Jose Manuel Zapata Moreno
Expediente 551/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jose Manuel Zapata Moreno
Actuaciones
- Principal
III. Advirtiendo del estado procesal que guardan los presentes autos que ha transcurrido el término de cinco días, sin que se hubiese recurrido el auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, carece de valor jurídico, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes.
- Principal
III. Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Agréguese a estos autos el escrito aclaratorio firmado por los quejosos mediante el cual, cumplen con la prevención efectuada en autos; en consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en el proveído de once de junio del presente año. Con el escrito de demanda de amparo y ocursos aclaratorios, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuyen al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Esta resolutora se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se observa que se surte de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista, en sentido contrario, mismos que disponen lo siguiente en las partes aludidas: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;[.]" El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Ciertamente, los proveídos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia del expediente ejecutivo mercantil de origen, pues la autoridad únicamente dictó los autos reclamados en aras de ejecutar dicha resolución, sin que de las manifestaciones de los quejosos se advierta que ya se haya declarado cumplida la sentencia o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o que se trate de la última resolución en el procedimiento de remate correspondiente, por ende, no pueden ser impugnados por esta vía, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento correspondiente, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que en su caso, hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que, el legislador, con el propósito de no provocar el abuso del ejercicio de la acción de amparo, dispuso que el juicio constitucional en la vía indirecta puede promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a los quejosos, salvando así la interposición indiscriminada de juicios de amparo que solo retrasan la ejecución de las sentencias o fallos correspondientes, como precisamente acontece en la especie, pues el presente juicio biinstancial tiende a obstaculizar la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, al pretender no sea realizada la desocupación y entrega física del bien inmueble de mérito, máxime que constituye otro de los actos reclamados del quejoso. Al no constituir los referidos actos de autoridad que se reclaman, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; es evidente que no puede considerarse como una violación irreparable, lo que indudablemente, materializa la hipótesis de improcedencia en comento. Sin que pase inadvertido para esta Juzgadora que durante la etapa de ejecución de sentencia, existen actos que por su naturaleza son de imposible reparación o de grado predominante o superior, en contra de los cuáles procede el juicio de amparo; pues su afectación no podrá ser analizada posteriormente; sin embargo, en el caso, no se está en dicho supuesto, ya que en las determinaciones reclamadas únicamente la autoridad responsable pretende que se ejecute la sentencia dictada en el controvertido de origen; y no son independientes de esa ejecución, por lo que será en la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución donde podrán hacer valer esas violaciones; por lo que dichas actuaciones no encuadran en ninguno de los supuestos antes mencionados, pues aún no se ha emitido la resolución definitiva en ese procedimiento de ejecución. Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la causal de improcedencia aplicado en sentido contrario, por lo que, como se anticipó, con apoyo en el numeral 113 transcrito, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Manuel Zapata Moreno y Nohorliss de los Ángeles López Reyes.
- Principal
III. Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de dieciocho de junio del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos mediante el cual, cumplen parcialmente el requerimiento que se les hizo mediante proveído de once de junio del año en curso. Debe decirse que las prevenciones que se le realizaron en el auto de referencia a la parte quejosa, fueron para que lo siguiente: a) señalaran la fecha exacta del acuerdo reclamado; b) aclararan si ambos son parte del juicio ejecutivo mercantil 9/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; c) Indicaran si ya comparecieron al mismo; y, d) especificaran cuál es la prestación principal reclamada en el referido controvertido de origen. Sin embargo, en cuanto al requerimiento marcado con el inciso d), en el que se les indicó que deberían especificar cuál es la prestación principal reclamada en el juicio ejecutivo mercantil 9/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, no se tiene por cumplido el mismo, toda vez que la parte quejosa en su escrito aclaratorio de cuenta, no indicó lo que se les solicitó, pues lo que señalaron es lo que pretenden reclamar en el presente juicio constitucional, esto es, la orden de trabar embargo sobre el bien inmueble que defienden, cuando lo que se le requirió es que indicara cuál es la prestación principal que su contraparte (parte actora) reclamó en el aludido controvertido de origen. Sin que sea el caso hacerle efectivo el apercibimiento decretado en autos, toda vez que aún no ha transcurrido el término que se le concedió para que cumpla debidamente con la prevención que se le hizo en el referido acuerdo de once junio de dos mil diecinueve, el cual se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Hágase saber de nueva cuenta a la parte quejosa, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos que en el caso acompañe para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma.
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