Jose Maria Luna Verdugo
Expediente 674/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Maria Luna Verdugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se observa que en proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte, se declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha la parte quejosa hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, dentro del plazo establecido en el diverso numeral 202 de la misma ley. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de catorce de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso José María Luna Verdugo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término para rendir el informe previo a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y toda vez que dicha junta juzgado se encuentra en su periodo vacacional, comprendido del diecinueve de diciembre del año en curso al tres de enero de dos mil veinte, lo que se hace constar en la razón levantada por la actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para LAS NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que después de haber realizado un análisis integral de la de demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de trece de noviembre pasado, se advierte que el reclamo de la parte quejosa consiste en las abiertas dilaciones en el procedimiento ordinario laboral dentro del juicio J.E.N.2.-09-648/2019, por la omisión de tramitarlo y regularlo, en los términos y plazos contenidos en la Ley Federal del Trabajo; en ese sentido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125 y demás relativos de la Ley de Amparo por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda promovida por José María Luna Verdugo, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo además de la vía ordinaria, vía fax al número 04668 815 32 08, o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Se señalan las diez horas del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Así también, de acuerdo con lo establecido en el precepto 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que el quejoso hace referencia en su demanda de amparo, así como por anunciadas las consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la ley de la materia se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Así también, acorde con el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados en el presente juicio a personas morales SEPSA, S.A DE C.V., SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V., GSI GESTIÓN EN EFECTIVO, S.A. DE C.V. y GSI SEGURIDAD PRIVADA, S.A DE C.V.. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo se comisiona a la actuaria de este juzgado para que emplace a juicio a las terceras interesadas SEPSA, S.A DE C.V., SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V., GSI GESTIÓN EN EFECTIVO, S.A. DE C.V. y GSI SEGURIDAD PRIVADA, S.A DE C.V., por conducto de sus autorizados legales, quienes deberán acreditar su personalidad con documento relativo asentándolo en el acta correspondiente, debiendo correrles traslado con una copia de la demanda de amparo e informarles la fecha de la celebración de la audiencia en este juicio, mismas que tienen su domicilio en calle Benjamín Gil número 840 Poniente, colonia Scally de esta ciudad. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, los quejosos están obligados a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Tribunal, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
- Principal
SE EMPLAZA AL PRESENTE JUICIO A LOS TERCEROS INTERESADOS SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES, SEPSA, SA. DE CV., POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES, GSI GESTION EN EFECTIVO, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES, GSI SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO ADMISORIO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que después de haber realizado un análisis integral de la de demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de trece de noviembre pasado, se advierte que el reclamo de la parte quejosa consiste en las abiertas dilaciones en el procedimiento ordinario laboral dentro del juicio J.E.N.2.-09-648/2019, por la omisión de tramitarlo y regularlo, en los términos y plazos contenidos en la Ley Federal del Trabajo; en ese sentido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125 y demás relativos de la Ley de Amparo por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda promovida por José María Luna Verdugo, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo además de la vía ordinaria, vía fax al número 04668 815 32 08, o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Se señalan las diez horas del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Así también, de acuerdo con lo establecido en el precepto 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que el quejoso hace referencia en su demanda de amparo, así como por anunciadas las consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la ley de la materia se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Así también, acorde con el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados en el presente juicio a personas morales SEPSA, S.A DE C.V., SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V., GSI GESTIÓN EN EFECTIVO, S.A. DE C.V. y GSI SEGURIDAD PRIVADA, S.A DE C.V.. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo se comisiona a la actuaria de este juzgado para que emplace a juicio a las terceras interesadas SEPSA, S.A DE C.V., SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V., GSI GESTIÓN EN EFECTIVO, S.A. DE C.V. y GSI SEGURIDAD PRIVADA, S.A DE C.V., por conducto de sus autorizados legales, quienes deberán acreditar su personalidad con documento relativo asentándolo en el acta correspondiente, debiendo correrles traslado con una copia de la demanda de amparo e informarles la fecha de la celebración de la audiencia en este juicio, mismas que tienen su domicilio en calle Benjamín Gil número 840 Poniente, colonia Scally de esta ciudad. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, los quejosos están obligados a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Tribunal, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
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