José Martín Godoy Castro
Expediente 367/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
- José Martín Godoy Castro
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 18 a 24) en que se desechó su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Documentos irrecuperables. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 18 a 24) en que se desechó su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Documentos irrecuperables. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho que dice: Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Agréguese el escrito de demanda que promueve Alejandro Aguilera Abundis, representante legal de José Martín Godoy Castro, en cuanto Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, carácter que se le reconoce en base a la copia certificada del nombramiento, expedido el uno de septiembre de dos mil dieciséis por el aquí quejoso, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 367/2018. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Alejandro Aguilera Abundis, representante legal de José Martín Godoy Castro, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 1° y 7° todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." Artículo 1°. "El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Artículo 7°. "La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, resulta inconcuso que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como lo es el juicio de amparo. En esa tesitura, y toda vez que la parte quejosa reclama la resolución de seis de abril de la presente anualidad, dictada dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-00375/2017-III, interpuesto dentro del juicio ordinario administrativo JA-1390/2017-I, en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, que fue dictado por la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en el cual admitió la prueba de inspección ocular que fue ofrecida por la parte actora; se colige que el simple hecho de que una autoridad sea parte dentro de un juicio contencioso administrativo, de manera alguna implica que la persona moral oficial se encuentre en una relación de igualdad fáctica-jurídica con el gobernado. Es así, pues en los juicios de naturaleza administrativa -cual sea la posición procesal de la autoridad, ya sea como demandada o como accionante-, las relaciones jurídicas en las que se encuentra la persona moral oficial con el particular de forma alguna se ubican en un plano de igualdad, de ahí que no puede ser considerado como un derecho del hombre para el efecto de que la autoridad que lo dispuso, estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo, como si se tratara de una garantía individual suya. Por tanto, el hecho que una persona moral oficial acuda como "litigante" en el juicio ordinario administrativo de origen "no implica que se despoje de su ropaje de autoridad, ni que deba gozar de los mismos derechos que el particular, a efecto de estar en una situación de igualdad, al estimar que si el particular actúa como litigante y tiene a su favor el juicio de garantías, del mismo modo deberá tener acceso al mismo la autoridad". En efecto, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio ordinario administrativo -sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese solo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que las actuaciones que son materia de controversia en tales procedimientos, provienen precisamente del ejercicio de las facultades que las leyes les otorgan, para el cumplimiento de las funciones públicas que les son encomendadas. Además, la circunstancia de que una persona moral oficial haya figurado como una de las partes procesales en el juicio respectivo -ya como accionante, ya como demandada-, no le otorga la legitimación necesaria para acudir al juicio de amparo, pues lo único que les otorga interés suficiente para ello es que no actúe en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado y en defensa de sus intereses patrimoniales, lo que lógicamente no acontece en un procedimiento ordinario administrativo, pues en ellos las personas morales oficiales fungen como entes de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual están investidas, siendo inaceptable, por ende, que en estos casos puedan solicitar el amparo para defender "sus derechos fundamentales". En ese contexto, el supuesto de excepción previsto en el numeral 7°, antes transcrito tiene su origen en que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública o como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en tanto que en la segunda situación, actúa en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y forma que los gobernados. La mencionada equiparación en el desarrollo de actividades inspiró al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales de idénticos derechos tutelares que los del individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales que están protegidas por el juicio constitucional. De lo expuesto, se advierte que la hipótesis de excepción en comento sólo se actualiza en los casos en que las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales, pues en tal hipótesis acuden al juicio de amparo en calidad de particulares, pero no como personas morales oficiales. Por consiguiente, es dable concluir que las personas morales oficiales (la Nación, los Estados, los Municipios y demás entidades de carácter público reconocidas por la ley con tal calidad), pueden ejercer la acción constitucional únicamente en los casos en que el acto o la ley reclamados afecten sus intereses patrimoniales, de manera de que si no se infringen ese tipo de derechos, el amparo que al respecto promueva la entidad de carácter público será improcedente, al carecer de legitimación para cuestionar su constitucionalidad, pues como ya se apuntó, los aludidos entes oficiales sólo se encuentran legitimados para acudir en demanda de amparo cuando el acto de una autoridad afecta de manera exclusiva algún derecho de contenido patrimonial, y por cuanto no actúen en su función de derecho público, sino como personas morales de derecho privado. En ese tenor, es indudable que por disposición expresa del legislador, la procedencia de la acción constitucional ejercida por personas morales oficiales está condicionada a que el perjuicio que resientan sea de carácter patrimonial. Por tal motivo, puede sostenerse que la única excepción que contempla la Ley de Amparo a fin de que las personas morales de derecho público estén legitimadas para ejercitar la acción constitucional, radica en que la ley o acto autoritario que reclamen menoscabe su patrimonio, esto es, que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que son titulares, como son los bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones administrativas. Desde esa óptica, también pueden acudir al amparo las personas morales oficiales que se vean afectadas en su patrimonio cuando actúan como entes particulares dentro de la doble personalidad que pueden adoptar en la realización de sus actividades y siempre que esa lesión la origine una autoridad con sus actos o leyes en una relación de supra a subordinación. En el caso particular, José Martín Godoy Castro, en cuanto Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, promueve juicio de amparo contra la resolución de seis de abril de la presente anualidad, dictada dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-00375/2017-III, interpuesto dentro del juicio ordinario administrativo JA-1390/2017-I, en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, que fue dictado por la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en el cual admitió la prueba de inspección ocular que fue ofrecida por la parte actora. Luego, de la demanda de amparo en estudio, se observa que José Martín Godoy Castro, comparece al juicio de amparo como Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo. En ese sentido, es claro que el acto reclamado no se impugna como atentatorio de intereses patrimoniales de un órgano del Estado, pues de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama esencialmente la resolución de seis de abril de la presente anualidad, dictada dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-00375/2017-III, interpuesto dentro del juicio ordinario administrativo JA-1390/2017-I, en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, que fue dictado por la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en el cual admitió la prueba de inspección ocular que fue ofrecida por la parte actora. Expuesto lo anterior, resulta conveniente señalar que si bien es cierto, el artículo 7º de la Ley de Amparo autoriza que las personas morales oficiales puedan ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designan las leyes respectivas, esto sucede única y exclusivamente cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece, pues aquí actúa como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida, siendo inaceptable que pueda solicitar amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 128/2017 que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015321, que a la letra dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos" En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1º y 7°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por considerarse que José Martín Godoy Castro, en cuanto Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, no se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír notificaciones el que señala. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados únicamente para imponerse de los autos a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de abogados. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Agréguese el escrito de demanda que promueve Alejandro Aguilera Abundis, representante legal de José Martín Godoy Castro, en cuanto Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, carácter que se le reconoce en base a la copia certificada del nombramiento, expedido el uno de septiembre de dos mil dieciséis por el aquí quejoso, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 367/2018. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Alejandro Aguilera Abundis, representante legal de José Martín Godoy Castro, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 1° y 7° todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." Artículo 1°. "El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Artículo 7°. "La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, resulta inconcuso que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como lo es el juicio de amparo. En esa tesitura, y toda vez que la parte quejosa reclama la resolución de seis de abril de la presente anualidad, dictada dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-00375/2017-III, interpuesto dentro del juicio ordinario administrativo JA-1390/2017-I, en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, que fue dictado por la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en el cual admitió la prueba de inspección ocular que fue ofrecida por la parte actora; se colige que el simple hecho de que una autoridad sea parte dentro de un juicio contencioso administrativo, de manera alguna implica que la persona moral oficial se encuentre en una relación de igualdad fáctica-jurídica con el gobernado. Es así, pues en los juicios de naturaleza administrativa -cual sea la posición procesal de la autoridad, ya sea como demandada o como accionante-, las relaciones jurídicas en las que se encuentra la persona moral oficial con el particular de forma alguna se ubican en un plano de igualdad, de ahí que no puede ser considerado como un derecho del hombre para el efecto de que la autoridad que lo dispuso, estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo, como si se tratara de una garantía individual suya. Por tanto, el hecho que una persona moral oficial acuda como "litigante" en el juicio ordinario administrativo de origen "no implica que se despoje de su ropaje de autoridad, ni que deba gozar de los mismos derechos que el particular, a efecto de estar en una situación de igualdad, al estimar que si el particular actúa como litigante y tiene a su favor el juicio de garantías, del mismo modo deberá tener acceso al mismo la autoridad". En efecto, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio ordinario administrativo -sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese solo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que las actuaciones que son materia de controversia en tales procedimientos, provienen precisamente del ejercicio de las facultades que las leyes les otorgan, para el cumplimiento de las funciones públicas que les son encomendadas. Además, la circunstancia de que una persona moral oficial haya figurado como una de las partes procesales en el juicio respectivo -ya como accionante, ya como demandada-, no le otorga la legitimación necesaria para acudir al juicio de amparo, pues lo único que les otorga interés suficiente para ello es que no actúe en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado y en defensa de sus intereses patrimoniales, lo que lógicamente no acontece en un procedimiento ordinario administrativo, pues en ellos las personas morales oficiales fungen como entes de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual están investidas, siendo inaceptable, por ende, que en estos casos puedan solicitar el amparo para defender "sus derechos fundamentales". En ese contexto, el supuesto de excepción previsto en el numeral 7°, antes transcrito tiene su origen en que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública o como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en tanto que en la segunda situación, actúa en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y forma que los gobernados. La mencionada equiparación en el desarrollo de actividades inspiró al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales de idénticos derechos tutelares que los del individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales que están protegidas por el juicio constitucional. De lo expuesto, se advierte que la hipótesis de excepción en comento sólo se actualiza en los casos en que las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales, pues en tal hipótesis acuden al juicio de amparo en calidad de particulares, pero no como personas morales oficiales. Por consiguiente, es dable concluir que las personas morales oficiales (la Nación, los Estados, los Municipios y demás entidades de carácter público reconocidas por la ley con tal calidad), pueden ejercer la acción constitucional únicamente en los casos en que el acto o la ley reclamados afecten sus intereses patrimoniales, de manera de que si no se infringen ese tipo de derechos, el amparo que al respecto promueva la entidad de carácter público será improcedente, al carecer de legitimación para cuestionar su constitucionalidad, pues como ya se apuntó, los aludidos entes oficiales sólo se encuentran legitimados para acudir en demanda de amparo cuando el acto de una autoridad afecta de manera exclusiva algún derecho de contenido patrimonial, y por cuanto no actúen en su función de derecho público, sino como personas morales de derecho privado. En ese tenor, es indudable que por disposición expresa del legislador, la procedencia de la acción constitucional ejercida por personas morales oficiales está condicionada a que el perjuicio que resientan sea de carácter patrimonial. Por tal motivo, puede sostenerse que la única excepción que contempla la Ley de Amparo a fin de que las personas morales de derecho público estén legitimadas para ejercitar la acción constitucional, radica en que la ley o acto autoritario que reclamen menoscabe su patrimonio, esto es, que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que son titulares, como son los bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones administrativas. Desde esa óptica, también pueden acudir al amparo las personas morales oficiales que se vean afectadas en su patrimonio cuando actúan como entes particulares dentro de la doble personalidad que pueden adoptar en la realización de sus actividades y siempre que esa lesión la origine una autoridad con sus actos o leyes en una relación de supra a subordinación. En el caso particular, José Martín Godoy Castro, en cuanto Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, promueve juicio de amparo contra la resolución de seis de abril de la presente anualidad, dictada dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-00375/2017-III, interpuesto dentro del juicio ordinario administrativo JA-1390/2017-I, en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, que fue dictado por la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en el cual admitió la prueba de inspección ocular que fue ofrecida por la parte actora. Luego, de la demanda de amparo en estudio, se observa que José Martín Godoy Castro, comparece al juicio de amparo como Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo. En ese sentido, es claro que el acto reclamado no se impugna como atentatorio de intereses patrimoniales de un órgano del Estado, pues de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama esencialmente la resolución de seis de abril de la presente anualidad, dictada dentro del expediente del recurso de reconsideración JA-R-00375/2017-III, interpuesto dentro del juicio ordinario administrativo JA-1390/2017-I, en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, que fue dictado por la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en el cual admitió la prueba de inspección ocular que fue ofrecida por la parte actora. Expuesto lo anterior, resulta conveniente señalar que si bien es cierto, el artículo 7º de la Ley de Amparo autoriza que las personas morales oficiales puedan ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designan las leyes respectivas, esto sucede única y exclusivamente cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece, pues aquí actúa como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida, siendo inaceptable que pueda solicitar amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 128/2017 que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015321, que a la letra dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos" En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1º y 7°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por considerarse que José Martín Godoy Castro, en cuanto Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, no se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír notificaciones el que señala. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados únicamente para imponerse de los autos a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de abogados. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
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