Jose Mario Labrada Espinoza

Expediente 429/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
429/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2018

Partes del expediente

  • Jose Mario Labrada Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio suscrito por el Juez Décimo Sexto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento hecho en oficio 1831-9, de auto de trece de agosto del presente año, y comunica que el expediente Sumario Especial Hipotecario número 140/2018, promovido por Banco Finterra, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, en contra de Agrícola El Labrador de Guasave, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y contra Labrada Padilla José María, Espinoza Wong María Irma Anastasia (quien también es conocida como María A. Espinosa Wong) y Labrada Espinoza José Mario, se encuentra en la etapa de emplazamiento; sin lugar a proveer, en virtud de que en auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ MARIO LABRADA ESPINOZA, EL ACUERDO DICTADO EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICEVisto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por José Mario Labrada Espinoza, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de diecisiete de agosto de la presente anualidad, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que obran documentos originales por haberlos exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el diez de agosto de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, de autos se advierte, la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda, diversas documentales; prevéngasele para que comparezca ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de las mismas, haciéndole de su conocimiento que tiene un plazo de noventa días a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dicho documento será destruido junto con el expediente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ MARIO LABRADA ESPINOZA, EL ACUERDO DICTADO EL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º, agréguense a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso José Mario Labrada Espinoza, mediante el cual otorga cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de trece de agosto del año en curso, y el oficio de cuenta signado por el Juez Décimo Sexto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento hecho en oficio 1831-9, de auto de trece de agosto del presente año, y comunica que el expediente Sumario Especial Hipotecario número 140/2018, promovido por Banco Finterra, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, en contra de Agrícola El Labrador de Guasave, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y contra Labrada Padilla José María, Espinoza Wong María Irma Anastasia (quien también es conocida como María A. Espinosa Wong) y Labrada Espinoza José Mario, se encuentra en la etapa de emplazamiento. En concordancia con el escrito aclaratorio de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo facultan al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, con registro de localización 193379, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda de derechos fundamentales, el suscrito Encargado del Despacho advierte motivos de improcedencia que reúnen las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiestos e indudables. En este contexto, cabe precisar que la parte quejosa hace consistir el reclamo esencialmente en el emplazamiento al expediente sumario Especial Hipotecario número 140/2018, promovido por la persona moral denominada Banco Finterra, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, contra José Mario Labrada Espinoza, Agrícola El Labrador de Guasave, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de José María Labrada Padilla, María Irma Anastasia Espinoza Wong y/o María Irma A. Espinoza Wong, ante el Juzgado Décimo Sexto de la Ciudad de México, en cumplimiento al exhorto registrado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de la Ciudad de Guasave, Sinaloa, con el número 81/2018, veintiséis de junio del año en curso, por el actuario Juan Limón López de su adscripción. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor, la última hipótesis normativa interpretada en sentido contrario, en razón de que los actos combatidos en esta vía de amparo, no pueden ser materia de estudio constitucional, en tanto que a la parte quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación al juicio sumario especial hipotecario de origen. Los numerales invocados son de la literalidad siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a persona extraña. (.)". Es importante acotar ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer las actuaciones de dicho sumario. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 7/98 del Pleno del Máximo Tribunal, visible en la página 56 del Tomo VII, enero de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En relación con los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso garantizados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido los criterios siguientes: La jurisprudencia número 47/95, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, diciembre de 1995, página 133, de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Así como la tesis de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 115-120, Primera Parte, página, que a la letra dice: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto.". Como se aprecia, el artículo 14 de la Constitución Federal fue interpretado por el más Alto Tribunal del País en el sentido de que, el derecho de previa audiencia consiste en que nadie puede ser privado de sus propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que se satisfagan los requisitos siguientes: a) Se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; b) Se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; c) Se le otorgue la oportunidad de formular alegatos; y, d) La autoridad deberá dictar una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así, quien acude al juicio de amparo como tercero extraño a una contienda de carácter judicial, pretende desvincular los bienes ahí afectados y que afirma le pertenecen o posee bajo determinado título, o estima que debe ser incluido en la relación procesal surgida al considerar que se encuentra legitimado por ser parte sustancial en el juicio que ahí se ventila. En el caso particular el quejoso, ostentándose como tercero extraño por equiparación al expediente sumario Especial Hipotecario número 140/2018, del índice del Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, promovido por la persona moral denominada Banco Finterra, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, contra José Mario Labrada Espinoza, Agrícola El Labrador de Guasave, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de José María Labrada Padilla, María Irma Anastasia Espinoza Wong y/o María Irma A. Espinoza Wong, contra el aquí quejoso, reclama, el emplazamiento de veintiséis de junio del año en curso. El impetrante indicó en el capítulo del acto reclamado en la demanda de amparo, que el veintiséis de junio del año en curso, el Actuario Primero adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa lo emplazó sin haberse cerciorado correctamente que el suscrito habita dicho domicilio, únicamente refiere que entendió la diligencia con una persona que no quiso dar su nombre, a través de la cual tuvo conocimiento que le reviste el carácter de parte demanda en el mismo. En el mismo orden de ideas, el justiciable en su escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad que en el juicio del que derivan los actos reclamados el estado procesal en que se encuentra es el emplazamiento; lo que se constata de la certificación que antecede y del oficio 2655, signado por el Juez Décimo Sexto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, de esta propia fecha, del que se advierte que el estado procesal del expediente Sumario Especial Hipotecario número 140/2018, se encuentra en etapa de emplazamiento, toda vez, que el trece de abril del presente año, mediante exhorto dirigido al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil en Turno, del Municipio de Guasave, Sinaloa, para efecto de que en auxilio de ese Juzgado, emplazaran a los demandados, sin que a la fecha se tenga conocimiento a que Juzgado le correspondió conocer de dicha comunicación, así como tampoco, que ya haya sido diligenciado en sus términos, como puede verse, el acto reclamado se hace consistir en la falta de emplazamiento o llamamiento al juicio, o bien, se combate su ilegalidad, y el promovente del amparo tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia definitiva, en esas circunstancias, aunado a la certificación que antecede de la que se advierte que el quejoso es demando, se estima que es parte en el propio juicio y no se le deja en estado de indefensión, pues tiene la oportunidad de impugnar la ilegalidad de tal emplazamiento o llamamiento a través del incidente de nulidad de actuaciones, antes de que se pronuncie la resolución definitiva correspondiente en perjuicio de sus intereses, o bien de alegar esa infracción como agravio a través del recurso ordinario procedente que se haga valer en contra de ésta, toda vez que si bien es cierto que la parte quejosa no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales previstos en la legislación procesal que regule el procedimiento respectivo, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural y la misma ha causado estado. Como puede verse, el aquí quejoso tiene pleno conocimiento de la existencia del juicio sumario Especial Hipotecario, en virtud de que fue emplazado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, por lo que no le reviste el carácter de tercero extraño por equiparación. Cierto, el quejoso tuvo conocimiento del juicio sumario Especial Hipotecario número 140/2018, del índice del Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México -en el cual es parte demandada-, desde el momento en que fue emplazado; por tanto, es inconcuso que al tener conocimiento del juicio seguido en su contra, estaba constreñido a agotar los recursos correspondientes -nulidad de notificación, apelación, revocación, etcétera-. En efecto, el aquí quejoso conoce el juicio del que provienen los actos reclamados, dado que es parte en el mismo y, por ende, carece del carácter de tercero extraño por equiparación, pues para ello, es menester que exista un desconocimiento total del juicio de origen, a modo de colocarlo en tal grado de indefensión que estuviera impedido para acudir a aquél en defensa de sus intereses, situación que, como se destacó, en el caso no acontece. Máxime que en el juicio de origen no se ha dictado sentencia definitiva y va iniciando con su emplazamiento el juicio, por lo que, se reitera, el quejoso se encontraba en aptitud de acudir ante el Tribunal responsable a hacer valer sus derechos y defensas. Sobre el tópico en estudio, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, resolvió que si existe prueba de que el impetrante tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, como en el particular sucede, debe estimarse que en atención a dicha circunstancia, dejó de ser extraño al juicio por equiparación y, por tanto, la falta de emplazamiento, su ilegalidad o la falta de notificación de los acuerdos ordenados personales, no genera un desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus derechos dentro del procedimiento, en tanto que está en condiciones de acudir a dicha instancia para hacerlos valer. El referido criterio es el identificado bajo la jurisprudencia número 47/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro V, tomo 2, del mes de febrero de la anualidad pasada, página mil seiscientos veintisiete, que enseguida se trascribe: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". En las condiciones apuntadas, si de las constancias que integran el presente sumario constitucional se advierte que el solicitante del amparo tuvo conocimiento del procedimiento natural, es indudable que está en condiciones de hacer valer como parte de la relación jurídico procesal, los medios ordinarios de defensa que estime procedentes contra las actuaciones que la agravian. Precisado lo anterior, se colige que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor y, por consiguiente, lo procedente es desechar la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, dado que al aquí amparista José Mario Labrada Espinoza, no le reviste el carácter de tercero extraño por equiparación al sumario natural. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio I.16o.A.11 K (10a.) sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2534, Libro 33, Agosto de 2016, tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado.". De igual forma, se cita la jurisprudencia pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1ª/J 67/2013, de rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia."

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ MARIO LABRADA ESPINOZA, EL ACUERDO DICTADO EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE A LETRA DICE: Vista la demanda de amparo promovida por José Mario Labrada Espinoza, contra actos del Juez Décimo Sexto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente, tanto impreso como electrónico y, regístrese en el libro de gobierno y, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 429/2018. Ahora, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 110, 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo en vigor, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para distribuirlas entre las partes, bajo protesta de decir verdad y atendiendo los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, cumpla con la prevención siguiente: Precise el estado procesal en que se encuentra el expediente número 140/2018 del índice del Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México. Apoya jurídicamente lo que precede la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, sustentada por el tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." También es aplicable la diversa tesis de jurisprudencia número 495, publicada en la página 433, Tomo VI, Materia Común del Apéndice 2000, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.- De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo. Por otra parte, requiérase vía telegráfica, sin perjuicio de hacerlo por oficio, o vía correo electrónico, al Juez Décimo Sexto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, para que informe a este Juzgado, pudiendo hacerlo además de la vía ordinaria, vía fax al número 01 668 815 32 08, o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, en el término de tres días, el estado procesal en que se encuentra el expediente sumario Especial Hipotecario número 140/2018, promovido por la persona moral denominada Banco Finterra, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, contra José Mario Labrada Espinoza, Agrícola El Labrador de Guasave, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de José María Labrada Padilla, María Irma Anastasia Espinoza Wong y/o María Irma A. Espinoza Wong, pues refiere el quejoso José Mario Labrada Espinoza, fue emplazado el veintiséis de Junio del año en curso, por el actuario Juan Limón López adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en auxilio y por comisión de esa autoridad vía exhorto; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no justificar el impedimento legal que tuviere para hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En el entendido de que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé la consecuencia de que las partes con el fin de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda de amparo afirme hechos falsos u omita los que le constan en relación con el acto reclamado. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". En la inteligencia de que, de no cumplir con la prevención que nos ocupa en el plazo y términos precisados o de no exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con los artículos 110 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se tiene por señalado los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones.

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