Jose Manuel Verde Miam
Expediente 662/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Manuel Verde Miam
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Agréguese a estos autos el escrito de desistimiento del juicio de amparo de CHRISTIAN JOSUÉ CANUL GONZÁLEZ, apoderado del directo quejoso MANUEL VERDE MIAM, y la diligencia levantada el veinticuatro de los corrientes, en la que CANUL GONZÁLEZ, desistió del juicio de amparo; por tanto, se le tiene por desistido de la prosecución del presente juicio de amparo; ahora bien, al existir solicitud expresa del quejoso en el sentido de desistirse del juicio de amparo, no es necesario esperar a que transcurra el término a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en virtud de que se desechó la demanda de amparo, el veinte de los corrientes; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el citado auto; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VII..Vista la demanda de amparo promovida ...contra el acto que reclama de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En ese sentido, primeramente, debe decirse que se reconoce al promovente, la calidad con que se ostenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de la copia autorizada de la audiencia de ocho de junio de dos mil doce, celebrada ante la responsable. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la demanda que nos atañe, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la quejosa reclama de la responsable, el auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 626/2011, en el que se decretó la prescripción de la ejecución del laudo dictado en el controvertido de origen. Indicado lo anterior, en el caso en concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, en su parte conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En primer término, se considera pertinente dejar asentado, que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Lo anterior se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, ya que éste es un medio extraordinario de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hubiesen recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que disponen los gobernados para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contempladas en el artículo 22 y 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna, o bien, opere lo señalado en los incisos a), b), c) y d), y último párrafo, del precitado numeral 61, fracción XVIII. Ahora bien, para sustentar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, se considera oportuno citar lo dispuesto en los artículos 849, 850, fracción I, y 852, último párrafo, todos de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra indican: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: .III. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." Dichas disposiciones normativas, en lo que interesa, claramente establecen que contra los actos emitidos por el Presidente de la Junta de Conciliación, o de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo o convenio, procede el recurso de revisión, el cual conocerá la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje correspondiente, y una vez declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan. Ahora, si bien es verdad que durante la fase de conocimiento del juicio laboral, no existen recursos, sino que la legislación laboral sólo establece la procedencia de determinados incidentes, no menos cierto es, que como se asentó en el párrafo precedente, en el procedimiento de ejecución que compete efectuar al Presidente de la Junta, para lograr que se cumplan los laudos o convenios, sí se establece la procedencia del recurso de revisión, el cual está previsto en el trascrito artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, recurso en el cual la Junta actuando de manera colegiada, puede determinar la modificación del acto emitido por el Presidente a quien compete la ejecución, como lo determina el numeral 852 de la citada legislación laboral, modificación que resulta ser una de las hipótesis que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, para que se actualice la improcedencia del juicio. En el caso concreto, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, radica en el proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la etapa de ejecución de laudo, en el que esencialmente se determinó procedente la prescripción de la ejecución del laudo emitido en el juicio natural 626/2011. Así, válidamente se puede afirmar que el acuerdo reclamado a la autoridad responsable, es un acto dictado en la fase de ejecución de laudo, por lo cual es obvio que le es aplicable lo dispuesto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, procede el recurso de revisión contra dicha determinación; por ende, al ser recurrible el acto reclamado por la parte quejosa, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió hacer valer el recurso que la ley establece, por medio del cual pudo obtener la modificación del proveído que reclama. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 95/2002, emitida por la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, página 374, de la Novena Época, Materia Laboral, número de registro 186133, que literalmente señala: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda; y como autorizada, a la persona expresamente designada, con las facultades conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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