José Manuel Villagrana
Expediente 587/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Manuel Villagrana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
El licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado Certifica que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del veintiuno de diciembre pasado al cinco de enero actual, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de diciembre del dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 587/2017-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Si existen documentos por devolver a la autoridad responsable juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, nueve de enero de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Providencias sobre el incidente de suspensión. En otro aspecto, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de tres años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Devuélvase al juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, las copias certificadas del juicio civil ordinario de divorcio necesario 136/2012 y del incidente de liquidación y ajuste de pensiones devengadas y no pagadas, que remitió en alcance a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
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V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 587/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, José Manuel Villagrana, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. De la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas: a) La interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete dictada en el incidente de liquidación y ajuste de pensiones alimenticias derivado del juicio de alimentos número 136/2012. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio de amparo, toda vez que la parte quejosa fue notificada de manera personal por conducto de su autorizado el veintidós de mayo de dos mil diecisiete (foja 55 del tomo II de pruebas); por lo tanto, dicha notificación de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas se estima surtió efectos el mismo día pues dicho numeral precisa que los términos correrán a partir del día siguiente al en que se practiquen, por lo tanto, el plazo para la promoción del amparo transcurrió del veintitrés de mayo al doce de junio de dos mil diecisiete, con descuento de los días veintisiete y veintiocho de mayo; así comotres, cuatro, diez, y once de junio del año en curso, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó el doce de junio de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas (foja 30 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con la copia certificada del expediente 136/2012 (dos tomos de prueba); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º . QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que se actualice supuesto alguno para suplir su deficiencia. En los conceptos de violación el quejoso aduce que el acto reclamado transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales ya que carece de fundamentación y motivación. Resultan infundados los argumentos expuestos por el quejoso, cuenta habida que la autoridad responsable no vulneró en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales con la emisión del acuerdo que constituye el acto reclamado, ya que no carece de fundamentación y motivación como enseguida se verá. En efecto, el principio de seguridad jurídica, establecido en el artículo 14 constitucional, contiene la garantía de legalidad, la que a su vez comprende la de fundamentación y motivación prevista en el diverso 16, que deben imperar en toda resolución jurisdiccional o acto gubernamental. Así, al hacer una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, que prevén los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de privación y molestia, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como la exposición de las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado. De ahí, que un acto es legal cuando en su dictado se respeta la norma fijada por el legislador. Se entiende que el principio de legalidad es esencia del régimen jurídico de un Estado de Derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. El acatamiento por todos a las leyes, en un régimen jurídico de Estado, es la suprema garantía, y la efectividad de esta garantía constituye la normalidad de un régimen jurídico. La garantía de legalidad consiste pues, en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto privativo o de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en dicha prerrogativa. La exigencia de fundar en ley tiene como propósito que el gobernado se halle en la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. No existen excepciones al cumplimiento de dicho deber, esto es, toda autoridad al emitir un acto, debe fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, ésta es una de las exigencias previstas en el artículo 16 constitucional. Así, se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. En efecto, de conformidad con el artículo 16 constitucional vigente, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables; por lo segundo, el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Debiendo existir adecuación entre los preceptos citados y los motivos aducidos, es decir, la actualización de los supuestos normativos. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo III, Materia Administrativa, página 46, correspondiente a la Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". También, sirve de apoyo la Jurisprudencia número 338, visible en la página 27 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro y texto siguiente: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE.- La motivación exigida por el artículo 16 Constitucional, consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual, quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige, se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula a la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal." Formalidades que en el caso, fueron observadas en el dictado del acto reclamado por la autoridad responsable. En efecto, la autoridad responsable en el acto reclamado, preservó la garantía de seguridad jurídica reconocida en el artículo 16 constitucional, en tanto que al emitirlo invocó los preceptos legales aplicables; así como las causas inmediatas, razones particulares y circunstancias que tomó en consideración para emitirlo. Así, entre otros la responsable citó los artículos 484, 408, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, 4 constitucional, 3, 4 y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; 3, fracciones I y II, 8, Fracción I, 9 fracción V, 34, 39, 40 y 109 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado de Zacatecas, y además señaló de manera precisa las causas que tomó en cuenta para señalar que la liquidación de las pensiones alimenticias vencidas sería a partir del mes de enero de dos mil trece a la primera quincena de enero de dos mil diecisiete, señalando las operaciones aritméticas que lo llevaron a concluir que el hoy quejoso adeuda la cantidad de ciento veinticuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos con veinte centavos; además también citó los numerales 282 y 283 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, y señaló que procedía el incremento de la pensión alimenticia decretada a favor del menor hijo del quejoso, tomando como base el salario mínimo correspondiente a la emisión del acto siendo de ochenta pesos con cuatro centavos, y así procedió a incrementar la misma por la cantidad de mil doscientos pesos con sesenta centavos. Así, como se adelantó, no tiene razón el quejoso pues el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación. Por otra parte el quejoso aduce que la responsable no hizo un estudio respecto a que a la actora incidentista le fue negado el derecho a recibir alimentos por ser autosuficiente, dando como consecuencia que ésta no tuviera derecho alguno para interponer la demanda incidental. Así, sigue diciendo que la actora incidentista carece de legitimación para reclamar el pago de alimentos, por lo que únicamente debió haber sido condenado al pago de alimentos a favor de su menor hijo no a favor de ésta. Afirma que la responsable no tomó en cuenta que la medida cautelar dejó de surtir efectos mediante sentencia definitiva que le fuera notificada a la actora incidentista en fecha once de mayo de dos mil dieciséis, en la que además en el considerando quinto se estableció que no procedía condenarlo a una pensión a favor de la cónyuge inocente -actora incidentista- Son infundados tales asertos. En efecto, lo infundado de tales motivos de disenso se da en virtud de que el quejoso parte de una premisa errónea, toda vez que considera que al haber sido absuelto del pago de una pensión a favor de su ex cónyuge en la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, ello lo eximía de pagar las pensiones alimenticias que le fueron fijadas como medida cautelar y que adeudaba, sin embargo tal premisa resulta equivocada. En efecto, lo anterior es así, pues no obstante que en sentencia definitiva se consideró que su ex cónyuge no requería de alimentos por lo que únicamente se fijaron los relativos al menor, esa determinación no afecta las medidas provisionales decretadas por el juez natural, porque las mismas se fijaron con independencia de la procedencia o no de la acción principal, por lo tanto esos derechos adquiridos por la parte actora hoy tercera interesada, durante la tramitación del juicio de origen, la legitiman y da lugar a que promueva el incidente de liquidación de pensiones alimenticias que le son adeudadas si el demandado no las cubrió, pues se reitera, la circunstancia de que en sentencia se haya declarado que únicamente se fijaba pensión alimenticia a favor del menor hijo de las partes, no puede servir de base para que no se paguen las pensiones alimenticias adeudadas que como medida cautelar fueron fijadas, por tratarse de acciones independientes y no subsidiarias; máxime que esa improcedencia no puede servir de justificante al deudor alimentista para dejar de cumplir un mandamiento de autoridad judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis XX.2o.7 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, Novena Época, página 1763, del tenor siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. ES LEGAL SU TRAMITACIÓN CUANDO DERIVA DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO, NO OBSTANTE QUE SE DECLARE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN PRINCIPAL INTENTADA POR LA ACTORA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).Si la Sala de apelación deja insubsistente la sentencia de primera instancia y declara improcedente el juicio de divorcio necesario, esa determinación no afecta las medidas provisionales decretadas por el Juez natural, porque éstas se fijan con independencia de la procedencia o no de la acción principal, en términos de lo dispuesto por el artículo 278, fracción III, del Código Civil para el Estado de Chiapas, el cual prevé que al admitirse la demanda de divorcio o antes, si hubiere urgencia y sólo mientras dure el juicio, se dictarán, entre otras medidas provisionales, la de señalar y asegurar los alimentos que debe suministrar el deudor alimentista al cónyuge acreedor y a sus hijos; por tanto, esos derechos adquiridos por la actora durante la tramitación del juicio de origen, da lugar a que promueva el incidente de liquidación de pensiones alimenticias que le son adeudadas por cada mes transcurrido durante su tramitación, si el demandado no las cubrió en ese lapso, porque la circunstancia de que se haya declarado improcedente la acción principal, no puede servir de base para que no se pague esa pensión alimenticia, por tratarse de acciones independientes y no subsidiarias; además, porque esa improcedencia no puede servir de justificante al deudor alimentista para dejar de cumplir un mandamiento de autoridad judicial." Por lo anterior devienen infundados los motivos de disenso de la parte quejosa, pues de manera contraria a lo que señala, y como fue precisado, la actora incidentista sí se encontraba legitimada para instar el incidente de origen, además de que la pensión alimenticia fijada como medida cautelar no dejó de surtir efectos no obstante se dictara sentencia definitiva. Así, resulta infundado el motivo de disenso en el que el quejoso aduce que la cantidad a la que fue condenado resulta errónea, pues al haber sido decretado en sentencia que no procedía el pago de pensión alimenticia a favor de su cónyuge, debió haber sido condenado a la mitad de dicha cantidad, pues como vimos la circunstancia de que en sentencia se haya declarado que únicamente se fijaba pensión alimenticia a favor del menor hijo de las partes, no puede servir de base para que el quejoso no pague las pensiones alimenticias adeudadas que como medida cautelar fueron fijadas, por tratarse de acciones independientes y no subsidiarias. Por otro lado, el quejoso aduce que la responsable omitió manifestar que la actora incidentista compareció a desistirse del incidente que promovió en enero del año dos mil quince, debido a que el hoy quejoso llegó a un convenio con ésta derivado de una negociación en el que se dispuso dinero en efectivo, y bienes para el pago, quedando liquidados los pagos de los adeudos, y cubiertos hasta la referida fecha de veintiuno de enero de dos mil quince. Sin embargo, tal aserto resulta infundado, pues de las constancias que integran el incidente de origen, no se advierte que el quejoso hubiere ofrecido como prueba el convenio al que alude, por lo tanto, la responsable no se encontraba obligada a valorarlo, de ahí que no obstante sus manifestaciones, no se encuentran robustecidas con prueba alguna, por ello resultan insuficientes para tener el alcance que el quejoso pretende. Finalmente, el quejoso sigue diciendo que referente a la modificación de la pensión alimenticia para el menor hijo de iniciales S.G.V.G., transgredió sus derechos fundamentales en virtud de que la juzgadora en ningún momento hizo referencia a la proporcionalidad ni a la necesidad del menor, sino aduce que existe una predisposición hacia su persona, pero afirma que no tiene trabajo fijo que reciba una remunueración generosa, por lo que la responsable lo condenó al pago de una pensión alimenticia que está fuera de su alcance, además que no la va a pagar porque no tiene recursos. Tal argumento resulta inoperante, pues en esencia combate la fijación de la pensión alimenticia en favor de su menor hijo, sin embargo tal pronunciamiento se realizó en la sentencia definitiva dictada en el juicio 136/2012, no en la interlocutoria que en este juicio se reclama, en la cual únicamente se realizó su actualización conforme a los artículos 282 y 283 del Código Familiar de Zacatecas, por lo que al no combatir el quejoso los argumentos que la responsable plasmó para actualizar la cantidad que como pensión alimenticia fue fijada, se estima inoperante el argumento analizado. Es decir, la sola mención de que la responsable no hizo referencia a la proporcionalidad ni a la necesidad del menor, y cuestiones relacionadas con sus ingresos deviene insuficiente, ya que son argumentos que no combaten las razones medulares por las que la autoridad responsable actualizó la pensión que le fue fijada en la sentencia definitiva, por tanto, este juzgador concluye que tal argumento es inoperante. Es aplicable la jurisprudencia que sustentó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada con el número XX.J/25, en la página 113, del Tomo 61, Enero de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUÁNDO SON INOPERANTES EN MATERIA CIVIL. Es evidente la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso cuando omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la sentencia impugnada." Consecuentemente al resultar infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación de la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo de la Justicia Federal solicitado. OCTAVO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a loa novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a José Manuel Villagrana, por propio derecho, contra los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido del secretario Héctor Hugo Mejorada Bedolla quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
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En dos de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Alicia
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El doce de julio de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que: Se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Del cuatro al seis de julio dos mil diecisiete, transcurrió el término de tres días, concedido a los terceros interesados María Isabel Gutiérrez González, por sí y en representación del menor de edad con iniciales S. G. V. G., en auto de catorce de dicho mes y año, por el que se ordenó su emplazamiento a juicio, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que se le notificó en treinta de junio último, sin que lo haya hecho así. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta al Secretario encargado del despacho, con el estado que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede y con un pedimento registrado con el número 9531. Conste. ZACATECAS, ZACATECAS, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que las partes quejosa y tercero interesada se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Sombrerete, Zacatecas, así como de las pruebas que adjuntó al mismo, relativas a copia certificada del juicio civil ordinario de divorcio necesario 136/2012 y del incidente de liquidación y ajuste de pensiones devengadas y no pagadas, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". En otro orden de ideas, del contenido de la constancia de emplazamiento practicado a los terceros interesados María Isabel Gutiérrez González, por sí y en representación del menor de edad con iniciales S. G. V. G., el treinta de junio del año en curso, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido en diverso auto de catorce de dicho mes y año, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, por lo que las notificaciones del presente proveído, así como las posteriores que tengan el carácter de personales, practíquenseles por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase por recibido el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la nueva Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente sumario; dígasele que una vez que se pronuncie dicho fallo, se le expedirá la misma. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3424/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
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