José María Herrera Blanqueto
Expediente 172/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José María Herrera Blanqueto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
"VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a José María Herrera Blanqueto; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, devuélvase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada de las constancias que integran el expediente 5611/2014, de su índice, la que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante la Secretaria Marseye Sánchez Bautista, quien autoriza y da fe."
- Principal
MESA 10 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 172/2021-10, promovido por José María Herrera Blanqueto . RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa consistente en: 1. La presuncional legal y humana; 2. La instrumental de actuaciones consistente en copias certificadas del expediente laboral 5611/2014; 3. Copia con sello y firmas originales del laudo de diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en autos del juicio laboral 5611/2014; 4. Original de la invitación de tres de diciembre de dos mil diecinueve; 5. Original de la invitación de cuatro de marzo de dos mil veinte; 6. Escrito de actualización de planilla de liquidación de quince de febrero de dos mil veintiuno, con firma autógrafa y 7. Copia simple del acuerdo de cinco de julio de dos mil diecisiete, emitido en el juicio laboral 5611/2014. Así como las documentales que en copia certificada acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, relativas al expediente laboral 5611/2014, de su índice, las cuales obran en un tomo de prueba por cuerda separada a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 172/2021-10, promovido por José María Herrera Blanqueto, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 5, 8, 14, 16, 17, 103 fracción I, 107, 123 apartado A y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado judicial el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial y en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, José María Herrera Blanqueto, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral 5611/2014. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. DESECHAMIENTO PARCIAL Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda respecto de la omisión reclamada por el quejoso a la Universidad Popular de la Chontalpa; asimismo, admitió a trámite la demanda respecto del acto reclamado a la Junta responsable, la cual fue registrada con el expediente 172/2021-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se ordenó emplazar a la tercero interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al tercero interesado Universidad Popular de la Chontalpa, con residencia en el Municipio de Cárdenas, Tabasco, el cual se emplazó mediante oficio 5068/2021, mismo que fue recibido el veintidós de abril de dos mil veintiuno, como se advierte de la constancia de rastreo de la guía RM124277215MX, en la página https://www.correosde mexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx, que se agrega a los autos. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral 5611/2014, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto que se le reclama y agregó que debido a las diversas suspensiones de labores derivadas por el COVID-19, y a las medidas de sana distancia decretadas no ha continuado con el procedimiento, pues las actividades de dicha junta se encuentran limitadas. Para justificar lo anterior, remitió constancias del expediente laboral 5611/2014. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como conforme a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los motivos de inconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." l quejoso señala, en esencia, que la responsable transgrede en su perjuicio los derechos humanos consagrados en el artículo 17 constitucional, toda vez que el laudo de diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 5611/2014, a la fecha de presentación de la demanda, no se ha cumplimentado, pues han transcurrido más de cuatro años, sin que la Junta responsable haya continuado con la conciliación al cumplimiento del pago pactado, lo cual se traduce en una abierta dilación en el procedimiento. Resulta infundado dicho motivo de inconformidad, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 945, 946, 950, 951, 954, 955 y 957 de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: Artículo 107.- El Tribunal tiene la obligación de proveer a la Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo." Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: I. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta Ley; II. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente; III. El Actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se efectúa el mismo procederá al embargo; IV. El Actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia; V. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado; y VI. El Actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución Artículo 954. El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización. Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el Actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo." Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al Presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario". De la interpretación de dichos preceptos legales, se advierte que la Junta a quien corresponde la ejecución del laudo, para el logro y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar las medidas necesarias para ello; que el cumplimiento del laudo corresponde a la parte condenada dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del laudo; y, en caso de no hacerlo inicia el procedimiento de ejecución forzosa, en la que es indispensable la solicitud expresa y la intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante, etapa en la que las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Ello, en virtud de que dentro de la etapa de ejecución forzosa del laudo, el artículo 954 de la legislación laboral, al regular el embargo, dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba; por su parte, el ordinal 955 también prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de dicho fin; y, el diverso 957 establece que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo en términos del artículo 965 de la disposición normativa en cita. En ese contexto, se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad responsable deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que, el artículo 519, fracción III, de la propia Ley Federal del Trabajo, establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje prescriben en dos años; por tanto, no puede constreñirse a la responsable para que oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo o convenio. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a/J. 16/2011 (10a), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2772 del libro III, tomo 4 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2011, Décima Época, Materia laboral, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Por consiguiente, de las constancias remitidas por la Junta responsable, a las cuales se les confirió pleno valor probatorio, se observa lo siguiente: En diez de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó el laudo en el juicio laboral 5611/2014, del índice de la junta responsable, en el que en su punto segundo se condenó a la parte demandada Universidad Popular de la Chontalpa, (UPCH), a pagar al actor José María Herrera Blanqueto, indemnización constitucional, salarios caídos, horas extras, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, descansos obligatorios y séptimos días, por lo expuesto en el considerando III de dicha resolución (fojas 41 a la 43 del tomo de pruebas). En proveído de cinco de julio de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora exhibiendo la planilla de liquidación respecto del laudo dictado el diez de noviembre de dos mil dieciséis, se dio trámite a la planilla propuesta hasta por la cantidad de $1'392,462.19 (Un millón trescientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos diecinueve centavos moneda nacional), importe de la sumatoria de todas y cada una de las prestaciones condenadas en el laudo, con la cual se dio vista a la parte condenada Universidad Popular de la Chontalpa, por el término de tres días, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 79 del tomo de prueba). Mediante resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, sobreseyó el juicio de amparo 1103/2017-7, promovido por el aquí quejoso José María Herrera Banqueto, al advertir una causa de improcedencia (fojas 83 a 86 del tomo de prueba). En proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho, a petición de la parte actora (aquí quejoso) se procedió a despachar auto de ejecución, con efecto de mandamiento en forma, por lo que se comisionó a uno de los actuarios de dicha junta, para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada Universidad popular de la Chontalpa (UPCH), con la intervención de la parte actora, para requerirle el pago de $1'392,462.19 (Un millón trescientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos diecinueve centavos moneda nacional) y en caso de no hacerlo, se embargaran bienes de su propiedad, con excepción de aquellos bienes que no son susceptibles de embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo. (foja 89 del tomo de prueba). En diligencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho, la licenciada Zoila Libertad Montejo Aguilar, actuaria adscrita al departamento de ejecución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tabasco, hizo constar que se constituyó en compañía de la parte actora José María Herrera Blanqueto, así como de su apoderado legal licenciado José Nicanor Bautista García, en el domicilio de la parte condenada Universidad popular de la Chontalpa (UPCH), donde fueron atendidos por Julio Cesar González Llergo, quien se ostentó como apoderado legal, a quien se le requirió la cantidad de $1'392,462.19 (Un millón trescientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos diecinueve centavos moneda nacional), en términos del auto de ejecución de ocho de enero de dos mil dieciocho, en la cual, tanto la parte actora como la parte demandada señalaron bienes muebles para garantizar el monto del adeudo (fojas 92 a 96 del tomo de prueba). En proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, se ordenó girar el oficio 413/2018, dirigido al Director de la Policía Estatal de Caminos para efectos de que procediera a la localización y detención de los vehículos que le fueron embargados a la parte demandada en diligencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho, consistentes en: 1.- Camión Internacional tipo beccar, placas 8-URB-47, del estado de Tabasco, color blanco, con el logotipo de la Universidad Popular de la Chontalpa, transporte escolar UPCH de seis llantas, espejos laterales de cada lado, ventanas con cristales ahumados y cortinas azules, una puerta al frente con cristales panorámicos, con calcomanía Beccar, modelo Urviabus Mt, chasis GL002093, clave 136, de fecha tres de marzo de dos mil quince. 2.- Camioneta Tipo Urban de color blanco, marca Nissan, placas de circulación WTH-89-28 del estado de Tabasco, con logotipo de la Universidad Popular de la Chontalpa, transporte escolar, dos puertas, así como puerta corrediza del lado derecho, con calcomanía del registro público vehicular 012CB0EC01CH760C (foja 99 del tomo de prueba). En proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho, a petición de la parte actora, se ordenó girar el oficio 573/2018 EJEC, al Coordinador Estatal de la Policía Federal en Tabasco, C. Ricardo Adrián Ugalde Hernández, para efectos de que procediera a la localización y detención de los vehículos que le fueron embargados a la parte demandada en diligencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho. (foja 114 del tomo de pruebas). En proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se tuvo al licenciado José Nicanor Bautista García, en su carácter de apoderado de la parte actora en el referido juicio laboral, revocando el nombramiento como depositario judicial de Mariano Altamirano Castro, y designado como nuevo depositario a María Jesús Zenteno Silva, para la guarda y custodia de los bienes embargados en diligencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho. (foja 125 del tomo de pruebas). En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo al licenciado José Nicanor Bautista García, en su carácter de apoderado de la parte actora en el referido juicio laboral, designando a Natividad Mayo Hernández, como nueva depositaria judicial dentro de los autos del juicio laboral, en sustitución de la anteriormente señalada, por lo que se le hizo saber por conducto de la parte actora que debía presentarse en día hábil en un horario de nueve a trece horas, ante la secretaria General de ejecución, con la finalidad la protesta de ley, y señalar domicilio para el resguardo de los bienes embargados que quedarían bajo su responsabilidad. (foja 144 del tomo de pruebas). Mediante oficio 700/2019 EJEC, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, la junta responsable solicitó la presencia de la Universidad Popular de la Chontalpa, con la finalidad de sostener pláticas conciliatorias en el proceso, para las trece horas del seis de diciembre de dos mil diecinueve, el cual fue recibido el cinco del mismo mes y año (foja 145 del tomo de prueba). Por último, a través de oficio 176/2020 EJEC, de cuatro de marzo de dos mil veinte, la junta responsable solicitó la presencia de José María Herrera Blanqueto, con la finalidad de sostener pláticas conciliatorias en el proceso, para las trece horas del once del mismo mes y año (foja 147 del tomo de prueba). En ese contexto, debe decirse que no asiste razón a la parte quejosa al sostener que la responsable ha sido omisa en realizar las gestiones necesarias tendentes a lograr la ejecución del laudo emitido el diez de noviembre de dos mil dieciséis, derivado del juicio laboral 5611/2014 y continuar con la conciliación al cumplimiento del pago pactado. Por lo que, corresponde al actor aquí quejoso realizar las gestiones necesarias para impulsar el procedimiento laboral de origen, conforme a lo establecido en el artículo 950 de la Ley de la materia. Lo anterior es así, porque a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintidós de febrero de dos mil veintiuno), no se advierte que la parte quejosa haya presentado promoción tendente a continuar con la posible conciliación a que alude, así como tampoco en lograr que la nueva depositaria judicial Natividad Mayo Hernández, designada por el licenciado José Nicanor Bautista García, en su carácter de apoderado del actor José María Herrera Blanqueto, haya comparecido en el referido juicio laboral, a protestar el cargo conferido y señalar domicilio para el resguardo de los bienes embargados que quedarían bajo su responsabilidad; por tanto, resulta evidente que la Junta responsable no se encuentra en aptitud legal para continuar con el procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 5611/2014. Es decir, como quedó establecido anteriormente, resulta indispensable la solicitud expresa y la intervención de quien obtuvo resolución a su favor, para lograr la ejecución del laudo. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que la parte quejosa, manifieste que le cause agravio que la Junta responsable haya omitido acordar su escrito de veinte de marzo de dos mil veinte, vulnerando con ello el derecho consagrado en el artículo 8° Constitucional, pues no acredita que haya presentado ante la responsable el escrito de mérito, pues no lo acompañó a su escrito inicial Y, por lo tanto, no puede demostrarse que impulsó el procedimiento de ejecución. Por otra parte, tampoco se pasa por alto que el quejoso para justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, invoca las tesis de rubros: LAUDO. CONTRA LOS ACTOS QUE IMPIDAN, SUSPENDAN, OBSTACULICEN O DETENGAN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, POR GENERAR CONSECUENCIAS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." EJECUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." EJECUCIÓN DEL LAUDO. SI SE RECLAMA SU INCUMPLIMIENTO, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE APERCIBIR AL PATRÓN Y SOLICITAR EL AUXILIO DE LAS AUTORIDADES QUE, CON MOTIVO DE SUS FACULTADES, DEBEN CUMPLIR AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA." SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR." ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Sin embargo, la primera, tercera, cuarta, quinta y sexta tesis que invoca el quejoso no resultan aplicables, tomando en consideración que como se expone en la presente sentencia y de acuerdo al procedimiento de ejecución de laudos en materia laboral, pues si bien es cierto que corresponde a los Presidentes de las Juntas proveer respecto de las medidas para que la ejecución de un laudo sea de manera pronta y expedita; también lo es que, de conformidad con el numeral 950 de la propia Ley Federal del Trabajo, y transcrito en párrafos precedentes, que debe existir solicitud expresa del ejecutante (actor), para poder llevar a cabo la apertura de la ejecución forzada del laudo. Pues si bien es cierto que, de las constancias de autos se desprende que ya se llevó a cabo la diligencia de embargo de bienes, designación de depositario, y por último, obra el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en donde la Junta responsable tuvo a la parte actora proponiendo como depositaria judicial a Natividad Mayo Hernández, ordenando a la parte actora presentarla para tomarle la protesta de ley y desempeñara el cargo conferido por éste; sin embargo, tampoco obra constancia alguna en donde se advierta que se haya llevado a cabo tal diligencia; por lo que, el quejoso no debe perder de vista que la ejecución del laudo, no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente. Pues como ya quedó establecido en párrafos que anteceden, si el actor o ejecutante no acude a solicitar dicha ejecución dentro del lapso de dos años, opera la prescripción del asunto, conforme a lo establecido en el numeral 519, de la propia Ley Federal del Trabajo. Y, como consecuencia de ello, no existe ninguna violación al principio de justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, puesto que la Junta responsable no ha incurrido en ninguna dilación, sino más bien, ha sido el quejoso que con su conducta pasiva no ha dado impulso al procedimiento conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Por último, tampoco resulta aplicable la segunda tesis que invoca, pues el quejoso (actor) y en su caso el representante legal de éste, tienen acceso a los autos del juicio laboral 5611/2014, como consecuencia de ello, están conscientes que por auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, se les tuvo exhibiendo planilla de liquidación respecto del laudo de diez de noviembre de dos mil dieciséis, y en atención a ello, la Junta responsable dio trámite a la propuesta del actor, hasta por la cantidad de $1,392,462.19 (un millón trescientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional); en ese propio auto se dio vista a la parte demandada Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH); y al no haber dado atención a la vista, en auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, la Junta responsable dictó auto de ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, en donde al no haber ninguna manifestación por parte de la demandada, no se aperturó planilla de liquidación. En mérito de lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a José María Herrera Blanqueto, contra el acto reclamado y autoridad precisada en el resultando primero, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.
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MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Encargado de la Mesa de Juzgados de la Administración Postal de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que solicitó al Jefe de Administración Postal de "CARDENAS" del Estado de Tabasco, informe el tratamiento dado al oficio 5068/2021 con numero de guía RM124277215MX, expedidos a la Universidad Popular de la Chontalpa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por tanto, con fundamento en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de Administración Postal de "CARDENAS", para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional el tratamiento dado a la pieza postal mencionada en el párrafo que antecede o en su caso, informe la fecha en que dicha comunicación oficial fue entregada a su destinatario o devuelva la tarjeta de acuses de recibo. En el entendido que de no cumplir con lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad ********************; la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de ********************(ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó remitir el oficio 5068/2021 dirigido a la tercero interesada Universidad Popular de la Chontalpa, con residencia en Cárdenas, Tabasco, con copia simple de la demanda de amparo, para efectos de emplazarla al presente juicio, sin que obre en autos el acuse de recibo respectivo, toda vez que del rastreo realizado a la guía RM124277215MX, en la página https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx, se advierte que dicha comunicación se encuentra "Con mensajero para entrega", en la Administración Postal de Cárdenas, Tabasco. Por lo anterior, requiérase al Administrador Local de Correos de México, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, informe el motivo por el cual no ha sido entregado el oficio 5068/2021 o en su caso, devuelva a este Juzgado la tarjeta de acuse relativa a la citada misiva, enviándole para tal efecto copia simple de la factura depositada el doce de marzo de dos mil veintiuno, así como del rastreo efectuado en la página electrónica de la mensajería de mérito. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado dentro del término señalado, se hará acreedor a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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