Jose Martin Enrique Perez Guerrero
Expediente 1560/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1560/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/03/2023
Partes del expediente
- Jose Martin Enrique Perez Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintitrés de febrero del año en curso, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Parte quejosa no amplió demanda de amparo. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo en los términos propuestos en el citado auto. Sin embargo, la parte quejosa no hizo manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado, por lo que se declara precluído el derecho para ampliar la demanda de amparo, respecto de la vista otorgada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Sirve de fundamento la jurisprudencia: .... En atención a lo anterior, este Juzgado Federal provee lo conducente en la forma en que fue planteada en el escrito inicial de demanda de amparo. Litis constitucional. Autoridad responsable: Director General Jurídico y de Transparencia de la Secretaría de Educación del Gobierno de Puebla Acto reclamado. La omisión de dar respuesta al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese orden, visto el estado procesal que guardan los autos y lo señalado en el punto que antecede, este juzgado tiene presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En el caso concreto, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, Encargada del Despacho de la Dirección General Jurídica y de Transparencia de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, al oficio acordado en auto de treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, se advierte que mediante oficio ******************** dicha autoridad dio contestación al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno suscrito por ******************** -aquí quejoso-, el cual informa que se le notificó por medio de los estados de la Dirección General Jurídica y de Transparencia, debido a que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, la autoridad responsable informó que se encuentra a disposición del justiciable en dicha institución el oficio antes precisado, tal y como se aprecia de la imagen siguiente: Sin texto En consecuencia, ante la contestación emitida por la responsable, es evidente que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, por lo que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Sin que en el caso resulte procedente requerir a la parte quejosa en términos de la jurisprudencia 2ª/J 149/20006 de rubro "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo para que señale como acto reclamado la respuesta que la responsable dio al escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Ello, porque ya fue requerida en acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, siendo notificado y precluyendo su derecho en esta fecha, al no ampliar la demanda por respecto de la vista otorgada. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, se sobresee en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. ... Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Diferimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional está prevista para celebrarse en esta fecha; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la parte quejosa para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, respecto del oficio ********************, mediante el cual se emitió contestación al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes y no violar las reglas esenciales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional. En esa medida, se fijan las doce horas del nueve de marzo del dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador.". Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. .
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. TCC repone procedimiento. La Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remite los autos del juicio de amparo indirecto 1560/2021 y testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de enero de dos mil veintitrés, en el recurso de revisión 292/2022, que en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. Se REVOCA el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1560/2021. SEGUNDO. Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO del juicio de amparo 1560/2021 del índice del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para los efectos precisados en esta resolución." Se toma conocimiento de la ejecutoria. En tal virtud, acúsese recibo del testimonio del recurso de revisión y del cuaderno principal del presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes la determinación del tribunal de alzada. Ahora bien, respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del original del presente juicio de amparo a la Superioridad, tomando en consideración que se trata de una reproducción de las constancias que obran en el cuaderno original, se determina que únicamente se glosen las actuaciones originales. Cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo de mérito, lo procedente es revocar la resolución emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, se ordena la reposición del procedimiento, señalándose las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de constancias. En ese orden, del estado de autos se advierte que, en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Dirección General Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, rindiendo su informe justificado, del cual se advierte que mediante oficio SEP-1.4-DGJT/0307/2022, la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. En ese sentido, con fundamento en el artículo 111, fracción II, y 117, último párrafo, ambos de la ley de la materia, requiérase al solicitante del amparo para que, dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda en relación con lo siguiente: Autoridad responsable. oficio SEP-1.4-DGJT/0307/2022, mediante el cual se emite contestación al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SE VE SATISFECHO, AUN CUANDO UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE SE HIZO LA SOLICITUD, SEA LA QUE DA RESPUESTA DE MANERA CONGRUENTE A LO SOLICITADO, Y ORDENA SU NOTIFICACIÓN AL INTERESADO. En tratándose del derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste se satisface, aun cuando es una autoridad, no señalada como responsable, y distinta a la que se le hizo la petición, la que da respuesta de manera congruente al escrito de que se trate y además ordena notificar su determinación al interesado, aunado a que la que dio contestación es la facultada conforme a sus atribuciones para atender lo solicitado, y no la autoridad ante quien se presentó la petición respectiva." Se precisa además a la parte quejosa, que en caso de estimar conveniente ampliar su demanda inicial de amparo, ésta deberá cumplir con los requisitos que establecen los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, para efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de proveer lo conducente. Bajo el apercibimiento que, en caso de no ampliar su demanda respecto del acto señalado con anterioridad, se procederá a resolver el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad responsable señalados en la demanda inicial. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 12, del rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 174107, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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