José María Frías Sánchez
Expediente 154/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José María Frías Sánchez
- Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en Villahermosa, Tabasco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que en proveído de treinta de junio del año en curso, se tuvo por cumplido el fallo protector emitido en el presente asunto y se ordenó el archivo. En cumplimiento a dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación, se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de quince de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a José María Frías Sánchez, contra el acto reclamado a la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco y otras autoridades. El seis de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. Mediante oficio recibido el catorce de junio de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de la sentencia de trece del mismo mes, dictada en el toca 001/2022-UE de su índice, relacionado con el cumplimiento al fallo protector. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal a la parte quejosa para que la autoridad responsable: Deje insubsistente la sentencia de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca 001/2022-UE. En su lugar, dicte otra en la que, con base en los lineamientos establecidos en el presente fallo, revoque la resolución de uno de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, en la carpeta de ejecución CE/527/2016 y ordene reponer el procedimiento relacionado con la solicitud de libertad anticipada planteada por el sentenciado José María Frías Sánchez. Instruya a la aludida jueza para que, previo al desahogo de la audiencia relativa, prevenga al referido sentenciado para que nombre otro defensor que cuente con cédula profesional y, en su defecto, le designe al defensor público para colaborar en su defensa, en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su caso, otorgue un término que no exceda de diez días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscite el cambio. Al respecto, cabe puntualizar que, no basta que se cumpla con la designación de un defensor particular o público en sustitución del o los inicialmente designados, sino que la juzgadora deberá verificar en la audiencia relativa, que el nombrado proporcione una adecuada defensa técnica, particularmente porque, como se estableció, en el caso el quejoso se encuentra privado de su libertad. Hecho lo anterior, la jueza continúe con las demás fases y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, prescindiendo de considerar que el sentenciado debe acreditar la inexistencia de un riesgo con su externamiento, para las personas a que se refiere la fracción II del artículo 141, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como requisito para obtener el beneficio preliberacional. Es pertinente precisar que los efectos de la concesión decretada implican únicamente la reposición del procedimiento, a fin de garantizar el derecho fundamental del quejoso a una adecuada defensa técnica, pero de ninguna manera se prejuzga sobre la procedencia o no del otorgamiento del beneficio solicitado". De las constancias remitidas por la Sala responsable, se advierte que, en resolución de trece de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca de referencia, dejó insubsistente la diversa de catorce de enero del aludido año; asimismo, declaró nula la determinación apelada y ordenó la reposición del procedimiento en la carpeta de ejecución CE/527/2016, siguiendo los lineamientos del fallo protector. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. De igual manera, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos del Estado de Tabasco, remite copia certificada de la resolución de trece de los actuales, dictada en el toca penal 1/2022-U-E derivado de la carpeta administrativa CE/527/2016 de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 154/2022-4, promovido por **********, contra actos de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el cuatro de febrero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada el ocho siguiente en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el nueve del mismo mes, la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a lo determinado por el Magistrado Presidente del referido órgano jurisdiccional en proveído de tres del aludido mes, dictado en el amparo directo 38/2022, remite el escrito por el que José María Frías Sánchez solicita el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca 001/2022-UE, así como su ejecución y consecuencias legales que se deriven de la misma. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco. 2 Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco. 3 Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de diez de febrero de dos mil veintidós, se aceptó la competencia declinada por el Tribunal Colegiado y admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 154/2022-4; se notificó a las partes la radicación del mismo y se requirió a la autoridad faltante para que rindiera informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El veintisiete y treinta y uno de enero de dos mil veintidós, respectivamente, se realizaron los emplazamientos de la menor víctima de identidad reservada, de iniciales M.J.F.M, a través de su representante Lucrecia Magaña Jiménez, así como de Maria Aeropagita Marín Pérez, Fiscal del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca 001/2022-UE, del índice de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco, así como su ejecución y consecuencias legales que se deriven de la misma. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados por haberlos reconocido la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, así como la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales, ambas del Estado de Tabasco, lo que se corrobora con el original de (1) la carpeta de ejecución 527/2016 y del (2) toca precitado toca; copias certificadas de (3) un disco versátil digital (DVD), que contiene las audiencias de veinticuatro de septiembre y uno de octubre de dos mil veintiuno, y del (4) acta mínima. Con motivo de lo anterior, se consideran ciertos los actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. Es así, porque le reviste el carácter de ejecutora, esto es, le corresponde cumplir las determinaciones que al respecto emita el Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis VI.1o.P.32 K, formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, Materia(s): Común, Página 910, con número de registro 184233, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SU EXISTENCIA DEPENDE DE SI LA ORDENADORA LO ADMITIÓ, Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN SU EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO O LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, POR LO QUE NO ES APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En la sustanciación del juicio de amparo directo, para determinar la certeza del acto reclamado a la autoridad ejecutora es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio cuya ejecución se reclama, a pesar de que la referida autoridad ejecutora hubiera omitido rendir su informe, o emitiéndolo hubiera negado su existencia, siempre y cuando esté entre sus facultades el cumplimiento de la misma. Lo anterior debido a que en los juicios de amparo directo sólo procede impugnar sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, así como su ejecución en vía de consecuencia lógico-jurídica y no por vicios propios, tal y como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.". Esto es, ante la omisión del informe justificado de la autoridad señalada por el quejoso como ejecutora, ya sea porque no fue debidamente emplazada o porque habiéndolo sido no lo rindió, no puede presumirse cierto el acto a ella atribuido, conforme lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, debido a que éste sólo rige en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, al no poderse hacer una aplicación extensiva del mismo precepto, toda vez que la naturaleza del juicio uniinstancial es diversa a la de aquél, puesto que, mientras en la vía directa los actos reclamados cuyo estudio se efectúa siempre deben ser reales y de existencia comprobada en autos, pues su análisis sólo puede hacerse mediante el examen de lo efectivo y expresamente expuesto por la responsable; en estas condiciones, de concederse el amparo, la ordenadora siempre deberá emitir un nuevo fallo, que desde luego trasciende a las autoridades ejecutoras; en la indirecta los actos de ejecución impugnables no siempre son reales, sino en ocasiones producto de una ficción jurídica y, en este último caso, en el supuesto de una concesión del amparo, fundada en la presunción del acto reclamado que sea inconstitucional en sí mismo, debe cumplirse con independencia de que efectivamente el acto sea existente, en razón de que, para efectos única y exclusivamente del juicio de amparo sí lo es, tal y como ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número CXXXIV/98, cuyo rubro es: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO."; lo que en la vía directa de ninguna manera podría operar, dado que la calificación de constitucionalidad del acto reclamado invariablemente dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo. Por otro lado, y en el caso de que la responsable ejecutora al rendir su informe justificado hubiera negado la existencia del acto a ésta, también deberá tenerse por cierto, siempre que la ordenadora lo hubiere reconocido, y entre las funciones de la ejecutora esté el cumplimiento del referido acto debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde lo que se resuelva respecto de uno tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, esto es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, el impetrante de amparo reclama la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca 001/2022-UE, del índice de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco, así como su ejecución y consecuencias legales que se deriven de la misma. Al respecto, aduce que dicha determinación vulnera lo dispuesto en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulando los conceptos de violación correspondientes, mismos que se omiten transcribir en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, para efectos del análisis relativo, cabe establecer que el quejoso, sustancialmente, refirió que: El estudio y dictamen criminológico es el que se le realizó en el centro de internamiento, bajo un sistema de intramuros; no obstante, adujo que quien debería presentar algún dictamen al respecto es la fiscal, toda vez que cuenta con una infraestructura de peritos, situación que es desventajosa para el defensor público y le causa agravio. La autoridad responsable ignoró las documentales, como son, estudio criminológico, cumplimiento de actividades y constancia de conducta. Por lo que, considera el quejoso, actuó al margen de los tratados internacionales y del principio pro persona, así como del control difuso, ya que, en su criterio, pasa inadvertido que, ante el nuevo sistema de oralidad, existen documentales; es decir, no se quiere reconocer como un sistema mixto que tiene oralidad y escritos, tales como son el estudio criminológico, cumplimiento de actividades, constancia del fuero común y fuero federal, constancia del pago de reparación del daño a favor de la víctima Al respecto, la suscrita considera que, suplidos en su deficiencia, son fundados los precitados motivos de inconformidad. En efecto, el artículo 16 de nuestra Carta Magna en lo que interesa, instituye en su primer párrafo: "Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". El dispositivo constitucional transcrito, contiene el derecho fundamental de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Para colmar los anteriores requisitos, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares contiene la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales, es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular, y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación, ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al caso; mientras que la indebida motivación, se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo, éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Aunado a lo expuesto, para el análisis relativo, es importante tener en cuenta lo que dispone el artículo 18, segundo párrafo de la Constitución Política Federal, a saber: "Artículo 18. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.". A fin de comprender los alcances y la teleología de la aludida disposición constitucional, cabe reproducir, en lo que interesa, las consideraciones esgrimidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 34/2021, mismas que son del tenor siguiente: "54. Esta Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 1138/2019, retomó lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 16/2011,(26) y 61/2016,(27) así como los amparos en revisión 329/2011,(28) 634/2012,(29) 675/2012,(30) 12/2013,(31) 747/2014,(32) 842/2016(33) y amparo directo en revisión 1/2019,(34) respecto a la connotación que tienen los beneficios preliberacionales a la luz del artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal. 55. En dichos precedentes se estableció que los beneficios de libertad anticipada tenían una finalidad eminentemente instrumental, pero de ello no se seguía que su otorgamiento incondicional debía ser considerado un derecho fundamental que asiste a toda persona sentenciada, pues corresponde al legislador determinar las condiciones de necesaria concurrencia para su otorgamiento a partir de la política criminal, porque el propio precepto constitucional establece que será la ley secundaria en la que se prevean esos beneficios. 56. Se explicó que con motivo de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho y de diez de junio de dos mil once se modificó la lógica general que regía los objetivos y las funciones del sistema penitenciario, ello en los términos siguientes: a) La sustitución del término "readaptación" por "reinserción". b) El abandono del término "delincuente". c) La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción. d) La inclusión de un objetivo adicional al de "lograr la reinserción", a saber: "procurar que la persona no vuelva a delinquir". e) La adición del concepto "beneficios" como parte de la lógica del sistema. 57. Los cambios aludidos obedecieron a motivos concretos que fueron claramente vislumbrados durante los procesos de reforma respectivos. 58. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", tiene un impacto crucial en la forma en que debe entenderse el régimen penitenciario. A partir de las reformas constitucionales referidas, el sentido de la pena adquirió finalidades distintas a las que se tenían anteriormente. En otras palabras, con el cambio se pretendieron superar ciertas prácticas incongruentes con el paradigma del "derecho penal del acto", el cual pone énfasis en las conductas cometidas por la persona, antes que en su personalidad. La superación del paradigma del derecho penal del autor obedeció a la intención de abandonar cualquier nomenclatura que pudiera resultar estigmatizante para la persona, tal como el concepto de "desadaptado". 59. El hecho de que la Constitución Federal elimine la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que a la persona infractora puede atribuirse el adjetivo de "desadaptada", ayuda a formar la convicción de que nuestro sistema actual se decanta por un derecho penal sancionador de actos o de delitos y no de personalidades. Lo mismo demuestra el abandono del término "delincuente", pues también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien comete un delito. El nuevo sistema penal opera bajo el entendimiento de que la persona infractora puede y debe hacerse responsable de sus propios actos y, por tanto, basta con la comisión del delito (y su previa tipificación en la ley) para que el Estado cuente con la legitimidad para sancionarlo. 60. Se destacó la manifestación expresada en la discusión de doce de diciembre de dos mil siete, en la Cámara de Diputados (debate que integra el proceso de reforma constitucional en materia penal de junio de dos mil ocho) que se transcribe: "... Otra propuesta importante de la presente reforma es el cambio del paradigma de la pena, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social, dejando atrás la teoría que ubicaba al sentenciado como una persona desadaptada socialmente o enferma, para considerar que el individuo que cometió una conducta sancionada por el orden jurídico, debe hacerse acreedor a la consecuencia jurídica que corresponda, mediante la aplicación de la pena, antes de volver a incorporarse a la sociedad." 61. Lo anterior revela que el abandono de ciertos términos tiene un impacto que trasciende a la mera nomenclatura. La reinserción, como fin de la pena, no acepta la idea de que el culpable se caracterice por ser desadaptado, enfermo, o peligroso. Entonces, para justificar la pena no es posible aludir a una especie de función moralizadora por parte del Estado. 62. Se sostuvo que hay que distinguir que el nuevo texto del artículo 18 constitucional, tiene la función preponderante de ordenar la consecución o la procuración de ciertos fines dentro del sistema penitenciario. Es decir, establece determinadas directrices que de ahora en adelante deben regir la actuación de legisladores, Jueces y autoridades administrativas. De ese modo, se encuentra la obligación a cargo de dichas autoridades de garantizar que los establecimientos penitenciarios cuenten con ciertas cualidades, a saber: la posibilidad de acceder al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, a la salud y al deporte. Todo ello, en el marco de un sistema respetuoso de la dignidad y los derechos de la persona sentenciada. 63. En suma, dichas autoridades están obligadas a procurar (como dice el texto constitucional) la generación de un régimen penitenciario con características tales que su principal propósito sea desincentivar la comisión de nuevas conductas delictivas por parte de quienes logran obtener su libertad. Se precisó que la procuración de tal fin no implica que sea posible coaccionar a la persona, haciéndola acreedora de castigos con motivo de su rechazo a tales ofertas educativas, laborales o simplemente de formación personal. 64. La nueva lógica del sistema se traduce en el deseo por parte del constituyente permanente de aminorar los perjuicios que de facto suelen estar implicados con la pena privativa de la libertad, tales como la falta de oportunidades para que la persona se desarrolle adecuadamente en ese ambiente. Se busca evitar que cuando la persona sentenciada recupere su libertad, continúe teniendo los mismos incentivos que antes para delinquir. La prisión debe ofrecerle medios para su crecimiento como persona, en el ámbito educativo, laboral, etcétera. 65. En el nuevo sistema las instituciones penitenciarias deben funcionar de tal forma que permitan garantizar a la persona sentenciada la posibilidad de acceder a los medios de reinserción (salud, deporte, trabajo y capacitación para el mismo). Además, pretende que sea la lógica de la protección de los derechos humanos la que inspire y determine el funcionamiento de tales instituciones, de forma que con ello se garanticen condiciones de vida dignas en prisión. Éste es el fin constitucional al que principalmente aspira el artículo 18 constitucional reformado. 66. En esa línea argumentativa, se refirió que a la luz de la lógica constitucional apuntada, todos los beneficios preliberacionales que establezca el legislador, también adquirieron una nueva connotación. Se puede decir que tienen una finalidad eminentemente instrumental, pues son medios adecuados para generar los resultados y fines que el artículo 18 constitucional, segundo párrafo, adscribe al régimen penitenciario, a saber: lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 67. Se estableció que no se deben confundir los fines del sistema con la justificación de la pena de prisión, lo que permite entender que el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento incondicional deba ser considerado un derecho fundamental que asiste a toda persona sentenciada. 68. Ello, porque si bien la nueva redacción del artículo 18 de la Constitución Federal admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, no se sigue que exista una prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento. Por el contrario, la norma constitucional establece que será la ley secundaria la que prevea los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución Federal. 69. Establecer condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento de los beneficios preliberacionales de la libertad condicionada y libertad anticipada, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al Juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, otorgue o no dichos beneficios, no es contrario al artículo constitucional en cuestión, pues sólo denotan la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven un tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad social. 70. Se explicó que dichas condiciones están racionalmente conectadas con el fin de reinserción social del infractor, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como dispone el precepto constitucional en cuestión. De ahí que se estime que los condicionamientos se insertan en el válido marco de política criminal que el artículo constitucional citado delega al legislador. 71. Lo anterior se ve reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 16/2016 (10a.), emitida por esta Primera Sala, que se identifica con el título, subtítulo y texto que disponen: "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El establecimiento de beneficios preliberacionales por el legislador tiene una finalidad eminentemente instrumental, ya que éstos constituyen los medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Desde esta óptica, no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para obtener el beneficio de tratamiento preliberacional, pues el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento sea incondicional ni que deban considerarse un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que si bien es cierto que el artículo 18, párrafo segundo, constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será en la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución General de la República. Por tanto, el hecho de que el legislador establezca condiciones de concurrencia necesaria para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al Juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, conceda o no dichos beneficios, no es contrario al artículo 18 de la Constitución Federal, pues sólo denota la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad sociales."(35) 72. Se determinó que la negativa de los beneficios preliberacionales no implica que se incumplieran con las medidas previstas en el artículo 18 constitucional para lograr la reinserción social de la persona sentenciada, pues no es una obligación constitucional su otorgamiento, y por el contrario, sí es una facultad para el legislador ordinario, quien por razones de política criminal consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios. Precepto constitucional que permite que la palabra del legislador, en materia de beneficios preliberacionales tenga un peso, y que esto no sólo dependa de la autoridad encargada de determinar la duración de la pena. Los condicionamientos se insertan en el válido marco de política criminal que el artículo constitucional citado delega al legislador. 73. Conforme a lo expuesto, esta Suprema Corte determinó que los beneficios tienen una finalidad eminentemente instrumental, en tanto que constituyen medios adecuados para generar los resultados y fines que el artículo 18 constitucional, segundo párrafo, adscribe al régimen penitenciario, a saber: lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Su función es incentivar a que las personas sentenciadas opten por desempeñar acciones que los involucren con actividades laborales, educativas, de salud y deportivas que, bajo ciertos parámetros, se estiman resocializadoras. 74. Se precisó que la circunstancia de que exista una condición constitucional que incentive la reinserción, no significa que el otorgamiento incondicional o irrestricto de los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada pudieran ser considerados un derecho fundamental; ya que la norma constitucional establece que será en la ley secundaria donde se prevean los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución Federal. 75. La reforma al artículo 18 constitucional acota la discrecionalidad de los juzgadores para decidir sobre el otorgamiento de los beneficios, lo que opera del siguiente modo: siempre que una persona reúna los requisitos señalados por el legislador para acceder a determinados beneficios y se ubique en la hipótesis que los hacen procedentes, surte a su favor el derecho de exigir su concesión y que le sea otorgada. 76. La discrecionalidad de los Jueces en el otorgamiento de los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada encuentra su límite en que no puede negarse la concesión de beneficios por motivos ajenos a lo dispuesto en la ley, de manera que siempre que una persona reúna los requisitos señalados por el legislador para acceder a los beneficios preliberacionales y se ubique en la hipótesis que los hacen procedentes, surte a su favor el derecho de exigir su concesión y que le sea otorgada. 77. En virtud de lo anterior, la concesión de los beneficios preliberacionales no es una facultad discrecional del juzgador, sino un derecho fundamental, siempre y cuando se actualice el supuesto en que la persona se ubique en el mismo, a efecto de exigirlo ante la autoridad; más, ello se acota a su concesión conforme a su regulación legal. [.] 80. Aun cuando se considera que una de las formas de hacer efectivo el principio de reinserción social es mediante el diseño de un sistema de beneficios preliberaciones, como sucede con las figuras de libertad condicionada y libertad anticipada, tales beneficios no pueden concebirse como prerrogativas incondicionales que asisten a las personas privadas de su libertad, pues no sería acorde con el sistema penitenciario diseñado en nuestra Constitución. 81. Permitir sin más el acceso a los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada, podría dar resultados negativos en el proceso de reinserción social de algunas personas. En cambio, al establecer requisitos se puede diseñar un sistema que incentive a que accedan a estos beneficios en el tiempo y bajo las condiciones adecuadas para potencializar sus efectos.(36) 82. En sustento a lo anterior, se retoma lo que en precedentes se ha mencionado, en el sentido de que si bien se ha entendido al principio de reinserción social como un principio que debe permear toda la política penitenciaria del Estado, también se debe atender que el legislador tiene un amplio margen de configuración para determinar los requisitos para acceder a los beneficios preliberacionales, razón por la que no debe considerarse un derecho fundamental de las personas privadas de la libertad sino una facultad de configuración legislativa.". Lo anterior dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 15/2021 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Libro 5, septiembre de 2021, Tomo II, página 1512, con número de registro 2023502, de rubro "BENEFICIOS PRELIBERACIONALES DE LIBERTAD CONDICIONADA Y LIBERTAD ANTICIPADA. REQUERIR PARA SU OBTENCIÓN QUE A LA PERSONA SENTENCIADA NO SE LE HAYA DICTADO DIVERSA SENTENCIA CONDENATORIA FIRME NO VULNERA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, NI SE CONTRAPONE CON EL DERECHO PENAL DEL ACTO". Como se puede advertir de las consideraciones transcritas, es claro que la redacción del artículo 18 de la Constitución Federal, admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, siempre que se cumplan las condiciones que pare ello establezca la ley. Con motivo de lo anterior, se dotó al Juez de Ejecución de Sentencias para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, determine si otorga o no dichos beneficios. Esto es, la reforma a la aludida disposición constitucional acotó la discrecionalidad de los juzgadores para decidir sobre el otorgamiento de los beneficios, en función del cumplimiento de los requisitos señalados por el legislador para esos efectos. Así, como lo sostuvo el Máximo Tribunal del país, la discrecionalidad de los jueces en el otorgamiento de los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada, encuentra su límite en que no puede negarse la concesión de beneficios por motivos ajenos a lo dispuesto en la ley, de manera que siempre que una persona reúna los requisitos señalados por el legislador para acceder a los mismos y se ubique en la hipótesis que los hacen procedentes, surte a su favor el derecho de exigir su concesión y que le sea otorgada. En el caso, en la resolución reclamada, la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco, determinó confirmar la resolución reclamada -de uno de octubre de dos mil veintiuno, que le negó el beneficio de libertad anticipada al ahora quejoso-, por considerar que no se satisfacían los requisitos establecidos en las fracciones II, IV y VII del artículo 141, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, en esencia, estableció que: ". [.] Por otro lado, el presente recurso se cuestiona la decisión de la Juzgadora de origen, asumida en cuanto a negar el beneficio de libertad anticipada planteada por el apelante, ello al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 141, fracciones II, IV y VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal. [.] Sin que le asista la razón al apelante de cuenta, pues el auto apelado tuvo su origen en la petición, de que se le concediera el beneficio de libertad anticipada. Beneficio que se encuentra previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que para su procedencia, de acuerdo al principio de taxatividad de la ley, deben cumplirse con los requisitos que para ello prescribe dicho ordinal. [.] Ahora cabe decir, que el beneficio solicitado expresamente se contiene en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es del tenor siguiente: Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido. Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar con los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, y VII. Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas".- Lo destacado no es de origen- Precepto que de manera expresa prevé que uno de los requisitos para conceder el beneficio de libertad vigilada a una persona sentenciada, es que no se le haya dictado diversas sentencia condenatoria firme -fracción I-, requisito que de acuerdo a las constancias de autos y a los acuerdos probatorios acordados por las partes en la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se acreditó con los informes rendidos por la dirección de Sistemas Penitenciarios del Estado, así como de los Archivos Federales, no se encontró antecedentes diversos al peticionario del beneficio. De ahí, puede decirse, que tal requisito efectivamente se encuentra satisfecho. No obstante, respecto del segundo, requisito citado en la fracción II, del numeral 141 de la Ley Nacional de la materia, consistente en que no exista riesgo objetivo y razonable en su estacionamiento para la víctima u ofendido los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Se advierte, que le asiste la razón a la Juzgadora de Primer Grado, en el sentido que, de acuerdo a las pruebas desahogadas, dentro de las cuales se advierte la documental pública consistente en el dictamen criminológico y valoración de análisis de riesgo; mismo que fue introducido como prueba a través del testimonio de su emisora que lo fue Marisol Jiménez Martínez, quien una vez que a través del interrogatorio de la defensa y las partes, se acreditó su calidad de perito y la experticia que en la materia tiene; sin embargo, de las conclusiones que emitió en su dictamen y de las respuestas que dio a las interrogantes en todo momento dijo: ".La capacidad e índice de estado peligroso de José María Frías Sánchez, se encuentra en niveles bajos, sin proyectar conductas que alteren en alto riesgo la vulnerabilidad de los demás, proyectando tener nivel bajo riesgo social, así mismo no presenta tendencias que alteren la vulnerabilidad de la víctima, pues el sentenciado ha logrado entender el daño causado y sobre los factores predisponentes que derivaron su conducta, así mismo muestra sensibilización hacia la víctima ayudando a mostrar conciencia de sus actos para su presente, además, no se encuentra registro en este Centro penitenciario algún tipo de riesgo en la en la seguridad personal hacia la persona vulnerada en el delito, además entendió el sentenciado que debe mantenerse alejado de ella, pues refiere que al salir a externa miento habilitará en el municipio de Jalpa de Méndez, domicilio donde habitan sus progenitores pues no muestra tendencias agresivas o re victimización que vulneren a la víctima". De lo que se colige, que como bien lo hizo ver la Representación en la audiencia, se puede advertir que el estudio realizado por la perito de mérito, sólo fue tendente al estudio de la persona privada de su libertad respecto de la sociedad, sin que realizara un estudio sobre la víctima y los testigos que depusieron en su contra; es decir, sobre la existencia del riesgo objetivo y razonable en su externa miento para la víctima u ofendido los testigos que depusieron en su contra. Esto es, que el hecho de que el sentenciado muestre un bajo nivel de riesgo de acuerdo a sus características personales y el avance que ha tenido al interior del centro durante su reclusión -a la fecha del estudio-; ello no quiere decir, que se actualice la inexistencia del riesgo objetivo y razonable en su externamiento a como lo pide la norma que prevé dicho beneficio; pues lo anterior, debe entenderse como la acreditación material y palpable de que la protección de la víctima no se encuentre en riesgo ante la externamiento o libertad que se le pueda conceder al sentenciado, pues la ejecución de la sentencia para la víctima, no solo estriba es el resarcimiento del daño causado, sino también el derecho que tiene a vivir una vida plena y libre de zozobras y peligros. por lo menos respecto de su agresor. Y, al no haberse acreditado como prueba dubitable que dicho riesgo no exista respecto de la relación de víctima victimario en su calidad de liberto; no puede tenerse por acreditada dicha hipótesis que prevé nuestra legislación nacional para la concesión del beneficio solicitado. No pasa por alto para esta Sala, que de acuerdo a los estudios y tratados respecto a criminología, se tiene que, el informe criminológico, puede ser realizado en la esfera intrajudicial o extrajudicial es uno de los ámbitos donde dicha ciencia puede aportar sus conocimientos como cuerpo científico autónomo. Es así, pues una de sus definiciones según García-Pablos es "la ciencia empírica interdisciplinar que tiene como objeto de estudio el delito, el victimario, la víctima y el control del comportamiento social desviado y que trata de suministrar una información válida, asegurada, sobre la génesis y dinámica del problema criminal y sus variables; sobre los programas y estrategias de prevención eficaz del delito; y sobre las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente". Es decir, la desvictimización, por su parte, es el proceso que estudia las estrategias y factores por los cuales una víctima se recupera de ese estado de victimización y logra llevar una vida normalizada. La resiliencia alude al fenómeno por el cual una persona al padecer un evento estresante o traumático para lograr adaptarse y sobreponerse (Sociedad Vasca de Victimología). Por ejemplo, la víctima de una violación que tras el suceso logra superar el hecho y mantiene sus capacidades adaptativas. Y, para llegar a ello debe adentrarse al estado en el que se encuentra también la víctima y no sólo su victimario y así lograr determinar la inexistencia o no del riesgo objetivo y razonable en el externamiento del sentenciado sobre la víctima, pues también dependerá de la capacidad de resiliencia de ésta última. De tal forma, que, ante la inexistencia del estudio en dicho dictamen criminológico sobre el estado de la víctima, imposibilita tener por acreditado tal supuesto. Ahora, por cuanto a las hipótesis previstas en las fracciones III, V y VI, relativas a la que la persona privada de su libertad haya tenido buena conducta durante su internamiento; tenga cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso y, no esté sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa; las mismas, se encuentran satisfechas. Es así, pues como bien lo alega la defensa en sus agravios, aportó como pruebas y que fueron parte de los acuerdos probatorios, primeramente el informe rendido por el jefe de seguridad y vigilancia del centro de reclusión en el que la persona privada de su libertad ha cumplido la sanción de prisión impuesta, del que se desprende que desde su ingreso ha observado buena conducta. Por otro lado, obra los recibos de depósito 908 de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, que ampara la suma de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de pago parcial de reparación de daños, así como el diverso 920 de uno de julio de la misma anualidad, por la cantidad de $7,804.60 (siete mil ochocientos cuatro pesos 60/100 m.n.), por concepto de pago parcial de reparación de daños ambos recios a favor de la menor de identidad reservada de iniciales MJFM, representada por la víctima indirecta Lucrecia Magaña Jiménez. Con el cual acreditó que efectivamente el sentenciado ha cubierto el pago de la reparación del daño al que fue sentenciado. Y, respecto de que no esté sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa; igualmente se encuentra satisfecho en el sentido de que obran en autos los informes de las autoridades estatales y federales en las que consta que la persona privada de su libertad José María Frías Sánchez, no se le encontraron antecedentes de que se le esté llevando algún otro proceso en ninguno de los fueros. No obstante, en lo concerniente a las fracciones IV y VII, relativas a que el sentenciado haya cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades al día de la solicitud del beneficio y; que haya cumplido el sesenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. Debe decirse, que en la especie como bien lo ponderó la A quo especializada en ejecución de sanciones, dichas hipótesis no fueron probadas por la Defensa en la audiencia que se revisa, toda vez en cuanto hace el último citado, no se aprecia de las probanzas aportadas y desahogadas, ni dentro de los acuerdos probatorios, que el sentenciado tenga cumplido dicho porcentaje, toda vez que aún cuando forme parte de la glosa sumarial la sentencia que le fue dictada a José María Frías Sánchez, la defensa no la aportó como prueba para que la juzgadora de primer grado estuviera en aptitud de establecer la pena y su cumplimiento hasta esa fecha. Y, respecto de las diversas hipótesis se tienen los testimonios de Lizbeth Pérez Martínez y Baltazar Montero Santos, la primera psicóloga del Centro de Reclusión y el segundo pedagogo; quienes al ser cuestionado en ningún momento determinaron que el sentenciado de cuenta haya dado cumplimiento satisfactoriamente el plan de actividades que inicialmente le fue elaborado para el cumplimiento de la sanción impuesta; pues sólo se concretaron en referir que se encuentra estudiando en la actualidad; sin embargo, no hicieron la ponderación de las condiciones que se le dieron en dicho plan en su creación y si al momento del informe éstas se hayan cumplido. De ahí, que resulten parcialmente fundados los agravios de la defensa sin trascendencia al fallo, pues si bien logró acreditar satisfactoriamente algunas de las condiciones que el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin embargo no se dieron en su totalidad, lo cual impide al otorgamiento del beneficio solicitado. [.] Al respecto debe decirse que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal, dispone el otorgamiento de beneficios a los sentenciados que se encuentren previstos en la ley secundaria -que en el caso es la Ley Nacional de Ejecución Penal, para acceder a la libertad anticipada solicitada por el recurrente. Esto es, si bien el objetivo de la reforma a dicho precepto es la reinserción social del sentenciado, ello se sujeta a los requisitos determinados en la ley en comento, concretamente en el artículo 141, los cuales el quejoso no satisface en su totalidad, lo que toma de facto improcedente el beneficio pretendido. [.] En el caso, se reitera, la negativa del beneficio de libertad anticipada derivó de la aplicación de las normas previstas que rigen el beneficio de libertad disipada por lo que la invocación del aludido principio es insuficiente para resolver de conformidad la petición del quejoso. Es así, toda vez que el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal al establecer los casos en que no precede la libertad anticipada, no viola los derechos del quejoso, ya que en este ámbito no hay afectación de derechos fundamentales, pues al tratarse de un privilegio que el legislador puede o no otorgar al reo, es evidente que la Constitución Federal no concede a los sentenciados del derecho inviolable a que se sustituya por otras medidas la pena de prisión que una sentencia firme les ha impuesto por lo que, es inconcuso que las condiciones que el legislador establezca para otorgar o no las citadas prerrogativas no viola derechos humanos. Lo anterior, en lo conducente tiene apoyo la tesis 1a. CLI/2015 (10a.) 46 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro y texto: "BENEFICIOS PARA LOS SENTENCIADOS NO CONSTITUYEN UN DERECHO FUNDAMENTAL" En consecuencia, al haberse declarado los agravios de la defensa parcialmente fundados pero inoperantes para que trasciendan al resultado del fallo, es por ello que, con la facultad que le confiere el numeral 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación al 8 y 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se CONFIRMA la negativa del beneficio de la Libertad Anticipada solicitado por la persona privada de la libertad José María frías Sánchez, emitido en audiencia de uno de octubre de dos mil veintiuno, por la Licenciada Enedina Juárez Gómez, Jueza de Ejecución de Sanciones Penales con sede en Villahermosa, Tabasco en la carpeta de ejecución CE/527/2016, seguida a la citada persona privada de su libertad, por el delito de Violación, cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales MJFM, representada por la víctima indirecta Lucrecia Magaña Jiménez.". En lo tocante al requisito previsto en la aludida fracción II, las consideraciones vertidas por la responsable carecen de la debida fundamentación y motivación. Ello, porque dicha disposición normativa instituye que, para conceder la medida de libertad anticipada al sentenciado, no debe existir un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Requisito que el ahora quejoso pretendió satisfacer a través del estudio criminológico y valoración de riesgo de once de diciembre de dos mil veinte, así como con la testimonial de Marisol Jiménez Martínez, licenciada en ciencias criminológicas adversariales, suscriptora del mismo. Sin embargo, la responsable estableció que dicho estudio era insuficiente para colmar el referido requisito, porque se realizó únicamente a la persona privada de su libertad y en relación con la sociedad; sin que se practicara uno en relación con la víctima y los testigos que depusieron en su contra. Dicha determinación carece de sustento, porque la precitada disposición normativa no prevé que deba ser evaluada la víctima y los testigos para la procedencia del beneficio en cuestión; pues la seguridad emocional y física de éstos, depende de la situación en la que se encuentre el sentenciado al momento de su posible externamiento. Es decir, quien, en su caso, puede representar un peligro para la víctima, testigos y la sociedad, es el sentenciado, razón por la que es el único que debe ser objeto de la evaluación correspondiente. Sostener lo contrario, implicaría el examen de aquél y de cada uno de los ofendidos y testigos, lo que, evidentemente, produciría un sin número de estudios, con la posibilidad de igual cantidad de discrepancias, sin alcanzar el resultado pretendido por el artículo 18 de la Ley Fundamental. Aunado a ello, le asiste la razón al impetrante de amparo, respecto a que quien debe presentar el dictamen relativo es la fiscal. En efecto, como lo sostuvo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.9o.P.21 P (11a.) aplicada por analogía, no corresponde al sentenciado acreditar la inexistencia de un riesgo con su externamiento para las personas a que se refiere la fracción II del artículo 141 -el aludido órgano jurisdiccional refiere el numeral 137, de idéntica redacción- de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como requisito para obtener el beneficio preliberacional. Al respecto, refirió que es el agente del Ministerio Público quien debe probar que su otorgamiento materializa un posible riesgo, objetivo y razonable, para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y la sociedad. Ello, por considerar que, en relación a dicho requisito, opera la presunción de inocencia en su vertiente de carga de la prueba, pues al ser un aspecto negativo, no es susceptible de demostración por el solicitante, sino, en todo caso, corresponde al agente del Ministerio Público probar ese extremo, ya que es quien originariamente tiene a su cargo la protección de la víctima y los testigos, así como la representación de la sociedad. Por ello, dicho tribunal sostuvo que le atañe al fiscal aportar las pruebas concernientes a la existencia de dicho riesgo, a fin de acreditar que el sentenciado no es candidato al beneficio que solicitó. Consideraciones que esta juzgadora adopta, tomando en cuenta, además, como lo refirió el quejoso, que el Ministerio Público cuenta con la infraestructura y los recursos humanos para llevar a cabo dicha evaluación. En ese tenor, es infundado que, para la satisfacción del requisito previsto en la fracción II de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deba practicarse la referida evaluación a la víctima u ofendido y los testigos que depusieron en contra del sentenciado. Asimismo, es el fiscal quien debe, en su caso, acreditar la existencia de un riesgo con el externamiento del sentenciado. Por otra parte, en cuanto al requisito establecido en la fracción VII del artículo 141 del ordenamiento jurídico en cita -en relación a que se haya cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos-, la Sala consideró correcta la determinación apelada, porque, en su criterio, de las probanzas aportadas y desahogadas, ni dentro de los acuerdos probatorios, apreció que el sentenciado tenga cumplido dicho porcentaje; aduciendo que, aun cuando forme parte de la glosa sumarial la sentencia que le fue dictada a José María Frías Sánchez, la defensa no la aportó como prueba para que la juzgadora de primer grado estuviera en aptitud de establecer la pena y su cumplimiento hasta esa fecha. Asimismo, respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV -haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud-, la Sala sostuvo que de los testimonios de Lizbeth Pérez Martínez y Baltazar Montero Santos, la primera psicóloga del Centro de Reclusión y el segundo pedagogo, al ser cuestionados en ningún momento determinaron que el sentenciado haya dado cumplimiento satisfactoriamente al plan de actividades, que inicialmente le fue elaborado para el cumplimiento de la sanción impuesta; señalando la responsable que sólo se concretaron en referir que se encontraba estudiando en la actualidad; sin que hicieran la ponderación de las condiciones que se le dieron en dicho plan en su creación y si al momento del informe aquéllas se habían cumplido. Empero, las deficiencias apuntadas no pueden invocarse en detrimento del ahora quejoso, porque evidentemente están relacionadas con el desempeño de su defensor. En efecto, la defensa constituye un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a toda persona, incluyendo a los sentenciados, el cual podrá ejercer con la asistencia de su defensor o a través de éste. Efectivamente, de acuerdo con el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo imputado, dentro de un proceso penal, cuenta con el derecho a gozar de una defensa adecuada. Al respecto, el numeral 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales instituye lo siguiente: "Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo". Como se puede advertir, los aludidos preceptos, constitucional y legal, prevén el derecho fundamental a una defensa adecuada y técnica, estableciéndose como parámetro para ello que la persona a cargo de la misma sea licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. No pasa inadvertido que las referidas disposiciones normativas aluden al imputado y no al sentenciado; sin embargo, con base en el artículo 1 de la Constitución Política Federal y el principio pro persona, el aludido derecho fundamental se hace extensivo al aquí quejoso, dado que se encuentra privado de su libertad. Ahora, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho fundamental a una defensa adecuada y técnica tiene dos aspectos: El formal, que consiste en no impedir al imputado -aquí sentenciado- el ejercicio de ese derecho; y, El material, el cual se constriñe a la asistencia adecuada a través del defensor. El Máximo Tribunal del país determinó que los órganos jurisdiccionales correspondientes, deben tomar las medidas para garantizar que, el abogado defensor tenga los conocimientos y la capacidad necesarios, para evitar la vulneración del citado derecho en perjuicio del justiciable. Esto es, cuando el incumplimiento de los deberes del abogado dentro del procedimiento penal sea manifiesto o evidente, el juez está obligado, en su carácter de rector y garante del proceso penal, a evaluar la defensa proporcionada. De lo contrario, carecería de sentido que la defensa material forme parte del derecho humano de defensa adecuada, si dentro del procedimiento penal -o en la etapa de ejecución de sentencia- no existe un mecanismo de control que permita garantizar mínimamente al inculpado o sentenciado que su abogado tiene la aptitud necesaria para defenderlo adecuadamente. Así, de acuerdo con el Alto Tribunal, los jueces penales deben vigilar la actuación del defensor, en aras de evitar la vulneración de ese derecho en perjuicio del justiciable, sin que baste para tutelarlo la sola designación de un letrado en derecho, pues su observancia requiere que se proporcione al inculpado -o sentenciado- una asistencia real y operativa, independientemente de si la defensa recayó en defensor de oficio o particular. Sobre el particular, también es de tomar en cuenta, por analogía, las consideraciones que sustentan la tesis 1a. C/2019 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo I, página 366, con número de registro 2021099, del siguiente rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERECHO, CON EL SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LICENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE TIENE LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CAPACITADA PARA DEFENDERLO [ABANDONO PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 12/2012 (9a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia de rubro: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.", sostuvo que el derecho de defensa adecuada se garantiza esencialmente si el inculpado es asistido por un abogado defensor y no se obstaculiza de ninguna manera el trabajo de la defensa. De igual modo, estableció que el referido derecho no debe llegar a ciertos extremos, entre ellos: a) vigilar la estrategia de la defensa; b) justipreciar la capacidad o incapacidad técnica del abogado defensor; y, c) que el incumplimiento de los deberes de la defensa deba evaluarse por el juzgador, sino que en todo caso podrían ser materia de responsabilidad profesional. Ahora bien, la armonización de la doctrina constitucional del Alto Tribunal con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una nueva reflexión sobre el tema, llevan a esta Primera Sala a separarse parcialmente del criterio plasmado en la tesis citada, específicamente en lo referido a las consideraciones señaladas en los incisos b) y c), pues se reconoce que parte del núcleo esencial del derecho a gozar de una defensa adecuada lo constituye el cumplimiento de que ésta cumpla con su aspecto material, es decir, que el abogado satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que además debe ser controlado por el Juez en su calidad de garante y rector del procedimiento penal. Esto, porque una verdadera defensa adecuada no puede limitarse a meros aspectos procesales o de trámite, pues el solo nombramiento de un licenciado en derecho para que asuma la defensa no satisface ni efectiviza, por sí mismo, el derecho a gozar de una defensa material, sino que se requiere que se implementen todas las medidas necesarias para garantizar que el imputado tiene la asistencia de una persona capacitada para defenderlo. No obstante, una vez satisfecho ese estándar mínimo, el Juez debe abstenerse de controlar la bondad y eficacia de la estrategia defensiva adoptada o el resultado de ésta, en virtud de la autonomía en su diseño por el defensor nombrado". En consonancia con lo anterior, el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 121. Garantía de la Defensa técnica Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para designar un nuevo Defensor. Si prevenido el imputado, no se designa otro, un Defensor público será asignado para colaborar en su defensa. Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución. En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio". Como se advierte de las disposiciones normativas precitadas, con la finalidad de garantizar una adecuada defensa técnica, el legislador impuso al juez, no solo el deber de verificar que la persona responsable de la misma, contara con título de licenciado en derecho y cédula profesional, sino que también, ante la existencia de una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, previniera al imputado -o sentenciado- para que nombrara otro y, en su defecto, le designara al defensor público para colaborar en su defensa. En el caso, la Sala consideró que el requisito establecido en la fracción VII del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -en relación a que se haya cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos-, no se encontraba satisfecho, porque de las probanzas aportadas y desahogadas, ni dentro de los acuerdos probatorios, se advertía que el sentenciado tuviera cumplido dicho porcentaje; aduciendo que, aun cuando forme parte de la glosa sumarial la sentencia que le fue dictada a José María Frías Sánchez, la defensa no la aportó como prueba para que la juzgadora de primer grado estuviera en aptitud de establecer la pena y su cumplimiento hasta esa fecha. Asimismo, respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV -haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud-, la Sala sostuvo que de los testimonios de Lizbeth Pérez Martínez y Baltazar Montero Santos, la primera psicóloga del Centro de Reclusión y el segundo pedagogo, al ser cuestionados en ningún momento determinaron que el sentenciado haya dado cumplimiento satisfactoriamente al plan de actividades, que inicialmente le fue elaborado para el cumplimiento de la sanción impuesta; señalando la responsable que sólo se concretaron en referir que se encontraba estudiando en la actualidad; sin que hicieran la ponderación de las condiciones que se le dieron en dicho plan en su creación y si al momento del informe aquéllas se habían cumplido. Lo cual, a juicio de esta juzgadora, no deriva de una estrategia defensiva, sino de una deficiencia técnica al no incorporar el abogado del ahora quejoso, en la audiencia relativa, el medio de prueba concerniente a la sentencia que contiene la pena de prisión que le fue impuesta a su representado. Lo mismo ocurre con las precitadas testimoniales, porque el resultado de las mismas está relacionado con el correcto o no interrogatorio de la defensa para obtener de los declarantes las respuestas que evidencien el cumplimiento del referido requisito. Deficiencias que, como se dijo, no pueden invocarse en detrimento del sentenciado, porque evidentemente están relacionadas con el desempeño de su defensor. Con motivo de lo expuesto, se concede al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco: Deje insubsistente la sentencia de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca 001/2022-UE. En su lugar, dicte otra en la que, con base en los lineamientos establecidos en el presente fallo, revoque la resolución de uno de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, en la carpeta de ejecución CE/527/2016 y ordene reponer el procedimiento relacionado con la solicitud de libertad anticipada planteada por el sentenciado José María Frías Sánchez. Instruya a la aludida jueza para que, previo al desahogo de la audiencia relativa, prevenga al referido sentenciado para que nombre otro defensor que cuente con cédula profesional y, en su defecto, le designe al defensor público para colaborar en su defensa, en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su caso, otorgue un término que no exceda de diez días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscite el cambio. Al respecto, cabe puntualizar que, no basta que se cumpla con la designación de un defensor particular o público en sustitución del o los inicialmente designados, sino que la juzgadora deberá verificar en la audiencia relativa, que el nombrado proporcione una adecuada defensa técnica, particularmente porque, como se estableció, en el caso el quejoso se encuentra privado de su libertad. Hecho lo anterior, la jueza continúe con las demás fases y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, prescindiendo de considerar que el sentenciado debe acreditar la inexistencia de un riesgo con su externamiento, para las personas a que se refiere la fracción II del artículo 141, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como requisito para obtener el beneficio preliberacional. Es pertinente precisar que los efectos de la concesión decretada implican únicamente la reposición del procedimiento, a fin de garantizar el derecho fundamental del quejoso a una adecuada defensa técnica, pero de ninguna manera se prejuzga sobre la procedencia o no del otorgamiento del beneficio solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diez de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, respecto del acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO; por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos QUINTO y SEXTO de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
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