José María Bañuelos Rodríguez

Expediente 1166/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 27 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1166/2016
Año
2016
Actuaciones
27
Última actuación
17/05/2017

Partes del expediente

  • José María Bañuelos Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    En diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con un oficio con folio 6518. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el licenciado Manuel Lozano Morales, autorizado del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele a su costa las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  2. Principal

    El ocho de marzo de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el escrito registrado bajo el número 3255.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por la tercero interesada Patrocinia Martínez Carrillo; como lo solicita, se le autoriza la devolución de la copia certificada del acta de diez de noviembre del año próximo pasado, dejando copia igualmente certificada en su lugar, y con apoyo en el numeral 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele copia certificada de la sentencia de once de enero de la presente anualidad, autorizando para recibirlas a la persona que menciona, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. Jessy*

  3. Principal

    EJECUTORIA DE SOBRESEIMIENTO El licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - El término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del dieciséis al veintisiete de enero de la presente anualidad, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva solicitada por el amparista; asimismo, no hay billete de depósito para devolución. Existe diverso juicio de amparo número 1323/2016-2, promovido por Ignacio Bañuelos Gálvez, radicado ante este juzgado, del que se desprende que el acto reclamado versa sobre el expediente 228/2014, que remitió la autoridad responsable en el presente juicio como apoyo a su informe justificado. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico, con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el Punto Vigésimo Primero, fracción III, del citado Acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión definitiva, además de que este juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico ni son de relevancia documental que ameriten su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. De igual forma, se declara que es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado Punto Vigésimo Primero, se lleve a cabo su destrucción. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro de los NOVENTA DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca debidamente identificada en días y horas hábiles, para hacerle entrega de los documentos originales que exhibió con su demanda de garantías, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, seguirán la suerte del expediente principal. Asimismo, del incidente de suspensión se desprende que no se cuenta con billete de depósito para su devolución. Finalmente, es un hecho notorio que existe diverso juicio de amparo número 1323/2016-2, radicado ante este juzgado, promovido por Ignacio Bañuelos Gálvez, del que se desprende que el acto reclamado versa sobre el expediente 228/2014, que remitió la autoridad responsable en el presente juicio como apoyo a su informe justificado; en consecuencia, remítase la controversia agraria 228/2014, al diverso juicio constitucional, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a la demás partes. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el secretario que autoriza licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. Jessy*

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1166/2016-6, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. En principio, el secretario da cuenta con el escrito registrado con el folio 437, suscrito por el tercero interesado Joel Gálvez Martínez, mediante el cual formula alegatos en el presente juicio. A lo que la juez acuerda: téngase recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, el que será tomado en consideración en la etapa procesal correspondiente. Acto seguido, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, la juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias y leído su contenido; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1, en el Estado de Zacatecas, con residencia en Guadalupe (foja 38); y legalmente emplazados a los terceros interesados Patrocinia Martínez Carrillo (foja 33), Joel Gálvez Martínez y Ma. Luisa Gálvez Martínez (foja 90). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa (fojas 8 y 9), con la exhibida por la tercero interesada Patrocinia Martínez Carrillo (fojas 53 a 61) y con las constancias remitidas por la magistrada responsable, consistentes en el expediente agrario 228/2014. A lo que la juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen desahogadas las pruebas referidas. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario da cuenta con los formulados por Patrocinia Martínez Carrillo (fojas 49 a 52) y con los expresados por Joel Gálvez Martínez en el escrito de cuenta. A lo que la juez acuerda: en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse formulados los alegatos de los terceros interesados citados y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1166/2016-6; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José María Bañuelos Rodríguez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: a) Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, en el Estado de Zacatacas. Acto reclamado: - La falta de emplazamiento al juicio agrario 228/2014 y todo lo actuado en dicho procedimiento, en específico, la orden de desposesión del predio objeto de la litis. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 10 a 12), la titular de este juzgado ordenó registrarlo con el expediente 1166/2016-6 y requirió al amparista para que exhibiera tres copias más de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el amparista exhibió las copias requeridas (foja 16). En auto de once del mes y año citado, se admitió la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno en el Estado de Zacatecas: - La falta de emplazamiento al juicio agrario 228/2014, promovido por Joel Gálvez Martínez contra Patrocinia Martínez Carrillo, Ma. Luisa Gálvez Martínez y la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido El Baluarte, en lo conducente, respecto de la nulidad del contrato de cesión de derechos de las parcelas 38 Z1 P1, 41 Z1 P1 y 31 Z1 P1 en el ejido citado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1 en el Estado de Zacatecas aceptó la existencia del juicio agrario 228/2016. Asimismo, a su informe de ley, acompañó las constancias relativas al expediente referido; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados de las autoridades aludidas, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil catorce ante el Tribunal Unitario Agrario en el Estado de Zacatecas, Joel Gálvez Martínez demandó de Patrocinia Martínez Carrillo, Ma. Luisa Gálvez Martínez y de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido El Baluarte, Fresnillo, Zacatecas, en esencia, la nulidad de los actos jurídicos de adquisición relativos a las parcelas 31, 38 y 41 Z1 P1 en el ejido referido, en virtud del derecho del tanto del actor y la nulidad del acta de asamblea por la que se reconoció como avecindada a la segunda demandada citada (fojas 1 a 7 del tomo de pruebas). 2. El once de marzo de dos mil catorce, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario en el Estado de Zacatecas registró la demanda con el expediente 228/2014, la admitió a trámite, señaló fecha para la audiencia del juicio y ordenó el emplazamiento de los demandados (fojas 30 y 31 del cuaderno de pruebas). 3. El once de julio de dos mil catorce, se tuvo contestada la demanda por parte de Ma. Luisa Gálvez Martínez y se admitió la demanda reconvencional sobre prescripción adquisitiva de las parcelas en litigio (fojas 70 a 76). 3. En sentencia de trece de octubre de dos mil catorce, la magistrada del tribunal del conocimiento consideró parcialmente fundadas la acción principal y la reconvencional ejercidas, por lo que decretó la nulidad de los actos jurídicos objeto de la demanda, determinó que la titularidad de los derechos parcelarios involucrados correspondía a Ma. Luisa Gálvez Martínez y no al actor principal, por lo que no procedía la restitución reclamada; asimismo, determinó improcedente la nulidad de asamblea solicitada (fojas 367 a 397). 4. Inconforme con la resolución anterior, el actor promovió demanda de amparo directo. En sentencia de veintiuno de mayo de dos mil quince, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar del a Primera Región (en auxilio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito) concedió el amparo solicitado para el efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, la magistrada responsable emitiera otro en el que prescindiera de declarar procedente la prescripción positiva planteada en reconvención por Ma. Luisa Gálvez Martínez, analizara nuevamente la nulidad de asamblea planteada, valorando los medios de convicción ofrecidos por el actor, tomando en cuenta lo planteado en la demanda principal y, con libertad de jurisdiccional, resolviera lo que estimara conducente (fojas 442 a 500del cuaderno de pruebas). 5. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo anterior, en sentencia de veintinueve de junio de dos mil quince, la magistrada responsable consideró parcialmente fundada la acción principal ejercida e infundada la demanda reconvencional planteada, por lo que decretó la nulidad del contrato de cesión de derechos parcelarios celebrado entre Patrocinia Martínez Carrillo y Ma. Luisa Gálvez Martínez y se concedió al actor el derecho del tanto que prevé el numeral 80 de la Ley Agraria; asimismo, consideró improcedente la nulidad de la asamblea ejidal reclamada (fojas 505 a 572 del tomo de pruebas). 6. Inconformes con la resolución anterior, Joel Gálvez Martínez y Ma. Luisa Gálvez Martínez promovieron sendas demandas de amparo directo. En sentencias de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 620 a 631 y 654 a 672), el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito: a) negó el amparo solicitado por el acto en lo principal; y, b) concedió el amparo a la demanda citada, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emitiera otra en la que reiterara las consideraciones que no eran materia de concesión y considerara que el monto para ejercer el derecho del tanto equivalía a doscientos mil pesos. 7. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, en sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la magistrada responsable reiteró las consideraciones que no fueron materia de concesión y determinó que la cantidad que debía devolver el actor para ejercer el derecho del tanto que había sido determinado en su favor, era dos cientos mil pesos, los que debía reintegrar en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento que el acto jurídico cuya nulidad se declaró sería convalidado; por lo que se determinó que la restitución de los derechos parcelarios involucrados se encontraba supeditada al ejercicio del derecho citado (fojas 675 a 745 del tomo de pruebas). 8. En acuerdo de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se declaró que la sentencia anterior constituía cosa juzgada, se tuvo al actor ejerciendo el derecho del tanto determinado en dicha resolución y se ordenó su ejecución, por lo que se requirió la devolución voluntaria de las parcelas objeto de la litis (foja 755 del tomo de pruebas). 9. Mediante proveído de doce de julio de dos mil dieciséis, se ordenó la desposesión forzosa de las parcelas en controversia (foja 763 del tomo en cita). 10. En auto de diez de octubre del año pasado, se precisó que las parcelas en comento correspondían a las identificadas con los números 38, 41 y 31, con superficies de 8-20-17.99, 00-77-11.48 y 1-99-47.79 hectáreas, ubicadas en el núcleo agrario en referencia (fojas 770 y 771). 11. El diez de noviembre de dos mil dieciséis, la jefa de la unidad de asuntos jurídicos del tribunal responsable, en funciones de actuaria, asentó haberse constituido en las parcelas en referencia y haber puesto en posesión material de éstas al actor (fojas 777 a 785). 12. El once siguiente, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. La falta de emplazamiento al juicio reseñado y las determinaciones sobre los predios en comento y su ejecución constituyen la materia de la presente litis constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Debe de sobreseerse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de garantías tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido, se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieren intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, enero de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y seis, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese sentido, en general, respecto del tercero extraño por equiparación, en su caso, el efecto del amparo sería para que se le incorpore al procedimiento como condición del acto privativo; en cambio, en tratándose de una persona extraña en estricto sentido, el efecto del amparo sería para que se sustraigan de la litis los derechos que han sido afectados, sin que se pueda determinar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, al no tratarse de una parte formal. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia número 21 que aparece publicada en la página 1305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005 dos mil cinco, del rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Luego, la legitimación de la persona extraña a juicio surge del hecho que con dicho procedimiento se afecte algún derecho del que sea titular, sin que se hubiera respetado su garantía de audiencia. Por otra parte, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, y II. la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, para efectos del juicio de amparo, es necesario acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, y además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el inmueble cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, del rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En esa línea, para que un documento privado adquiera eficacia probatoria en el juicio de amparo es necesario que sea de fecha cierta. Lo anterior, puesto que con dicha característica se tiene certeza de la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable, de que existió en un momento preciso, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos. La fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se da alguno de los supuestos jurídicos siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un registro público de la propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio. III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Lo anterior es así, ya que el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen en éste y por ello, en sí mismo no puede crear la convicción de la certeza de la fecha del documento, por lo que, para que ello ocurra se hace necesario que acontezca cualquiera de las eventualidades señaladas, pues así surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de que necesariamente orienta esa conclusión. Por tanto, la fecha cierta de un documento proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido en él, por lo que tiene eficacia probatoria y surte efectos contra terceros. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Diciembre 1999, Novena Época, página setenta y ocho, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO." Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En consecuencia, un documento de fecha incierta es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico pues tal defecto impide determinar si el acto reclamado es posterior o anterior al acto jurídico sustento de la demanda de amparo. En esta instancia, el quejoso se ostenta persona extraña al juicio agrario natural, en virtud de que, a su juicio, cuenta con la posesión originaria de las parcelas materia de dicho procedimiento. Lo anterior, en virtud de la enajenación que realizó en su favor Patrocinia Carrillo Martínez. De lo anterior se infiere que el interés jurídico base de la demanda de amparo descansa en el derecho de posesión que aduce tener el quejoso respecto de los predios objeto del litigio natural. Para acreditar dicha legitimación, el amparista exhibió los originales del contrato de compraventa que celebró con la enajenante citada, respecto del Rancho El Durazno, pozo número cuatro, en la comunidad El Baluarte, Fresnillo Zacatecas (correspondiente a los certificados parcelarios 11219, 11224 y 11226) y del recibo otorgado por dicha persona en favor del amparista, por la cantidad de doscientos mil pesos, por concepto de la venta en referencia (foja 9). No obstante, los documentos anteriores son insuficientes para acreditar la titularidad del derecho de posesión que el quejoso aduce ostentar sobre las parcelas materia del juicio natural. Ello es así, pues si bien se trata de contratos de documentos originales, es decir, que cuentan con firma autógrafa, lo cierto es que son documentos privados y carecen de fecha cierta. En efecto, como se consideró, un documento privado adquiere fecha cierta a partir de que acontezca cualquiera de los supuestos siguientes: (a) se inscriba en un registro público de la propiedad; (b) se presente ante un fedatario público o un funcionario autorizado; (c) ocurra la muerte de cualquiera de los firmantes. Bajo ese panorama, los documentos en análisis no causan convicción en relación con la fecha de su celebración, pues se trata de contratos privados de los que: (a) no existe constancia de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro; (b) no existe certificación alguna de que se hubiera presentado ante un fedatario público al momento de su celebración o con anterioridad al acto reclamado; y (c) no se encuentra acreditado en autos que alguno de los signantes que aparecen en éste hubieran fallecido. Por tanto, ante lo anterior, la fecha de celebración que presentan dichos documentos no puede causar certeza en el presente juicio, dado que no se encuentra corroborada por alguno de los elementos necesarios para ello. En consecuencia, el contrato base de la demanda de amparo es insuficiente por sí solo para acreditar el derecho subjetivo que integra el interés jurídico del amparista, pues, en todo caso, no existe certeza del momento en el que se incorporó tal prerrogativa en su esfera jurídica, a efecto de poder evaluar la constitucionalidad de la posible afectación que causa el acto reclamado. En suma, el quejoso no acreditó ser el poseedor originario del inmueble materia del juicio natural. Además de lo expuesto, en relación con la posesión defendida, no se encuentra acreditada la detentación de hecho del inmueble en controversia por parte de los quejosos. Lo precedente es así, dado que la posesión en sí misma (detentación de hecho) es una circunstancias fáctica de tracto sucesivo, por lo cual no puede inferirse directamente de una prueba documental. Y en ese sentido, el peticionario del amparo no allegó medios de convicción que acreditaran la posesión materia del acto reclamado. Así pues, el derecho de posesión que reclama respecto del inmueble que defiende no se encuentra acreditado en autos, al no haberse demostrado el título que genere el derecho aludido, ni que se ejerce un poder de hecho sobre dicho bien; lo anterior, trae como consecuencia que no se justifica el interés jurídico para acudir en demanda de la Justicia Federal. Sin que de las constancias del juicio de origen se desprenda la titularidad del quejoso respecto del derecho base de la demanda de amparo. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en concordancia con los numerales 61, fracción XII y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José María Bañuelos Rodríguez contra el acto que reclamó de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno en el Estado de Zacatecas, consistente en la falta de emplazamiento al juicio agrario 228/2014; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

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