Jose Manuel Siller Valladares
Expediente 565/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jose Manuel Siller Valladares
Actuaciones
- Principal
I- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de ocho de julio del año en curso, que en lo conducente dice: " Recepción de demanda Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Salmorán Irigoyen, quien se ostenta como apoderado legal de José Manuel Siller Valladares por la que, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye al juez de los Familiar Oral adscrita al Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y otra autoridad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 565/2022-I-B. Desechamiento Ahora, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Congruente con lo anterior, se estima que en el caso se debe desechar de plano la demanda de amparo al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notaria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Así, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada en sentido contrario, teniendo en cuenta que el acto reclamado no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ciertamente, los artículos citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que sus consecuencias son susceptibles de afectar, de modo directo, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros. Lo anterior, porque esa afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por otra parte, los actos que sí son reparables se actualizan respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar lesión en su esfera jurídica. En esta perspectiva, el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, en virtud de afectar sus derechos sustantivos, pero no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas. La distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso, la parte quejosa -incidentado en el expediente de origen-, reclama la celebración de la continuación de la audiencia inicial de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dentro del incidente de pensión alimenticia, relativa al expediente 667/2020, derivado del juicio de divorcio incausado, del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, sin que se le haya notificado la fecha en que esta tendría verificativo. Ahora, de los anexos que adjuntó el quejoso a su escrito inicial de demanda, se desprende que en la audiencia que reclama se hizo constar la inasistencia de José Manuel Siller Valladares; que las partes no llegaron a algún acuerdo conciliatorio; cerró etapa de excepciones de previo y especial pronunciamiento; se abrió la etapa de pruebas, en la cual se admitieron las ofertadas por la incidentista María Guadalupe Hernández Enríquez; en tanto, consideró que ante la inasistencia del aquí quejoso a esa continuación de audiencia, no era posible que éste hiciera una relación de las pruebas ofertadas consistentes en la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana; sin embargo, admitió las siguientes documentales: "[.] Estado de cuenta expedido por Crédito Hipotecario que fue otorgado por INFONAVIT, visible a fojas de la ciento diez a la ciento veinte de autos. Estados de cuenta, visibles a fojas de la ciento veinticinco a la trescientos catorce de autos. Cuatro pedidos efectuados en la empresa comercial Amazon México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, visible a fojas de la ciento veintidós a la ciento veinticuatro de autos." Asimismo, en dicha continuación de audiencia se ordenó girar oficio al representante y/o apoderado legal de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo; señaló las once horas del quince de agosto de dos mil veintidós, para la audiencia de juicio; cerró la cuarta etapa; abrió la quinta y, determinó que no hubo acuerdos sobre hechos no controvertidos, cerró esa etapa; aperturó la sexta y estableció la inexistencia de acuerdos probatorios, finalmente cerró dicha etapa2. Esto es, actuó de conformidad a lo dispuesto por el artículo 9293, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo. Cabe destacar que, en la celebración de la continuación de audiencia -de la cual el propio quejoso ya se hizo sabedor, pues incluso anexa a su escrito de demanda copia de ésta-, se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio a que aluden los artículos 941 y 9424 de la legislación aplicable; en la cual, comprende el desahogo de pruebas, alegatos de las partes y el dictado de la sentencia, de ser posible en la propia audiencia o, dentro del término de diez días. Y al respecto, de conformidad con el numeral 9435 del código adjetivo de la materia, la sentencia interlocutoria que al efecto se dicte, es recurrible a través del recurso de apelación. Así, se estima que respecto de tal acto no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto prevista por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, ya que no se reclama un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, en la medida en que no impactan en algún derecho sustantivo de la parte quejosa; en cambio, podría constituir una violación de naturaleza intraprocesal susceptible de ser analizada y reparada, en su caso, en el juicio de amparo directo que se llegare a presentar en contra de la sentencia que se dictare en el juicio de origen conforme a lo previsto en el artículo 172 de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, por el tema que se aborda, la jurisprudencia con número de registro digital 2054846, de rubro y texto siguientes: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. A mayor abundamiento, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 24/1992, publicada en la página 11, número 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Esto es así, porque los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, ya que, como ya se dijo, sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente y no aquellos de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. En conclusión, el acto reclamado sólo implica la infracción de derechos adjetivos, los cuales podrán ser reclamados en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen, si es el caso, en el que se podrán impugnar todas las violaciones que estime se le cometieron durante todo el procedimiento. Apoya lo antes considerado, la tesis P. LVII/2004, Instancia: Pleno, Tomo: XX, octubre de 2004, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 9, del rubro y tenor: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De tal modo, que ese acto no amerita ser analizado de inmediato mediante el juicio de amparo indirecto; de ahí, que en el particular, se sostenga su improcedencia, dado que es claro que la determinación reclamada no constituye la resolución definitiva en el controvertido de origen. En efecto, el hecho de que la responsable haya celebrado la continuación de la audiencia inicial el veintiocho de junio de dos mil veintidós, dentro del incidente de pensión alimenticia, relativa al expediente 667/2020, de divorcio incausado, del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en la que hizo constar la inasistencia del aquí quejoso, no obstante omitió notificarle7; asimismo, admitió y desechó pruebas ofrecidas por las partes y señaló las once horas del quince de agosto del año en curso, a efecto de celebrar la audiencia de juicio, no irroga por sí perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica del inconforme, esto es, no afecta directa e inmediata sus prerrogativas fundamentales. Ello es así, ya el citado acto reclamado en el presente caso únicamente tiene efectos de carácter procesal, y como se mencionó con anterioridad, carece de ejecución irreparable, lo cual sólo podrá impugnarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda en contra de la sentencia que al respecto se dicte, es decir, la violación procesal deberá ser reclamada mediante la vía de amparo directo que al efecto se promueva en caso que la sentencia fuera desfavorable a la parte promovente. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 36/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1112, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN. De igual forma, es aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 48/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 36, Tomo IX, Junio de 1999, página 36, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUDIENCIA DE LEY EN EL JUICIO LABORAL. SU REALIZACIÓN A UNA HORA DISTINTA A LA SEÑALADA EN EL ACUERDO RESPECTIVO CONSTITUYE UN HECHO QUE PUEDE SER PLANTEADO COMO UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO DIRECTO. Máxime, que el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa, podría ser reparado si se obtiene sentencia favorable, por lo que es inconcuso que dicho acto no le causa perjuicio de irreparable ejecución. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia deducida de lo previsto por fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII del mes de mayo de 1998, con el rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De modo que aun cuando al tenor del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales deben brindar la protección más amplia a las personas justiciables, entre ellos el derecho de acceso a la justicia, no significa que en cualquier caso deba resolverse el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior la jurisprudencia que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Domicilio Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir todo tipo de notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas para los actuarios judiciales A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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