José Marino Miguel González Cervantes

Expediente 1235/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1235/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • José Marino Miguel González Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. Toda vez que en autos obran las documentales aportadas por la parte quejosa consistentes en: a) certificación notarial del instrumento público treinta y seis mil seiscientos ochenta y uno, volumen cuatrocientos cuarenta y dos, de veinte de enero de dos mil dieciséis, de la Notaría Pública Número Cuatro del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; relativo a la "Demolición de Construcciones y Fusiones de Predios"; y b) certificación notarial del instrumento público diecisiete mil seiscientos siete, volumen ciento cincuenta y ocho, de veinticuatro de marzo de dos mil quince, de la Notaría Pública Número Dos del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla; relativo al Acta de Reconocimiento de Firmas y Ratificación del Contenido del Contrato de Asociación en Participación"; las cuales se ubican en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte de esta anualidad, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistiría la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto, deberán atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentales referidas. Devolución de constancias. Por otra parte, en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver al Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas que este juzgado formó en un tomo de pruebas del juicio ordinario mercantil 576/2020/7M de su índice, por ser constancias de su competencia; en el entendido que la recepción del oficio que para tal efecto se gire, constituirá el acuse correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Quejoso ratifica escrito y se tiene por desahogada prevención. Se desecha demanda de amparo. Vista la diligencia del veinticinco de enero del presente año, en la que *** ratifica el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el catorce de enero de dos mil veintiuno, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en proveído del dieciocho del mismo mes y año y se procede a proveer lo conducente respecto a dicho ocurso. Bajo ese panorama, visto el escrito del quejoso registrado en el libro de correspondencia con el número 145, se le tiene dando cumplimiento a la prevención que se le formuló en auto del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, pues manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconoce si ya se dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario mercantil 576/2020 del índice del Juzgado Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Asimismo, se aprecia que mediante acuerdo del diecinueve de enero de dos mil veintiuno se tuvo al Juez responsable remitiendo los autos originales del aludido expediente -a fin de mejor proveer sobre la suspensión de los actos solicitada-, por lo que para no paralizar el procedimiento se obtuvo copia certificada de las actuaciones y se ordenó devolverlas a su lugar de origen. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y las copias certificadas del juicio natural se procede a proveer lo conducente. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el justiciable reclama a falta de emplazamiento al juicio ordinario mercantil 576/2020 del índice del Juzgado Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y, como consecuencia, todo lo actuado. En ese contexto, respecto a dicho acto oficiosamente se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados a contrario sensu; ya que de autos se advierte que la parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña al juicio que aduce. Al respecto, conviene transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El precepto transcrito si bien no establece una causa de improcedencia en concreto, lo cierto es que debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En el caso, se aduce que la improcedencia del juicio de amparo promovido por el quejoso, se deduce del artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, éstos últimos interpretados a contrario sensu, los cuales dicen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de constitucional es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el procedimiento judicial como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso, en razón de que sólo coadyuvan o participan en él, sin tener una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu, es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, la persona a la que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación, es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: Tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: Que sea parte formal en el procedimiento. Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño por equiparación simple, no basta con que el emplazamiento se realice de forma defectuosa, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la parte demandada que se ostente como tercero extraño deberá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer los recursos legales ordinarios que resulten procedentes. De lo anterior se concluye que la persona que, ostentándose como tercera extraña a juicio por equiparación simple, comparezca al juicio natural -en el que aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada-, no podrá tener tal carácter, pues como consecuencia de dicha comparecencia estará en posibilidad de hacer valer todos los mecanismos ordinarios de defensa legalmente previstos para defenderse, resultando en consecuencia improcedente el juicio de amparo indirecto; aunado a que, como ya se señaló, en tanto no se haya emitido resolución definitiva en el juicio natural, no puede actualizarse la institución de referencia. Sentado lo anterior, de la copia certificada del juicio mercantil de origen se advierte lo siguiente: Mediante escrito del catorce de septiembre de dos mil veinte Silvia María de los Ángeles Luna Méndez y otros, promovieron juicio ordinario mercantil en contra de Christian Jiménez Flores, José Marino Miguel González Cervantes y Guadalupe Castro Lugo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a la Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, quien mediante acuerdo del dieciocho de noviembre siguiente la radicó con el número 576/2020, y la admitió a trámite, por lo que entre otras cosas, ordenó emplazar a los demandados, y dado que José Marino Miguel González Cervantes y Guadalupe Castro Lugo tenían su domicilio fuera de su jurisdicción determinó girar exhorto a la Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, sin que se advierta que a la fecha se haya efectuado el llamamiento al juicio. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el quejoso promueve el presente juicio con el carácter de persona extraña por equiparación, dado que le reviste la calidad de demandado dentro del juicio de origen, pero aduce que no ha sido emplazado al mismo, por lo que no ha podido comparecer para oponer las defensas correspondientes. Sin embargo, como se ha puesto de relieve con la narrativa efectuada, se advierte que en el juicio mercantil de origen aún no se ha dictado sentencia, razón suficiente para concluir que en la especie no se actualiza la institución de tercero extraño a juicio por equiparación que genere la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, como ya se ha dicho, para que pueda considerarse tercero extraño al solicitante de amparo es necesario que en el procedimiento en el cual pretende ser llamado exista resolución definitiva, pues de lo contrario, se encuentra en posibilidad de comparecer al procedimiento para oponer las defensas que su caso sean procedentes. Lo expuesto, encuentra sustento en las jurisprudencias siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." (Jurisprudencia 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 698, tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." (Jurisprudencia 67/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro XXIII, Tomo 1, correspondiente a agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 47/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627 del Libro V, Tomo 2, Décima Época, correspondiente a febrero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Por tanto, si el quejoso carece del carácter de tercero extraño y está en aptitud de comparecer al juicio mercantil de origen, en su caso, el juicio de amparo sólo será procedente en contra de la resolución definitiva, para el caso que sea contraria a sus intereses, o bien, si durante la tramitación de ese juicio, se produce un acto que tenga efectos de imposible reparación en su esfera jurídica, sin que en el caso se surta alguna de esas hipótesis, pues no impugna la sentencia -pues ésta no se ha dictado-, ni se impugna un acto que viole derechos fundamentales de un modo irreparable. Sin que se soslaye que se reclame la falta de emplazamiento al juicio natural, lo que podría conllevar a una violación al derecho fundamental de audiencia; no obstante, se reitera que no se ha dictado sentencia definitiva en ese procedimiento, por lo que es evidente que la probable violación a ese derecho no se ha materializado y, por ende, produce el efecto de que en este momento no se trastoquen los derechos sustantivos del impetrante, ya que puede comparecer al procedimiento y hacer valer sus defensas correspondientes, e incluso, obtener una sentencia que no trascienda a su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Marino Miguel González Cervantes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, y al efecto remite el original del juicio ordinario mercantil 576/2020/7M de su índice, constancias que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Con la finalidad de no paralizar el procedimiento en el aludido expediente, una vez que las labores del juzgado lo permitan, obténgase copia certificada de éste y devuélvase a la autoridad oficiante, en el entendido que el sello de recepción del oficio que para tal efecto se gire constituirá el acuse correspondiente. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con las copias que se obtengan fórmese por separado un tomo de pruebas debidamente identificado a fin de facilitar el manejo del presente expediente. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Se ordena ratificar firmas. Agréguese a los autos el escrito de cuenta aparentemente signado por la quejosa ****; sin embargo, a simple vista se aprecia que la firma que calza dicho ocurso difiere con la estampada en su escrito de demanda de amparo, tal como lo revelan las siguientes reproducciones: Demanda de amparo Escrito de cuenta con número de registro 145 Por tal motivo, requiérase a la quejosa para que a las CATORCE HORAS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, se presente en el local de este Juzgado Federal con identificación oficial vigente (y una copia simple de la misma), a fin de que ante la presencia judicial manifieste si reconoce como puesta de su puño y letra o no la firma que calza el escrito de cuenta y ratifique su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de contenido siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Apercibimiento. Se apercibe a José Marino Miguel González Cervantes que el acto en que manifieste si reconoce o no la firma en comento y ratifique el contenido del escrito en cuestión estará sujeto a lo previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo contenido dispone lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales..." En el entendido de que el Juez de Distrito está facultado para ordenar de oficio el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, en caso de advertir una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, de conformidad con el siguiente criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." (Época: Décima Época, Registro: 2014436, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.), Página: 1234). Y, en caso de no comparecer a ratificar el contenido y reconocer la firma del escrito de cuenta, se tendrá por no presentado. Por lo tanto, se reserva el acuerdo respectivo del ocurso de mérito, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo anterior. Ahora, se hace de su conocimiento que en atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, la justiciable deberá atender los lineamientos ahí establecidos para poder acudir a las instalaciones de este Juzgado Federal para el desahogo de la referida diligencia. Para lo cual se le brindan los siguientes códigos a fin de que en la fecha y hora señaladas pueda acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional y, de ser necesario, acompañada de otra persona. Ampliación de plazos para acordar. Finalmente, cabe destacar que con fundamento en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informa a las partes que el presente acuerdo se emite dentro de los plazos ampliados; es decir, diez días para demandas y cuarenta y ocho horas para promociones y demás proveídos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa . |

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