José Martín Estrada López

Expediente 469/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
469/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • José Martín Estrada López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil veintidós, en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Sin que se inadvierta que, conforme a la certificación que antecede, se encuentra transcurriendo el plazo de diez días para la autoridad responsable; sin embargo en términos del artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que se trata de una autoridad jurisdiccional que carece de legitimación para recurrir las sentencias de amparo. Máxime que, en el caso concreto, se negó la protección constitucional; de ahí que no le depara ningún perjuicio la sentencia emitida en autos. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Por ello, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad responsable remite constancias. Glósese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Zamora, Michoacán; a través del cual, remite copia certificada de la sentencia dictada en el juicio ordinario familiar sobre divorcio sin expresión de causa 347/2021, de donde deriva el acto reclamado. Al respecto se ordena agregar únicamente para que conste en autos dichas documentales; toda vez, que el diecinueve de julio del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Sin que se soslaye que se negó la protección constitucional solicitada por el quejoso. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 469/2022, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de la partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, el secretario hace constar que en los presentes autos obra: 1. Escrito de la demanda de amparo promovida por José Martín Estrada López; ; 2. Prevención de dos de mayo de dos mil veintidós, 3. Auto admisorio de dieciocho de mayo del año en curso; 4. Notificación de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; 5. Informe justificado de la autoridad responsable; 6. Designación del representante especial de los menores; 7. Emplazamiento de la tercera interesada Diana Yazlin Cervantes Garduño; y 8. Pedimento de la Representante Social de la Federación adscrita. A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, emplazada la tercera interesada y por otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social adscrita. Abierto el periodo probatorio: El secretario da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa y la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Acto seguido, la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las referidas pruebas documentales; por lo que se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: El secretario hace constar los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y del representante especial de los menores, sin que las demás partes realizaran manifestaciones en este sentido. Al efecto, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la Fiscal de la Federación adscrita y representante de los menores formulando alegatos y a las demás partes por omisas en formularlos; por lo que se cierra esta etapa. Se levanta la presente acta para constancia legal, se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 469/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, José Martín Estrada López presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este Juzgado de Distrito, el que lo recibió, registró bajo el número 469/2022 y, previa prevención, mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, admitió a trámite. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que el juicio quedó en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, lo siguiente: El proveído dictado el uno de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar 347/2021, por el cual se difirió la audiencia preliminar para las trece horas del diecisiete de junio del año en curso, y condicionó su desahogo al verificativo de la diligencia de escucha de los menores de iniciales A.E.C. y N.E.C. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez responsable, ya que al rendir informe justificado así lo manifestó. Además, la certeza del acto combatido se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario oral familiar 347/2021. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, esta juzgadora inadvierte, de oficio, que se actualice alguna que impida el estudio de los conceptos de violación. Por tanto, procede su análisis, sin que para ello resulte indispensable transcribirlos ya que no existe en la Ley de Amparo alguna disposición que imponga tal formalidad. QUINTO. Estudio de fondo. Cuadro fáctico. Previo a estudiar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, es pertinente establecer los principales antecedentes del acto reclamado, que son los siguientes: Mediante escrito presentado el once de junio de dos mil veintiuno, José Martín Estrada López, demandó en la vía ordinaria oral familiar a Diana Yazlin Cervantes Garduño, el divorcio sin expresión de causa; demanda que correspondió conocer al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, quien la registró bajo el número 347/2021. Así, dicho juzgador la admitió a trámite el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ordenó el emplazamiento de la demandada y, dados los derechos involucrados, advirtió la intervención de .los menores de iniciales A.E.C. y N.E.C. Seguidos los trámites procesales, el diez de enero de dos mil veintidós, el actor solicitó se celebrara la audiencia preliminar correspondiente al sumario; no obstante, el diecisiete de enero siguiente, el Juez responsable determinó que, previo a señalar hora y fecha para el verificativo de dicha audiencia, era necesario escuchar a los infantes; por lo que fijó las doce horas del treinta de marzo del año en curso, para su desahogo. Llegada la hora y fecha antes señaladas, no fue posible ordenar su desahogo, por lo que en auto de uno de abril de dos mil veintidós, se fijaron de nueva cuenta las trece horas del diecisiete de junio del año en curso, para la escucha de los infantes. Síntesis de los conceptos de violación. Los argumentos de inconformidad exteriorizados por la quejosa se encuentran dispersos en amplias disertaciones. Así, la promovente adujo esencialmente respecto del acto en estudio lo siguiente: El auto combatido resulta contrario a derecho, ya que contraviene lo dispuesto en los artículos 941, 951, 984 y 985 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que, una vez que se ha admitido y contestado la demanda, y no existiendo incidentes ni cuestiones oficiosas, es deber del Juez instructor remitir los autos al Juzgador Oral para que se cite a las partes al desahogo de la audiencia preliminar. De ahí que al no existir estas circunstancias, resulta ilegal que se condicione el verificativo se de dicha audiencia al desahogo de la escucha de los menores, Asimismo, el proveído impugnado vulnera lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, ya que carece de fundamentación, pues no se expresaron los preceptos legales correspondientes. Finalmente, la hora y fecha señalada para el verificativo de la audiencia preliminar excede el plazo previsto en la legislación familiar, ya que se fijó fuera del plazo de diez días que para ello fijó el legislador. Calificación del concepto de violación Bajo las premisas anteriores, resultan, por una parte, infundados, en otra, inoperantes y, en una más, fundados pero inoperantes los motivos de disenso planteados, no obstante la suplencia de la queja que opera en términos del artículo 79, fracción II, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; por involucrarse en el presente asunto cuestiones que afectan el orden familiar. Como se vio anteriormente, el Juez responsable ordenó la escucha de los menores de iniciales A.E.C. y N.E.C., dentro del juicio ordinario oral familiar 347/2021; por lo cual, prueba que se desahogaría en el momento en que se verificara la audiencia preliminar correspondiente. Así, en el concepto de violación descrito en el inciso a), el quejoso afirma que el auto combatido resulta contrario a derecho, ya que contraviene lo dispuesto en los artículos 941, 951, 984 y 985 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que si no existe diversa diligencia qué desahogar, lo procedente es llevar a cabo la audiencia preliminar; sin embargo, tal planteamiento resulta infundado. Para mejor comprensión, es oportuno tomar recordar que el interés superior de la infancia es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los infantes consagrados en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esta lógica, se ha enfatizado reiteradamente que la plena observancia de dicho principio exige, entre otras cosas, tomar en cuenta los aspectos dirigidos a proteger y garantizar el desarrollo de los menores y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores en el proceso de elaboración de leyes, diseño de políticas públicas y aplicación de las normas concernientes a la infancia. De ahí que, el interés superior del menor, al no poder definirse de forma unívoca y definitiva para todos los casos, cumple con varias dimensiones o funciones normativas, a saber: Como pauta interpretativa aplicable a las normas y actos que tengan injerencias respecto de los derechos de niñas y niños; y Como principio jurídico rector que exige una máxima e integral protección de los derechos cuya titularidad corresponde a un menor de edad. De esta manera, el juzgador debe poner el mayor empeño en discernir qué es lo que más conviene para la niña, niño o adolescente, observando su situación presente y futura. Esas circunstancias se refieren a sus características específicas como la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo desaventajado, la existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y cultural del niño y niña. De ahí que, cuando se tiene que decidir una controversia que incide sobre los derechos de una persona menor de edad, deben tener en cuenta que estos requieren una protección legal reforzada, y que la única manera de brindarles dicha protección implica tener en cuenta todos sus derechos y el rol que juegan en la controversia sometida a su consideración a fin de garantizar su bienestar integral y, como consecuencia, se le protege de manera integral logrando el desarrollo holístico del mismo. Esto implica el derecho de que los infantes puedan "participar" en los mismos y no solamente a "ser escuchados". La razón de este proceder radica en que, tal y como se aprecia del texto del artículo 12.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho en comento comprende dos elementos: (i) que los niños sean escuchados; y (ii) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Lo que conlleva la aplicabilidad en los distintos aspectos que se relacionen con el acceso de las niñas y niños a la justicia, además de otros efectos en cuanto a la toma de decisiones de la familia y la comunidad. Así, el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que se correlacionan tres derechos que lo integran: (i) una etapa previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, el cual parte del derecho de acción como una especie del derecho de petición que se dirige a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por parte de éstas; (ii) una etapa judicial -desde el inicio del procedimiento y hasta la última actuación dentro del mismo-, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una etapa posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. El derecho que ahora se estudia pertenece a las garantías del debido proceso -segunda etapa del acceso a la tutela jurisdiccional-, dentro de las cuales existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional. Las garantías del debido proceso que resultan aplicables a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como las formalidades esenciales del procedimiento, que son las siguientes: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas; (iii) la oportunidad de alegar; y (iv) la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, en la que se consideren las pruebas y alegatos vertidos en juicio. Bajo estas premisas, y en atención a la necesidad de ofrecer y desahogar pruebas, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País determinó la obligación de los juzgadores de recabar de oficio las pruebas que resulten necesarias para preservar el interés superior de la infancia. En el caso concreto, si dentro del juicio ordinario oral familiar 347/2021, se indicó que debía escucharse a los infantes, esto se debió en atención a su interés superior, a fin de que la resolución que se adopte en el fondo del asunto tome en consideración el bienestar de los menores de iniciales A.E.C. y N.E.C. Esto, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que la necesidad de adoptar determinada medida a favor del menor será siempre decisión discrecional del juzgador; quien, como mínimo y sin dejar de observar los derechos del imputado, deberá considerar lo siguiente: Desde el momento en que tiene conocimiento del asunto, dará al menor la intervención correspondiente y le hará saber los derechos de que goza por su minoría de edad, al explicarle los riesgos y consecuencias del proceso. Dictará, incluso de oficio, todas las providencias necesarias para esclarecer los hechos y lograr el bienestar del menor, como serían las relativas a corroborar elementos contextuales que permitan la precisión de tiempo y lugar en suplencia de la incapacidad del niño para expresar dichos conceptos de manera abstracta y convencional. De ahí que, por la importancia y trascendencia de los derechos humanos que están juego, el juzgador debe ser escrupulosamente cuidadoso para que se cumplan las formalidades del procedimiento y emitir una resolución fundada y motivada que valore todas las cuestiones aportadas en el sumario; de lo contrario, se estaría en franca violación de los derechos de los menores involucrados, con graves repercusiones en el goce y ejercicio de todos sus demás derechos. Por lo que el Juez responsable, en aras de preservar el interés superior del menor, ordenó la escucha de los infantes; lo que se estima acertado, en uso de la facultad de dirección en el proceso familiar y para recabar pruebas de oficio, en términos de los artículos 11 y 932 del Código Familiar del Estado de Michoacán. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos". Además, por las aludidas razones, también resulta, por una parte, inoperante y, en otra, infundado el motivo de disenso sintetizado en el inciso b), en el que aduce que el acto reclamado carece de un fundamento legal pues no se precisaron las disposiciones normativas correspondientes. En efecto, el artículo 16 constitucional prevé el derecho fundamental de seguridad jurídica en favor de los gobernados, al exigir que, para la emisión de cualquier acto de autoridad ha de expresarse, con precisión, el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; cuestiones que se traduce en los tópicos de fundamentación y motivación. Además, deberá existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese tenor, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, aspecto imperativo que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. A su vez, la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuáles la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Además, cuando se trate de autoridades que ejercen actos materialmente jurisdiccionales, la intensidad en el escrutinio de la fundamentación y motivación debe ser a la luz de los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, que además de que se citen los preceptos legales en que se apoya una determinación, deben de realizarse los argumentos lógicos que se encaminen a justificar la emisión del acto. Así, tal motivo de disenso resulta inoperante, ya que el fundamento del auto combatido de uno de abril del año en curso, lo es el diverso de acuerdo de diecisiete de enero siguiente, en el que el Juez responsable determinó que, previo a señalar hora y fecha para el verificativo de dicha audiencia, era necesario escuchar a los infantes; sin que el quejoso haya combatido las razones y fundamentos expresados en dicho auto, en el que se fijó la escucha de los menores. Así, la inoperancia descrita deriva del hecho de que el concepto de violación está encaminado a combatir el contenido del auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el que se determinó la audiencia de escucha de menor, el cual no reclamó en su demanda de amparo. Lo que, además, estuvo en aptitud de combatir de manera autónoma, ante el Juez responsable en la vía y términos procesales correspondientes, ya que compareció al juicio a contestar la demanda; o bien, en la instancia constitucional señalando tal determinación como acto reclamado. De ahí que, si el acto combatido de uno de abril de dos mil veintidós, únicamente difirió la audiencia de escucha de los menores, cuya orden se suscitó el diecisiete de enero pasado, entonces el motivo de disenso propuesto no combate las consideraciones con las que sustentó la autoridad responsable su proceder; lo que torna inoperante dicho argumento. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". Al margen de lo anterior, tal disidencia es igualmente infundada, ya que si bien es cierto que el Juez responsable no indicó el fundamento con el cual sustenta la audiencia de escucha de los menores, lo cierto es que su proceder tiene como fin proteger el interés superior del menor; de ahí que se haga uso de las facultades previstas en los numerales 11 y 932 del Código Familiar del Estado. Por ello, si de estos razonamientos se pudo advertir la actualización de los preceptos legales en los que se sustenta la responsable, es evidente que tal formalidad puede dispensarse, en atención a que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía de fundamentación y motivación si de su lectura se conduce con claridad a los artículos en que se basa, sin necesidad de una cita expresa. Resulta aplicaba la tesis P. CXVI/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa". Finalmente, en cuanto a la inconformidad planteada en el inciso c), relativa a que la audiencia preliminar se fijó fuera del plazo previsto en la norma legal; tal disidencia es fundada pero inoperante. En efecto, de la lectura del acuerdo reclamado de uno de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar 347/2021, se aprecia que se fijó la audiencia preliminar para las trece horas del diecisiete de junio del año en curso; lo cual excede el plazo de diez días a que hace alusión el artículo 985 del Código Familiar del Estado. De tal manera que el señalamiento lejano de la audiencia preliminar, vulnera lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, pues no se respetaron los plazos previstos para el verificativo de la audiencia y trastoca el derecho de acceso pronto y efectivo a la justicia; de ahí lo fundado del planteamiento formulado. Sin embargo, a pesar de lo fundado del concepto de violación, el mismo resulta inoperante, ya que, en virtud de la fecha en que se resuelve este asunto, es un hecho notorio que ha transcurrido la hora y fecha señaladas para el verificativo de la audiencia preliminar; sin que se hayan aportado medios de convicción tendentes a demostrar que el diferimiento de la audiencia se haya suscitado nuevamente. Por tanto, a nada práctico llevaría conceder la protección constitucional, puesto que, ante la falta de elementos de convicción, resulta inviable reparar la violación aducida, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría. Es aplicable la jurisprudencia V.2o. J/31 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisiones esgrimidas por el quejoso, como sucede ante la falta de análisis y valoración de pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad, pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones referidas al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta ineficaz para resolver el asunto favorablemente a los intereses de la parte quejosa, este concepto aunque sea fundado, debe declararse inoperante, y por tanto, en aras de la economía procesal procede negar el amparo en vez de concederse para efectos, es decir, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido; toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso el Tribunal Colegiado de Circuito por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para que esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe negarse". Decisión. En ese contexto, al ser, en parte, infundados, en otra, inoperantes y, en una más, fundados pero inoperantes los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Martín Estrada López. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Martín Estrada López, por los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando sexto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se difiere audiencia constitucional. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, no ha transcurrido el plazo de ocho días a la tercera interesada Dania Yazlin Cervantes Garduño, para que se imponga del informe justificado, rendido por la autoridad responsable, pues fue emplazada a juicio el treinta de junio de dos mil veintidós, por lo que el plazo le transcurre del cuatro al trece de julio del año en curso. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

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