Jose Maria Gamboa Acereto

Expediente 1561/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1561/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Jose Maria Gamboa Acereto

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Téngase por recibido y agréguese a estos autos el oficio 7324 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada por ese Tribunal en el toca 240/2019, relativo a la queja interpuesta por José María Gamboa Acereto, contra el auto de doce de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de queja referido. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo, y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de garantías, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Ahora, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    III. Visto el estado de los autos y lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Comisionado de Autorización Sanitaria, y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, todos con sede en la Ciudad de México, no han rendido sus respectivos informes previos, ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios con los que se les requirió. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la Ley de la materia, siendo que las autoridades responsables tienen su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este Juzgado. Por tanto, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fijan como nueva hora y fecha para su celebración, las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. De igual manera, glósese a estos autos el informe previo rendido vía telegráfica por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, hágase relación de dicho informe al celebrarse la audiencia incidental relativa. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el oficio 2038/2019 de veinticinco de noviembre del año en curso, rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual da respuesta al requerimiento en proveído de veintiuno de noviembre de la presente anualidad, e informa respecto al exhorto enviado nuevamente el veinticinco de octubre de la presente anualidad, a las Junta Especial en Turno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cancún, Quintana Roo, a fin de emplazar a la demandada "Multiservicio Peninsular" Sociedad Anónima de Capital Variable, y manifiesta que le es imposible saber en qué Junta Especial corresponde conocer del exhorto diligenciado. Por tanto, para evitar mayores dilaciones en el procedimiento requiérase vía telegráfica para que informen por la misma vía, a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número Uno, Dos y Tres, todas con sede en Benito Juárez, Estado de Quintana Roo con sede en Cancún, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS siguientes a la notificación de este acuerdo, informen si el oficio 1830/2019 de veinticinco de octubre del año en curso, mediante el cual la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, envió el exhorto correspondiente a fin de notificar al demandado "Multiservicio Peninsular", Sociedad Anónima de Capital Variable, relativo al expediente 564/2019 de su índice, se encuentra en dicha dependencia, anexando constancias que lo acrediten y el trámite realizado para su diligenciación; apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Sirve de orientación la jurisprudencia con número de tesis VI.2o.T. J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 2579, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO. El artículo 192 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria en la que se otorga la protección de la Justicia Federal. Inicialmente, establece que una vez que la sentencia protectora haya adquirido firmeza, la autoridad federal la notificará a la autoridad responsable y le requerirá que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que, de no hacerlo sin causa justificada, le impondrá a su titular una multa de cien a mil días de salario, de acuerdo con el artículo 258 de la ley de la materia, y remitirá el expediente a la superioridad (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación) para seguir el trámite de inejecución. Conforme a esta disposición, cuando la autoridad responsable es un órgano integrado por más de un titular, el apercibimiento de multa no debe hacerse a dicho órgano en abstracto, sino a cada una de las personas físicas que lo integran, especificando el nombre y apellidos de cada una de ellas, en el entendido de que, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 193 de la citada ley, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y las personas físicas que los sustituyan tendrán responsabilidad, si durante el ejercicio de sus funciones debe darse cumplimiento a la ejecutoria". Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ MARÍA GAMBOA ACERETO, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, consistente en la confirmación del auto aprobatorio de remate dictada por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por por JOSÉ MARÍA GAMBOA ACERETO, se advierte en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y en lo que interesa al presente estudio, en los casos de remate, aquella última resolución es aquélla en la que, en forma definitiva, se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, momento en el que pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, una regla genérica y una especial: la primera, consiste en que el amparo indirecto procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativo o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, aun cuando lo sea por homologación, es decir, no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, los cuales de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía. Y la segunda, una específica, introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo indirecto podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Criterio que resulta aplicable al caso concreto del procedimiento de remate, pues como los actos dictados en el período de ejecución de sentencia son emitidos después de juicio, para la procedencia del juicio de amparo, habrá de verificar si tienen como finalidad la ejecución de dicho fallo, y si esto no es así, si violentan derechos sustantivos, entonces procede el juicio de amparo. Regla que continúa vigente en la Ley de Amparo, en el numeral 107, fracción IV, pero con una ligera variación en relación con lo que debe entenderse como última resolución, al señalar que: "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" Sustenta lo anterior, el criterio sustentado en la tesis I.9o.C. 18C, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, XXV, octubre de 2013, tomo 3, página 1856, que prevé: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA ADJUDICACIÓN Y ORDENA LA ESCRITURACIÓN DEL BIEN, ES LA ÚLTIMA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE). El artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, indica que la última resolución dictada en el procedimiento de remate es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; sin embargo, en la práctica judicial no necesariamente debe existir una resolución que, como documento y acto jurídico, satisfaga esos dos requisitos, sino que pueden estar separados, y cuando esto sucede, la orden de entrega depende o es consecuencia de que exista la resolución que decrete la adjudicación y la orden de escrituración, que por su naturaleza y alcances debe considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate, para determinar la procedencia del amparo, pues no debe esperarse hasta que exista la orden de entrega del bien rematado para considerar que este acto hace procedente al juicio, ya que no pudiera existir si no se hubiera resuelto en definitiva la adjudicación y escrituración." Conforme a lo anterior, las violaciones cometidas en los procedimientos de remate deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho segmento procesal, pudiéndose impugnar, excepcionalmente, los que se dicten en dicho período que afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Criterio que ha sido sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 5/2014 en sesión de veintiséis de febrero de dos mil catorce. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la resolución de fecha nueve de septiembre del año en curso, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, en autos del toca mercantil 459/2019 en la que confirmó el auto aprobatorio de remate de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve dictado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, en autos del juicio extraordinario hipotecario 1063/2000. No obstante, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque el acto reclamado no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que constituye un acto dictado después de concluido el juicio ejecutivo mercantil, concretamente en la etapa de remate, por lo que el amparo indirecto sólo puede promoverse contra la última resolución, entendiéndose como aquella la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso, pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En ese tenor, válidamente se puede colegir que dicha resolución no es la que constituye la última resolución dictada en el aludido procedimiento de remate, porque por virtud de aquélla aún no se ha ordenado en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación. A mayor abundamiento, también debe señalarse que en el aludido procedimiento, la Juez de los autos aun no ordena la entrega material del inmueble, tal como dispone el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo. De ahí que se concluya que contra dicho acto reclamado no proceda el juicio de amparo indirecto, porque no se trata de la última resolución dictada en dicho segmento procesal de remate, y aunque pudiera afectar derechos sustantivos, para que su impugnación sea viable, es necesario que sea ajeno a la cosa juzgada, lo que en el caso no acontece, toda vez que para que pueda considerarse así, se requiere que no trascienda al desarrollo normal del procedimiento relativo. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovido por JOSÉ MARÍA GAMBOA ACERETO, contra los actos que reclamó de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad. Asimismo, atento a lo solicitado por el quejoso, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo y como autorizado para tal efecto a Jorge Alberto Tamay Flores, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.Esta foja corresponde a la parte final del acuerdo de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno bajo el número V-1561/2019. Conste.

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