedimiento administrativo (fojas 5 a 7). El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión ordinaria de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, ordenó iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa (fojas 1 a 3 anexo I). El diez de febrero de dos mil diecisiete, se registró y se dio inicio al procedimiento administrativo en contra de José María Paz Hernández y otros. El quince de febrero de dos mil diecisiete, se realizó el emplazamiento al procedimiento administrativo al ahora quejoso. El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó regularizar el procedimiento y se ordenó emplazar nuevamente a los servidores públicos (fojas 205 a 206). Una vez que se emplazó nuevamente a los servidores públicos, el trece de marzo de dos mil dieciocho, JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, compareció ante la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, a rendir su declaración, respecto de los hechos de la queja, hacer valer sus excepciones y defensas y ofrecer medios de convicción. Una vez que se proveyó sobre las pruebas, y se desahogó la audiencia de alegatos, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, se dictaminó sobre el expediente administrativo 28/2017 (fojas 643 a 696). Finalmente, el veinte de junio de dos mil dieciocho, se emitió resolución en el expediente 28/2017, siendo este el acto que ahora se reclama. Se puntualizan los conceptos de violación que expuso el quejoso en su escrito inicial de demanda. La parte quejosa sostiene que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: 1) No respeto las formalidades esenciales del procedimiento, ya que violó el artículo 44, fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en relación con el diverso 195-Quarter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, puesto que en el auto de radicación de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, no se expuso con claridad los hechos imputados, la causa de responsabilidad y demás pruebas en que se fundó a fin de salvaguardar el derecho de defensa del ahora quejoso, pues únicamente se limitó a exponer que el procedimiento tuvo origen en la visita de nueve de febrero de dos mil dieciséis, sin embargo, en dicha acta de visita se prevén diversos hechos, lo que lo deja en estado de incertidumbre al no saber cuál de ellos actualiza la responsabilidad administrativa, aunado a que no se mencionan las pruebas que acreditan la responsabilidad. 2.- Que la autoridad responsable no fundó ni motivo de manera adecuada su resolución, pues manifestó que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 187 fracción I, en relación con el 94 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como el 27 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin precisar a qué Ley Estatal hace alusión o a que entidad federativa corresponde dicha Ley, asimismo, consideró que no se estableció que conducta las actualiza ni como se acredita,. 3.- Que la autoridad responsable dejo de aplicar el principio de presunción de inocencia. 4.- No tomó en consideración que se asentaron razones de imposibilidad de notificación. 5.- Respecto al expediente 449/2014, la autoridad responsable no tomó en consideración que dicha notificación fue realizada fuera del plazo legal en razón de que el acuerdo a notificar lo era del día siete de abril de dos mil quince, y el ahora quejoso fue asignado a la Primera Actuaría el treinta de abril de dos mil quince. 6.- Respecto del expediente 171/2015, existe acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil quince, notificado hasta el día veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y arguye que la responsable no tomó en consideración que dicho expediente le fue turnado hasta el treinta de noviembre de dos mil quince, pero el dos de diciembre de dos mil quince, fue devuelto a la Secretaría en virtud de un trámite pendiente, y que fue devuelto a la Actuaría hasta el día de la notificación. 7.- Que la autoridad responsable de manera incorrecta no le otorgó valor probatorio a la circular 040 que exhibió como prueba, por ser fotocopia simple, la cual en todo caso la autoridad responsable debió toma como hecho notorio, al ser emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 8.- El quejoso aduce que no se demostró alguna afectación por la omisión del servicio prestado, tal y como la propia responsable determinó en la sentencia que hoy se recurre, por lo tanto, no se debió de imponer sanción alguna, tal y como lo establece el artículo 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Es necesario precisar que los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin embargo, por técnica jurídica no se estudiaran en el orden propuesto. I.- Es inoperante por inatendible el concepto de violación que hace valer el quejoso, marcado con el número 4, en el que expuso que la responsable no tomó en consideración que se asentaron razones de imposibilidad de notificación, ello en relación al expediente 171/2015. Como ya se mencionó, dicha aseveración es inatendible, pues dicho medio de convicción y argumento no puede ser materia de estudio por parte de quien resuelve, en razón de que no lo hizo valer ante la autoridad responsable, pues de no ser así, se modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio de garantías, afectando en consecuencia los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, vulnerando distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Al respecto es aplicable la tesis de la Novena Época, de número de registro 205277, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES, CUANDO EN EL AMPARO SE PLANTEAN CUESTIONES QUE NO FUERON ADUCIDAS EN EL JUICIO NATURAL. Si la autoridad responsable no tuvo la oportunidad de dirimir en el juicio las cuestiones aducidas, porque no fueron planteadas en los términos que ahora se esgrimen en el juicio de amparo, no pueden ser motivo de estudio los conceptos de violación aludidos, porque el acto reclamado, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe analizarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable." II.- Ahora bien, como ya se dijo resulta infundado el primer concepto de violación esgrimido por el quejoso, por las siguientes razones: Aduce el quejoso que la responsable violó las leyes del procedimiento, así como el artículo 44, fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, pues en el auto de radicación diez de febrero de dos mil diecisiete no expuso con claridad: a) Los hechos imputados, b) La causa de responsabilidad y, c) Las pruebas en que se fundó y, Se limitó a proveer que el procedimiento administrativo se originó de la visita de nueve de febrero de dos mil dieciséis, aunado a que no se mencionan las pruebas que acreditan la responsabilidad. En ese sentido, el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, dispone que nadie puede ser privado de sus propiedades o de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales establecidos, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. El citado artículo constitucional contempla el derecho a la seguridad jurídica, entendido como el conjunto de prescripciones que el constituyente impone a las autoridades observar en el ejercicio de sus funciones, como condición para que puedan afectar la esfera jurídica de los particulares, esto es, deben seguir un procedimiento que revista ciertas formalidades, entre las cuales se encuentra el derecho de audiencia. El derecho fundamental de audiencia garantiza al gobernado que tendrá la oportunidad de defenderse antes de que una autoridad pueda emitir un acto privativo de derechos en su contra. Para ello se impone a dicha autoridad la obligación de observar una serie de formalidades del procedimiento que se consideran esenciales, tales como: La notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias, La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, La oportunidad de formular alegatos y, El derecho de poder exigir el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 210 del Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima, Segunda Sección - Debido Proceso, página 1156, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.". Es verdad que por auto diez de febrero de dos mil diecisiete, el Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, estimó de aplicación supletoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 44, fracción III y IV, los cuales son del siguiente tenor: "ARTÍCULO *44.- El acuerdo de radicación deberá contener los siguientes requisitos: [.] III.- Señalar con precisión los hechos que se imputan al probable responsable; IV. Precisar las hipótesis normativas que con la conducta del probable responsable se violentan; [.]" El numeral descrito impone la obligación de precisar los hechos que se imputan al servidor público para el inicio del procedimiento administrativo, así como las hipótesis normativas que considere violadas. Para una mejor comprensión en relación a las formalidades que debe de contener el auto de radicación del procedimiento administrativo, previstas en el artículo 44, fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, es necesario citar el capítulo segundo del Reglamento que establece los Lineamientos sobre los que la Visitaduría General, practicará las Visitas de Inspección y/o Supervisión en los Órganos Jurisdiccionales y en las Unidades Administrativas, dispone en lo que nos interesa lo siguiente: "Artículo 25.- Las visitas de supervisión ordinaria tienen como objeto recabar, en forma metódica, información respecto al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así como al desempeño y conducta de sus integrantes. Sus efectos serán esencialmente de control y preventivos." "Artículo 33.- Los jueces auxiliares solicitarán al azar los expedientes en trámite y los que se encuentren suspendidos a fin de revisarlos, al concluir la revisión de éstos, estamparán en la última actuación revisada, su firma, con el objeto de que en la próxima visita la revisión se inicie a partir de la firma estampada." "Artículo 35.- De toda visita de supervisión, se levantará acta circunstanciada, de acuerdo al formato aprobado por la Comisión, la firmarán el juez auxiliar, los secretarios auxiliares, el titular del órgano jurisdiccional o encargado del despacho, según corresponda y los secretarios de acuerdos y actuarios. Se levantará en dos tantos, uno de ellos quedará en el propio órgano y el otro se remitirá al Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, quien tomando en cuenta las irregularidades detectadas, actuará conforme corresponda." De dichos preceptos legales se advierte que las visitas de supervisión ordinaria tienen como objeto recabar, información respecto al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así como al desempeño y conducta de sus integrantes, así los jueces auxiliares encargados de la visita, solicitarán al azar los expedientes en trámite y los que se encuentren suspendidos a fin de revisarlos, que de la visita de supervisión, se levantará acta circunstanciada, en dos tantos, uno de ellos quedará en el propio órgano y el otro se remitirá al Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, quien tomando en cuenta las irregularidades detectadas, actuará conforme corresponda. Ahora bien, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, prevé en su capítulo tercero lo relativo al procedimiento administrativo. Así es, el artículo 189, fracción II, de dicho ordenamiento legal establece que el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos Judiciales del Estado deberá iniciarse: [.] "II.- Como resultado de las visitas practicadas a los tribunales, o por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de tales servidores públicos." Ahora bien, en el caso en particular, se inició procedimiento administrativo en contra del ahora quejoso, por los datos que se desprendieron de la visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis, pues incluso así se precisó en el auto de radicación de diez de febrero de dos mil diecisiete, también se precisó que no era necesaria la trascripción de los hechos que se les atribuyen pues al momento del emplazamiento se haría entrega al servidor publico del acta de visita ordinaria, así como del oficio CJE/MCVCL/4924/2016, sustentado su razonamiento en la tesis 2a./58/2010, no obstante que dicho criterio es inaplicable para tales efectos al referirse a una hipótesis distinta, observando que no se indicó de manera directa los hechos que se imputaban al servidor público. No obstante lo anterior, se advierte que en el propio auto de radicación se hizo la trascripción del oficio CJE/MCVCL/4924/2016 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el que una vez que se analizó el acta de visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis, delimitó las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos sujetos al procedimiento administrativo, en cuya parte que interesa destacó: "Por lo que respecta a la revisión aleatoria que se hizo a los expedientes en trámite de la Primera Secretaria se observó que por cuanto a los expedientes 171/2015-1 y 449/2014, se realizaron unas notificaciones fuera del plazo que establece la ley, siendo el responsable de dichas notificaciones el licenciado José María Paz Hernández, actuario adscrito a dicho juzgado, haciendo la aclaración que el tiempo que se tardó en realizar la notificación en los referidos expedientes fue aproximadamente de un mes." "TERCERO: Toda vez que de la revisión minuciosa del acta de visita, se infieren hechos que pudieran ser constitutivo de responsabilidad administrativa, en virtud de que los licenciados José María Paz Hernández, [.], presumiblemente no cumplieron con las funciones que tienen encomendadas, ya que en los expedientes 171/2015-1, 449/2014-1 [.], lo que no es aceptable, máxime en asuntos de carácter familiar, conducta que podría constituir una falta de responsabilidad por parte de los servidores públicos, dado que según lo dispuesto por el numeral 132 del Código Procesal Familiar, las notificaciones las debieron de realizar a más tardar al día siguiente dictada la resolución, lo que evidentemente no atendieron.. SE ORDENA INICIAR PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LOS LICENCIADOS JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, [.], en atención a que presumiblemente su actuar pudiera actualizar la hipótesis prevista por el numeral 187 fracción I en relación con el artículo 94, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como el 27, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos." Por lo tanto, resulta infundado el concepto de violación en estudio, puesto que si bien es cierto que en el capítulo de hechos atribuidos a los servidores públicos, efectivamente la autoridad responsable solo determinó que éstos se desprenden de la visita de supervisión ordinaria efectuada el nueve de febrero de dos mil dieciséis al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la cual dijo tenía por íntegramente reproducida y que consideró innecesaria su trascripción, dado que al momento del emplazamiento se le correría traslado al servidor público con copia de los documentos, así como con la entrega del oficio CJE/MCVCL/4924/2016, por lo que no expuso de manera detallada los hechos que reprochaba. También lo es que, en el auto de radicación de diez de febrero de dos mil dieciocho, se hizo trascripción del oficio antes descrito, y, de la simple lectura del mismo, se advierte que se trascribió lo resuelto en sesión de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se precisaron las irregularidades que se desprendieron del acta de visita de ordinaria, por cuanto al servidor público ahora quejoso precisando en ella lo siguiente: a) Que los hechos imputados, derivan del acta de visita ordinaria indicada, de la que se advierte que los expedientes 171/2015 y 449/2014, a cargo del ahora quejoso, fueron notificados fuera del plazo previsto por el artículo 132 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. b) Que su actuar podría encuadrar en la hipótesis prevista por el numeral 187, fracción I en relación con el 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como el 27 fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. c) Y que dichos actos, derivan del acta de visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis en el que se hizo constar el retraso de las notificaciones. Lo cual se encuentra previsto en el artículo 189, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Asimismo, obra en autos fotocopia certificada de la cédula de emplazamiento efectuada al ahora quejoso (fojas 215 a 221 anexo I), de la que se advierte que recibió fotocopias de traslado de la queja administrativa 28/2017, oficio CJE/MCVCL/4924/2016 y acta de visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis. Documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Por lo tanto, contrario a lo que aduce el quejoso, la autoridad responsable si cumplió con el extremo previsto en el artículo 44, fracción III de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, pues en el auto de radicación se plasmaron los hechos imputados al quejoso, mismos que fueran delimitados en el oficio CJE/MCVCL/4924/2016, derivado de la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la que se analizó el acta de visita ordinaria, y en el caso que nos ocupa respecto del ahora quejoso, se determinó que los expedientes 171/2015-1 y 449/2014, fueron notificados fuera del plazo previsto por el artículo 132 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, también se dijo que su actuar podría encuadrar en la hipótesis prevista por el numeral 187, fracción I en relación con el 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como el 27, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de lo cual se le notificó al ahora quejoso el dos de marzo de dos mil diecisiete. Por lo tanto, contrario a lo que manifiesta el quejoso, en la radicación del procedimiento de origen si se precisaron los hechos que se le atribuyen, así como la hipótesis normativa en la que podría encuadrar su conducta, señalando además que ello derivó del acta de visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis, en la que se hizo constar el retraso en la notificación de los expedientes ya aludidos. Todo ello le fue notificado de manera personal como consta en autos, de tal manera que no se le dejó en estado de indefensión pues tuvo pleno conocimiento de los hechos que se atribuían y la conducta de responsabilidad en la que presuntamente incurrió y por la que se dio inicio al procedimiento, respetando así la garantía de defensa adecuada y por ende el debido proceso. III.- También es infundado el segundo concepto de violación esgrimido. Así, el artículo 16 Constitucional en su primer párrafo establece la obligación que tienen todas las autoridades de fundar y motivar debidamente sus determinaciones, ya que ésta es la única forma por la cual el gobernado se encuentra en posibilidad de conocer las causas que originan la determinación y, de poder combatirlas legalmente, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, que también deben señalarse con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, según el cual, quien lo emitió llegó a la conclusión que el mismo se ajustó a las prevenciones de determinadas disposiciones legales; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Ello, en atención a la jurisprudencia número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Séptima Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." Al respecto, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación: a) En relación a la primera se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión. b) Mientras que la segunda hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto; se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 173565, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, página 2127, del siguiente rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA." En efecto, mediante resolución de veinte de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable determinó que el actuar del ahora quejoso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, infringiendo la obligación prevista en el artículo 94, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como lo dispuesto por el artículo 132 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, en relación con el diverso 27, fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y si bien es cierto que citó que se actualiza lo previsto en el artículo 27 fracción I de la Ley Estatal de los Servidores Públicos, y no se precisó si dicha legislación corresponde a la del Estado de Morelos, ello no se puede tomar como una indebida fundamentación, pues el artículo 195-Quarter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en su texto establece lo siguiente: "ARTICULO 195 Quáter.- En todo lo no previsto por este ordenamiento se aplicarán en lo conducente, las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos." El artículo antes citado, establece que en caso de que exista alguna laguna los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, será aplicable de manera supletoria la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Por lo tanto, resulta inconcuso que el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a que se hace alusión en el acto combatido, corresponde a la Legislación del Estado de Morelos, pues incluso en el caso el procedimiento administrativo inicio contra un funcionario al servicio del Estado de Morelos, el cual se desempeñaba en ese momento en el cargo de Actuario Judicial de un tribunal estatal, por lo que no se aprecia circunstancia alguna que generara incertidumbre en torno a la legislación estatal que resultaba aplicable. Maxime que la autoridad responsable se ve imposibilitada para fundar su acto en una legislación de diversa entidad federativa, pues la fracción I del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se deben observar las normas del derecho local de la propia entidad federativa, no estando facultada para ceñir sus actos a las disposiciones relativas a otra legislación, de acuerdo con el principio de soberanía estatal. "Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. [.]" Así, de lo expuesto resulta inconcuso que no obstante que la autoridad responsable solamente haya citado como fundamento el artículo 27 fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin expresar que se refería a la del Estado de Morelos, no conlleva a determinar sea una indebida fundamentación, pues como se explicó no existe motivo alguno para estimar aplicable la ley de diversa entidad Federativa, además que por mandato constitucional no se puede aplicar otra y de ahí que se estime infundado el concepto de violación en estudio y dicha circunstancia no es dable calificarla como una indebida fundamentación como transgresión al dispositivo 16 Constitucional. Por otra parte, el artículo 187 fracción I y el 94 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, establecen lo siguiente: "ARTICULO 94.- Los Actuarios de los Juzgados tendrán a su cargo la publicidad y difusión de las resoluciones judiciales. Para ello deberán: I.- Practicar las notificaciones de tales resoluciones a quienes corresponda, en los términos señalados por los ordenamientos procesales;" "ARTICULO 187.- Son faltas de los Actuarios: I.- Dejar de hacer con la debida oportunidad, sin causa plenamente justificada, las notificaciones personales o no llevar al cabo las diligencias de sus atribuciones, cuando éstas deban efectuarse fuera del Tribunal;" Al respecto en la resolución materia del presente juicio de amparo se citó lo siguiente por cuanto hace al ahora quejoso: ". tuvo un notorio descuido en el desempeño de sus funciones, ya que dejó de hacer con la debida oportunidad, sin causa plenamente justificada las notificaciones de los expedientes números 449/2014 y 171/2015, es decir dichas notificaciones fueron practicadas fuera del plazo establecido para tal efecto, circunstancia que quedo plenamente acreditado con las documentales públicas valoradas con anterioridad, causando con ello una deficiencia en el servicio que tiene encomendado, y como consecuencia un retraso indebido en la administración de justicia de hasta veintiocho días hábiles (un mes), temporalidad por demás excesiva para practicar una notificación." Del anterior texto se evidencia que la autoridad responsable si determinó que conducta actualiza las hipótesis normativas previstas en el artículo 187 fracción I, en relación con el 94 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos que reprocha al accionante, contrariando a lo alegado, además valoró diversos medios de convicción, entre ellos el acta de visita ordinaria de nueve de febrero de dos mil dieciséis, la cual no fue objetada por el ahora quejoso, y en la que se hizo constar el retardo en las notificaciones indicadas. Es decir, señaló las circunstancias especiales por las que consideró que se actualizaba la conducta atribuida a JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, y precisó con claridad las disposiciones legales aplicables al caso concreto entre las que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas, por lo tanto, como ya se mencionó, deviene infundado el concepto de violación esgrimido al respecto. IV- También es infundado el concepto de violación marcado con el número 3. En principio, es conveniente realizar algunas precisiones en torno al principio de presunción de inocencia que el quejoso estima transgredido. Actualmente, el principio de presunción de inocencia se encuentra reconocido en el artículo 20, Apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes: "20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; (.)" Como se advierte, el Estado Mexicano reconoce el estado o condición de inocencia de los gobernados, razón por la cual lo protege a través del derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, lo que significa que todo hombre debe ser tratado con tal calidad -inocente- hasta en tanto no se demuestre lo contrario; esto implica que corresponde a la autoridad desvirtuar la inocencia probando la ilicitud de la conducta, y opera desde que se inicia la investigación hasta la resolución final que la destruya. De ahí que el principio de presunción de inocencia exija que, para imponer una sanción, sea indispensable la certeza de la culpabilidad, ya que si lo que motiva la imposición de la sanción es cierta conducta, ante la duda de su existencia, no existe razón para imponer sanción alguna. Por tanto, el principio de presunción de inocencia constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo y, requiere de actividad probatoria que la destruya de forma clara y rotunda. De esta forma se tiene que dicho principio opera fundamentalmente en el campo procesal; y desde este punto de vista se infieren tres cuestiones: Que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria impidiendo la condena sin pruebas. Que las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión de condena han de merecer tal concepto jurídico y ser constitucionalmente legítimas. Que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores y no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de su inocencia o de su participación en los hechos. Por lo tanto, en virtud de la presunción de inocencia ninguna persona podrá ser considerada culpable sino hasta que se dicte la sentencia respectiva que la desvirtúe plenamente, acreditando la infracción al ordenamiento jurídico, y, en cuyo proceso se hayan observado todas las garantías necesarias para su adecuada defensa. Así las cosas, con el simple inicio de una investigación o del inicio del procedimiento no se menoscaba la presunción de inocencia, sino por el contrario, ésta aparece precisamente en tales momentos y hasta que se dicte la sentencia correspondiente que dirima de forma concluyente la responsabilidad. Es decir, solamente la sentencia condenatoria priva de la calidad de inocente. De esta manera, el principio en estudio es aplicable, no únicamente a la materia penal, sino también al derecho administrativo sancionador, en tanto que éste es una manifestación de la potestad punitiva del Estado, dado que implica la imposición de una sanción en virtud de una conducta humana que infrinja el ordenamiento jurídico, tal y como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/2013 en sesión de veintiocho de enero de dos mil catorce. En dicho asunto, el Máximo Tribunal precisó que el procedimiento administrativo sancionador es el conjunto de actos o formalidades concatenados entre sí en forma de juicio por autoridad competente, con el objeto de conocer irregularidades o faltas ya sean de servidores públicos o particulares, cuya finalidad, en todo caso, sea imponer alguna sanción; premisa a partir de la cual se orientará el presente estudio. De igual manera, precisó que por debido proceso legal se puede entender, de manera general, el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados. En tanto que, por infracción administrativa, precisó que ha de entenderse aquél comportamiento contraventor de lo dispuesto en una norma jurídica, a la que se apareja una sanción consistente en la privación de un bien o un derecho, y que no aparece calificado en el ordenamiento jurídico como delito o falta. En tal virtud, la presunción de inocencia es un derecho fundamental, cuyo contenido debe modularse dependiendo del contexto en el que se aplique, de tal manera que no tiene el mismo alcance cuando se aplica a la actuación de la autoridad desplegada en forma de juicio que cuando se trata de actos unilaterales, pues en este tipo de actos, como todo principio formulado en la forma de un mandato de maximización, requiere una concreción en cada caso concreto y, en su caso, de una posible minimización que en cuya situación atenderá a las características de cada asunto en concreto. Así es, este principio produce una inmediata consecuencia procesal que consiste en desplazar la carga de la prueba en el órgano acusador; es a él al que en un procedimiento contradictorio, con participación y audiencia del interesado inculpado, debe suministrar, recoger y aportar los elementos probatorios a través de los medios comunes que sirvan de soporte al supuesto de hecho cuya clasificación como falta administrativa se pretende. Dicho de otro modo, en el caso de que tal actividad probatoria no se haya producido, es evidente que el relato o descripción de los acaecimientos por la autoridad o sus agentes no conlleva una presunción de veracidad que obligue al inculpado a demostrar su inocencia, invirtiendo así la carga de la prueba, es decir, la presunción de inocencia conlleva a que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria impidiendo la condena sin pruebas, dichas pruebas deben ser constitucionalmente legítimas, y la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores en tanto no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de su inocencia o de su participación en los hechos Guarda sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2006590, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página: 41, del siguiente rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso." Precisado lo anterior, como ya se mención el artículo 189, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, prevé que el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos Judiciales del Estado, el cual podrá iniciarse, como resultado de las visitas practicadas a los tribunales, o por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de tales servidores públicos, tal y como en el caso acontece, los hechos atribuidos a la parte quejosa derivan del acta de visita de nueve de febrero de dos mil dieciséis, de la cual se hicieron constar diversos hechos, entre los cuales se advirtió el atraso en la notificación de diversos expedientes del índice del Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que se encontraba bajo la atención del quejoso. Dichos actos fueron delimitados por sesión ordinaria de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, y por cuanto al ahora quejoso, se determinó que los expedientes 171/2015 y 449/2014, se encontraban notificados fuera del plazo legal previsto en el artículo 132 del Código Procesal Familiar. El texto del artículo anterior es el siguiente: "ARTÍCULO *132.- OBLIGACIONES DE LOS ACTUARIOS. Las notificaciones se harán a más tardar al día siguiente al que se dicten las resoluciones que las prevengan cuando el juez o la ley no dispongan otra cosa. [.] Las citaciones se notificarán con cuarenta y ocho horas de anticipación cuando menos, al momento en que deba tener verificativo el acto correspondiente [.] Y dado que se inferían hechos posiblemente constitutivos de responsabilidad administrativa, ordenó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en razón de que su actuar pudiera actualizar la hipótesis prevista en el artículo 187 fracción I en relación con el artículo 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como 27 fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El trece de marzo de dos mil diecisiete, compareció JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, a las oficinas del entonces Consejo de la Judicatura Estatal a rendir su declaración, en ésta hizo valer excepciones y ofreció diversos medios de convicción, ésto aun cuando la norma correspondiente no alude expresamente a etapas de notificación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y dictado de resolución. Una vez desahogadas las probanzas, se emitió la sentencia que hoy se recurre. Entonces, como ya se dijo, es infundado lo alegado por el quejoso cuando aduce que la autoridad responsable violó el principio de presunción de inocencia durante el procedimiento administrativo, así como en la resolución que ahora combate, pues al servidor público no le corresponde desvirtuar la responsabilidad administrativa, sino a la autoridad responsable acreditarla; pues en el caso, el principio de presunción de inocencia establece que ninguna persona podrá ser considerada culpable sino hasta que se dicte la sentencia respectiva que la desvirtúe plenamente. Sin embargo, ello no implica que si en el caso existe prueba fehaciente con la que se acredite la conducta atribuida al servidor público, éste no deba aportar medios de convicción para desvirtuarla -cuya presunción de inocencia en todo caso prevalece hasta el dictado de la sentencia-, y previa valoración de las pruebas aportadas se exprese decisión al respecto al dictarse la sentencia, así, en caso en particular, se dio inicio al procedimiento administrativo en razón de que existían expedientes notificados fuera del plazo legal, lo que se hizo constar en el acta de visita ordinaria antes referida, incluso dicha circunstancia fue aceptada por el propio servidor público al comparecer ante el entonces Consejo de la Judicatura Estatal, sin embargo, también hizo valer diversos medios de prueba con el propósito de acreditar que aun y cuando existían expedientes notificados fuera del plazo legal, dicha circunstancia no le era imputable. Medios de convicción que fueron admitidos, desahogados y al final valorados con el dictado de la resolución ahora reclamada, es decir, resulta inconcuso que la autoridad responsable no violó el principio de presunción de inocencia ya que se aportaron las pruebas aptas y suficientes para ello, corroborando así el reproche formulado en su contra, como a continuación se expondrá. Ahora bien, el procedimiento administrativo se centró en determinar la responsabilidad o no del ahora quejoso en razón de que los expedientes materia de la revisión de visita ordinaria se encontraban notificados fuera del plazo legal previsto en la ley. Al respecto, se advierte que la sanción emitida fue precedida de una actividad probatoria por parte del órgano acusador, pues efectivamente, se encontraba acreditado que los expedientes fueron notificados fuera del plazo legal, en tanto que, el ahora quejoso tuvo la oportunidad de ofrecer medios de convicción con el propósito de desvirtuar que dicho desfase en las notificaciones no fueron imputables a su persona, sin embargo, no lo realizó de manera eficaz y por ello la responsable al valorar los medios probatorios de cargo y descargo, emitió la resolución hoy recurrida. En efecto la autoridad responsable al momento de resolver el procedimiento administrativo consideró que se acreditaba la responsabilidad en contra del funcionario ahora quejoso, determinación que no fue emitida de manera aislada, sino valorando de manera conjunta tanto las pruebas de descargo ofrecidas con el propósito de acreditar que si bien si existía una dilación en las notificaciones, éstas no fueron imputables al servidor público; como las de cargo con base en las cuales se inició el procedimiento y al concluirlo se logró acreditar la conducta reprochable de que se trata. De ahí que dicha es acorde con el Estado democrático de derecho, que se pretende que sea la responsabilidad y no la inocencia la que deba probarse, de tal manera que como estándar probatorio se impone la obligación de absolver a los investigados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la conducta reprochada, de tal manera que, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración la prueba (entendida como resultado de la actividad probatoria). Es decir, la presunción de inocencia no llega al extremo de recabar de manera oficiosa pruebas de descargo a favor del servidor público, pues en dicha materia no existe suplencia de la queja, sin embargo, el servidor público tiene el derecho de ofrecer los medios de convicción que considere necesarios, lo que en particular realizó, aunque no con el alcance probatorio pretendido. De ahí que al estar acreditado en autos que las notificaciones se realizaron de manera extemporánea pues incluso así lo aceptó el ahora promovente de amparo, y la autoridad responsable, haber valorado las pruebas ofertadas por el quejoso en el procedimiento administrativo con el propósito de desvirtuar su responsabilidad es inconcuso que no se violó el principio de inocencia que aduce el quejoso la autoridad responsable trasgredió. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, registro 2013368, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Página 161, del siguiente rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO." V.- Por otra parte, también son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, marcados con los números 5, 6 y 7, los que se contestaran de manera conjunta 5.- Respecto al expediente 449/2014, aduce que la autoridad responsable no tomó en consideración que dicha notificación fue realizada fuera del plazo legal en razón de que el acuerdo a notificar lo era del día siete de abril de dos mil quince, y el ahora quejoso fue asignado a la Primera Actuaría el treinta de abril de dos mil quince. Contrario a lo que aduce, la responsable valoró al respecto las pruebas ofrecidas por el ahora quejoso, consistentes en el informe de autoridad a cargo del departamento de recursos humanos del Poder Judicial del Estado de Morelos; informe de autoridad a cargo de Martin Montes García, quien fungió como Titular del Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, medios de convicción a los que les otorgó valor probatorio en términos del artículo 490 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, y de las que tuvo por acreditado que el quejoso fue adscrito al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, a partir del dieciséis de abril de dos mil quince, y que a partir del treinta de abril de dos mil quince, fue cambiado a la Primera Secretaria del Juzgado (fojas 732 anverso y 733) y, en efecto la autoridad responsable precisó que si bien fue adscrito a la Primera Secretaria hasta el día treinta de abril de dos mil quince, la notificación del auto de siete de abril del dos mil quince, se realizó hasta el ocho de mayo del mismo año, de tal manera que transcurrieron seis días hábiles desde que fue adscrito a la fecha a en que se practicó la respectiva notificación, es decir fuera del plazo previsto en la ley. Por lo que, contrario a lo manifestado, la responsable si tomó en consideración que el ahora quejoso fue asignado a la Primera Actuaría el treinta de abril de dos mil quince, sin embargo, considero que aún y cuando ello se encontraba acreditado, al haberse realizado la notificación el ocho de mayo de dos mil quince, la notificación se encontraba fuera del plazo legal que marca la ley, con un desfase de seis días. 6.- Respecto del expediente 171/2015, el quejoso arguye que la responsable no tomó en consideración que dicho expediente le fue turnado hasta el treinta de noviembre de dos mil quince, pero el dos de diciembre de dos mil quince, fue devuelto a la Secretaría en virtud de un trámite pendiente, y que fue devuelto a la Actuaría hasta el día de la notificación. Al respecto, el quejoso ofreció como medio de convicción el informe de autoridad a cargo del Juez Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, actualmente Juzgado Séptimo Civil Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, el cual fue valorada por la autoridad responsable, en términos del artículo 490 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (foja 733 anverso y 734). Sin embargo, de dichas constancias la autoridad responsable determinó que no se acreditó que dicho expediente fue recibido para su notificación el treinta de noviembre de dos mil quince, sin que se acredite que, como lo aduce el quejoso, se haya devuelto a la Secretaría el dos de diciembre de dos mil quince, pues no existe firma de recibido por parte de la secretaría ni diversa anotación de devolución a la actuaría, es decir, la autoridad responsable si valoró la prueba ofrecida por el quejoso, empero, determinó que con ésta no se acreditó lo manifestado por el servidor público ahora quejoso. 7.- Por cuanto a que la autoridad responsable de manera incorrecta no le otorgó valor probatorio a la circular 040 que exhibió como prueba, por ser fotocopia simple, la cual en todo caso la autoridad responsable debió toma como hecho notorio, al ser emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Resulta inexacta dicha afirmación, pues la autoridad responsable le dio valor probatorio de indicio como se aprecia en autos (foja 735), sin embargo, la responsable consideró dicha prueba insuficiente para determinar la excesiva carga de trabajo que adujo tener el ahora quejoso, al no admicularse con diverso medio probatorio, -como pudieron ser las listas de expedientes que le fueron turnados-. Es decir, la responsable si tomó en consideración lo aducido por el quejoso, y le otorgó valor probatorio a la documental referida, pero la consideró insuficiente para acreditar la excesiva carga de trabajo de la primera actuaría referido. No existiendo razonamiento alguno del quejoso que controvierta las consideraciones antes reseñadas de ahí que no pueden ser analizadas motu proprio, quedando firmes por falta de impugnación. 8.- Finalmente, el quejoso manifestó que no se demostró alguna afectación por la omisión del servicio prestado, tal y como la propia responsable determinó en la sentencia que hoy se recurre, por lo tanto, no se debió de imponer sanción alguna, tal y como lo establece el artículo 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos El texto de dicho artículo es el siguiente: "Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones." [.] Del anterior precepto, se advierte la posibilidad prevista en nuestra carta magna, de sancionar a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y la eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Por otra parte, establece que las sanciones impuestas consistirán en, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, Sin embargo, para determinar la sanción se deberá establecer de acuerdo con: Los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y, Con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. Precisado lo anterior, como ya se dijo, es infundado lo aseverado por el quejoso, pues el propio precepto Constitucional establece que: "Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución." "Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y" Es decir, los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Asimismo, que los entes públicos estatales y municipales contarán con órganos internos de control con las facultades previstas en la ley, que tendrán en su ámbito de competencia local, para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como para sancionarlas. Por su parte, en lo que respecta a la sanción, el artículo 195 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, aplicable al procedimiento administrativo incoado en contra del promovente de amparo, establece que las sanciones aludidas en el artículo que precede, se impondrán tomando en consideración los siguientes factores: "I.- La gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas viciosas en el despacho de los asuntos; II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V.- La antigüedad en el servicio; VI.- La reincidencia en la comisión de faltas; y VII.- En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económico causado, así como la gravedad de la interrupción o suspensión del servicio a su cargo." Es decir, la Ley aplicable al procedimiento administrativo incoado al Servidor Público ahora quejoso, establece que, para la individualización de la sanción además de tomar en cuenta los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y, los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones, también se tomaran en cuenta: La gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas viciosas en el despacho de los asuntos; las circunstancias socioeconómicas del servidor público; el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; las condiciones exteriores y los medios de ejecución; la antigüedad en el servicio, y la reincidencia en la comisión de faltas. De esta manera se observa que al emitir el acto combatido la autoridad responsable al realizar el estudio de la individualización de la sanción tomó en consideración de manera acertada los parámetros consagrados por el ordinal 195 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos (fojas 749 anverso a 751), y si bien como efectivamente lo argumentó la quejosa, se determinó que no se acreditó en el sumario que con la conducta desplegada por el servidor público se hubiese causado un beneficio a su favor, o un daño o perjuicio contra algún tercero, ello no necesariamente conlleva a determinar que no se imponga una sanción, pues como lo determinó la responsable no obstante de que no se encontraba acreditado lo anterior, para la prestación del servicio se debe de suprimir cualquier clase de faltas cometidas por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Así, la autoridad responsable para fijar la sanción, arguyó que se actualizaba el artículo 195 Bis, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, tal y como se aprecia del inciso A) de la individualización de la sanción, en lo que se refiere a la gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas viciosas en el despacho de asunto aspectos que como se indicó, sirven para graduar de manera acertada la sanción a imponer, esto es así, pues al realizar dicho estudio determinó que quedó acreditado que las notificaciones de los expedientes 171/2015 y 449/2014, fueron efectuadas fuera del plazo previsto en la Ley, es decir de forma extemporánea, y que con ello se causó una deficiencia en el servicio encomendado, circunstancia prevista en nuestra Carta Magna. Precisado lo anterior, resulta inconcuso que al determinar que si existía la responsabilidad por parte del servidor público, y aun cuando no se acreditó algún beneficio económico que, en su caso, haya obtenido el responsable ni los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones, la autoridad responsable se encontraba en posibilidad de fijar la sanción correspondiente, dentro de las propias facultades otorgadas por el artículo 194, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, al tener por acreditada deficiencia en el desempeño de sus empleos. En las condiciones anteriores, al resultar por una parte inoperante y por otros infundados los conceptos de violación expuestos y no observarse materia qué suplir en deficiencia de la queja, se debe negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JOSÉ MARÍA PAZ HERNÁNDEZ, contra la resolución dictada el veinte de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 28/2017, que se reclama al a los Magistrados Integrantes de la Comisión Nombrada mediante acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, da fe hasta hoy catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron las labores de este juzgado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no transcurre la vista ordenada mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración en la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio de la autoridad oficiante los que designa. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se les autoriza a las responsables, la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. aec
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- José Marco Antonio García Martínez697/2015
- Jose Marco Antonio Garcia Martinez1229/2019
- Jose Marco Antonio Garcia Martinez631/2021
- José Marco Antonio García Martínez45/2022
- Jose Marcos Vilchis Diaz252/2019
- José María Murgia Santiago2428/2014
- José Marin Arellano Arellano351/2015
- José Mario Caceres Caravantes102/2015
- Jose Martin Cruz Galicia736/2022
- José Martin Hernández Ocampo876/2021
- José Martinez Garrigos780/2023
- José Martínez González499/2018